Sentencia de Tutela nº 106/23 de Corte Constitucional, 18 de Abril de 2023

1. El 26 de noviembre de 2021[1], el señor D.F.C.M. (en adelante “DFCM”), como apoderado de la señora F.M. de C., interpuso acción de tutela en contra de la Sala de Descongestión No. 4, de la Sala de Casación Laboral, de la Corte Suprema de Justicia (en adelante, “Corte Suprema de Justicia o CSJ”), en la que alegó la violación de los derechos a la seguridad social, al mínimo vital, a la protección de las personas de la tercera edad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de su progenitora, con fundamento en los hechos que a continuación se exponen.

2. Los señores T.L.C.S. y F.M. de C. contrajeron matrimonio católico el 6 de julio de 1957, vínculo que nunca fue disuelto por alguna autoridad eclesiástica o judicial[3]. En 1977, los cónyuges se separaron de cuerpos y liquidaron la sociedad conyugal.

3. Según se afirma, en el año 1996, reanudaron su relación marital y pese a encontrarse en diferentes ciudades y países (el señor C.S. en Cali y la señora F.M. en Miami)[4], se veían de manera regular –alrededor de dos veces al año– cuando se desplazaban hasta el lugar en el que se encontraba el otro. Durante el tiempo de estadía compartían techo, lecho y mesa, y cuando estaban distanciados, se comunicaban de forma permanente para mantener viva la relación.

4. El señor C.S. se pensionó en el ISS en 1994[5], y falleció el 11 de enero de 2010, momento a partir del cual tanto la señora F.M. de C. (cónyuge supérstite) y la señora E.D.R. (quien alegó ser compañera permanente) reclamaron la pensión de sobrevivientes ante dicha entidad.

5. El 27 de septiembre de 2010, el ISS les negó la prestación a ambas reclamantes. Como consecuencia de lo anterior, la señora D.R. presentó demanda ordinaria laboral, en la que solicitó el reconocimiento de la pensión[6]. La señora F.M. de C. fue vinculada dentro del proceso[7].

6. En sentencia del 14 de febrero de 2013, el Juzgado 5 Laboral de Descongestión del Circuito de Cali negó las pretensiones de la demanda y otorgó el derecho a la pensión de sobrevivientes a favor de la señora F.M. de C.[8]. Al respecto, analizó las pruebas aportadas por la cónyuge supérstite y encontró que resultaba clara su calidad de beneficiaria, así como la relación afectiva entre aquella y el causante[9]. Por el contrario, en relación con la señora D.R. estimó que no se tenía por probada la convivencia entre el causante y la demandante en los últimos cinco años, por lo que esta última no tenía derecho a la prestación reclamada[10].

7. La citada decisión fue revocada por parte del Tribunal Superior de Cali, Sala 1ª de Descongestión Laboral, en sentencia del 31 de mayo de 2013, en la cual absolvió al ISS de reconocer y pagar la prestación a favor de ambas reclamantes[11]. Al respecto, señaló que ninguna de las recurrentes probó que hubiese convivido con el causante durante los últimos cinco años antes de su muerte[12].

8. Las señoras M. de C. y D.R. recurrieron en casación[13] y, en sentencia del 10 de mayo de 2021, la CSJ resolvió no casar la sentencia cuestionada[14]. Frente a la señora M. de C. indicó que dos de los cargos planteados[15] tenían deficiencias técnicas que impedían un pronunciamiento de fondo y, además, no se expusieron las razones que sustentaban la existencia de yerros jurídicos en la decisión del Tribunal[16]. Además, en relación con el cargo restante indicó que, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 16 de 1969, las pruebas invocadas por la recurrente no son de aquellas que habilitan el examen de una violación indirecta de la ley en sede de casación, de ahí que no se pudiese adentrar en su estudio. Agregó que algunos de los elementos de convicción señalados no fueron analizados por el Tribunal, por lo cual era un contrasentido que se cuestionara su apreciación, cuando ello no había ocurrido en sede de instancia. Por último, se añadió que la falta de apreciación de las pruebas y la indebida valoración son dos fenómenos diferentes[17].

