Introducción - Transparencia estatal y datos personales: el problema de la publicidad de la información personal en poder del Estado - Libros y Revistas - VLEX 950957384
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Introducción

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Vincent
Páginas23-34
3
introduccin
1. presentacin del problema de inestigacin
y del argumento general de la tesis
Decidir si la información personal que consta en archivos estatales puede
ser conocida por terceros es problemático. El Estado ha detentado histó-
ricamente una gran cantidad de información personal. Hasta hace poco
este era un fenómeno sin mucha importancia, una cuestión menor. Sin
embargo, la onda democratizadora de las últimas décadas, representada en
la expedición masiva de leyes de transparencia terminó por posicionar el
tema del acceso a la información en poder del Estado, al menos en el plano
interamericano. Este posicionamiento ha traído consigo nuevas preguntas:
¿pueden las personas acceder a información sobre quiénes participaron en
operativos policiales o militares? ¿Sobre investigaciones penales o discipli-
narias contra servidores públicos? ¿Sobre subsidios públicos entregados
a particulares? ¿Incluso si los beneficiarios son niños y niñas? ¿Sobre la
salud del presidente de la República? ¿Sobre la condonación de créditos
fiscales y los beneficiarios de amnistías tributarias? ¿Sobre los antecedentes
judiciales de terceros? ¿Sobre los ingresos y la situación patrimonial de los
servidores públicos, sus evaluaciones o sus hojas de vida? ¿Sobre la infor-
mación catastral y de la propiedad inmueble? ¿Sobre la relación de visitas
a personas privadas de la libertad? ¿Pueden (¿deben?) editarse documentos
públicos, como contratos, actos administrativos o sentencias judiciales, para
proteger información personal? La relativa imposibilidad de responder
estas preguntas de forma sencilla, de hacerlo de forma general y a la vez
satisfactoria, y sin evitar contrapreguntar para precisar los detalles, nos in-
dica la emergencia de un nuevo problema: la publicidad de la información
personal en posesión del Estado.
En Colombia y en México, desde hace menos de dos décadas y de for-
ma creciente, las autoridades estatales tienen la obligación de garantizar
el mayor acceso posible a la información que poseen y, al mismo tiempo,
tienen la obligación de proteger la vida privada y los datos personales de
los ciudadanos. Las fuentes jurídicas de estas obligaciones son diversas.
Nacen de forma directa de los derechos constitucionales fundamentales

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