Consejo de Estado - Jurisprudencia

Consejo de Estado

Últimos documentos

  • SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-04972-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 08-04-2021

    IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ[L]a Sala debe decidir si el a quo acertó al declarar improcedente la tutela de la referencia, por no cumplirse el requisito de inmediatez. (…) En el caso concreto, la Sala advierte que el proceso de reparación directa concluyó con providencia del 9 de octubre de 2019, dictada por el Consejo de Estado, Sección tercera Subsección B. Esa providencia declaró bien denegado el recurso de apelación propuesto contra la sentencia del 19 de mayo de 2019 y, por ende, determinó la firmeza de la decisión de denegar las pretensiones de la demanda de reparación directa. Siendo así, es claro que la inmediatez debe contabilizarse desde la notificación de la providencia del 9 de octubre de 2019, por tratarse de la decisión que, en últimas, definió la situación jurídica de fondo, esto es, la relacionada con la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Según se advierte de la consulta en el sistema de procesos de la Rama Judicial, la providencia del 9 de octubre de 2019 fue notificada mediante estado del 30 de octubre de 2019. Además, en el expediente electrónico de la referencia, se evidencia que la demanda de tutela fue radicada por correo electrónico del 27 de noviembre de 2020. Por consiguiente, queda demostrado que la tutela fue interpuesta 1 año, 1 mes y 3 días después de la notificación de la providencia que concluyó el proceso de reparación directa, de modo que fue ampliamente superado el término adoptado por esta Corporación en la sentencia de Sala Plena. La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia que justifique la demora en presentar la acción de tutela.

  • SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2021-00091-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 08-04-2021

    CARENCIA ACTUAL DE OBJETO EN ACCIÓN DE TUTELA POR HECHO SUPERADO / EXPEDICIÓN DE TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADOEn el caso concreto, la Sala advierte que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia había dado respuesta a la petición de expedición de tarjeta profesional del señor [B.X.M.P.], antes de haberse proferido la sentencia de tutela de primera instancia. (…) Mediante correo electónico del 15 de diciembre de 2020, el señor [B.X.M.P.] remitió la documentación requerida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura para que expidiera la tarjeta profesional de abogado. Frente a la anterior petición, el 18 de diciembre de 2020 la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura emitió el acuso de recibido e informó al actor que se remitía al personal encargado para el trámite correspondiente. En la respuesta a la acción de tutela, la parte demandada informó que asignó número de tarjeta profesional de abogado al señor [B.X.M.P.]. La Sala constató que en el enlace https://sirna.ramajudicial.gov.co se puede verificar que al demandante se le asignó número de tarjeta profesional de abogado con fecha de expedición del 24 de marzo de 2021 y estado actual “vigente”. En efecto, en dicho enlace y con el número de identificación del señor [M.P.] se puede descargar la certificación correspondiente. (…) De acuerdo con lo expuesto, la Sala advierte que, con la entrega de la tarjeta profesional del 22 de febrero de 2021, se corrigió la conducta que se reprochaba de la autoridad demandada y que, a juicio del señor [M.P.], daba lugar a la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Por lo tanto, carecía de objeto cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela, en los términos del artículo 26 del Decreto 2591 de 1991. (…) En consecuencia, la Sala revocará los numerales 1º y 2º de la sentencia del 4 de marzo de 2021 y, en su lugar, declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

  • SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2021-00042-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 08-04-2021