9. Dentro de las consideraciones expuestas por la CSJ, se afirma que esta Alta Corte indicó que el Tribunal incurrió en un error, pues condicionaba el derecho de la cónyuge separada de hecho a que se acreditara la convivencia con el causante dentro de los cinco años anteriores al deceso[18]. Sin embargo, precisó que dicho yerro no permitía casar la sentencia impugnada, “pues en instancia se llegaría a la misma conclusión, esto es, que F.M. de C. no tiene el derecho a la pensión de sobrevivientes porque no demostró en las instancias que convivió con el causante al menos durante cinco años en cualquier tiempo”[19].

   B. LA DEMANDA DE TUTELA

10. El actor estima que la sentencia del 10 de mayo de 2021, proferida por la CSJ, incurrió en las siguientes irregularidades[20]: (i) un defecto fáctico, al omitir valorar las pruebas documentales que demostraban los cinco años de convivencia de la señora F.M. de C. (cónyuge) con el causante[21]; (ii) una decisión sin motivación, pues la argumentación del fallo fue contradictoria, en tanto reconoce que la señora M. de C. estuvo casada con el causante desde el año 1957 hasta 1977, cuando se separaron, pero luego desestima la demanda, al considerar que aquella no probó que hubiese convivido con el causante cinco años; y (iii) en un desconocimiento del precedente, al ignorar providencias que la propia S.L. de la CSJ ha adoptado, en relación con la acreditación del cumplimiento del requisito de convivencia[22].

11. Para el accionante, entre los cónyuges siempre existió apoyo, ayuda mutua, socorro y dependencia económica, lo cual se demostró dentro del proceso, así como la convivencia superior a cinco años. Por ello, la acción de tutela se presenta en aras de obtener la protección de los derechos de la señora M. de C. a la seguridad social, al mínimo vital, a la protección de las personas de la tercera edad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, dado que la decisión cuestionada le desconoció la pensión de sobrevivientes a la que considera le asiste derecho.

12. En este orden de ideas, pide que se deje sin efectos la sentencia del 10 de mayo de 2021 adoptada por la CSJ y que, en su lugar, se le ordene proferir una nueva decisión, en la cual se valore en debida forma las pruebas obrantes en el expediente respecto de la convivencia que se alega.

    Patrimonio Autónomo de Remanentes del I.S.S en liquidación -P.A.R.I.S.S-

13. El 9 de febrero de 2022, el citado patrimonio autónomo señaló que no es parte dentro de la actuación que se acusa en la demanda de tutela y, en consecuencia, solicitó ser desvinculado de este proceso[24].

    Primera instancia: sentencia proferida por la Sala de Casación Penal (Sala de Decisión de Tutelas No. 2) de la Corte Suprema de Justicia

14. En sentencia del 10 de febrero de 2022, el juez de primera instancia resolvió negar el amparo[25]. De un lado, precisó que el señor DFCM no actúa como apoderado de la señora F.M. de C. sino en calidad de agente oficioso, actuación que resulta válida en la medida en que él es su hijo y ella es una persona de la tercera edad que reside en Miami, lo cual evidencia que, “al no encontrarse en Colombia, no está en condiciones de ejercer la defensa de sus derechos fundamentales de manera directa, lo que explica el apoderamiento general que le otorgó a su hijo (…)”[26].

15. Por otra parte, indicó que la tutela se presentó seis meses después de que se notificó la sentencia de casación, de suerte que se incumplió con el requisito de inmediatez, pues no se acreditó una razón válida para justificar la inactividad. Con todo, decidió precisar que el actor no demostró la configuración de una vía de hecho, y que las divergencias de contenido interpretativo o por valoración probatoria no son violatorias, per se, de los derechos fundamentales. En suma, se concluyó que los argumentos de la sentencia impugnada son razonables, debidamente motivados y suficientes, y no se advierte la configuración de una causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

16. El accionante impugnó la sentencia de primera instancia, señalando que actúa como agente oficioso de su madre F.M. de C.. De un lado, indicó que se cumple con el requisito de inmediatez, ya que la decisión de la CSJ fue notificada por edicto el 1° de junio de 2021 y la acción de tutela se presentó el 26 de noviembre siguiente, esto es, antes de que se completaran seis meses. A su juicio, hubo un inconveniente con el reparto y, por ello, presentó derechos de petición para que le informaran las razones por las cuales la demanda no había sido registrada y se normalizara su trámite.

