Presentación
| Autor | Miguel Sánchez Morón |
| Cargo del Autor | Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Alcalá (España) |
| Páginas | 33-35 |
33
presentacin
Tras la polémica experiencia de reforma administrativa que llevaron a
cabo en el Reino Unido los gobiernos de Margaret Thatcher en la década
de 1980, reforma basada en la traslación al sector público de los métodos
de organización, el régimen de reclutamiento y de empleo y los valores de
eficiencia de la empresa privada, el Informe sobre los Standars in Public Life
del Comité presidido por lord Nolan y publicado en 1995 quiso subrayar la
idea de que “contar con un funcionariado honesto e imparcial es algo que
no tiene precio”.
En efecto, a lo largo de la historia se ha evidenciado que construir un
sistema de función pública profesional, estable y firmemente anclado en
los principios éticos del servicio público es prácticamente una condición
necesaria para el desarrollo económico y social, en la medida en que dota de
solidez y continuidad institucional a la Administración Pública, que es un
actor esencial del mismo desarrollo. Las políticas públicas pueden cambiar,
por voluntad de los electores y por decisión de los gobernantes, pero el éxito
de un programa de gobierno estará siempre condicionado por la capacidad
de la organización administrativa de implementarlo con objetividad y rigor,
en cumplimiento de las leyes y dispensando a los ciudadanos un trato igual
y justo.
Lograr ese tipo de Administración profesional, imparcial y eficaz no
es, sin embargo, tarea sencilla. En parte porque depende a su vez del grado
de desarrollo de la comunidad en que se inserta y de la que forma parte;
en parte por los múltiples y poderosos intereses que se mueven en torno
al empleo público –al fin y al cabo una fuente importante de recursos, de
poder y de influencias–, que en todo tiempo y lugar dificultan la tarea y
pueden desvirtuarla.
Las bases jurídicas y teóricas del modelo de función pública deseable,
cualesquiera que sean sus variantes históricas y geográficas, son conocidas
y a día de hoy gozan de un amplio grado de consenso: selección objetiva
fundada en el mérito y la capacidad profesional, aunque varíen las modali-
dades de reclutamiento; estabilidad en el empleo público, compatible con la
movilidad interna por necesidades del servicio y con determinadas causas
objetivas y limitadas de remoción; oportunidades de carrera vinculadas al
mérito y la evaluación del rendimiento; retribuciones dignas y equitativas,
en función del nivel de responsabilidad y del tipo de desempeño; un código
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