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  • AUTO nº 11001-03-24-000-2018-00316-00A de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 20-09-2021

    RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO SÚPLICA – Frente a decisión que adopta una medida de saneamiento y ordena remitir el proceso por competencia al Tribunal Administrativo de Antioquia / RECURSO DE REPOSICIÓN – Con fundamento en que el asunto carece de cuantía y que el monto de los eventuales perjuicios a reconocerse no es cuantificable por lo que es de competencia del Consejo de Estado / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR DETERMINADOS ÓRGANOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS – Procedimiento / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE HAN SIDO DECLARADAS POR UN ORGANISMO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS – Requisitos para que proceda su pago / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE HAN SIDO DECLARADAS POR UN ORGANISMO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS – Marco normativo / DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – La nulidad del acto generaría un restablecimiento automático del derecho de contenido económico / PRETENSIÓN CON CONTENIDO ECONÓMICO CUANTIFICABLE – Lo son aquellas que al concederse generan un restablecimiento consistente en la indemnización / COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA – Para conocer demandas del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con cuantía que excede de trescientos 300 salarios mínimos legales mensuales / RECURSO DE REPOSICIÓN – Se niega / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIALa parte demandante considera que la providencia de 22 de junio de 2021 debe ser revocada con fundamento en que: i) el asunto carece de cuantía, y ii) que el monto de los eventuales perjuicios a reconocerse no es cuantificable. […] En ese sentido, es oportuno traer a colación el contenido los artículos 1° y 2° de la Ley 288 de 1996, normas que, en relación con el procedimiento y los instrumentos que deben seguirse para la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos, son del siguiente tenor: […] De lo anterior se colige que el Gobierno Nacional debe pagar una indemnización de perjuicios por violaciones de los derechos humanos que hayan sido declaradas por organismos internacionales de derechos humanos, siempre que se cumpla con dos requisitos sine qua non, a saber: i) que exista decisión previa, escrita y expresa por parte del órgano internacional de derechos humanos competente, en donde se concluya que el Estado ha incurrido en una violación de derechos humanos y que se encuentra en la obligación de reparar integralmente a las víctimas afectadas con sus actos u omisiones, y ii) que exista un concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión del órgano internacional de derechos humanos proferido por un Comité constituido por el Ministro del Interior y de Justicia, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa. […] En virtud de lo anterior, se observa que el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consideró que el Estado violó los artículos 6, 7, 9 y 16 y del artículo 2, párrafo 3 del Pacto y lo obligó a proporcionar una reparación efectiva que incluyera una compensación adecuada por las violaciones sufridas, esto es, una reparación integral para devolver a las víctimas al estado en que se encontraban antes de la causación del daño antijurídico. Sin embargo, al revisar el cumplimiento del segundo requisito para acceder a la indemnización impuesta por el órgano internacional, se advierte que el mismo no se cumple, toda vez que el Consejo de Ministros se abstuvo de emitir concepto favorable y, en virtud de ello es que la parte actora, demanda la Resolución número 2646 de 2 de abril de 2018. En atención a lo anterior, el Despacho encuentra que de la eventual declaratoria de nulidad del acto administrativo acusado, el Consejo de Ministros tendría que emitir un concepto favorable para el pago de la indemnización a que haya lugar por las conductas u omisiones que dieron lugar a la violación de derechos humanos advertidas por el organismo internacional, cumpliendo con ello el segundo de los requisitos contemplados en la norma, lo que generaría un restablecimiento de tipo económico determinable por el monto de dicha indemnización. Aunado a ello, de la revisión de las pretensiones de la demanda es evidente que la parte demandante además de buscar la nulidad del acto administrativo acusado, pretende el pago de la indemnización por perjuicios decretada por el organismo internacional […]. Significa lo anterior que con la eventual declaratoria de nulidad del acto acusado se les reconocería a las demandantes el derecho de ser reparadas integralmente, lo cual implica que estas puedan solicitar al Estado las compensaciones económicas a que tienen derecho con ocasión de los daños antijurídicos que le fueron ocasionados; cuestión distinta, como lo afirma el recurrente, es que las demandantes renuncien expresamente la reparación de los derechos económicos a que tendrían derecho, pero ello no quiere indicar que los derechos que eventualmente le sean reconocidos con las resultas del proceso no tengan implícitamente un contenido económico. [E]n relación con el segundo punto de la reposición, asociado a que no es procedente remitir el proceso, por competencia, al Tribunal Administrativo de Antioquia, en razón a que no existe certeza del valor de los derechos de contenido económico a reconocerse con la eventual declaratoria de nulidad del acto acusado, el Despacho advierte que la orden de remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia atiende a la necesidad de someter oportunamente el proceso a reparto y de garantizar que los demandantes tengan derecho a la doble instancia. Sin embargo, si la parte actora estima que los eventuales perjuicios económicos a que tendrían derechos sus mandantes, con una eventual declaratoria de nulidad de los actos acusados, son inferiores a la suma de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, tiene la posibilidad de solicitar al Tribunal que remita el proceso por competencia a los juzgados administrativos de Medellín, aportando la debida estimación razonada de la cuantía.RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN – Frente a decisión que adopta una medida de saneamiento y ordena remitir el proceso por competencia al Tribunal Administrativo de Antioquia / RECURSO DE APELACIÓN – Interpuesto en subsidio del de reposición en proceso de única instancia / REGULACIÓN RESPECTO DE LOS RECURSOS PROCEDENTES – Ley 2080 de 2021 / RECURSO DE SÚPLICA – Autos contra los que procede. Ley 2080 de 2021 / AUTO QUE DECLARA LA FALTA DE COMPETENCIA O DE JURISDICCIÓN – Es susceptible del recurso de súplica en vigencia de la Ley 2080 de 2021 / INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE MANERA SUBSIDIARIA – Procedencia / RECURSO DE APELACIÓN – Se interpreta como de súplica / REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL MAGISTRADO QUE SIGUE EN TURNO[C]orresponde al juez o magistrado ponente decidir si el recurso de apelación o súplica interpuesto en subsidio del de reposición, resulta procedente. En esos términos, se tiene que en el caso que nos ocupa se decide una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en el trámite de la única instancia ante un juez colegiado, razón por la cual el recurso procedente para debatir la decisión adoptada por el magistrado ponente es el de súplica. En cuanto a la procedencia del recurso de súplica, el numeral 1° del artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021, estableció que el mismo es procedente para controvertir los autos que […] declaren la falta de competencia o de jurisdicción en cualquier instancia […], tal como aconteció en la decisión cuestionada, razón por la cual se concederá el recurso de súplica presentado subsidiariamente al de reposición en contra del auto de 22 de junio de 2021.RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN – Frente a decisión que adopta una medida de saneamiento y ordena remitir el proceso por competencia al Tribunal Administrativo de Antioquia / RECURSO DE REPOSICIÓN – Trámite conforme a la Ley 2080 de 2021 / RECURSO DE REPOSICIÓN – Reglas. Modificación Ley 2080 de 2021 / RECURSO DE APELACIÓN – Reglas. Modificación Ley 2080 de 2021[C]onforme lo dispone el artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de reposición procede contra todos los autos salvo norma en contrario. Asimismo, es oportuno advertir que, de acuerdo con la modificación introducida por el artículo 64 de ley 2080 de 2021 al artículo 244 del CPACA, la apelación podrá interponerse en subsidio de la reposición. En ese sentido, el Despacho aclara que es competencia del juez o magistrado ponente decidir sobre recurso de reposición instaurado en contra de la providencia proferida por este y, a su vez, determinar si se concede o no el recurso de apelación presentado en subsidio al de reposición, según fuere el caso.NOTA DE RELATORÍA: Ver providencia, Consejo de Estado Sección Tercera de 10 de diciembre de 2009, Radicación 50001-23-31-000-2008-00045-01(35528), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