17. De otro lado, refirió que la sentencia cuestionada sí incurrió en una vía de hecho, frente a lo cual reiteró el defecto fáctico alegado[27] y agregó que también se configuró un defecto sustantivo[28] y un desconocimiento del precedente constitucional[29]. Finalmente, reiteró los argumentos y peticiones expuestas en la demanda de tutela.

    Segunda instancia: sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia

18. El 15 de junio de 2022, el juez de segunda instancia confirmó lo resuelto[30], aclarando, inicialmente, que sí se satisface el requisito de inmediatez, pues la tutela se presentó el 26 de noviembre de 2021 y hubo inconsistencias en el reparto que causaron su asignación tardía. De otra parte, señaló que no se advertía arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a través del amparo, puesto que en la decisión cuestionada se manifestó que tenía razón la opositora sobre la existencia de deficiencias técnicas en la demostración de los cargos que imposibilitaban un pronunciamiento de fondo. Agregó que el descuido de la interesada en la formulación adecuada del recurso llevó a la autoridad accionada a abstenerse de estudiar la base jurídica del asunto y no casar la decisión del Tribunal.

    E. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN

19. En auto del 28 de octubre de 2022, la Sala de Selección de Tutelas Número Diez escogió para revisión el proyecto de la referencia y lo repartió al despacho del magistrado ponente. Posteriormente, este último rindió informe a la Sala Plena de conformidad con el artículo 61 del Reglamento Interno de la corporación[31]. En sesión del 15 de febrero de 2023, se resolvió que el caso sería resuelto por la Sala Quinta de Revisión.

20. El 16 de febrero 2023, el Gerente de Defensa Judicial de Colpensiones presentó un escrito de intervención en el que solicitó que se confirme el fallo de tutela de segunda instancia y, de forma subsidiaria, que se niegue el amparo[32]. De un lado, señaló que la acción no cumple con el requisito de inmediatez, pues se admitió el 1° de febrero de 2022, esto es, luego de 8 meses de proferido el fallo por la CSJ, sin que se justifique dicha tardanza. Con todo, indicó que el amparo no logró demostrar una causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

21. Al respecto, precisó que debe acreditarse el requisito de convivencia los últimos cinco años de vida del causante y que dicha exigencia implica verificar el cuidado efectivo entre quienes constituyen una unión, incluyendo el apoyo y el auxilio mutuo[33]. Agregó que, en el presente asunto y como se definió por la justicia ordinaria, existe una relación esporádica, circunstancial, incidental, casual y meramente ocasional que no permite avalar el requisito de convivencia, ya que éste se caracteriza por la inequívoca vocación de estabilidad[34].

22. En auto del 21 de febrero de 2023, se resolvió poner a disposición de las partes y de los terceros con interés el escrito de intervención remitido por Colpensiones, para que se pronuncien al respecto, de estimarlo necesario[35].

23. El 22 de febrero de 2023, el señor G.R.M.(.apoderado de la señora E.D.R.) estimó que en el presente caso debe concluirse que la autoridad accionada efectivamente incurrió en los defectos sustantivo y fáctico al proferir la sentencia de casación, “pero en lo que respecta a la parte que represento, E.D.R., ya que esta acreditó con creces y plena prueba su real y efectiva convivencia con el causante de que se trata”[36]. Así, adjuntó la demanda de casación presentada a favor de su representada en el proceso ordinario laboral.

24. El 24 de febrero del año en cita, el señor DFCM se opuso a la intervención de Colpensiones, frente a la cual solicitó negarla y, en su lugar, acceder a la protección de los derechos reclamados en el amparo[37]. Indicó que se cumple con el requisito de inmediatez, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de impugnación. De otra parte, resaltó que el requisito de convivencia se demostró en el proceso laboral[38] y que no es cierta la exigencia planteada por Colpensiones[39].

A. COMPETENCIA

25. Esta Sala de Revisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del auto del 28 de octubre de 2022, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Diez.

    B. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

26. La jurisprudencia de la Corte ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, teniendo en cuenta que el artículo 86 de la Constitución señala que las personas pueden acudir a este mecanismo judicial, cuando quiera que sus derechos resulten vulnerados por “cualquier autoridad pública”, sin excluir a las autoridades judiciales. Para ello, en la sentencia C-590 de 2005 estableció unas causales genéricas y específicas de procedibilidad que permiten cuestionar en sede de amparo las providencias judiciales.