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA - Niega / SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE PROCESO / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA PARTE ACTORA EN LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD - Ausencia de prueba de la radicación del documento / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES[C]orresponde a la Sala determinar si la sentencia de primera instancia se ajustó a derecho al concluir que no estaba acreditada la presentación de las peticiones ante el Consejo Superior de la Judicatura y, en consecuencia, denegar las pretensiones de la demanda o si, por el contrario, como alega la parte actora, estaba demostrada la vulneración al derecho fundamental de petición. (…) [L]a Sala encuentra que el actor no demostró haber presentado las peticiones ante la autoridad demandada. Aunque el demandante alega que el correo desde el que envió las peticiones corresponde al que envía otros oficios, lo cierto es que no demostró esa afirmación. Siendo así, no está probado que el señor [O.S.] haya presentado las peticiones en las que sustenta la supuesta vulneración de los derechos fundamentales invocados. Por lo tanto, la Sala no cuenta con parámetros para efectuar un análisis de fondo del asunto, esto es, para determinar si se configuró o no la vulneración de los derechos fundamentales del demandante. (…) De acuerdo con lo anterior, resulta claro que, en este caso, como el demandante no demostró que efectivamente hubiere presentado las peticiones ante el Consejo Superior de la Judicatura, de cuya omisión en resolver deriva la vulneración de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre, a la honra, a la dignidad y a la integridad moral, la tutela deviene en improcedente. Queda resuelto, entonces, el problema jurídico: la sentencia de primera instancia se ajustó a derecho al concluir que no estaba acreditada la presentación de las peticiones ante el Consejo Superior de la Judicatura. Por lo expuesto, la Sala confirmará la providencia impugnada, pero en el entendido de que debió declararse improcedente.

  • SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-04412-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 08-04-2021

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL / INHABILIDAD PARA EJERCER EL CARGO DE ALCALDE MUNICIPAL - No se acreditó / ADECUADA INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LA INHABILIDAD - Temporal, espacial y de parentesco / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO[L]a Sala debe decidir si el a quo acertó al concluir que la sentencia del 31 de agosto de 2020, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, no incurrió en defecto sustantivo ni en desconocimiento del precedente al denegar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral promovida por [M.A.C.] contra [J.H.R.S.], alcalde municipal de La Argentina (Huila) para el periodo 2020-2023. (…) A juicio de la Sala, en los términos propuestos por el señor [M.A.C.S.], no se configura el defecto sustantivo, pues resulta claro que el Tribunal Administrativo del Huila sí aplicó el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, tal y como puede constatarse en la anterior transcripción. De hecho, en la sentencia objeto de tutela se inició el análisis del régimen de inhabilidades de los alcaldes a partir de esa norma. (…) Por otra parte, la Sala advierte que, en el proceso de nulidad electoral, la parte actora propuso la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, por desconocimiento del principio de unidad de materia y del artículo 299 de la Constitución Política. Al respecto, el tribunal encontró razonablemente cumplido el principio de unidad de materia, por cuanto, de conformidad con la sentencia C-837 de 2001, el legislador está ampliamente facultado para modificar las normas relacionadas con las inhabilidades para el ejercicio de cargos de elección popular. (…) La parte actora no cuestionó la forma como resolvió el tribunal la excepción de inconstitucionalidad, sino que se limitó a atacar la validez de la aplicación del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, nuevamente a partir de la excepción de inconstitucionalidad, pero, se insiste, sin ofrecer argumentos para controvertir lo decidido por el tribunal. Siendo así, la Sala desestima el defecto sustantivo, por desconocimiento del artículo 95 de la Ley 136 de 1994.ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuraciónLa Sala también desestima el desconocimiento del precedente fijado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2019, dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado, pues no guarda identidad fáctica y jurídica con el asunto discutido en el proceso de nulidad electoral promovido por el señor [M.A.C.]. La sentencia de unificación del 29 de enero de 2019 fijó el criterio interpretativo frente al contenido y alcance de la inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política, en el sentido de señalar que esa inhabilidad ocurre “desde el día de la inscripción de la candidatura al cargo de elección popular y hasta el día en que se realiza la elección, inclusive”. Además, la sentencia de unificación advirtió que esa interpretación entraría en vigor “desde las próximas elecciones de Senado y Cámara de Representantes”, esto es, las que se llevaran a cabo el 22 de enero de 2022. La ausencia de identidad fáctica y jurídica parte del hecho de que la sentencia de unificación se refirió a una causal de inhabilidad aplicable a los congresistas y no a los alcaldes, como es el caso del señor [J.H.R.S.]. Además, la sentencia fijó reglas de interpretación frente al elemento temporal de la causal, mientras que aquí la discusión se centra en el elemento espacial. Luego, el precedente invocado como desconocido no resulta aplicable en este caso.