  • AUTO nº 11001-03-24-000-2020-00527-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 20-09-2021

    DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Frente al Manual Operativo para la Atención a la Primera Infancia Modalidad Comunitaria / DECISIÓN DE EXCEPCIONES / EXCEPCIÓN PREVIA DE INEPTA DEMANDA – Formulada con sustento en que no se demandó el acto principal, no allegaron las copias de los actos administrativos acusados con sus respectivas constancias de comunicación, publicación, notificación o ejecución, por indebida sustentación del concepto de violación y la inexistencia de causales de nulidad del acto acusado / ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO – Concepto / ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO – Clasificación / ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO – Características / ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO – Presupuestos para su configuración / ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO – Lo es el integrado por la voluntad de distintas dependencias de una misma entidad pública y sus decisiones comparten unidad de contenido y de fin / ACTO ADMINISTRATIVO COMPLEJO – Está conformado por la resolución que adopta el lineamiento y los manuales operativos de la modalidad comunitaria, familiar, institucional y propia e intercultural para la atención a la primera infancia y por el Manual Operativo de la Modalidad Comunitaria para la Atención a la Primera Infancia / REQUISITOS DE LA DEMANDA – Individualización de las pretensiones / PROPOSICIÓN JURÍDICA INCOMPLETA / EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA – Probada porque la resolución que adopta el manual operativo y el propio manual operativo son un acto complejo y no pueden ser enjuiciados de manera individual / EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA – Probada porque no se allegaron las copias de los actos administrativos acusados con sus respectivas constancias de comunicación, publicación, notificación o ejecución / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIAEl apoderado judicial del ICBF, propuso como excepción previa la que denominó inepta demanda, la cual fue sustentada en cuatro argumentos, a saber: i) que no se demandó el acto principal, esto es la Resolución No. 0162 del 15 de enero de 2019, proferida por el ICBF; ii) por ende, no allegaron las copias de los actos administrativos acusados con sus respectivas constancias de comunicación, publicación, notificación o ejecución; iii) por indebida sustentación del concepto de violación, y iv) dada la inexistencia de causales de nulidad del acto acusado. […] [E]l manual operativo demandado en este proceso hace parte integral de la citada Resolución 0162 de 2019, conforme lo dispone el ordinal primero de la parte resolutiva de la misma. Significa lo anterior que nos encontramos frente a la configuración de un acto complejo, definido por la jurisprudencia de esta Corporación como aquella manifestación del poder público en la que concurren las voluntades de distintas dependencias de la misma entidad o de varias entidades y que está contenida en una serie de actos que comparten unidad de objeto y de fin. Dicho concepto fue desarrollado por primera vez por la Sección Primera de esta corporación en la sentencia de 26 de enero de 1996, y, a partir de ese momento, se ha sostenido que los operadores jurídicos deben analizar tres escenarios al momento de diferenciar cuáles actos administrativos confluyen en una unidad compleja. El primer escenario da nacimiento propiamente a este tipo de actos y se presenta cuando la declaración de voluntad de la administración se fusiona en una unidad. Por el contrario, en el segundo evento, la primera decisión es de trámite respecto de la otra y, en el tercero, los actos refieren a decisiones escindibles. Es decir, la consecuente distinción entre dos declaraciones que se individualizan como un acto de trámite y uno definitivo o como dos decisiones definitivas, respecto de las declaraciones que son una en sí misma y, por eso, componen un acto complejo. Finalmente, cabe destacar que las decisiones que componen el acto complejo no son pasibles aisladamente de control jurisdiccional […]. Con fundamento en lo anterior, es dable concluir que el acto administrativo complejo se caracteriza: (i) por la concurrencia de varias declaraciones de voluntad de la Administración, realizadas por distintas dependencias de una misma entidad pública, o por varias entidades, de manera conjunta o sucesiva; (ii) por la unidad de contenido y de fin de las manifestaciones de la voluntad; (iii) por la inescindibilidad de las decisiones, y (iv) por el control judicial conjunto en donde los vicios de legalidad de alguna de las declaraciones se transmiten a toda la extensión de la decisión. Cabe resaltar que el artículo 163 del CPACA, dispone que «[…] cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo éste se debe individualizar con toda precisión […]». Por ende, la parte actora tenía la carga de demandar la Resolución 0162 de 2019, en tanto que el Lineamiento Técnico y los Manuales Operativos adoptados por la misma, se erigen como un solo acto administrativo. En este contexto, le asiste razón al apoderado judicial del ICBF, cuando señala que en el presente asunto «[…] el acto susceptible de ser demandado debe ser, no solo el manual operativo de la modalidad, sino también el acto administrativo resolución No. 0162 del 15/01/2019 […]», en tanto, que el manual demandado no puede escindirse como un acto administrativo independiente de aquel que lo adopta como parte integral del mismo. Por ende, le asiste también la razón a dicho apoderado en relación con la omisión de la demandante de allegar con la demanda copia de la Resolución 162 de 2019, con sus respectivas constancias de comunicación, notificación, publicación o ejecución, así como la indebida sustentación del concepto de violación respecto de la misma. En ese orden de ideas, se declarará probada la excepción de inepta demanda propuesta por el apoderado judicial de la entidad demandada y, en consecuencia, se dará por terminado el proceso.NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Sala Plena y Secciones Primera y Segunda de 26 de enero de 1996, Radicación CE-SEC1-EXP1996-N3416, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz; 11 de abril de 2002, Radicación 25000-23-24-000-1994-04503-01(6595), C.P. Camilo Arciniegas Andrade; 1 de agosto de 2002, Radicación 11001-03-24-000-2000-06674-01(6674), C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola; 31 de julio de 1996, Radicación CE-SEC2-EXP1996-N9485, C.P. Javier Díaz Bueno; 21 de septiembre de 2006, Radicación 05001-23-31-000-2003-03648-01, C.P. Jaime Moreno García.