27. Este tribunal ha sostenido que la tutela es procedente con dicho propósito cuando (i) se acredite la legitimación en la causa por activa y pasiva; (ii) se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, a menos que se haga uso de la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; (iii) se cumpla el requisito de inmediatez; (iv) la cuestión tenga relevancia constitucional; (v) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la providencia cuestionada; (vi) “la parte actora [tiene que indicar] de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados, [los cuales debieron ser alegados] en el proceso judicial [primigenio] siempre que esto hubiere sido posible”; y (vii) no es posible cuestionar una sentencia de tutela o de control abstracto de constitucionalidad, proferida tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado.

28. Por su parte, los requisitos específicos aluden a los yerros judiciales que se advierten en la decisión judicial y que tornan inexorable la intervención del juez de tutela. Según la jurisprudencia en vigor, tales deficiencias son las siguientes: (i) el defecto material o sustantivo; (ii) el defecto fáctico; (iii) el defecto procedimental absoluto; (iv) el defecto orgánico; (v) el error inducido; (vi) el desconocimiento del precedente constitucional; (vii) la decisión sin motivación; y (viii) la violación directa de la Constitución.

29. Examen de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. La Sala evaluará la acreditación de los requisitos de procedencia de la acción de tutela y, en caso de satisfacerlos, procederá al planteamiento del problema jurídico.

30. Legitimación por activa. El artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela puede ser instaurada por la persona directamente afectada o por quien actúe en su nombre. En desarrollo de este mandato, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 prevé que la persona puede actuar “por sí misma o a través de representante”. Asimismo, agrega que (a) se podrán agenciar derechos cuando su titular no esté en condiciones de promover su propia defensa, caso en el cual deberá manifestarse en la solicitud; y (b) también se podrá ejercer el amparo a través del Defensor del Pueblo o de los personeros municipales.

31. En el presente caso, DFCM presentó el amparo invocando la calidad de apoderado de la señora F.M. de C.. Sin embargo, durante el curso de la acción y, en concreto, en el escrito de impugnación, alteró dicha condición y refirió actuar como agente oficioso. A continuación, se verificará si alguna de estas condiciones está realmente acreditada y si, por ende, se cumple con el requisito de la legitimación en la causa por activa.

32. En el asunto bajo examen, esta Sala de Revisión advierte que no se acreditan los requisitos del apoderamiento judicial. Frente al apoderamiento en materia de tutela, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que (i) es un acto jurídico formal, por lo cual debe realizarse por escrito; (ii) se concreta en un documento llamado poder que se presume auténtico (esto significa que no exige presentación personal); (iii) debe ser un poder especial, o si se quiere específico y particular para promover la acción de tutela; (iv) el poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende otorgado para instaurar procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; y (v) el destinatario del acto de apoderamiento solo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional[40].

33. Asimismo, esta corporación ha resaltado que el principal efecto del apoderamiento, “es el de perfeccionar la legitimación en la causa por activa, por lo cual el juez de tutela estará en la obligación, después de constatar sus elementos, de proceder a pronunciarse de fondo sobre los hechos y las pretensiones relacionadas en el escrito de acción respectivo”[41]. De otra parte, la Corte ha interpretado que el cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por activa “tiene como objetivo asegurar el acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, no busca imponer barreras excesivas más allá de lo razonable”[42]. Por ello, se ha admitido la legitimación en casos en los cuales (a) no obraba acreditación de la condición profesional del apoderado, pero se constató que quien presentó el amparo era un abogado[43]; o cuando (b) no se contaba con poder especial por este profesional, pero en sede de revisión se ratificó la intención del titular de los derechos de presentar la acción de tutela[44].

34. En la reciente sentencia SU-388 de 2022, la Corte se pronunció sobre la materia y fijó la siguiente regla de unificación: “cuando el titular de los derechos fundamentales exprese de manera inequívoca interés en la presentación de la acción de tutela en las actuaciones dentro del proceso, inclusive en sede de revisión, se tendrá por acreditado el requisito de legitimación en la causa por activa[,] a pesar de que esta haya sido interpuesta originalmente por el apoderado general de una persona natural”. En aquella oportunidad no se contaba con un poder especial conferido a un abogado, sin embargo, en el trámite de la acción de tutela, el directamente afectado con la actuación de la autoridad judicial accionada manifestó su interés al presentar el recurso de impugnación y en su intervención de respuesta a un auto de pruebas en sede de revisión.

