Sentencia de Tutela nº 070/23 de Corte Constitucional, 17 de Marzo de 2023

13. La Sala es competente para revisar los fallos proferidos dentro de los expedientes de la referencia, de conformidad con lo establecidos en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

    Problema jurídico y metodología de la decisión

14. Cuatro docentes presentaron acción de tutela con el fin de solicitar el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal, al trabajo, al debido proceso, a la unidad familiar, a la salud, entre otros. En el primer expediente (T-8.930.280), una pareja de profesores indicó que se encontraba recibiendo amenazas contra su vida e integridad personal por lo que requerían ser trasladados del municipio de M hacia el departamento del A. En el segundo caso (T-8.931.902), la actora manifestó que se encuentra recibiendo amenazas por parte de miembros de las disidencias de las FARC-EP en el municipio de R, por tanto, solicita su reubicación laboral en el municipio de L donde viven sus dos hijos menores de edad en compañía de su madre. El tercer asunto (T-9.016.118) versa sobre la solicitud de traslado por razones de seguridad y de salud por parte de un docente que recibió múltiples amenazas contra su vida en el departamento de S, el cual requería ser reubicado en el municipio donde residía su familia a la fecha de interposición de la solicitud de amparo o, en su defecto, a un municipio aledaño a este.

15. Respecto del expediente T-8.930.280, la entidad accionada informó haber autorizado el traslado de los docentes hacia el lugar que solicitaron. De otro lado, en relación con el expediente T-9.016.118, la Sala conoció que, el actor fue trasladado al municipio de T, ubicado en el departamento de N, lugar cercano al domicilio actual de su familia, aunque, en este momento y por razones de salud, se encuentra en una comisión temporal en otro municipio. Por su parte, en el expediente T-8.931.902, se advierte que, a la fecha, la docente no ha sido traslada y aún se encuentra siendo víctima de amenazas contra su vida.

16. Con base en los antecedentes descritos y la información allegada, le corresponde a la Sala constatar el cumplimiento de las condiciones de procedencia en cada caso particular y determinar:

17. En primer lugar, si existe carencia actual de objeto y, en caso de que no se esté en presencia de esta figura, proceder a establecer si las entidades accionadas amenazaron los derechos fundamentales de los accionantes en los expedientes T-8.930.280 y T-9.016.118.

18. En segundo lugar, en el expediente T-8.931.902, le corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

    ¿Vulneraron las Secretarías de Educación de los departamentos de C y N, respectivamente, los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad personal y a la salud de la docente L.M. y el derecho a la unidad familiar de sus hijos al no acceder a su petición de traslado sin tener en cuenta el contexto de violencia del municipio de R y las amenazas constantes de las cuales ha sido víctima?

19. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala reiterará la jurisprudencia relacionada con (i) la configuración de la carencia actual de objeto; (ii) la solicitud de traslado de docentes del sector público por razones de seguridad; (iii) el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la unidad familiar y la protección constitucional a las madres cabeza de familia como sujetos de especial protección constitucional. Con base en ello, realizará el análisis de los casos concretos.

    La carencia actual de objeto[48]

20. La carencia actual de objeto es el fenómeno procesal que se presenta cuando la acción de tutela pierde su razón de ser, debido a la “alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la presunta vulneración de los derechos”[49]. Ello implica que cualquier orden del juez caería en el vacío. Al respecto, esta Corporación ha señalado que el juez constitucional no es “no es un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya superados”[50]. De ello se infiere que la intervención del juez de tutela solo procederá cuando sea necesario desde un punto de vista constitucional.

21. Bajo ese entendido, la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía le ha sido reclamada. Así las cosas, ha establecido que dicha figura se puede materializarse a través de los siguientes fenómenos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado o (iii) situación sobreviniente.

22. El hecho superado ocurre cuando “(i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (iii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu proprio, es decir, voluntariamente”[51].

23. El daño consumado se configura cuando “se ha perfeccionado la afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden para retrotraer la situación”[52].

24. La situación sobreviniente se presenta en aquellos eventos en los cuales cualquier otra circunstancia implique que “la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga al vacío”[53]. Ello puede ocurrir cuando (i) el accionante es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero logró que la pretensión de la tutela se satisficiera en lo fundamental; (iii) resulta imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la litis.

25. El análisis de la configuración de la carencia actual de objeto ya sea por hecho consumado, hecho sobreviniente o hecho superado, se realizará en el caso concreto. En caso de no presentarse esta figura, a la Sala le corresponderá analizar si las entidades accionadas vulneraron los derechos invocados.