  • AUTO nº 11001-03-24-000-2018-00316-00A de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 20-09-2021

    RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO SÚPLICA – Frente a decisión que adopta una medida de saneamiento y ordena remitir el proceso por competencia al Tribunal Administrativo de Antioquia / RECURSO DE REPOSICIÓN – Con fundamento en que el asunto carece de cuantía y que el monto de los eventuales perjuicios a reconocerse no es cuantificable por lo que es de competencia del Consejo de Estado / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR DETERMINADOS ÓRGANOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS – Procedimiento / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE HAN SIDO DECLARADAS POR UN ORGANISMO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS – Requisitos para que proceda su pago / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE HAN SIDO DECLARADAS POR UN ORGANISMO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS – Marco normativo / DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – La nulidad del acto generaría un restablecimiento automático del derecho de contenido económico / PRETENSIÓN CON CONTENIDO ECONÓMICO CUANTIFICABLE – Lo son aquellas que al concederse generan un restablecimiento consistente en la indemnización / COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA – Para conocer demandas del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con cuantía que excede de trescientos 300 salarios mínimos legales mensuales / RECURSO DE REPOSICIÓN – Se niega / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIALa parte demandante considera que la providencia de 22 de junio de 2021 debe ser revocada con fundamento en que: i) el asunto carece de cuantía, y ii) que el monto de los eventuales perjuicios a reconocerse no es cuantificable. […] En ese sentido, es oportuno traer a colación el contenido los artículos 1° y 2° de la Ley 288 de 1996, normas que, en relación con el procedimiento y los instrumentos que deben seguirse para la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos, son del siguiente tenor: […] De lo anterior se colige que el Gobierno Nacional debe pagar una indemnización de perjuicios por violaciones de los derechos humanos que hayan sido declaradas por organismos internacionales de derechos humanos, siempre que se cumpla con dos requisitos sine qua non, a saber: i) que exista decisión previa, escrita y expresa por parte del órgano internacional de derechos humanos competente, en donde se concluya que el Estado ha incurrido en una violación de derechos humanos y que se encuentra en la obligación de reparar integralmente a las víctimas afectadas con sus actos u omisiones, y ii) que exista un concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión del órgano internacional de derechos humanos proferido por un Comité constituido por el Ministro del Interior y de Justicia, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa. […] En virtud de lo anterior, se observa que el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consideró que el Estado violó los artículos 6, 7, 9 y 16 y del artículo 2, párrafo 3 del Pacto y lo obligó a proporcionar una reparación efectiva que incluyera una compensación adecuada por las violaciones sufridas, esto es, una reparación integral para devolver a las víctimas al estado en que se encontraban antes de la causación del daño antijurídico. Sin embargo, al revisar el cumplimiento del segundo requisito para acceder a la indemnización impuesta por el órgano internacional, se advierte que el mismo no se cumple, toda vez que el Consejo de Ministros se abstuvo de emitir concepto favorable y, en virtud de ello es que la parte actora, demanda la Resolución número 2646 de 2 de abril de 2018. En atención a lo anterior, el Despacho encuentra que de la eventual declaratoria de nulidad del acto administrativo acusado, el Consejo de Ministros tendría que emitir un concepto favorable para el pago de la indemnización a que haya lugar por las conductas u omisiones que dieron lugar a la violación de derechos humanos advertidas por el organismo internacional, cumpliendo con ello el segundo de los requisitos contemplados en la norma, lo que generaría un restablecimiento de tipo económico determinable por el monto de dicha indemnización. Aunado a ello, de la revisión de las pretensiones de la demanda es evidente que la parte demandante además de buscar la nulidad del acto administrativo acusado, pretende el pago de la indemnización por perjuicios decretada por el organismo internacional […]. Significa lo anterior que