35. Esta Sala de Revisión encuentra que en el presente asunto no se cumplen los presupuestos que habilitan el apoderamiento en materia de tutela, por las siguientes razones. En primer lugar, quien presenta el amparo no es abogado. En efecto, en la demanda de tutela DFCM no refiere tener tal condición y aquello tampoco está acreditado. Incluso, según consta en el certificado de vigencia 948566 del 6 de febrero de 2023, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura[45], “ (…) la Cédula de ciudadanía No. [XXX, correspondiente al señor D.F.C.M., NO registra la calidad de abogado”.

36. En segundo lugar, no existe un poder especial para la presentación de la acción de tutela. En efecto, en el escrito presentado por DFCM se manifiesta actuar en condición de apoderado de la señora F.M. de C., “de conformidad con el Poder General que adjunto”[46]. Al revisar la escritura pública mediante la cual se confirió dicho apoderamiento (Escritura No. 0051 del 15 de enero de 2010)[47], se observa que este fue otorgado no solo por la señora F.M. de C. sino también por los señores M.C.M., J.A.C.M. y M.d.S.C.M.[48].

37. En ese sentido, no existe un poder especial para la formulación del amparo sino un mandato general, amplio y suficiente al señor DFCM para que, en nombre y representación de los poderdantes, “ejecute toda clase de actos y celebre con relación a ellos toda clase de contratos, con amplias facultades administrativas y dispositivas y particularmente para que ejecute lo siguiente (…)”[49]. Dentro de las gestiones encomendadas se destaca la vigésima tercera, conforme a la cual: “Para que represente a la(los) mandante(s) ante cualesquiera corporaciones, funcionarios o empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ejecutivo, del Administrativo, del Militar, así como ante cualesquiera otras autoridades en relación con procesos, actuaciones, actos, diligencias o gestiones en que la mandante (sic) tenga intereses directa o indirectamente, sea como demandante, como coadyuvante o terceros intervinientes de cualquiera de las partes, sea para iniciar o seguir tales procesos, actuaciones, actos, diligencias o gestiones”[50].

38. La Sala estima que, a partir de dicho poder general, no es posible derivar una facultad expresa e inequívoca para la interposición de la presente acción de tutela, máxime si se advierte que (a) aquel poder fue conferido por tres personas más, aparte de la señora F.M. de C.; y (b) se otorgó el 15 de enero de 2010, esto es, hace más de diez años de la fecha de presentación del amparo[51]. Estos elementos resultan trascendentales en el presente caso, en atención a las exigencias requeridas por la jurisprudencia constitucional frente al apoderamiento en materia de tutela[52]. Así, este tribunal ha señalado que: “la falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa”[53]. En similar sentido ha resaltado que “la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional”[54] (subrayado fuera de texto).

39. De otra parte, la Corte ha resaltado la importancia de la especificidad del poder en sede de tutela, en los siguientes términos: “Es entonces una exigencia que el poder por medio del cual se faculta al abogado para actuar cuente con una serie de elementos en los que se identifique en forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificación tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situación fáctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimación en la causa por activa, haciendo improcedente la acción.”[55]. (subrayado fuera de texto).

40. En línea con lo expuesto, en la reciente sentencia T-292 de 2021, esta corporación estudió el caso de un amparo presentado contra una providencia judicial por parte de una madre en condición de apoderada general de su hijo. Al examinar los supuestos de procedencia la Corte no encontró acreditada la legitimación en la causa por activa, puesto que (a) la madre no actuaba como representante legal de su hijo; (b) el poder general no contenía un mandato específico para ejercer el amparo; e (c) incluso, si se entendiera que la acción comprende los asuntos especiales referidos en el poder, “la apoderada general [no era] abogada ni le confirió poder a un abogado para que representara a su hijo en sede de tutela”[56]. N. como, en dicha oportunidad, al igual que ocurre en el presente caso, no estaban debidamente satisfechos los requisitos para tener como acreditado el acto de apoderamiento, razón por la cual este tribunal descartó la procedencia de la acción.

