Introducción - Informe Alternativo al Sexto Informe Periódico del Estado de Colombia, presentado al Comité por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos - Tiempos de sequía - Libros y Revistas - VLEX 840251494
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Introducción

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AutorAna María Díaz - Gustavo Gallón Giraldo
Páginas39-41
Introducción
El presente Informe alternativo al sexto informe presentado por el Estado de
Colombia al Comité de Derechos Humanos demuestra el incumplimiento
de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos por parte de Colombia, en el período comprendido entre 2002 y
2009. Además, muestra la inobservancia de las recomendaciones formuladas
al Estado por dicho Comité.
El período de análisis de este Informe coincide con los dos mandatos en los que
el Presidente Álvaro Uribe Vélez estuvo al frente del Gobierno tras una reforma
constitucional que permitió el establecimiento de la figura de la reelección
presidencial inmediata. Esta medida tuvo implicaciones graves en el equilibrio
de poderes y en el resquebrajamiento del Estado de Derecho.
Durante este lapso, el Gobierno promovió la aplicación de la “Política de
seguridad democrática” que derivó en el incremento de los registros de
violaciones a los derechos humanos atribuidas directamente a la Fuerza Pública,
y que involucró a la población civil en el conflicto armado exponiéndola a
los ataques de todos los grupos que participan en las hostilidades: grupos
guerrilleros, grupos paramilitares y Fuerza Pública. A pesar de los esfuerzos del
Gobierno por mostrar que ésta es una política de derechos humanos, es evidente
que, al concentrarse en un enfoque de recuperación militar del territorio, dejó
de lado la prevención de las violaciones a los derechos humanos y la atención
de las víctimas del conflicto armado.
Además, preocupa que las violaciones a los derechos humanos y las infracciones
al derecho humanitario permanezcan en la impunidad. Así, contrario a la
obligación del Estado de adoptar medidas que garanticen el desmantelamiento
del paramilitarismo y la no repetición de los crímenes, se implementaron
disposiciones que permiten que la mayoría de los paramilitares involucrados
en la comisión de delitos graves se beneficien de una amnistía de facto, y que
vulneran los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.

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