con la eventual declaratoria de nulidad del acto acusado se les reconocería a las demandantes el derecho de ser reparadas integralmente, lo cual implica que estas puedan solicitar al Estado las compensaciones económicas a que tienen derecho con ocasión de los daños antijurídicos que le fueron ocasionados; cuestión distinta, como lo afirma el recurrente, es que las demandantes renuncien expresamente la reparación de los derechos económicos a que tendrían derecho, pero ello no quiere indicar que los derechos que eventualmente le sean reconocidos con las resultas del proceso no tengan implícitamente un contenido económico. [E]n relación con el segundo punto de la reposición, asociado a que no es procedente remitir el proceso, por competencia, al Tribunal Administrativo de Antioquia, en razón a que no existe certeza del valor de los derechos de contenido económico a reconocerse con la eventual declaratoria de nulidad del acto acusado, el Despacho advierte que la orden de remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia atiende a la necesidad de someter oportunamente el proceso a reparto y de garantizar que los demandantes tengan derecho a la doble instancia. Sin embargo, si la parte actora estima que los eventuales perjuicios económicos a que tendrían derechos sus mandantes, con una eventual declaratoria de nulidad de los actos acusados, son inferiores a la suma de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, tiene la posibilidad de solicitar al Tribunal que remita el proceso por competencia a los juzgados administrativos de Medellín, aportando la debida estimación razonada de la cuantía.RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN – Frente a decisión que adopta una medida de saneamiento y ordena remitir el proceso por competencia al Tribunal Administrativo de Antioquia / RECURSO DE APELACIÓN – Interpuesto en subsidio del de reposición en proceso de única instancia / REGULACIÓN RESPECTO DE LOS RECURSOS PROCEDENTES – Ley 2080 de 2021 / RECURSO DE SÚPLICA – Autos contra los que procede. Ley 2080 de 2021 / AUTO QUE DECLARA LA FALTA DE COMPETENCIA O DE JURISDICCIÓN – Es susceptible del recurso de súplica en vigencia de la Ley 2080 de 2021 / INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE MANERA SUBSIDIARIA – Procedencia / RECURSO DE APELACIÓN – Se interpreta como de súplica / REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL MAGISTRADO QUE SIGUE EN TURNO[C]orresponde al juez o magistrado ponente decidir si el recurso de apelación o súplica interpuesto en subsidio del de reposición, resulta procedente. En esos términos, se tiene que en el caso que nos ocupa se decide una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en el trámite de la única instancia ante un juez colegiado, razón por la cual el recurso procedente para debatir la decisión adoptada por el magistrado ponente es el de súplica. En cuanto a la procedencia del recurso de súplica, el numeral 1° del artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021, estableció que el mismo es procedente para controvertir los autos que […] declaren la falta de competencia o de jurisdicción en cualquier instancia […], tal como aconteció en la decisión cuestionada, razón por la cual se concederá el recurso de súplica presentado subsidiariamente al de reposición en contra del auto de 22 de junio de 2021.RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN – Frente a decisión que adopta una medida de saneamiento y ordena remitir el proceso por competencia al Tribunal Administrativo de Antioquia / RECURSO DE REPOSICIÓN – Trámite conforme a la Ley 2080 de 2021 / RECURSO DE REPOSICIÓN – Reglas. Modificación Ley 2080 de 2021 / RECURSO DE APELACIÓN – Reglas. Modificación Ley 2080 de 2021[C]onforme lo dispone el artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, el recurso de reposición procede contra todos los autos salvo norma en contrario. Asimismo, es oportuno advertir que, de acuerdo con la modificación introducida por el artículo 64 de ley 2080 de 2021 al artículo 244 del CPACA, la apelación podrá interponerse en subsidio de la reposición. En ese sentido, el Despacho aclara que es competencia del juez o magistrado ponente decidir sobre recurso de reposición instaurado en contra de la providencia proferida por este y, a su vez, determinar si se concede o no el recurso de apelación presentado en subsidio al de reposición, según fuere el caso.NOTA DE RELATORÍA: Ver providencia, Consejo de Estado Sección Tercera de 10 de diciembre de 2009, Radicación 50001-23-31-000-2008-00045-01(35528), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