    La solicitud de traslado de docentes del sector público por razones de seguridad[54]

26. En atención a las circunstancias que motivan los procesos de tutela objeto de estudio, la Sala se referirá de forma breve a las normas aplicables a las solicitudes de traslado que formulan los educadores por razones de seguridad. En particular, el Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 1782 de 2013[55], el cual establece los criterios y procedimientos para los traslados de docentes del sector público por razones de seguridad cuando se encuentran en condición de amenazados y desplazados, respectivamente. En primer lugar, para el caso de las solicitudes de traslado por condición de amenazado, el artículo 9º del precitado decreto establece el procedimiento aplicable y determina que la autoridad nominadora, una vez reciba la solicitud de traslado, deberá remitir la información correspondiente a la UNP, con el fin de que esta evalué el nivel de riesgo del docente y, con fundamento en dicho estudio, la entidad nominadora efectúe el traslado del solicitante.

27. El artículo 11 del Decreto 1782 de 2013, indica que, si el traslado del docente se llevará a cabo hacia a un municipio que hace parte de la jurisdicción de un departamento, este se formalizará mediante acto administrativo proferido por la autoridad nominadora. Por el contrario, si el traslado se realizara hacia otra entidad territorial certificada en educación, la autoridad nominadora deberá suscribir un convenio interadministrativo con la entidad territorial correspondiente que tenga la vacante definitiva, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la cual la CNSC informe cuál es la entidad territorial destinataria.

28. Entre los principios rectores previstos en el artículo 3º del precitado decreto se incluye el de la causalidad que indica que “la decisión del traslado por razones de seguridad estará fundamentad en la conexidad directa entre las condiciones de amenaza o de desplazamiento y el ejercicio de las actividades o funciones sindicales, públicas, sociales o humanitarias”. Por tanto, se advierte que el Decreto 1782 de 2013 establece una regulación especial para garantizar la seguridad de los docentes del sector público, la cual se circunscribe a los casos en los que el riesgo que afrontan tiene una relación directa con el ejercicio de su cargo o de sus funciones públicas o sociales.

29. No obstante, en la sentencia T-095 de 2018, esta Corporación explicó que dicha normativa no reguló plenamente el artículo 53 del Decreto Ley 1278 de 2002[56], por el contrario, únicamente reglamenta el procedimiento aplicable al traslado de docentes del sector público por razones de seguridad cuando estas últimas guardan una relación de causalidad con el ejercicio de la función docente. A partir de ello, en dicha providencia, la Corte concluyó que el Decreto 1782 de 2013 “no reguló lo concerniente a aquellos casos en los cuales el riesgo para la vida e integridad de los docentes carece de una relación de conexidad con las funciones de los educadores del sector público. Por lo tanto, esta norma jurídica no resulta aplicable a los supuestos en que los riesgos se derivan, por ejemplo, de situaciones de violencia intrafamiliar o cuando el docente es víctima de amenazas graves contra su vida o su integridad producto de delitos”.

30. Sin embargo, este Tribunal precisó que la ausencia de regulación no implica la admisibilidad de desconocer la protección de los derechos fundamentales de los educadores que reciban amenazas contra su vida o integridad por razones que no se derivan del desempeño de funciones laborales.

31. En ese sentido, en la sentencia T-095 de 2018 señaló que dicha situación puede conllevar, eventualmente, a la vulneración de derechos fundamentales, por lo que, procedió a establecer los siguientes criterios para evitar presuntas vulneraciones:

    “(i) el principio de interpretación pro homine, el cual impone aquella lectura de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos[57]. En este asunto concreto, dicho principio implica la imposibilidad de adoptar una lectura restrictiva del artículo 53 del Decreto Ley 1278 de 2002, es decir, una interpretación que excluya los traslados por razones de seguridad cuando se originan en motivos que no se relacionan directamente con el ejercicio del cargo de los educadores;

    (ii) la aplicación de la pauta hermenéutica según la cual “donde la norma no distingue, no le corresponde distinguir al intérprete”, principio que ha sido aplicado por esta Corporación en otras oportunidades[58], de conformidad con el cual si el Legislador dispuso que el traslado de docentes procedía “[p]or razones de seguridad debidamente comprobadas”, de manera general, no es viable entender que dicho mandato descarta aquellos eventos en los cuales el traslado carece de relación directa con la función desempeñada por el docente.

    Por ende, dado que la ley no distingue entre los traslados que se motivan en razones de seguridad que tienen relación de causalidad con las labores docentes y aquellos que no guardan dicha conexidad, se entiende que el Legislador tuvo la intención de proteger a los docentes que sufrieran amenazas o se encontraran en situaciones de riesgo, sin distinción de la causa que originó dicho peligro”.

32. Con fundamento en lo anterior, la Corte concluyó que la Unidad Nacional de Protección no es la entidad competente para llevar a cabo la valoración de riesgo en los traslados de docentes cuando la causal corresponda a motivos distintos a los establecidos en el Decreto 1782 de 2013. Ello, puesto que, como se indicó previamente, esta normativa circunscribe la existencia de una conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de las actividades o funciones que ejerce la persona. En su lugar, determinó que será la autoridad nominadora la encargada de implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los servidores públicos en situaciones de riesgo o amenaza que no se originen en el desempeño de sus funciones.

