Las reformas penales en Colombia: entre la ineficacia y el autoritarismo
| Autor | Juan Oberto Sotomayor Acosta |
| Cargo del Autor | Profesor de Derecho Penal, Universidad eafit, Medellín, Colombia |
| Páginas | 235-268 |
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LAS REFORMAS PENALES EN COLOMBIA:
ENTRE LA INEFICACIA Y EL AUTORITARISMO1
Juan Oberto Sotomayor Acosta2
Para nadie es un secreto la complejidad que representa cualquier
aproximación al sistema de justicia penal colombiano. Dicha
complejidad tiene que ver, fundamentalmente, con el reto que
supone intentar comprender el sistema de justicia penal de un
país que arrastra una confrontación armada interna de larga
duración3 que, entre muchos otros se refleja en dos aspectos
bastante importantes:
1 Artículo derivado del proyecto de investigación “Conflicto armado interno,
derechos humanos e impunidad”, desarrollado conjuntamente entre las univer-
sidades eafit (Colombia) y de Zaragoza (España), con la ayuda de la aecid. El
autor agradece a Susana Escobar Vélez (doctoranda en la Universidad de León,
España) y a los estudiantes de la Universidad eafit Natalia Torres Cadavid, Se-
bastián Sánchez Zapata y María Adelaida Ceballos Bedoya, quienes contribuyeron
recopilando estadísticas e información relevante para la producción del texto.
2 Profesor de Derecho Penal, Universidad eafit, Medellín, Colombia.
3 Véase William Fredy Pérez Toro, “Guerra y delito en Colombia”, Estudios
Políticos, núm. 16 (2000), p.14.
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jua n ob erto sot omay or a cos ta
Por una parte, parece existir una relación entre las altas cifras
de criminalidad violenta (en particular homicidios, secuestros,
desapariciones, desplazamiento forzado interno) y el conflicto
interno, pues si bien un buen número de estos hechos no pue-
de ser atribuido directamente a los enfrentamientos o acciones
de los grupos que intervienen en la confrontación, lo cierto es
que resulta difícil trazar una frontera entre la violencia política
y aquella que no lo es. Lo que sí parece innegable es que, como
explica Pecaut, la violencia puesta en obra por actores organiza-
dos constituye por lo menos el marco de la violencia generalizada
existente.4 Por otro lado, la relación se hace aún más notoria en
el plano institucional, por cuanto tampoco es un secreto que en
el marco del conflicto armado colombiano la justicia penal ha
sido utilizada con demasiada frecuencia como un instrumento
más de la lucha contrainsurgente.5
Al mismo tiempo, el sistema de justicia penal colombiano
debe enfrentar, además de la tradicional delincuencia común,
las graves manifestaciones de la criminalidad provenientes del
tráfico de drogas.
Lo anterior ha propiciado un muy complejo sistema de jus-
ticia penal, dado el caos legislativo imperante y las disímiles y
contradictorias funciones que en ocasiones se le asignan. Lo
que sigue es un esfuerzo de comprensión de la realidad del sis-
tema de justicia penal colombiano, en el entendido de que el
discernimiento de su funcionamiento efectivo es el paso previo
e imprescindible para lograr su transformación hacia aquello
que debe ser.
Se analizarán en primer lugar algunos datos de la realidad
que alimentan la preocupación por el tema de la impunidad en
Colombia. En segundo término se expondrán de forma sucin-
4 Daniel Pecaut, “Presente, pasado y futuro de la violencia”, Análisis Político,
núm. 30 (1997), p. 1.
5 Véase Alejandro Aponte Cardona, Guerra y derecho penal de enemigo. Reflexión
crítica sobre el eficientismo penal de enemigo, Bogotá, Ibáñez, 2006.
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las ref orm as p ena les en c olo mbi a
ta algunas ideas que pretenden explicar el funcionamiento del
sistema penal colombiano, para finalmente respaldar dichas
ideas mediante el análisis de la evolución legislativa reciente en
materia penal.
algunas cifras soBre la criminalidad en colomBia
Obtener datos fiables sobre la criminalidad en Colombia es en
la actualidad una tarea prácticamente imposible. De una parte,
por la dificultad que representa el solo hecho de determinar lo
que debe entenderse por criminalidad,6 y de otra por la ausencia
de datos oficiales: los únicos que se conocen son los de la Policía
Nacional, poco confiables en general, pues, a diferencia de lo
que sucede en otros países, en Colombia la entidad encargada
de recibir las denuncias penales es la Fiscalía, no la Policía. En
consecuencia, los datos policiales reflejan sobre todo la actividad
policial (y no la criminalidad), la cual suele reducirse a la crimi-
nalidad callejera y a los casos de flagrancia.
En todo caso, algunas encuestas de victimización han dejado
al descubierto un bajísimo nivel de denuncias7 y una percepción
6 Véanse al respecto los planteamientos de Iván Orozco Abad, “Soberanía inte-
rior y garantismo: sobre la guerra y el derecho en Colombia”, en Juan Oberto
Sotomayor Acosta (coord.), Garantismo y derecho penal, Bogotá, Temis, 2006,
pp. 37-56; en especial, pp. 50-54; también, Juan Oberto Sotomayor Acosta, “Las
recientes reformas penales en Colombia: un ejemplo de irracionalidad legisla-
tiva”, en J.L. Díez Ripollés y O. García Pérez (coords.), La política legislativa
penal iberoamericana en el cambio de siglo, Madrid-Montevideo-Buenos Aires,
Edisofer-BdeF, 2008, p. 77.
7 Según el dane (“Encuesta de victimización”, 2003), en Bogotá el 72,52% de los
ciudadanos afectados por alguna acción delictiva se abstiene de denunciar, en
Medellín el 71,92% y en Cali el 84,65%; en Bogotá, el 43,05% del total de las
víctimas que no denunciaron explicaron que no lo hicieron porque “las autori-
dades no hacen nada”, razón que alegó el 41,10% en Cali y el 23% en Medellín.
Todavía más, de conformidad con una encuesta de hogares anterior (1991), aun
frente a un delito tan grave como el homicidio, como comenta Mauricio Rubio
(Crimen con misterio. La calidad de la información sobre criminalidad y violencia
en Colombia, Bogotá, cede, Universidad de los Andes, 1998, p. 14, disponible
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