Capítulo I: La ponderación de los compromisos internacionales del Estado colombiano frente a la justicia transicional
| Autor | Víctor Daniel Marín Muriel, Juliana Ocampo Ocampo, César Aníbal Ortiz Hernández, Maira Patricia Pacheco González, William Rozo Rodríguez |
| Cargo del Autor | Alumnos de la Maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, 2019-2020. |
| Páginas | 25-46 |
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capítulo i
la ponderación de los compromisos
internacionales del estado colombiano frente
a la justicia transicional
Víctor Daniel Marín Muriel
Juliana Ocampo Ocampo
César Aníbal Ortiz Hernández
Maira Patricia Pacheco González
William Rozo Rodríguez*
Introducción
El pasado mundial, consignado amplia y detalladamente
en la historia, da cuenta de los horrores, atrocidades y vejá-
menes a los que fue sometida parte de la humanidad como
consecuencia de guerras internacionales, conflictos armados
internos, rebeliones contra regímenes políticos imperan-
tes, etcétera, que tuvieron origen en intereses económicos
y/o políticos particulares de personas inescrupulosas que
detentaron el poder en aquellos momentos históricos. El
holocausto judío, las dictaduras en los países del Cono Sur
durante las décadas de 1970 y 1980, los crímenes de lesa
* Alumnos de la Maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad
Externado de Colombia, 2019-2020.
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humanidad cometidos en Yugoslavia y Ruanda, así como
los conflictos bélicos en Siria, Irak, Israel, Chechenia, son
solo unos pocos ejemplos de ese pasado atroz y sombrío
que golpeó a la humanidad.
La población colombiana no estuvo exenta de sufrir los
rigores del fenómeno de violación de los derechos humanos,
pues es de conocimiento mundial que, durante al menos 50
años, los colombianos, de manera directa o indirecta, pade-
cieron la virulencia del conflicto armado interno; interregno
en el que grupos de rebeldes, agentes del Estado e integrantes
de grupos paramilitares se disputaron ferozmente no solo
el poder político, sino la posesión y apropiación de grandes
extensiones de tierra y el control sobre las rutas y el tráfico
de estupefacientes.
Masacres contra poblaciones como Segovia, Trujillo,
Mapiripán, Puerto Bello, entre otras, dan cuenta de la vio-
lación masiva y sistemática de los derechos humanos a los
que fueron sometidos sus pobladores, a quienes el Estado,
inconcebiblemente, dejó a su suerte; proceder omisivo que
generó en las víctimas una profunda desconfianza en las au-
toridades públicas a las que, con sobrada razón, se las acusó
de obstaculizar el acceso a la justicia y, como resultado de
ello, se impidió la consecución de derechos como la verdad, la
justicia, la reparación y garantía de no repetición. Esta situación
no pasó desapercibida en las instancias judiciales pues, por
ejemplo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia con radicado n.º 32889 de 20101, determinó que
el Estado no cumplió el deber constitucional de proteger
a los ciudadanos y de “asegurar la vigencia de un orden
1 Colombia, Corte Suprema de Justicia, “Sentencia Rad. 30782 de 2009 y Rad.
32889 de 2010”, en Iván Velásquez Gómez, Jurisprudencia Penal. Extractos,
Medellín, Librería Jurídica Sánchez, primer semestre de 2009 y primer semes-
tre de 2010.
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