  • SENTENCIA nº 63001-23-33-000-2017-00373-01 de Consejo de Estado (SECCION SEGUNDA SUBSECCIÓN B) del 18-09-2021

    RÉGIMEN DE CESANTÍAS ANUALIZADAS DE DOCENTES OFICIALES – A partir del 1 de enero de 1990 / RELIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS CON BASE EN EL RÉGIMEN RETROACTIVO – ImprocedenciaSe tiene que en el proceso está probado que la demandante, fue nombrada docente mediante el Decreto 013 del 28 de enero de 1994 en el Municipio de Montenegro y que se posesionó en el cargo el 1 de febrero de 1994. También está demostrado que a través de la Resolución 0000005 del 6 de enero de 2017, la secretaria de Educación Departamental del Quindío le reconoció la liquidación parcial de las cesantías como docente con vinculación nacional. Igualmente, en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del 20 de abril de 2017, consta que el régimen de cesantías de la demandante es anual. Cabe destacar entonces que la actora se posesionó como docente el 1 de febrero de 1994, por consiguiente, al haberse vinculado después del 31 de diciembre de 1989 (fecha de vigencia de la Ley 91 de 1989), sus cesantías se liquidan de forma anualizada. En este orden de ideas, si bien la demandante laboró como docente para el Municipio de Montenegro (Quindío) su vinculación se realizó cuando ya estaba vigente la Ley 91 de 1989, precepto que en literal b) del numeral 3º del artículo 15 establece que “los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad (…)”. Así las cosas, esta Subsección considera que la demandante (docente con vinculación nacional), como lo indica el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del 20 de abril de 2017, no tiene derecho a beneficiarse del régimen retroactivo de cesantías, en cuanto la liquidación anual se predica de todos los docentes designados después de la vigencia de la Ley 91 de 1989, como es el caso de la accionante. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el régimen de cesantías aplicable a los docentes oficiales vinculados a partir del 1 de enero de 1990, ver: Corte constitucional, sentencia de unificación SU-098 de 2018, y C. de E., Sección Segunda, sentencia de 31 de mayo de 2018, radicación: 4331-15.

  • AUTO nº 11001-03-24-000-2009-00104-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 17-09-2021

    ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Características especiales / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Naturaleza sui generis: envuelve un interés particular / DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Requisitos para su procedencia / DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Efectos / DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Quienes no pueden desistir / DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD RELATIVA – Procedencia / SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Procede porque no se ha proferido sentencia que ponga fin al proceso / CONDENA EN COSTAS – Excepciones / SIN CONDENA EN COSTAS – Por cuanto no hubo oposición al desistimiento / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIALa demanda que dio origen al presente proceso se instauró en ejercicio de la acción de nulidad relativa, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones núms. 15668 de 23 de mayo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, y 23363 de 4 de julio de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, respectivamente, de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Es preciso advertir que cuando se expidieron los actos acusados y se presentó la demanda ya estaba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que entró a regir el 1o. de diciembre de 2000, conforme a su artículo 274, que a diferencia de la Decisión 344, no exige interés para demandar, sino que permite que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario. Empero, no obstante ello, como ya se indicó, para su ejercicio oportuno se previó un término de prescripción de cinco (5) años (artículo 172, ibídem), y de su contenido se infiere un claro interés particular, el que se refleja en este caso, por cuanto la actora afirma que el signo mixto, para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, concedido mediante los actos demandados, es confundible con las marcas nominativas para distinguir productos comprendidos en las Clases 29, 30, 31, 35, y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, registradas previamente a su favor. Teniendo en cuenta lo preceptuado en los artículos 314 a 316 del Código General del Proceso, en adelante CGP, que establece la figura del desistimiento, aplicable a los procesos contencioso administrativos en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, ha de aceptarse el desistimiento solicitado por el apoderado de la parte actora, por lo siguiente: En el caso sub examine no se ha pronunciado sentencia que ponga fin al proceso; quien desiste está en capacidad de hacerlo; la apoderada de la parte actora tiene facultades para desistir; el desistimiento es incondicional, pues no se hace salvedad alguna. […] [E]l Despacho, a través de auto de 27 de agosto de 2021, dio traslado a la entidad demandada, por el término de tres (3) días, del escrito contentivo de la solicitud de desistimiento de la demanda por parte de la actora. De conformidad con el informe secretarial que antecede, dentro de dicho término la entidad demandada guardó silencio, conducta esta de la que se colige su aprobación respecto de la solicitud de desistimiento, por lo que no habrá lugar a condena en costas. Como ya se dijo, en el presente caso se evidencia un interés de la actora en el ejercicio de la acción de la referencia, por lo que es del caso acceder a la solicitud de desistimiento de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Sección Primera, de 18 de diciembre de 2003, Radicación 11001-03-24-000-2003-00014-01 (8612), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 20 de junio de 2013, Radicación 11001-03-24-000-2008-00349-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 28 de septiembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2011-00258-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

  • AUTO nº 11001-03-24-000-2017-00454-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 17-09-2021

    AUDIENCIA INICIAL – Se prescinde de su celebración por cuanto no se formularon excepciones previas y no hay prueba alguna que practicar / FIJACIÓN DEL LITIGIO / DECRETO DE PRUEBA DOCUMENTAL[E]l Despacho considera que se cumplen los requisitos para darle aplicación al artículo 182A del CPACA, toda vez que el proceso está pendiente de surtir el trámite de la audiencia inicial, no se formularon excepciones previas y no hay prueba alguna que practicar, por lo que se prescindirá de realizar la audiencia anteriormente referida. Cabe resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones, consiste en determinar si los numerales 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, parágrafos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 11; numerales 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, parágrafos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 12 y los numerales 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, parágrafos 1, 2 y 3 del artículo 16 de la Resolución 60 de 3 de agosto de 2016, expedida por la DIAN, vulneran lo establecido en los artículos 1º, 2º, 6º, 9º, 25, 29, 38, 58, 89, 113, 121, 123, 124, 150, 333 y 334 de la Constitución Política; y 3º y 9º del Decreto 2245 de 28 de junio de 2011, conforme a lo expuesto por la actora a folios 7 a 8 del cuaderno principal del expediente y a lo respondido por la entidad demandada a folios 71 a 77 ibidem. Igualmente, se tendrán como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les corresponda en derecho, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de la misma.