41. En otras oportunidades la Corte también ha constatado la falta de legitimación en la causa por activa ante el incumplimiento de las exigencias del apoderamiento judicial, en particular, frente a la ausencia de poder especial y/o específico para la presentación del amparo, lo cual ocurrió, por ejemplo, en las sentencias T-531 de 2002[57], T-658 de 2002[58], T-975 de 2005[59], T-552 de 2006[60], T-1025 de 2006[61], T-493 de 2007[62], T-679 de 2007[63], T-194 de 2012[64] y T-417 de 2013[65].

42. En tercer lugar, la titular de los derechos invocados no ha expresado su interés en la presentación de la acción de tutela. Como se expuso, esta hipótesis ha sido avalada por esta corporación para acreditar la legitimación en la causa por activa frente a la existencia de poderes generales, incluso cuando no se confieren a abogados. Esto último ocurrió en la sentencia SU-388 de 2022. En el asunto sub-judice nada de ello aconteció y, por el contrario, lo que se advierte es que la solicitud de selección del caso fue radicada ante este tribunal por el señor DFCM[66].

43. En cuarto y último lugar, la Sala estima necesario hacer una serie de precisiones frente al apoderamiento judicial en sede de tutela. Por una parte, se resalta que la acción de tutela no requiere ser presentada por un abogado, en virtud de los artículos 86 de la Constitución y 10 del Decreto 2591 de 1991, que permiten que cualquier persona acuda a este mecanismo “por sí misma”. Sin embargo, con excepción de la agencia oficiosa y de las atribuciones especiales que se otorgan al Defensor del Pueblo y a los personeros municipales, el amparo también puede ser presentado a través de apoderado judicial, frente a lo cual la jurisprudencia de la Corte ha establecido una serie de requisitos que deben cumplirse (lo que no se asimila a la figura de la representación legal[67]). Estas exigencias han sido reiteradas en varias sentencias proferidas por las salas de revisión de tutelas, y si bien la reciente sentencia de unificación SU-388 de 2022 fijó una nueva regla sobre la materia, esta no resulta aplicable en el presente caso, como ya se expuso[68]. En consecuencia, se trata de jurisprudencia en vigor que solo podría modificarse por la Sala Plena de la corporación[69] y cuyo desconocimiento por una sala de revisión puede dar lugar a una nulidad de la sentencia[70].

44. Y, por la otra, la Sala encuentra que las exigencias previstas para el apoderamiento en tutela no resultan desproporcionadas, toda vez que permiten acreditar el interés del titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, de modo que no ocurra una suplantación de su voluntad por medio de quien alega actuar como su apoderado[71]. Ello cobra especial relevancia en tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales de las altas cortes (como ocurre en el presente caso), frente a las cuales su examen de procedencia debe ser especialmente exigente[72].

45. En conclusión, al evidenciar que el acto de apoderamiento del señor C.M. no cumple con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional, se descarta por esta vía la procedencia de la acción de tutela, siendo necesario que la Sala estudie si, por algún motivo, puede entenderse que su actuación se configura como agencia oficiosa.

46. En el asunto bajo examen, esta Sala de Revisión advierte que no se acreditan los requisitos de la agencia oficiosa. La Corte ha señalado que esta figura busca evitar que, debido a la falta de capacidad del accionante, se sigan cometiendo actos violatorios de derechos fundamentales o continúe la omisión que los afecta[73]. Sin embargo, para su acreditación, la agencia oficiosa requiere el cumplimiento de dos requisitos[74]: (i) la manifestación expresa del agente de actuar como tal[75]; y (ii) la imposibilidad del agenciado de solicitar directamente el amparo ante el juez de tutela. Frente a esta segunda exigencia, corresponde al juez evaluar los elementos fácticos del caso concreto, a fin de determinar si existen circunstancias que le impidan al titular de los derechos promover su propia defensa, como ocurre, por ejemplo, en casos de vulnerabilidad extrema, contextos de debilidad manifiesta o de especial sujeción constitucional[76].

47. En el escrito de impugnación DFCM manifestó actuar como agente oficioso de la señora F.M. de C., sin justificar dicha situación. En efecto, no explicó por qué aquella estaba imposibilitada para acudir al amparo directamente, aunado a que tampoco es posible inferir dicha situación de los escritos que constan en el expediente, más allá de advertir que se trata de una persona de la tercera edad y que vive en Miami[77]. A pesar de que el juez de tutela de primera instancia estimó que se acreditaba la agencia oficiosa puesto que la señora M. de C. no se encontraba en Colombia, esta Sala de Revisión no comparte tal apreciación, por las siguientes razones.

