Revista Con-texto - Books and Journals

Revista Con-texto

Editorial:
Universidad Externado de Colombia
Fecha publicación:
2018-07-24
ISBN:
0123-6458

Número de Revista

Últimos documentos

  • Nota editorial
  • El principio de economía en la contratación estatal colombiana: análisis de la jurisprudencia y su correspondencia con la teoría económica

    La contratación estatal en Colombia es un instrumento clave para el desarrollo económico y social, pues permite la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y el fortalecimiento de sectores esenciales como la salud, la educación y el comercio. Este instrumento se rige por diversos principios establecidos en la regulación, entre los cuales destaca el principio de economía, el cual incide entonces en la planificación y ejecución de los contratos estatales. Comprender su alcance y significado resulta fundamental para garantizar una gestión eficiente de los procesos contractuales. Este artículo analiza y contrasta el principio de economía desde dos perspectivas: la literatura económica y la jurisprudencia del Consejo de Estado. A través de esta comparación, se evalúa si la interpretación jurídica coincide o diverge de la teoría económica, con el fin de ofrecer un enfoque integral y preciso del concepto en el ámbito de la contratación estatal. La investigación concluye que, aunque la jurisprudencia suele partir de fundamentos económicos adecuados, en ocasiones extiende de manera incorrecta el alcance del principio de economía, lo que puede generar efectos adversos en la contratación estatal

  • Constitucionalismo y regulación: un debate pendiente
  • Análisis de los incentivos para adoptar programas de cumplimiento en materia de competencia en Colombia

    La Constitución de 1991 consagró en su artículo 333 una protección especial al derecho a la libre competencia. Para cumplir con dicho mandato constitucional, la ley asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la función de investigar y sancionar conductas anticompetitivas. No obstante, una política de competencia no puede sustentarse únicamente en la capacidad sancionatoria del Estado, sino que requiere también de instrumentos preventivos. Uno de estos mecanismos es el compliance, entendido como una forma de autorregulación orientada a detectar, prevenir y evitar prácticas anticompetitivas. Aunque existen dudas sobre la existencia de incentivos suficientes para implementar programas de cumplimiento, la SIC ha promovido su adopción en materia de competencia. En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo analizar si los incentivos que ofrecen las instituciones formales en Colombia para adoptar programas de cumplimiento en materia de competencia económica son adecuados o, por el contrario, resultan limitados. Se concluye que, a pesar de los beneficios existentes, estos son insuficientes, por lo cual resulta necesario evaluar la posibilidad de introducir nuevos incentivos, tales como la reducción o exoneración de multas para quienes cuenten con un sistema de cumplimiento al momento de cometer la infracción

  • El Acuerdo de Contratación Pública: una herramienta plurilateral para la búsqueda de una buena gobernanza

    El ACP 2012 establece entre sus objetivos principales la buena gobernanza, incluyendo múltiples herramientas para promoverla. Entre las herramientas plurilaterales para incentivar la buena gobernanza se encuentran la obligación de no discriminación, los requisitos en materia de transparencia, las condiciones procesales en la fase previa, durante y posterior a la licitación y la promoción del uso de medios electrónicos para las contrataciones públicas. Estos instrumentos se incluyen en el ACP 2012 como una forma de luchar contra las situaciones de corrupción o de falta de competencia que afectan los estándares de buena gobernanza en el marco de los procesos de compra pública adelantados por las entidades públicas. El ACP 2012 es un acuerdo plurilateral, de forma que las obligaciones y los incentivos de buena gobernanza contenidos en él solo aplicarán a los miembros de la OMC que hayan manifestado de manera explícita su voluntad de acceder al instrumento. Correlativamente, los demás miembros de la OMC no adquirirán obligaciones en la materia. La eficacia del ACP 2012, en su calidad de tratado plurilateral, se verá entonces estrictamente limitada en función de la membresía del instrumento. Dicha membresía se encuentra en la actualidad mayoritariamente compuesta por los miembros de la OMC con mayores índices de buena gobernanza, mientras que aquellos miembros de la OMC que cuentan con altos índices de corrupción no han accedido al ACP 2012. Por este motivo, el ACP 2012 cuenta con incentivos para que los miembros de la OMC en vía de desarrollo inicien el proceso de adhesión al instrumento y obtener, de esta forma, una mayor extensión de la buena gobernanza en el marco de la contratación pública internacional

  • Estrategias para mitigar los efectos negativos del desplazamiento producido por la gentrificación turística en Colombia