33. Para cumplir con ello, en la sentencia T-095 de 2018 esta Corporación indicó que la autoridad nominadora deberá observar las siguientes pautas: (i) las razones de seguridad deben hallarse debidamente comprobadas, de acuerdo con el artículo 53 del Decreto Ley 1278 de 2002[59]; (ii) la valoración de riesgo debe surtirse en el marco de un procedimiento que garantice el debido proceso del docente solicitante; y (iii) los motivos para solicitar el traslado deben ser serios y objetivos, pues, de lo contrario se afectaría de forma desproporcionada la continuidad y eficiencia de la prestación del servicio público de educación.

34. De otra parte, el Decreto 1782 de 2013 contempla el traslado por razones de seguridad de docentes oficiales con derechos de carrera que ostenten la condición de desplazados, de conformidad con los criterios fijados en los artículos 1º de la Ley 387 de 1997[60] y 156 de la Ley 1148 de 2011[61].

35. Al respecto, el artículo 13 del precitado Decreto establece que cuando el educador solicite su traslado por condición de desplazado hacia otra entidad territorial del orden departamental deberá “solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil su inclusión en el Banco de Datos de empleados de carrera desplazados por razones de violencia”[62].

36. El artículo citado instituye que, una vez, la CNSC reciba la solicitud de traslado, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, esta entidad solicitará a la UARIV que certifique la inscripción del docente en el RUV. Con fundamento en lo anterior, aunado al reporte que provean las entidades territoriales para la provisión temporal de empleos mediante la figura de encargo o nombramiento provisional, la CNSC procederá a expedir el acto administrativo, a través del cual ordenara a la entidad territorial receptora llevar a cabo la reubicación del educador.

37. En cumplimiento de ello, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación del acto administrativo referido, las entidades territoriales de origen y de destino deberán suscribir el convenio interadministrativo correspondiente, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 715 de 2001.

    El derecho de los niños, niñas y adolescentes a la unidad familiar. Reiteración jurisprudencial

38. De acuerdo con lo establecido en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el artículo 44 de la Constitución Política, los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los demás. A partir de esta cláusula de prevalencia, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los niños, niñas y adolescentes tienen un estatus de sujetos de especial protección constitucional reforzada, lo que supone que la satisfacción de sus derechos e intereses debe constituir el objetivo primario de toda actuación (oficial o privada) que les concierna.

39. En ese orden de ideas, este Tribunal ha señalado que los niños, las niñas y los adolescentes requieren para su crecimiento armónico del afecto de sus familiares, por tanto, la ausencia de dichos lazos afectivos necesarios para su tranquilidad y su desarrollo integral podría implicar la vulneración de sus derechos fundamentales. En ese sentido, ha sostenido que solo por razones debidamente soportadas, ya sea por la existencia de una norma jurídica, por decisión judicial o por orden de un defensor o comisario de familia se admite la afectación de la unidad familiar[63].

40. En suma, se advierte que la protección estatal de la familia debe ser integral. De este modo, las autoridades deben abstenerse de adoptar medidas administrativas o judiciales que puedan impedir la unidad familiar. Por el contrario, las autoridades están llamadas a adelantar programas y políticas públicas y, a su vez, adoptar medidas dirigidas a garantizar el justo equilibrio entre la satisfacción de las necesidades económicas de las familias y la atención y cuidados especiales que demandan los menores de edad.

    La protección constitucional a las madres cabeza de familia como sujetos de especial protección constitucional

41. El artículo 13 Superior establece el derecho fundamental a la igualdad, el cual implica que todas las personas, sin discriminación alguna, gozarán de los mismos derechos y libertades y recibirán de las autoridades el mismo trato y protección. Así mismo, instituye que el Estado promoverá las condiciones para garantizar de forma real y efectiva dicho derecho. Para ello, deberá adoptar medidas a favor de grupos históricamente marginados o discriminados y protegerá de manera especial a aquellas personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, debido a su condición económica, física, mental y social.

42. Dentro de los grupos discriminados se encuentran las madres cabezas de familia que, por diferentes razones sociales, se convierten en el único sustento económico de su hogar, situación que permite considerarlas sujetos de especial protección. Es así como el artículo 43 Superior establece una protección especial a las madres cabeza de familia, lo cual fue desarrollado en la Ley 82 de 1993[64], modificada por la Ley 1232 de 2008[65]. La normativa citada indica que se debe considerar madre cabeza de familia a “quien, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina del hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”[66].