48. En primer lugar, el hecho de que una persona resida en el extranjero no implica que se encuentre imposibilitada para acudir al amparo de forma directa. Al respecto, cabe señalar que desde el Acuerdo PCSJA20-11526 del 22 de marzo de 2020[78], el Consejo Superior de la Judicatura permitió la recepción de las acciones de tutela mediante correo electrónico y dispuso que, para su comunicación, se haría uso de esas mismas cuentas y de herramientas tecnológicas de apoyo. Ello significa que la señora M. de C. no requería desplazarse físicamente ante ninguna instancia judicial en Colombia para interponer la acción, pues para ello podía hacer uso de las tecnologías de la información, independientemente del lugar en el que se encontrase[79]. Tampoco se advierte alguna circunstancia física y/o mental que le impidiera a aquella hacer uso de tales herramientas tecnológicas.

49. En segundo lugar, la señora M. de C. podía, en todo caso, acudir al Defensor del Pueblo en virtud del artículo 51 del Decreto Ley 2591 de 1991. Dicha norma dispone que: “El colombiano que resida en el exterior, cuyos derechos fundamentales estén siendo amenazados o violados por una autoridad pública de la República de Colombia, podrá interponer acción de tutela por intermedio del Defensor del Pueblo, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto”. Cabe señalar que la sentencia SU-388 de 2022 invocó esta norma para efectos de descartar la configuración de la agencia oficiosa por el hecho de que el titular de los derechos estuviese en el extranjero. Así, indicó que: “A pesar de que el señor P.D. afirmó que la acción fue presentada por su esposa como agente oficiosa, el caso objeto de estudio no corresponde con dicha figura en tanto no se encuentran elementos que indiquen una situación de vulnerabilidad del accionante que le impidiera presentar la acción de tutela. Si bien se afirma que este se encontraba por fuera del país, esto no es un impedimento para presentar la acción de tutela a través del defensor del pueblo, como lo establece el artículo 51 del Decreto 2591 de 1991” (subrayado fuera de texto).

50. En tercer lugar, la pertenencia de una persona a la tercera edad tampoco supone, per se, que aquella no pueda acudir directamente a la acción de tutela. De aceptarse la tesis contraria se establecería una presunción de incapacidad respecto de este grupo poblacional, lo cual sería irrazonable e inadmisible constitucionalmente. Al respecto, cabe destacar que en la reciente sentencia SU-109 de 2022, esta corporación estudió tres acciones de tutela que presentaron en su mayoría adultos de 70 años o más, y que cuestionaban las medidas sanitarias proferidas respecto de dicho grupo poblacional en el marco de la pandemia por el COVID-19, por cuanto estimaban que afectaban sus derechos fundamentales (en concreto, los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de locomoción)[80]. Si bien la Corte encontró que se había configurado un daño consumado, pues las medidas cuestionadas habían perdido vigencia, estudió si, en el caso concreto, se había presentado una violación de los derechos invocados. Para ello, adelantó un juicio integrado de igualdad, frente al cual constató que, (a) los accionantes –como adultos mayores de 70 años– eran comparables con el resto de la población adulta; (b) las medidas diferenciadas aplicables perseguían un fin constitucionalmente imperioso y eran medidas afirmativas; (c) tales medios resultaban conducentes para los objetivos que se habían invocado; más, sin embargo, (d) aquellas no eran necesarias para la protección de los accionantes[81].

51. Así, frente a este último aspecto se resaltó que la protección a la salud y la vida de los accionantes y de la población en general era posible a través de las medidas que fueron impuestas al resto de la población adulta, que eran menos drásticas, y no se encontró que hubiese habido una razón suficiente que justificara la adopción de medidas específicas para los accionantes, como adultos mayores de 70 años. Se resaltó, entre otras, que: (…) la importancia y el valor que tiene la población mayor para nuestra sociedad. Además de ser pilares importantes de una familia, son miembros de gran valía para la comunidad, en razón a su experiencia y conocimiento adquiridos con los años. Esto, aunado a la necesidad de reconocer que hoy en día las personas mayores, salvo circunstancias particulares, son activas y productivas y, como tal, tienen mucho que aportar en nuestro entorno. Por ello, la Sala rechaza que de algún modo a los adultos mayores se les dé un trato que de alguna manera los pueda hacer sentir humillados, infantilizados o no autónomos”. (subrayado fuera de texto).