  • AUTO nº 25000-23-36-000-2015-00601-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 26-03-2021

    AUTO DE PONENTE / AUTO DE TRASLADO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / CONTENIDO DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / REDACCIÓN DE ESCRITO JURÍDICO / OMISIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / REDACCIÓN DE ESCRITO / PETICIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / INTERVENCIÓN DEL APODERADO / PARTE DEMANDANTE[E]n este proceso, mediante Auto […], se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión por escrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA. […]. Comoquiera que en este asunto se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se ordenó la presentación de los alegatos de conclusión por escrito; la petición de la apoderada de la parte demandante resulta improcedente.

  • AUTO nº 11001-03-24-000-2016-00624-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 26-03-2021

    DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Frente al acto por el cual se otorga un certificado de obtentor a una sociedad / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Cómputo / RECHAZO DE LA DEMANDA - Procede por haber operado la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho[E]l acto administrativo demandado, esto es, la Resolución número 2308 de 18 de agosto de 2006, “Por la cual se otorga Certificado de Obtentor a la sociedad ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER por la variedad denominada TAN97544 de la especie Rosa (Rosa L.)”, fue publicada en la Gaceta de Variedades Vegetales No. 10 y dicha gaceta fue divulgada a través del diario El Tiempo, el 22 de septiembre de 2007. Así las cosas, el término de cuatro (4) meses de que trata el literal d) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, para presentar la demanda, inició en su contabilización el 23 de septiembre de 2007 y finalizó el miércoles 23 de enero de 2008, por lo que la demanda presentada el 24 de noviembre de 2016 fue incoada por fuera del término de ley. Significa lo anterior que, en el presente asunto, operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 169 del CPACA, procede el rechazo de la demanda instaurada.

  • AUTO nº 25000-23-42-000-2013-01129-02 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 26-03-2021

    IMPEDIMENTO DE LOS CONSEJEROS DE ESTADO DE LA SECCIÓN SEGUNDA / SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / AUTO DE SALA / OBJETO DEL IMPEDIMENTO / CRITERIO DE COMPETENCIA / FALTA DE COMPETENCIA / MANIFESTACIÓN DEL IMPEDIMENTO / COMPETENCIA DEL TRÁMITE DEL IMPEDIMENTO / TRASLADO DEL EXPEDIENTE / COMPETENCIA DEL CONSEJERO DE ESTADO / SORTEO DEL CONJUEZ / SORTEO DE PONENTE EN EL CONSEJO DE ESTADO[H]abida cuenta de que, en el presente caso, fueron todos los magistrados de la Sección Segunda quienes manifestaron su impedimento, se debe resaltar la posición adoptada por la Sala Plena de la Sección Tercera, mediante Auto de 22 de noviembre de 2019, en relación con el asunto objeto del impedimento. [E]ste despacho carece de competencia para pronunciarse respecto del impedimento manifestado y, por lo tanto, se abstendrá de resolver el mismo para, en su lugar, ordenar el envío del expediente al despacho del Magistrado César Palomino Cortés, para que proceda con el trámite y realice el sorteo de conjuez ponente.NOTA DE RELATORÍA: Sobre el asunto objeto de impedimento y las reglas para resolverlo, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, auto del 22 de noviembre de 2019, rad. 65151, C. P. Martín Bermúdez Muñoz.TRÁMITE DEL IMPEDIMENTO / COMPETENCIA DEL TRÁMITE DEL IMPEDIMENTO / DECLARACIÓN DEL IMPEDIMENTO / DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA / AUTO DE PONENTE / SECCIONES DEL CONSEJO DE ESTADO / AUTO DE SALA / IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO DE LAS ALTAS CORTES DE LA RAMA JUDICIAL / IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO DE ESTADO[E]l primer presupuesto para determinar el trámite de un impedimento consiste en establecer quién es el competente para conocer el asunto y solo puede declararse impedido el juez a quien se le ha atribuido la competencia. [S]i se trata de un asunto de competencia del ponente, le corresponde al siguiente magistrado ser el ponente para resolverlo ante la Sección o Subsección a la que pertenece (numeral 3 del artículo 131 del CPACA). Si, por el contrario, el asunto es de conocimiento de la Sección o Subsección (sentencia o auto de sala), y todos sus integrantes están impedidos, le corresponderá a la siguiente Subsección o Sección, resolverlo (numeral 4 del artículo 131 del CPACA).NORMATIVIDAD DEL IMPEDIMENTO / RÉGIMEN LEGAL DEL TRÁMITE DEL IMPEDIMENTO / DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA / CRITERIO DE COMPETENCIA / TRÁMITE DEL IMPEDIMENTO / COMPETENCIA DEL JUEZ / MIEMBROS DEL CUERPO COLEGIADOEl artículo 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), al reglar el trámite de los impedimentos, dispone distintas normas de competencia. Los numerales 1 y 2 de dicha norma consagran el procedimiento para tramitar los impedimentos de los jueces unipersonales, y los incisos 3, 4, 5 y 6 establecen las reglas para tramitar los impedimentos de los jueces colegiados.