43. Al respecto, este Tribunal en la sentencia T-303 de 2006 determinó dos presupuestos a partir de los cuales se manifiesta la condición de madre cabeza de familia: “la responsabilidad que se tiene sobre aquellas personas incapacitadas para trabajar por razones de edad, físicas o mentales, y cuyo sustento y cuidado dependen, por lo tanto, exclusivamente de la mujer que está encargada de la dirección del hogar, pues como lo ha sostenido esta Corporación, el trato especial que el ordenamiento jurídico ha previsto no solo está dado en función de la madre cabeza de familia, sino de las personas que están bajo su cuidado; y (ii) el carácter exclusivo de esa responsabilidad, en la medida en que no se cuente con el apoyo de alguna otra persona para sobrellevar las cargas en el hogar, pues la pareja se sustrae injustificadamente del cumplimiento de sus obligaciones y no se cuenta con la ayuda de algún otro miembro de la familia o, como lo ha manifestado la jurisprudencia, no se tenga alternativa económica”. (énfasis agregado)

44. En conclusión, la mujer madre cabeza de familia, a la luz de la Constitución Política, es un sujeto de especial protección, por lo que el Estado debe desplegar todos sus esfuerzos para velar por sus derechos y libertades, ello con el fin de avanzar hacía una igualdad sustancial, real y efectiva.

    Casos concretos

45. Los docentes J., F., L. y Orlando interpusieron acciones de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal, al trabajo, al debido proceso, a la unidad familiar, a la salud, entre otros. Los jueces de instancia negaron los amparos presentados. En general, consideraron que los actores debían iniciar el procedimiento dispuesto en las normas para obtener el traslado, o agotar los mecanismos ordinarios de defensa dispuestos para la protección de sus derechos.

    Análisis de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela

46. Con relación a cada una de las solicitudes de tutela, la Sala constata lo siguiente:

    Expediente T-8.930.280

47. Legitimación en la causa. Los señores F. y J. presentaron acción de tutela en nombre propio, por ser las personas directamente afectadas con la negativa de traslado laboral. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, se observa que, este requisito se cumple porque la Secretaría de Educación de M fungía como la entidad nominadora de los accionantes con funciones en el nivel territorial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 y, por su parte, la UNP es la entidad encargada de adelantar el estudio de nivel de riesgo de los docentes amenazados, de acuerdo con el Decreto 1782 de 2013.

48. Inmediatez. En el asunto de la referencia, se advierte que, entre la fecha en la que los accionantes fueron ratificados de forma definitiva en la planta del personal docente del municipio de M (3 de noviembre de 2020), con fundamento en el concepto de nivel de riesgo allegado por la UNP, y el momento en el cual se interpuso la acción de tutela (13 de abril de 2022) transcurrió un lapso superior a un año. Al respecto, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela será procedente cuando fuere promovida transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión[67]. Así las cosas, de acuerdo con las reglas fijadas por la jurisprudencia constitucional y las interpretaciones garantistas efectuadas sobre este principio, no se infiere la imposición de un plazo determinante para la procedencia del amparo, sino uno razonable y prudente de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto[68].

49. En el caso particular, se advierte que, si bien, con posterioridad a la ratificación en el cargo como docentes en el municipio de M, los actores no presentaron nuevas solicitudes para su traslado, lo cierto es que, estos fueron víctimas de amenazas contra su vida e integridad personal de forma prolongada en el tiempo. Al respecto, se constata que, aunque decidieron trasladarse hacia la ciudad de P y cambiaron de domicilio en varias ocasiones en dicha localidad, continuaron recibiendo amenazas, por lo que, incluso se vieron obligados a mudarse hacia el departamento del A por temor y falta de seguridad. Por consiguiente, la Sala encuentra que la transgresión era actual en el momento en que se hizo uso de la tutela para el amparo de sus derechos.

50. S.. En la sentencia T-316 de 2016, esta Corporación destacó que el mecanismo de la acción de tutela no es procedente, por regla general, para solicitar el traslado, “por cuanto una decisión en tal sentido depende de la petición directa que se formule por el educador, la cual debe agotar el procedimiento administrativo, ordinario o extraordinario, dispuesto en la Ley 715 de 2001 y en el Decreto 520 de 2010”. Además, puesto que una vez se haya surtido dicho trámite, la respuesta es susceptible de control por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

51. No obstante, esta Corte ha reconocido la existencia de algunos supuestos, a partir de los cuales, puede considerarse que existe una inminente amenaza o vulneración del orden constitucional que demande la intervención del juez de tutela[69]. Por esta razón, se ha admitido que la intervención judicial encuentra condicionada a un examen particular del caso concreto[70].

52. En ese sentido, se destaca que, si bien, los accionantes podían acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa para controvertir tanto la decisión proferida el 23 de septiembre de 2020 por la UNP, mediante la cual dicha entidad determinó su nivel de riesgo como ordinario, como las Resoluciones No. 2502 y 2503 del 3 de noviembre de 2020, a través de las cuales la Secretaría de Educación de M los ratificó en el cargo de docentes de la planta del personal educativo del municipio. La Sala evidencia, contrario a lo manifestado por los jueces de instancia, que dicha vía ordinaria no resultaba eficaz ante la urgente e inminente necesidad de salvaguardar sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad. Por tanto, ante la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y la persecución de la cual fueron víctimas los accionantes dentro y fuera del municipio de M, la acción de tutela constituía el mecanismo definitivo para la defensa de sus intereses.