    El presente artículo examina cómo el auge del turismo, considerado uno de los sectores más relevantes para la economía nacional, ha transformado la estructura social y comercial de aquellas zonas con mayor afluencia de actividades turísticas, provocando el desplazamiento de los residentes originales. Este fenómeno se conoce como gentrificación turística. El objetivo del estudio es identificar medidas que permitan mitigar los efectos negativos de dicho proceso sin comprometer el desarrollo del turismo, sector clave para el crecimiento económico del país. Para ello, se empleó una metodología cualitativa con enfoque explicativo, basada en el análisis de fuentes doctrinales y estudios socio-jurídicos. A partir del examen del caso colombiano, se proponen tres estrategias principales para reducir el desplazamiento asociado a la gentrificación turística: la gestión de la brecha de alquiler, la regulación de plataformas digitales como Airbnb y la adopción del modelo de ciudades de 15 minutos. Estas medidas, en conjunto, permitirían armonizar los beneficios económicos del turismo con la protección de los derechos de los residentes originales, minimizando así los efectos adversos del desplazamiento poblacional

  • Una reflexión sobre la regulación de aseo en Colombia: el tablero de Galton y las regulaciones flexibles

    Este escrito busca dar respuesta a la pregunta ¿Cómo el marco tarifario de aseo afecta los postulados constitucionales de promoción de libre empresa, derechos fundamentales y sujetos de especial protección (el reciclador de oficio y el medioambiente)? Y aborda la respuesta desde la perspectiva de que la regulación del sector de aseo en Colombia perpetúa condiciones de desigualdad para los recicladores, pues el marco regulatorio real se basa en asegurar el ingreso de la empresa prestadora y no desde el reconocimiento del valor total de la actividad de aprovechamiento o la capacidad de pago de quien recibe este servicio esencial. De esta manera, el artículo aborda las vulneraciones de la regulación al sustento de sujetos de especial protección –reciclador y medioambiente–, al equilibrio que busca la intervención del Estado en la economía (que no sólo no se logra, sino que se aumenta el desequilibrio con la regulación) y la afectación general que la acumulación de riqueza propaga

  • El principio de anualidad presupuestal: una crítica sobre su dogmática jurídica y política

    Por medio de este trabajo se busca exponer un análisis crítico desde la dogmática de la figura del principio de anualidad presupuestal frente a las prerrogativas que la ejecución del presupuesto público supone, con el propósito de evidenciar sus particularidades y características esenciales a la luz del ordenamiento constitucional y presupuestal, para exponer su alcance y límite como principio presupuestal en Colombia. Se busca así ofrecer una disertación académica que, trascendiendo el análisis jurídico tradicional, explore la naturaleza multifacética del principio de anualidad y su profundo impacto en la gestión pública, invitando a una reflexión crítica sobre su vigencia y posibles optimizaciones. Se examinarán tanto su justificación teórica como las ineficiencias que su aplicación puede generar, con el fin de aportar elementos sustanciales al debate sobre la modernización y eficacia de la hacienda pública en el país

  • La revocatoria de la inscripción de la candidatura electoral: una oportunidad para la aplicación del análisis económico del derecho y la regulación responsiva en el derecho electoral

    En este trabajo se llevó a cabo una investigación que, a través del análisis económico del derecho y la teoría de la regulación, intentó determinar la estructura de incentivos que ofrece el diseño y la aplicación de la revocatoria de la inscripción de la candidatura, implementando no solo un estudio de la normatividad vigente, sino que también se llevó a cabo el análisis de una muestra de las diversas decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral frente a las candidaturas controvertidas en el marco de dos elecciones al Congreso de la República de Colombia. A raíz de los problemas evidenciados sobre el otorgamiento de avales electorales por parte de los partidos y movimientos políticos en Colombia, se proponen alternativas de regulación y autorregulación que se fundamentan en un modelo explicativo diseñado para contribuir a la comprensión de la realidad empírica que se observa en la toma de decisiones al interior de las organizaciones políticas, un escenario escasamente estudiado desde el análisis económico del derecho y la teoría de la regulación en Colombia

  • Las cláusulas de responsabilidad social corporativa en acuerdos comerciales: el caso del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)

    El CPTPP es un acuerdo plurilateral de integración económica en la región de Asia- Pacífico, y además de temas de comercio e inversión internacional, aborda cuestiones sociales y ambientales a través de sus capítulos específicos sobre inversión, asuntos laborales y medioambiente. El texto explora las cláusulas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el acuerdo y destaca su naturaleza indirecta. Estas cláusulas buscan que los Estados "alienten" a las empresas a adoptar iniciativas de RSC de manera voluntaria, imponiendo obligaciones indirectas. Además, se comparan estas disposi­ciones con otros tratados internacionales que contienen cláusulas de RSC similares o incluso más robustas. Aunque estas cláusulas de RSC son un avance significativo al incluir la posibilidad de someter su eficacia a arbitraje internacional y permitir la cooperación internacional en asuntos laborales, se evidencia que aún tienen limitacio­nes, ya que dependen de la voluntad estatal para alentar a las empresas e inversores, además en el caso ambiental, se ve limitada también la posibilidad de cooperación internacional en estos asuntos

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