Sustitución de cultivos: una guerra de incentivos
| Autor | Matilde Isabela Angarita Serrano Juan David Gélvez Ferreira |
| Páginas | 229-246 |
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SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS:UNA
GUERRA DE INCENTIVOS*
Matilde Isabela Angarita Serrano
Juan David Gélvez Ferreira
Introducción
En la región, Colombia es el país que se ha visto afectado en mayor
medida por la presencia de cultivos de uso ilícito. Desde finales de la
década de 1980, los diferentes gobiernos y la comunidad internacional han
aplicado diversas estrategias para la reducción de las hectáreas de hoja de
coca, programas que se han centrado en la erradicación forzada del cultivo,
manual y aérea, o en estrategias de desarrollo alternativo a nivel local.
Sin embargo, cada una de estas políticas ha tenido resultados y
externalidades diferentes. Algunos estudios aseguran, por ejemplo, que la
erradicación aérea, sibien asperjó más de un millón de hectáreas de cultivos
de coca en el país, tuvo altos niveles de resiembra y desplazó el cultivo
ilícito a zonas de manejo especial (Rincón-Ruiz et al., 2016); igualmente,
generó efectos negativos en la salud de las personas que habitaban las
zonas cocaleras (Camachoy Mejía, 2017); tuvo unos altos costos económicos:
durante el Plan Colombia (2000-2008), cuando se fortaleció la erradicación
*Para citar este capítulo: http://dx.doi.org/10.51569/2021.10
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forzada, el país gastó un 1,1 % del PIB nacional anualmente (Mejía, 2016); tal
política, en general, es menoseficiente que las incautaciones y la destrucción
de infraestructura para reducir la oferta de cocaína (Zuleta, 2019).
Otros estudios han mostrado quelos programas de desarrollo alternativo
no han tenido éxito a la hora de reducir cultivos ilícitos (Buxton, 2015),
sobre todo porque el enfoque ha sido de corto plazo (Lupu, 2004), en
espacios territoriales pequeños (Vargas, 2011) y se ha integrado a la agenda
de seguridad, por encima de una política de desarrollo (Garzón y Gélvez,
2018). Por ende,este tipo de políticas no deberían ser un programacontra las
drogas, sino una estrategia de desarrollo social y rural (Babor et al., 2010).
A pesar de las políticas implementadas y sus diferentes efectos,
Colombia no ha logrado salir de la lista de países con cultivos ilícitos,
lo que ha llevado a cuestionarse por nuevas políticas que eliminen la hoja
de coca del país.
Con este contexto y en el marco del proceso de paz con las FARC, el
punto 4 del Acuerdo creó el Programa Nacional Integral de Sustitución
de cultivos de uso ilícito (PN IS). Esta intervención está en cabeza de
la Presidencia de la República y tiene como objetivo principal generar
condiciones de bienestar para las poblaciones afectadas por cultivos de uso
ilícito (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016). Asimismo, este
programa contempla la participación de las FARC como agente promotor
de la política de sustitución (Garzón y Bernal, 2017).
Durante el proceso de La Habana no se habló de transferencias
monetarias, pero en la práctica el PNI S se convirtió en un subsidio
condicionado, pues provee beneficios a las familias que viven en zonas
cocaleras, siempre y cuando estas cumplan con los requisitos del programa.
Para obtenerlo, aquellas familias que tenían cultivos ilícitos deben erradicar
mientras el Gobierno nacional se encarga de brindar una serie de pagos,
coordinar la provisión de la asistencia técnica e impulsar el inicio de
proyectos productivos. Cabe resaltar que el programa estaba destinado a
familias con pequeños cultivos que vivían en esas zonas; por lo tanto, el
PNI S también beneficiaría a quienes no tuvieran cultivos ilícitos.
A pesar de los objetivos del programa, los cultivos de coca enColombia
aumentaron a más de 171000 hectáreas en el año2017, siendo el número más
alto desde que se tiene registro (SIMCI-UN ODC, 2018). Tanto políticos
1
como
investigadores (Llorente y Garzón, 2018; López et al., 2019; Mejía et al., 2019)
1
“(.. .) Los campesinos dijeron:‘aquí va a haber unasustitución voluntaria,entonces va a haber
beneficioscultivando coca, pues vamos a sembrar cocay se aumentó”. Juan ManuelSantos,
expresidente de la República de Colombia(La República, 2018).
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