  • AUTO nº 11001-03-26-000-2017-00039-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 17-09-2021

    RECHAZA DEMANDA - Por no corregir demanda dentro del término concedido / INADMISIÓN DE LA DEMANDA – Para que se estimara la cuantía / RECHAZO DE LA DEMANDA - Procede por no haber sido corregidaEste Despacho, mediante auto de 20 de agosto de 2021, concedió a la parte actora un término de diez (10) días para que corrigiera la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, por cuanto no estimo la cuantía de la demanda. Durante el término para corregir la demanda, que corrió entre el 26 de agosto y el 8 de septiembre de 2021, la parte actora no hizo manifestación alguna, de conformidad con el informe secretarial visible en el índice 20 del expediente digital. Conforme a lo anterior, el Despacho rechazará la demanda de la referencia, comoquiera que la parte actora no la corrigió dentro del término conferido en el proveído de 20 de agosto de 2021, de acuerdo con lo previsto en el numeral 6 de artículo 162 del CPACA.

  • AUTO nº 11001-03-24-000-2018-00382-00A de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 17-09-2021

    INADMISIÓN DE LA DEMANDA / RECHAZO DE LA DEMANDA – Es lo que procede cuando no se corrige dentro de la oportunidad legalmente establecida / RECHAZO DE LA DEMANDA – Procede por no haber sido corregida dentro del término concedidoEl Despacho, mediante auto de 6 de agosto de 2021, le concedió al actor un término de diez (10) días para que corrigiera su demanda, con fundamento en las razones expuestas en la referida providencia. El término para corregir la demanda corrió entre el 18 de agosto y el 31 de agosto de 2021, plazo dentro del cual el actor no hizo manifestación alguna, de conformidad con el informe secretarial obrante en el índice 11 del expediente digital registrado en el aplicativo SAMAI. Conforme con lo anterior, el Despacho rechazará la demanda de la referencia, como quiera que el actor no corrigió la misma dentro del término establecido en el proveído de 6 de agosto de 2021, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo 169 del CPACA.

  • AUTO nº 11001-03-24-000-2021-00394-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 17-09-2021

    REMISIÓN DEL PROCESO POR COMPETENCIA AL CONSEJO DE ESTADO - De juzgado administrativo / DEMANDA DE NULIDAD - Frente al acto administrativo por medio del cual se imparte una orden administrativa de implementar un procedimiento interno para solicitar autorización previa, expresa e informada para el tratamiento de datos personales de los titulares / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD - Procedencia excepcional respecto de acto de carácter particular / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Es el que procede cuando se deriva de la nulidad del acto un restablecimiento automático del derecho / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL - De nulidad al de nulidad y restablecimiento del derechoRevisadas las resoluciones controvertidas, es claro que se trata de decisiones de contenido particular y concreto, dado que a través de las mismas la entidad demandada le ordenó a la actora implementar un procedimiento interno para solicitar la autorización previa, expresa e informada para el tratamiento de los datos personales de los titulares, que se adecue a lo reglado en la Ley 1581 de 17 de octubre de 2012. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el medio de control procedente en este caso no es el de nulidad sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, pues se controvierten actos de contenido particular y concreto; y la eventual declaratoria de nulidad de los mismos produce un restablecimiento automático de los derechos de la actora, toda vez que no estaría obligada a implementar el referido procedimiento interno. Sobre el particular, cabe señalar que a pesar de que el artículo 137 del CPACA abrió la posibilidad de demandar actos administrativos de contenido particular, a través del medio de control de nulidad, expresamente precisó que esa era una situación completamente excepcional y solo se limitaba a cuatro casos particulares: “1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero; 2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público; 3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico y 4. Cuando la Ley lo consagre expresamente”. Igualmente, en dicho artículo se estableció un parágrafo que reza: “Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente”. En el presente caso, como ya se explicó, la declaratoria de nulidad de las resoluciones demandadas, que por demás son de contenido particular y concreto, generarían un restablecimiento automático del derecho para la actora, lo que claramente impide que la demanda pueda tramitarse como de nulidad.INADMISIÓN DE LA DEMANDA - Para que se acredite haber remitido por medio electrónico copia de la demanda y sus anexos a la entidad demandada[E]l Despacho advierte que la parte actora no acreditó haber remitido por medio electrónico copia de la demanda a la entidad que expidió el acto, de conformidad con el numeral 8 del artículo 162 del CPACA. Significa lo precedente que la parte actora no cumplió con el requisito previsto para la demanda en el artículo 162, numeral 8, del CPACA, razón por la cual se inadmitirá para que la actora la corrija en un plazo de diez (10) días, contados a partir de la notificación de este proveído.

