La guerra contra los defensores de derechos humanos
| Autor | Luis van Isschot |
| Páginas | 231-271 |
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La guerra contra los defensores
de derechos humanos
Nosotros no creímos que nos iban a matar. Nosotros
creíamos que éramos inmunes, porque nosotros estábamos
en una carrera con la muerte. Nosotros estábamos chocando
mucho con la fuerza pública porque teníamos mucho apoyo,
pero los subestimamos. Nosotros no pensamos que ellos nos
iban a matar.
J , activi sta de derechos humanos.1
Un mensaje aterrador
El 18 de enero de 1989, una fuerza combinada entre militares y paramilitares,
haciéndose pasar por guerrilleros de izquierda, asesinaron a doce investigadores
de derechos humanos del gobierno cerca de la pequeña población de La Rochela
(Santander). En el pasado reciente, los jueces y abogados habían sido víctimas
de ataques de parte de na rcotracantes,2 p ero nunca antes los funcionarios de
1 Jael uiroga, entrevis ta con el autor (Bogotá, septiembre 27, 2005).
2 Dos ministros de Justicia (Rodr igo Lara Bonilla en 1984 y Enrique L ow Murtra en 1991)
y un Procurador General (Carlos Mauro Hoyos en 1988) fueron asesinados p or narcotra-
cantes. Once jueces de la Corte Suprema fueron ase sinados en 1985, durante el asalto de
las fuerzas armadas colombianas al Palacio de Justicia en Bogotá después de haber sido
ocupado por la guerri lla del M-19. Corte Interamericana de Derechos Humanos , Case of
the Rochela Massacre v. Colom bia, Series C, Nº 163, Merits, Repa rations, and Costs, juicio
del 11 de mayo de 2007.
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Orígenes sociales de losderechos humanos
derechos humanos habían sido objetivos militares de manera tan descarada
y con tal clase de impacto. La mayoría de los miembros de la comisión de La
Rochela vivían y trabajaban en el departamento de Santander, pero ninguno
tenía conocimiento directo de la pequeña esquina del Magdalena Medio hacia
la cual se estaban expandiendo los grupos paramilitares. Si a la comisión se le
hubiera permitido llevar a cabo su trabajo, este habría sido un paso transcendente
para el sistema de justicia en Colombia. En cambio, La Rochela fue el primer
incidente importante en la guerra contra los defensores de derechos humanos
en el Magdalena Medio.3 ue el personal militar conspirara para asesinar a
funcionarios del gobierno da muestra también de las maneras en que historias
particulares han congurado distintas ramas del Estado colombiano.4 Por un
lado, la Procuraduría General de la Nación estaba bajo presión para cumplir con
su mandato de supervisar los derechos humanos. Por otro, los militares estaban
profundamente comprometidos con una campaña de contrainsurgencia en la
región. Para los movimientos sociales, la masacre de La Rochela conrmó los
alcances hasta los cuales los militares estaban dispuestos a llegar para evitar el
escrutinio. Así mismo, la capacidad de las autoridades civiles de investigar la
aparente cooperación entre estos grupos paramilitares y las fuerzas armadas del
Estado se vio gravemente minada.
En las secuelas de La Rochela, los activistas en Barrancabermeja llevarían
a cabo su trabajo bajo una nube de temor paramilitar. Este había sido un terri-
ble presagio para el recién establecido Comité Regional para la Defensa de los
Derechos Humanos (Credhos), pero no lo disuadió de denunciar abiertamente
las injusticias cometidas en la región. En julio de 1989, Credhos organizó la
primera gran cumbre regional de derechos humanos, a la que asistieron más
de mil personas, representando a campesinos, a la Iglesia y a grupos sindicales,
así como al gobierno nacional, a las fuerzas armadas y a organizaciones no
3 Aquellos asesinados en La R ochela incluyen a: Mariela Morales Ca ro, Pablo Antonio Beltrán
Palomino, Virgil io Hernández Serrano, Carlos Fernando Castil lo Zapata, Luis Orlando
Hernández Muñoz, Yul Germán Monroy Ram írez, Gabriel Enrique Vesga Fonseca, B enhur
Iván Guasca Castro, Orlando Mora les Cárdenas, César Aug usto Morales Cepeda, A rnulfo
Mejía Duarte y Samuel Vargas Páez. Gr upo de Memoria Histórica, Comisión Nacional de
Reparación y R econciliación , La Rochela: memoria s de un crimen contra la justi cia (Bogotá:
Ediciones Semana, 2010).
4 Winifred Tate, Counting the Dead: e Cultu re and Politics of Human Rights Activism in
Colombia (Berkeley: University of California Press , 2007), 218.
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La guerra contra los defensores de derechos humanos
gubernamentales de Bogotá. Las cuatro principales organizaciones guerril leras
de Colombia también enviaron delegados.5 En la conferencia plenaria, Jorge
Gómez Lizarazo no eximió a nadie en su discurso. El presidente de Credhos
protestó contra los militares, los paramilitares, los narcotracantes y la guerril la,
al igual que contra los inversionistas extranjeros, quienes, según su descripción,
esperaban tras bastidores para saquear los recursos naturales de la región. En
sus comentarios, Gómez Lizarazo resaltó la incapacidad del Estado civil para
defender los derechos humanos:
Conspiran contra la tranquilidad del área: los intereses de las multina cio-
nales de saquear sin sobresaltos las riquezas del subsuelo; la necesidad de
agroindustriales, gana deros y agricultores de garantizar la estabil idad delas
actuales formas de tenencia de la tierra; la proyección de los narcotracantes
en orden a buscar la legalización de sus dineros y los proyectos de los secto-
res más militarista s de las fuerzas armadas, de imponer las doctrina s de la
‘SeguridadNaciona l’ y el conicto de baja intensidad. Son todos éstos los
factores que han llevado a que el Estado pierda el monopolio de la fuerza
y la violencia; la capacidad coercitiva del Estado, y la de imponer la ley, se
disuelven porque los particulares toman en sus propias manos ‘la ad minis-
tración de just icia’.6
Gómez argumentó que la búsqueda de poder de las guerrillas de izquierda
también ponía en riesgo la seguridad de la población civil en la región.7 Este
fue un momento revelador. Los encuentros públicos entre los movimientos
sociales, funcionarios del Estado e insurgentes eran algo muy raro en Colombia.8
5 Las Fuerzas Ar madas Revolucionarias de Colombia (), el Ejército de Liberación Na-
cional (), el Ejército Popular de Liberación () y el Movimiento 19 de Abril (M-19).
6 Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), “Encuentro re-
gional sobre la situación de los derechos humanos en Colombia: te stimonios, ponencias,
conclusiones” (1989), 49, archivos de Credhos, B arrancabermeja .
7 Ibid.
8 Las negociaciones de paz entre los g rupos insurgentes y el gobierno colombiano en los años
ochenta crearon condiciones que permitieron a los voceros de la guerril la asistir a reuniones
públicas en ciertas zonas de l país. Leah Car roll, “e Patriotic Union and its Successors in
Arauca, 1984-2007: From Electoral Power to Leadership i n the Struggle Ag ainst Impunity”,
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