    Expediente T-8.931.902

53. Legitimación en la causa. La señora L. presentó acción de tutela a nombre propio y como agente oficioso de sus dos hijos menores de edad, pues considera que la negativa de las accionadas de efectuar su traslado hacia el departamento de N vulnera, entre otros, sus derechos a la vida, a la integridad física, a la salud y la unidad familiar, y los de sus hijos. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, se evidencia que este se cumple, por cuanto las Secretarías de Educación de los departamentos del C y N, respectivamente, son las entidades públicas del orden territorial habilitadas, de conformidad con la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1782 de 2013, para ordenar el traslado de la docente.

54. Inmediatez. En el caso de la referencia, se observa que, la última solicitud de traslado presentada por la accionante, antes de la presentación de la tutela, fue el 26 de abril de 2022. Mediante oficio del 4 de mayo siguiente, la Secretaría de Educación Departamental de N otorgó respuesta desfavorable a la docente y, por consiguiente, en el mes de junio esta última decidió interponer acción de tutela. En consecuencia, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez.

55. S.. En el presente caso, la Sala encuentra que, los días 20 y 26 de abril de 2022, respectivamente, la docente solicitó a las entidades accionadas suscribir un contrato interinstitucional con el fin de efectuar su traslado hacia el municipio de L o a un lugar cercano a este con el fin de proteger sus derechos y los de sus dos hijos. Sin embargo, las secretarías otorgaron respuestas desfavorables. Ahora bien, el juez de única instancia negó el amparo con fundamento en que la actora no había agotado el procedimiento requerido para solicitar el traslado.

56. Debido a que la actora se encuentra incluida en el RUV como víctima de desplazamiento forzado, la Sala resalta que la accionante debía agotar el procedimiento dispuesto en el Decreto 1782 de 2013, esto es, relativo solicitar a la CNSC el traslado correspondiente. No obstante, la actora no acudió ante dicha entidad y las secretarías tampoco remitieron las solicitudes, pese a que estas tienen pleno conocimiento acerca del procedimiento aplicable en estos casos.

57. Sin embargo, para la Sala resulta evidente que la accionante desplegó actuaciones encaminadas a poner en conocimiento de las autoridades competentes la situación de riesgo que enfrentaba, con el propósito de que se efectuara su traslado, como la presentación de las solicitudes ante las entidades accionadas y la declaración presentada ante el Ministerio Público, a partir de lo cual se llevó a cabo su inclusión y la de sus hijos en el RUV como víctimas del conflicto armado.

58. En esa medida y ante la evidente situación de vulnerabilidad que esta enfrenta, la Sala encuentra cumplido del requisito de subsidiariedad. Ello, por cuanto se advierte que la docente (i) aún se encuentra laborando en el municipio de R, lugar en el que ha sido víctima de hostigamientos y amenazas desde el año 2021, y (ii) sus hijos presentan afectaciones psicológicas debido a la ruptura de la unidad familiar. Por tanto, la acción de tutela constituye el mecanismo definitivo para la protección de sus derechos.

    Expediente T-9.016.118

59. Legitimación en la causa. El señor O. interpuso acción de tutela en nombre propio como resultado de la negativa de la Secretaría de Educación Departamental de S de ordenar su traslado laboral. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, se evidencia que este requisito se cumple porque secretaría mencionada correspondía a la entidad nominadora del accionante, a la fecha de interposición de la acción de tutela.

60. Inmediatez. La Sala advierte que, entre la fecha de presentación de la solicitud de traslado ante la Secretaría de Educación Departamental de S (5 de noviembre de 2021) y el momento en el cual se interpuso la acción de tutela (24 de mayo de 2022) transcurrió un lapso correspondiente a 6 meses, aproximadamente. Ello, permite concluir que la acción de tutela se presentó de manera oportuna.

61. Subsidiariedad. De acuerdo con los hechos acreditados, se advierte que el 5 de noviembre de 2021 el actor solicitó su traslado ante la Secretaría de Educación Departamental de S, quien resolvió no acceder a dicha petición. No obstante, a través de la Resolución No. 1596 del 3 de diciembre de 2021, la secretaría accionada concedió la condición temporal de docente amenazado al actor y otorgó a este una comisión de servicios por el término de tres (3) meses hasta tanto la UNP determinara su nivel de riesgo. Al respecto, mediante oficio del 7 de junio de 2022, esta última entidad informó que no continuaría con el estudio de nivel de riesgo, debido a que el docente ostenta la doble condición de docente amenazado y persona en condición de desplazamiento registrado en la UARIV. En consecuencia, el juez de segunda instancia decidió declarar la improcedencia del amparo, dado a que el actor no había agotado el procedimiento previsto en el Decreto 1782 de 2013, esto es, acudir ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.