52. A partir de lo expuesto en la citada sentencia, es posible inferir que la condición de adulto mayor no supone, en sí misma, que las personas que pertenecen a ese grupo poblacional carecen de los medios para ser autónomos o se encuentran en una situación de indefensión frente al resto de la población, lo cual solo podrá constatarse a partir del análisis de las circunstancias particulares.

53. En este sentido, la Sala resalta la necesidad de acreditar en cada caso concreto si efectivamente una persona de la tercera edad se encuentra imposibilitada para acudir al amparo por sí sola, frente a lo cual podrá tenerse en cuenta, por ejemplo, si aquella padece afectaciones graves de salud, se encuentra hospitalizada o se halla privada de la libertad[82]. Como se expuso previamente, en este caso no se demostró ninguna circunstancia especial que permita inferir que la señora M. de C. no podía presentar la acción de tutela directamente.

54. Con base en lo expuesto, se advierte que la figura de la agencia oficiosa tampoco se observa en el presente asunto, de suerte que la acción de tutela debe declararse improcedente, por no estar debidamente acreditada la legitimación en la causa por activa.

55. Finalmente, la Sala resalta que la legitimación en la causa por activa no es un aspecto formal o intrascendente de la acción de tutela, sino que, por el contrario, constituye uno de los requisitos de procedencia que tiene fundamento en los artículos 86 de la Constitución y 10 del Decreto Ley 2591 de 1991.

56. En este sentido, la jurisprudencia ha resaltado en varias oportunidades la importancia de este requisito. Así, en la sentencia T-176 de 2011, la Corte indicó que, si bien la informalidad es una de las características de la acción de tutela, su ejercicio está supeditado al cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedencia que comprenden, entre otros, el examen de la legitimación en la causa por activa, “con el cual se busca garantizar que la persona que acude a la acción de tutela, tenga un interés directo y particular respecto de la solicitud de amparo que eleva ante el juez constitucional, de manera que pueda establecerse sin dificultad, que lo reclamado es la protección de un derecho fundamental del propio demandante y no de otro”[83].

57. Por su parte, en la sentencia T-320 de 2021, esta corporación señaló que, al examinar este requisito, “el juez debe de verificar la existencia de un interés directo y particular en cabeza del accionante, para lo cual resulta necesario analizar si los derechos a resguardar est[á]n en cabeza del accionante y no, en principio, de otra persona”. Por ello, se ha resaltado que esta exigencia “es un presupuesto esencial de la procedencia de la acción de tutela dentro de un caso concreto, puesto que el juez debe verificar de manera precisa quién es el titular del derecho fundamental que está siendo vulnerado y cuál es el medio a través del cual acude al amparo constitucional”[84].

58. En consecuencia, ante el incumplimiento en el asunto bajo examen del requisito de legitimación en la causa por activa, la Sala se abstendrá de analizar los requisitos de procedencia restantes y declarará improcedente el amparo presentado por el señor DFCM. Esta metodología fue empleada igualmente en la sentencia T-292 de 2021[85]. Por lo anterior, se revocarán las decisiones de tutela de instancia y, en su lugar, se declarará la improcedencia de la presente acción de tutela.

59. El señor D.F.C.M., como apoderado de la señora F.M. de C., interpuso acción de tutela en contra de la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Antes de proceder con el examen de fondo del amparo formulado, la Sala Quinta de Revisión verificó el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y encontró que no se cumplió con el requisito de legitimación en la causa por activa, por cuanto no se acreditó el cumplimiento de los presupuestos que habilitan el apoderamiento en materia de tutela, ya que (i) el apoderado no tiene la condición de abogado; (ii) no existe un poder especial para la presentación del amparo; y (iii) la titular de los derechos invocados no manifestó su interés en la presentación de la acción de tutela. Adicionalmente, la Sala advirtió que tampoco se acreditaba la figura de la agencia oficiosa, pues no se probó que la señora M. de C. se encontrara imposibilitada para presentar directamente el amparo. Por lo anterior, ante el incumplimiento del citado requisito de procedencia, la Sala revocará las decisiones de instancia y declarará improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,