Capítulo 8. Atributos del acto administrativo. De las propiedades del acto administrativo, sin las cuales dejaría el acto de serlo
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Capítulo 8
Atributos del acto administrativo. De las
propiedades del acto administrativo, sin las
cuales dejaría el acto de serlo
(El que usa su derecho a na die perjudica)
Como se ha señalado, el acto administrativo se constituye como uno de
los instrumentos por el cual la admin istración pública realiza sus funciones (o
acto jurídico reviste de unos atributos propios (inherentes) contenidos en el
de la administración pública o de quienes ejercen funciones administrativas.
como apreciaciones.
Los atributos del acto administrativo señalados o contenidos en la
normatividad y explicados por la doctrina corresponden a los principios de: 1)
presunción de legalidad, 2) ejecutividad, 3) ejecutoriedad, 4) obligatoriedad, 5)
publicidad e 6) inmutabilidad. Se caracterizan como principios propios del acto
administrativo. Según G(2004), estos principios o atributos
son vistos como aquellas propiedades del acto administrativo: “propias del acto
administrativo y sin las cuales dejaría el acto de serlo” (p. 361). Corresponde
entonces a explicar cada uno de ellos.
El principio de presunción de legalidad es conocido también como el axioma
de presunción de constitucionalidad del acto jurídico administrativo (
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2001). Algunos juristas recomiendan hablar de postulado de presunción
de validez del acto administrativo 2013). Para (2 013), ant e
la consideración de una administración pública legítima, es correcto también
denominar “presunción de legitimidad del acto administrativo” (p. 217).
Como el acto administrativo está sometido al derecho, en aplicación del
principio de legalidad, implica advertir que lo decidido en dicho acto jurídico
debe ser obedecido tanto por quien expidió (administración pública) como
por el destinatario (el particular, titular del acto administrativo, por ejemplo).
Contencioso administrativo. De esta manera, el acto administrativo se presume
legal (o válido, para algunos) hasta que la Jurisdicción de lo Contencioso
administrativo lo declare nulo.
Además, el acto administrativo puede ser expedido con un vicio de nulidad
(falta de competencia administrativa de quien lo expidió, por ejemplo), que es
frecuente, pero gústenos o no, dicho acto jurídico se presume legal y conserva
legalidad del acto administrativo. Este axioma se encuentra en el artículo 88
del CPACA y señala lo siguiente: “Los actos administrativos se presumen
legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se
(2016) sobre este atributo ha concluido que “consiste
en considerar o dar como cierto todo acto administrativo ha sido expedido de
acuerdo con el ordenamiento jurídico, conforme a las reglas para su creación,
tanto desde el punto de vista material, es decir, en relación con su contenido,
como desde el punto de vista formal, esto es, en lo concerniente a sus elementos,
la competencia, requisitos, trámites, oportunidad y demás aspectos adjetivos
para su expedición de cada caso” (p. 225). En ese sentido, se trata de una
presunción de legalidad a favor de los actos administrativos. Algunos juristas
administración pública.
Se concede entonces a la administración pública o de quienes ejercen
funciones administrativas la presunción de legalidad de sus actos
algunos estudiosos) de las actuaciones administrativas. Como se indicó, tal
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normatividad (o al derecho), como un claro desarrollo del principio de legalidad
y, de hecho, eso equivale a derecho administrativo, que es el fundamento de
las actuaciones administrativas.
De paso, para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto
administrativo debe hacerlo por vía judicial, esto es, hay que demandarlo con
la pretensión de nulidad. De modo que si el acto administrativo debe ajustarse
al derecho –aplicando las normas que le sirven de fundamento y así determina r
que la actuación es legítima–, este (el acto) se presume legal y si el destinatario
considera que el acto administrativo es ilegal debe entonces cumplir con la
carga de la prueba –en sede judicial– para desvirtu ar la presunción de legalidad
que amparan todos los actos administrativos.
Debe adicionarse a la anterior explicación que toda actuación estatal es
susceptible de control de legalidad como consecuencia del principio de legalidad
de la administración pública (y eso equivale a derecho público) aceptado en
nuestro ordenamiento jurídico. El respeto del principio de legalidad de las
actuaciones administrativas hace par te de la fórmula Estado social de derecho.
En este orden, el acto administrativo como producto del ejercicio de la función
administrativa se presume legal y es obligatorio para quienes intervienen en la
relación jurídica concretada en dicho acto. Así, la presunción de legalidad del
acto administrat ivo implica considerarlo o tenerlo al acto administrativo como
ajustado a derecho sin necesidad de que exista pronunciamiento de autoridad
judicial o administrativa que así lo declare. Gústenos o no, la sola existencia
del acto administrativo ha de tenerse ajustado a la legalidad.
Este atributo, como se ha indicado, cuenta con su sustentación jurídica
y argumentativa en el principio de legalidad ya que las actuaciones de la
administración deben someterse a la normatividad lo que supone que todos los
la administración pública se adecúen a tal postulado, por tanto, se presumen
legales. Debe destacarse que dicha presunción se predica de todos los actos
precisar que estamos frente a una presunción y no a un indicio, la primera es
establecida por el legislador (por lo general) en tanto que el segundo (indicio)
su deducción es realizada por el juez. Se advierte que el tema de las diferencias
, 2005).
Hemos considerado que, como el acto administr ativo en primer lugar debe
observar sin condiciones las disposiciones constitucionales y en segundo
lugar las disposiciones legales, es conveniente hablar de presunción de
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