62. Ahora bien, en efecto, de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 1075 de 2015, el educador oficial que ostente la calidad de desplazado y aspire a ser trasladado a otra entidad territorial “debe solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil su inclusión en el Banco de Datos de empleados de carrera desplazados por razones de violencia”. Sin embargo, el artículo 10 del precitado decreto también prevé que una vez la autoridad nominadora expida el acto administrativo “mediante el cual reconozca temporalmente, y por un plazo máximo de tres (3) meses, la condición de amenazado” deberá informar dicha situación a la CNSC. Así las cosas, aunque el accionante no agotó el procedimiento descrito ante esta última entidad, la Sala advierte que, oportunamente, el docente informó a la autoridad nominadora acerca de la situación de riesgo en la que se encontraba.

63. Por ende, una vez la Secretaría de Educación Departamental de S reconoció su condición temporal de amenazado mediante acto administrativo, esta se encontraba en la obligación de informar a la CNSC sobre el caso particular. Por consiguiente, resulta reprochable que el juez de tutela no haya evidenciado dicha situación prevista en la ley, pues, de conformidad con ello habría constatado que la demora en el trámite administrativo suponía un grave riesgo para la garantía de los derechos invocados por el actor, lo que supone que la acción de tutela constituye el mecanismo idóneo de protección.

64. Cumplidos los requisitos de procedencia pasa la Sala a resolver los casos concretos.

    Solución de los casos

    Expediente T-8.930.280. Existencia de carencia actual de objeto por hecho superado.

65. Los señores F. y J. acudieron a la acción de tutela para que les fueran amparados, entre otros, sus derechos a la vida, al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad y al debido proceso, debido a que la Secretaría Educación Municipal de M negó su solicitud de traslado.

66. Los accionantes ostentan la calidad de docentes oficiales, quienes, desde los años 2002 y 2008, respectivamente, desempeñaron su labor en instituciones educativas públicas ubicadas en el municipio de M. Indicaron que, a partir del 15 de septiembre de 2020, recibieron amenazas contra su vida e integridad física mediante llamadas telefónicas y ataques a su vivienda. Por tanto, solicitaron a la secretaría accionada, que con fundamento en la información suministrada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en relación con las amenazas denunciadas, procediera a realizar las acciones correspondientes para efectuar su traslado hacia el departamento de A[71].

67. A partir de las pruebas allegadas por la Secretaría de Educación Municipal de M y los accionantes, la Sala constató que, actualmente, los docentes se encuentran laborando en instituciones educativas ubicadas en el departamento de A, con fundamento en la Resolución No. 0719 del 11 de agosto de 2022, mediante la cual se efectuó su nombramiento y posesión, como resultado del convenio interadministrativo No. 019 del 1º de agosto de 2022 celebrado por la secretaría accionada para efectuar el traslado de ambos docentes.

68. De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que en el presente asunto se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado. Esta hipótesis se presenta, como se indicó anteriormente, cuando el juez constata que “(i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (iii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu proprio, es decir, voluntariamente”[72]. Dichas condiciones se cumplen en el presente caso, pues los accionantes fueron trasladados al departamento de A, tal y como lo solicitaron en la acción de tutela, por tanto se evidencia que la pretensión fue satisfecha completamente y, como consecuencia, de un actuar voluntario de la Secretaría de Educación Municipal de M, quien resolvió el 1º de agosto de 2022 celebrar un contrato interadministrativo para efectuar el traslado de los profesores. En consecuencia, se revocarán los fallos de instancia y, en su lugar, se procederá a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado[73].

    Expediente T-9.016.118. Existencia de carencia actual de objeto por hecho sobreviniente

69. El señor O. promovió acción de tutela contra la Secretaría de Educación del departamento de S con el fin de que se ampararan sus derechos a la vida digna, a la integridad personal, al trabajo y a la salud, luego de considerar que la accionada vulneró sus derechos al no acceder a la solicitud de traslado. Esto último, con fundamento en las amenazas que se encontraba recibiendo por parte de desconocidos armados que le exigían irse del departamento de S y, además, por las afecciones psicológicas que padece, por las cuales requiere control médico constante y el acompañamiento de su núcleo familiar ubicado en el departamento de N.

70. El accionante ostenta la calidad de docente oficial. Según informó fue nombrado para ejercer su labor en un municipio del departamento de S y, posteriormente, mediante el Decreto 430 de 2018 fue traslado a otro municipio, lugar en el cual fue víctima de amenazas y hostigamientos. Como resultado de dicha situación, solicitó a la secretaría accionada su traslado hacia el departamento de N donde se encontraba su familia. Sin embargo, esta entidad resolvió negar la solicitud y, en su lugar, concederle de forma temporal la condición de docente amenazado y otorgarle una comisión de servicios para laborar en otra institución, hasta que la UNP informara sobre el resultado de su nivel de riesgo. Sobre el particular, la UNP suspendió el estudio de riesgo, por cuanto consideró que el accionante ostentaba la calidad de desplazado por la violencia y, en esa medida, debía acudir ante la CNSC.