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2021-01196-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 26-03-2021

    ACCIÓN DE TUTELA / REMITE POR COMPETENCIA / COMPETENCIA PARA CONOCER DE TUTELA CONTRA LA SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE LA SUPREMA DE JUSTICIA - Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por pertenecer a la misma Corporación judicial accionada.En atención a todo lo anterior, y comoquiera que el accionante considera que la presunta vulneración o afectación de sus derechos fundamentales se produjo con ocasión de las providencias de 28 de octubre de 2020 y de 24 de febrero de 2021, proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, este Despacho advierte que carece de competencia para conocer la presente acción constitucional. (…) En ese orden de ideas, resulta claro que de conformidad con el numeral 7º de la norma transcrita, la competencia para conocer en primera instancia de la solicitud de tutela, en relación con las pretensiones planteadas por el accionante, radica en la Sala de Casación Civil o Penal de la Corte Suprema de Justicia, por ser las salas que pertenecen a la misma Corporación judicial accionada. Por lo anterior, el Despacho dispone remitir el presente expediente a la Corte Suprema de Justicia para que se adelante el trámite correspondiente.

  • AUTO nº 76001-23-31-000-2010-00864-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 26-03-2021

    INGRESO DEL EXPEDIENTE AL DESPACHO JUDICIAL / FALLO DE PROVIDENCIA / CLASES DE PROCESO / TURNO PARA FALLO DE PROVIDENCIA / ELABORACIÓN DE LA SENTENCIA / PROYECTO DE FALLO / NORMATIVIDAD DE LA PRELACIÓN DE FALLO[T]éngase en cuenta que este proceso ingresó al despacho para fallo […] y, que a la fecha se están decidiendo procesos de esta naturaleza que entraron para ello en el año 2013, de tal manera que se ubica en el turno respectivo para elaborar sentencia, la cual será proyectada cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.

  • SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-04664-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 26-03-2021

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Escenario en el que se debieron ventilar los cuestionamientos frente a los actos administrativos acusados y la presunta nulidad / ACCIÓN DE TUTELA – Improcedente para subsanar la inactividad dentro del proceso ordinarioEl accionante acusó a la decisión judicial proferida en sede contenciosa de incurrir en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Concretamente planteó en la demanda de tutela: i) que la Junta Médica debió valorarlo con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral mucho más alto del 20.79% que le fijó; ii) que el magistrado ponente del proceso ordinario debió declararse impedido por una clara violación a los términos judiciales, por lo que, a su juicio, se incurrió en nulidad, y iii) que se desconoció el precedente jurisprudencial consistente en la imposibilidad de retiro de un soldado enfermo y excusado del servicio. Al respecto resulta pertinente precisar que frente al argumento consistente en que la junta médica debió valorar al accionante con un porcentaje de invalidez mucho más alto del que le fijó, la Sala advierte que tal razonamiento no fue objeto de controversia en el interior del medio de control de nulidad y restablecimiento el derecho, razón por la cual no se emitirá ningún pronunciamiento de fondo, pues salta a la vista que no se satisface el requisito general de subsidiariedad, en tanto tal motivo de inconformidad implica un cuestionamiento a los actos administrativos mediante los cuales se fijó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Sumado a lo anterior, en cuanto al reparo asociado a la presunta nulidad en que se incurrió en el proceso ordinario, la Sala coincide con el a quo cuando afirmó que ello tampoco cumple con el requisito general de subsidiariedad, toda vez que el demandante debió alegar tal inconformidad en el curso del proceso contencioso.ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Providencias invocadas no guardan similitud fáctica y jurídica / RETIRO DEL SERVICIO – No obedeció a la pérdida de la capacidad laboral / LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOSEn cuanto a la caracterización de este defecto se precisa que la jurisprudencia ha entendido por precedente, la sentencia o el conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto a resolver, que presentan similitudes con el caso nuevo objeto de escrutinio en materia de: patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso. Hace distinción entre el precedente horizontal y el vertical teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia, para explicar que el primero se refiere a aquellas sentencias fijadas por las autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción. (…) De una forma más específica se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades a saber: i) como causal autónoma contra providencia judicial cuando se trata de precedente constitucional; y ii) como defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, la cual se configura cuando la autoridad judicial se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo cual conduce a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo. (…) En el sub examine, el accionante sostiene que las autoridades judiciales accionadas desconocieron en sus fallos el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional desarrollado en las sentencias T-568 de 2008, T-602 de 2009, T-873 de 2011, T-157 de 2012, T-345 de 2013, T-729 de 2016, SU-995 de 1999 y en la sentencia C-539 de 2011, proferidas por la Corte Constitucional, que, a su juicio, se refieren a la imposibilidad de retiro de un soldado enfermo y excusado del servicio. Por tanto, se efectuará una reseña de lo dispuesto en ellas, a fin de determinar si resultan de obligatoria aplicación en el caso bajo estudio. Una vez efectuada las anteriores reseñas de las decisiones judiciales que, a juicio del accionante, fueron desatendidas por las autoridades judiciales aquí accionadas, la Sala advierte que ninguna de ellas guarda relación jurídica ni fáctica con la controversia planteada por el actor en el proceso contencioso, por tanto, mal podría concluirse que en el sub examine se incurrió en el referido desconocimiento. Además de lo anterior, debe resaltarse que las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en sede de tutela constituyen, en principio, mandato obligatorio para las partes del proceso en contienda, ya que sus efectos son inter partes, por lo que tampoco resulta dable exigir a las autoridades judiciales el acatamiento de dichas decisiones. En ese orden de ideas, y comoquiera que, de conformidad con lo expuesto en la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, objeto de tutela, los hechos por los cuales se ordenó el retiro del servicio del hoy accionante se debieron única y exclusivamente a que se cumplían los requisitos para ser llamado a calificar servicios para, posteriormente, acceder a la asignación de retiro, la Sala considera que la autoridad judicial accionada profirió la decisión alejada de capricho o arbitrariedad; que la misma no resulta lesiva de los derechos fundamentales alegados por la parte actora, y que, por ende, no se estructura el defecto por desconocimiento del precedente.

Documentos destacados