  • AUTO nº 05001-23-33-000-2017-02494-02 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 17-09-2021

    MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / APELACIÓN DE AUTO – Contra auto que aprobó la liquidación de costas procesales y agencias en derecho / NULIDAD PARCIAL - Por cuanto el juzgador de primer grado procedió contra providencia ejecutoriada del superior / NULIDAD PARCIAL – No configuradaAPELACIÓN DE AUTO – Régimen aplicable / APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHOAl sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda -4 de septiembre de 2017-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011 y en el Código General del Proceso, en virtud de la integración normativa dispuesta por los artículos 188, 208 y 306 del primer estatuto mencionado. Asimismo, le es aplicable la Ley 2080 de 2021 en lo que concierne a las actuaciones surtidas con posterioridad a su entrada en vigor -el 26 de enero de 2021-, pues las reformas introducidas por ella prevalecen sobre lo establecido en las normas anteriores respecto de procesos iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011, tal y como se verifica en este caso.COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DE AUTO / AUTO INTERLOCUTORIO – Competencia del magistrado ponenteEn atención al artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021), la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación contra autos susceptibles de dicho mecanismo de impugnación, como ocurre en esta ocasión. Adicionalmente, según el Acuerdo 080 de 2019, contentivo del reglamento del Consejo de Estado, a la Sección Tercera le corresponde tramitar los procesos de reparación directa, como el que ahora ocupa la atención del despacho. Finalmente, de acuerdo con el artículo 125 (numeral 3) de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021), la magistrada ponente ostenta competencia para decidir este asunto, debido a que se trata de una providencia interlocutoria que no le corresponde dictar a la Sala.TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN / TÉRMINO DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓNSegún el artículo 244 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021), el recurso de apelación puede interponerse directamente o en subsidio del de reposición. En esta ocasión, el actor formuló recurso de apelación contra el auto del 12 de mayo de 2021, y lo hizo de manera subsidiaria al de reposición contra esa decisión. A su vez, mediante providencia del 2 de junio de 2021 el Tribunal accedió parcialmente a lo pretendido en el recurso de reposición. Lo anterior, sumado a que el artículo 366 (numeral 5) del Código General del Proceso dispone que el auto que aprueba la liquidación de costas es susceptible del recurso de apelación, permite considerar acreditado el presupuesto de procedencia. A propósito de la oportunidad, se tiene que el auto objeto de reproche fue notificado el 13 de mayo de 2021 y que el plazo para su impugnación vencía del 19 de mayo siguiente, al paso que el escrito contentivo del recurso de reposición y subsidiariamente de apelación fue remitido vía correo electrónico el 14 de mayo de la misma anualidad, lo que da cuenta del cumplimiento de tal requisito. Por último, en el escrito aludido la parte demandante expresó las razones de su inconformidad con la providencia impugnada, razón por la cual aquel se encuentra debidamente sustentado.AGENCIAS EN DERECHO – Definición / AGENCIAS EN DERECHO – Normatividad aplicable / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO – Presupuestos / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO – Competencia para fijarlas / PROCEDENCIA DE LA ANALOGÍA – Aplicación de las agencias en derecho en el proceso declarativo u ordinario en lo contencioso administrativoEs relevante poner de presente que las agencias en derecho, como parte de las costas procesales, son gravámenes a cargo de la parte vencida que corresponden a los gastos asumidos por la parte victoriosa para ejercer la defensa judicial de sus intereses y que son reconocidos por el juez a favor de esta última de conformidad con los criterios esbozados en la ley. A propósito de la normativa aplicable a este asunto, en el presente proceso la condena en costas se rige por las disposiciones del Código General del Proceso y del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, mediante el cual el Consejo Superior de la Judicatura estableció las tarifas de agencias en derecho, por estar vigente para la época de presentación de la demanda que dio origen a este litigio. En lo que respecta al estatuto procesal referido, se tiene que la condena en costas debe ser asumida por la parte vencida en el proceso, se hace en la providencia que resuelva la actuación que la originó y es procedente cuando aparezcan causadas y comprobadas en el expediente. En cuanto a su liquidación, esta debe ser efectuada por el juzgador de primera instancia, cuyo secretario tendrá en cuenta las condenas impuestas en ambas instancias e incluirá tanto las expensas como las agencias en derecho fijadas por el magistrado sustanciador. En concreto, para la fijación de las agencias en derecho la ley ordena que deben aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura y, si estas disponen mínimos y máximos, el juez deberá ponderar factores como la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión desplegada por el apoderado o la parte, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. Ahora bien, dado que el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 no dispone tarifas de agencias en derecho para procesos declarativos u ordinarios en lo contencioso administrativo, es menester acudir, por vía de analogía, a aquellas previstas para los procesos declarativos en general (…) Como se puede apreciar, en concordancia con el artículo 3 del acuerdo citado, existen dos clases de límites que deben ser respetados por los jueces y que obedecen a supuestos diferentes: i) porcentajes, cuando se formulen pretensiones pecuniarias; y ii) salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuando se trate de la segunda instancia.AGENCIAS EN DERECHO – Procedencia / CODENA EN COSTAS – ProcedenciaSobre el particular, es pertinente