71. Encontrándose en su nuevo lugar de trabajo, el actor refirió que continuaron las amenazas, a través de las cuales le ordenaban abandonar el departamento de S. Como consecuencia de ello, manifestó que sus afecciones psicológicas (crisis de depresión y ansiedad) empeoraron y, por ende, insistió en ser trasladado al departamento de N.

72. A partir de las pruebas allegadas en sede de revisión, la Sala constató que, con posterioridad al fallo de primera instancia proferido la CNSC profirió la Resolución No. 10803 del 2 de agosto de 2022, mediante la cual ordenó a la Secretaría de Educación Departamental de N que realizara los trámites ordinarios para efectuar el traslado del actor por razones de seguridad para ocupar la única vacante definitiva de docente de primaria en dicha entidad territorial. No obstante, el accionante informó a esta Corporación que, como resultado de la aparente demora en la ejecución de la orden impartida por la CNSC, resolvió promover acción de tutela contra las secretarías de educación de los departamentos de S y N, y la CNSC.

72. En consecuencia, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de L ordenó a las secretarías accionadas suscribir el contrato interadministrativo correspondiente. Por tanto, en cumplimiento de ello, las entidades celebraron el contrato interadministrativo No. 0012 del 25 de noviembre de 2022, con fundamento en el cual, a través del Decreto No. 001380 del 7 de diciembre de 2022, la Secretaría de Educación Departamental de S efectúo el traslado definitivo del docente hacia un municipio ubicado en el departamento de N.

73. Luego, mediante petición del 13 de enero de 2023, el accionante solicitó un nuevo traslado por razones de salud, esta vez a un lugar cercano a la zona urbana para poder recibir atención psicológica oportuna. Por tanto, a través de la Resolución 0451 del 20 de febrero de 2023, la entidad vinculada le otorgó una comisión temporal de servicios otro municipio del departamento de N, la cual fue aceptada sin objeciones por el docente.

74. Con fundamento en lo anterior, se observa que la pretensión de la acción de tutela se encuentra satisfecha. Ello, por cuanto el actor pretendía ser trasladado del departamento de S al de N. En efecto, a través del Decreto No. 001380 del 7 de diciembre de 2022, la Secretaría de Educación Departamental de S efectúo el traslado definitivo del docente. Si bien, el traslado no se ordenó propiamente al municipio donde reside su familia, es pertinente resaltar que la entidad accionada explicó que la distancia en ruta entre ambos municipios oscila “entre 60 y 62 kilómetros con una duración de viaje aproximada de 2 horas, 30 minutos”. Entonces, ello le permitiría al accionante realizar desplazamientos frecuentes para estar cerca de sus familiares.

75. En consecuencia, la Sala constata que, en el caso particular, se configuró una carencia actual de objeto por hecho sobreviniente. En la Sentencia SU-522 de 2019, la Corte expuso que el hecho sobreviniente es una categoría amplia y heterogénea, que remite a cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”. En concreto, ha reconocido que dicha hipótesis ocurre cuando “(i) el actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero -distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada”[74] o se actuó en cumplimiento de una orden judicial[75], como ocurrió en el presente asunto.

76. Esto último, debido a que, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de L, las secretarías de educación de los departamentos de S y N suscribieron el contrato interadministrativo No. 012 del 25 de noviembre de 2021 con el fin de incorporar al actor a la planta docente de este último departamento, de conformidad con la Resolución No. 10803 del 2 de agosto de 2022, mediante la cual la CNSC ordenó la reubicación laboral del señor O. por razones de seguridad.

77. Por tanto, el acatamiento de la decisión del juez de tutela en el caso particular deviene en la satisfacción de la pretensión de traslado presentada por el accionante, lo cual tiene como efecto la superación de la situación que motivó la presentación de la acción de tutela objeto de examen[76]. En esa perspectiva, esta Corporación procederá a revocar las sentencias de los jueces de instancia y, en su lugar, declarará la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.

78. Por último, debe destacarse que, durante el trámite de revisión, la Secretaría de Educación Departamental de N informó a este Tribunal que, el accionante presentó una nueva solicitud de traslado el 18 de enero de 2023, con el fin de recibir asistencia médica cerca al casco urbano. Por ello, se le otorgó una comisión temporal de servicios en otro municipio, a través de la Resolución 0451 del 20 de febrero de 2023, lo cual fue aceptado por el docente.

79. Sobre este particular, la Sala no emitirá ningún pronunciamiento, debido a que este actuar por parte de la Secretaría de Educación Departamental de N obedece a una petición incoada por el accionante con posterioridad a la presentación de la acción de tutela que ahora estudia la Sala. Además, es pertinente resaltar que dicho traslado es temporal y, se reitera, obedece a la voluntad del actor, la cual debe ser respetada por esta Corporación. Ahora bien, si con posterioridad al referido traslado, surgen nuevos hechos que el accionante puede llegar a considerar transgresores de sus derechos fundamentales, estaría habilitado para interponer las acciones judiciales que considere pertinentes.