resaltar que, de acuerdo con el criterio adoptado por la Sala, las agencias en derecho proceden aun cuando la parte haya litigado en nombre propio sin incurrir en el pago de honorarios profesionales, razonamiento que también resulta aplicable cuando las entidades públicas comparecen por medio de abogados que hacen parte de su planta de personal, pues el que no se paguen sumas adicionales al salario correspondiente no enerva el hecho de que la entidad respectiva tuvo que destinar alguno de sus funcionarios para atender el proceso. En consonancia, esta Corporación expresó que, para la imposición de la condena en costas y de las agencias en derecho en especial, no es exigible una prueba adicional a la participación misma en el proceso. Por lo demás, el artículo 365 (numeral 7) del Código General del Proceso alude al reconocimiento de “los gastos que hubiere sufragado” cada litigante, vale decir, los derivados de honorarios de auxiliares de la justicia, práctica de diligencias y pruebas, etc., gastos que, si bien hacen parte de la condena en costas, constituyen una categoría distinta a la de las agencias en derecho, que en este proceso no se causaron.APELANTE ÚNICO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS[E]n aplicación del principio “non reformatio in pejus”, según el cual no puede agravarse la situación del apelante único -condición que detenta el actor en esta oportunidad- el despacho confirmará parcialmente la providencia del 12 de mayo de 2021, en lo atinente a la liquidación de costas y agencias en derecho de la primera instancia, ya que el monto fijado por el Tribunal por este concepto no puede ser incrementado como consecuencia del recurso de apelación.CONDENA EN COSTAS – Procedencia en segunda instancia / AGENCIAS EN DERECHO – Procedencia en segunda instancia / NULIDAD PARCIAL - Por cuanto el juzgador de primer grado procedió contra providencia ejecutoriada del superior / NULIDAD PARCIAL – Configurada / LIQUIDACIÓN DE COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO[E]l despacho advierte que el Tribunal a quo desconoció la condena que por ese concepto impuso esta Subsección en la sentencia del 20 de noviembre de 2020, providencia que adquirió firmeza el 26 de enero de 2021. En efecto, mientras que en sentencia ejecutoriada el Consejo de Estado fijó las agencias en derecho en segunda instancia en cuatro (4) SMLMV -dos (2) SMLMV en favor de cada una de las dos entidades accionadas -, la magistrada ponente del Tribunal, en sede de reposición, las fijó en tan solo dos (2) SMLMV. En esas condiciones, el despacho estima que frente al auto del 2 de junio de 2021, solamente en cuanto a la tasación de las agencias en derecho de la segunda instancia, se configuró la causal de nulidad parcial contenida en el numeral 2 del artículo 133 del Código General del Proceso, la cual consagra como supuesto que el juez proceda “contra providencia ejecutoriada del superior”. A su turno, el parágrafo del artículo 136 ejusdem prescribe que la nulidad configurada por esa causal es insaneable y, en ese sentido, una vez verificada, el juzgador debe declararla y adoptar los correctivos necesarios para restablecer el cauce del proceso, en ejercicio del control de legalidad que debe efectuar en cada etapa del juicio y en cumplimiento del mandato legal de implementar las medidas pertinentes para sanear vicios de procedimiento. Por tanto, el despacho declarará la nulidad parcial de la decisión expedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 2 de junio de 2021, únicamente en lo que concierne al monto de las agencias en derecho de la segunda instancia. Además, en concordancia con en el artículo 138 (inciso final) del Código General del Proceso, se ordenará al Tribunal a quo proceder a dictar nuevo auto aprobando la liquidación de costas y agencias en derecho de la segunda instancia de acuerdo con lo aquí señalado, esto es, que por concepto de agencias en derecho de dicha instancia le corresponde a cada una de las entidades demandadas la suma de dos (2) SMLMV, para un total de cuatro (4) SMLMV del año 2020. Asimismo, la secretaría del Tribunal a quo procederá con la elaboración de la respectiva liquidación con base en lo explicado anteriormente y en las agencias en derecho por la segunda instancia fijadas en la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2020 por el Consejo de Estado en el proceso de la referencia.CONDENA EN COSTAS – Imposibilidad económica no puede ser objeto de controversia mediante recurso de apelación que liquida costas procesalesEn lo atinente a las condiciones económicas actuales y la eventual imposibilidad del demandante de asumir el pago de las costas procesales, el despacho considera que se trata de circunstancias ajenas al trámite de este proceso y que no tienen la virtualidad de lograr que en sede de apelación se exima al actor de pagar la suma fijada por ese concepto. Según se explicó líneas atrás, las normas procesales que rigen la condena en costas y la fijación de las agencias en derecho definen los asuntos que pueden ser discutidos a través de los recursos que ofrece la ley, entre los cuales no se encuentra la situación económica de quien está llamado a soportar dicha condena, razón por la cual esta clase de argumentos no constituyen un objeto de estudio frente al cual el despacho pueda pronunciarse válidamente. Aunado a lo anterior, es pertinente recordar que el trámite de un proceso entraña un carácter oneroso que deben asumir las partes que lo impulsan, así como también deben aceptar el carácter aleatorio que le es inherente. En efecto, en el ordenamiento jurídico nacional, de acuerdo con el resultado del proceso y lo previsto por la ley en cada caso, se aplica el criterio según el cual quien es vencido debe pagar las costas procesales, incluidas las agencias en derecho. En definitiva, el pago de la condena en costas por quien las tiene a su cargo es un asunto que tiene que ver con su posterior cumplimiento, de manera que la posibilidad o imposibilidad por parte del obligado de proceder con su pago o las condiciones en que pueda o deba hacerlo no son temas que puedan ser decididos en esta sede judicial y en este momento procesal.

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