    Expediente T-8.931.902. Vulneración de los derechos a la vida digna, a la seguridad personal, a la salud y a la unidad familiar

80. La señora L. acudió a la acción de tutela para que le fueran amparados a ella, a sus dos hijos menores de edad y a su madre, los derechos fundamentales a la vida digna, a la integridad personal, a la salud, a la unidad familiar y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los cuales considera vulnerados por las Secretarías de Educación de los departamentos de C y N, al negarle a ella, la solicitud de traslado hacia el municipio de L para poder salvaguardar sus derechos debido a las amenazas y hostigamientos que ha recibido por parte de miembros de las disidencias de las FARC-EP, luego de oponerse al reclutamiento forzado de su hijo de 14 años en el municipio de R.

81. Desde el 16 de septiembre de 2019, la accionante se desempeña como docente de primaria en el municipio de R y, según informó a este Tribunal, fue nombrada en propiedad mediante la Resolución No. 11434 del 27 de octubre de 2022 proferida por la Secretaría de Educación y Cultura de C.

82. La actora manifiesta que, es madre de dos hijos menores de edad de 2 y 14 años, respetivamente, quienes viven con su madre, la señora V. en el municipio de L En el mes de agosto de 2021, su hijo se mudó a vivir con ella en el municipio de R.P., el niño empezó a sufrir cambios bruscos de comportamientos y episodios de ansiedad y depresión como resultado de las amenazas de reclutamiento que recibía por parte del grupo disidente de las FARC-EP, por lo que, la accionante decidió trasladar nuevamente al menor al municipio de L.

83. Como resultado de ello, desde el mes de diciembre de 2021 hasta la fecha, la docente ha recibido amenazas y hostigamientos constantes contra su vida e integridad física y emocional por parte del grupo armado al margen de la ley, quienes le reclaman haber trasladado a su hijo por fuera de R, le preguntan sobre el paradero del menor y le exigen irse del municipio.

84. Con fundamento en ello, el 3 de marzo de 2022, la accionante declaró sobre estos hechos ante el Ministerio Público, por lo que, el 13 de mayo siguiente, la UARIV efectúo su inclusión y la de sus dos hijos en el RUV como víctimas de desplazamiento forzado y amenazas en el marco del conflicto armado y, a su vez, en el mes de abril de 2022 solicitó a las Secretarías de Educación de C y de N, respectivamente, que analizarán la viabilidad de celebrar un contrato interadministrativo con el fin de autorizar su traslado al municipio de L o cualquier otro lugar cercano. Dichas entidades resolvieron negar la solicitud, argumentando falta de disponibilidad presupuestal y carencia de vacantes para adjudicar el cargo en el departamento de N.

85. Aunado a lo anterior, la actora indicó que, a través del Auto No. 076 del 31 de mayo de 2022, la Comisaría de Familia de L determinó que sus hijos menores de edad se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Por un lado, el menor de 14 años enfrenta diferentes problemas de tipo psicológico y conductas disfuncionales y, por otro lado, el padre de su hija menor de 2 años se encuentra privado de la libertad desde el 13 de abril de 2021, por lo que esta última requiere la figura materna. Con fundamento en ello, dicha entidad concluyó que los menores necesitan la presencia y el acompañamiento de su madre de forma permanente para disminuir el riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales. Por ello, la actora promovió la acción de tutela objeto de revisión.

86. En sede de revisión, la Secretaría de Educación y Cultura de C se limitó a informar que la accionante se encuentra vinculada a la planta docente del departamento, sin agregar información adicional. Por su parte, la Secretaría de Educación de N reiteró que no cuenta con la disponibilidad presupuestal para acceder a la solicitud de traslado.

87. Ahora bien, como se sostuvo anteriormente, la acción de tutela, de manera general, no procede para realizar solicitudes laborales, pues para ello, el legislador estableció otros mecanismos de defensa judicial. No obstante, cuando de la situación objeto de análisis se advierte la inminente vulneración de derechos fundamentales, es deber del juez constitucional intervenir para evitar un perjuicio irremediable[77].

88. De esta manera, en el caso particular, la Sala evidencia la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la actora y sus dos hijos menores de edad. En primer lugar, en virtud de las amenazas y hostigamientos que, a la fecha, sigue recibiendo la docente por parte de miembros de un grupo disidente de las FARC-EP ubicado en el municipio de R. Al respecto, esta informó a la Corte que en dicho municipio persisten los enfrentamientos semanales entre el ELN y este último grupo insurgente mencionado. Como resultado de ello, decidió cambiar de domicilio, sin embargo, señaló que continúa recibiendo amenazas afuera de su lugar de trabajo, incluso mediante llamadas telefónicas.

89. Además, la accionante describió que ha vivido con la sensación de ser perseguida, lo cual ha afectado su salud mental, y debido a ello “mantenía pensando que en cualquier momento del día o la noche llegarían por mí a matarme o llevarme, como fue la amenaza de esos grupos armados en mi contra”. Como soporte de lo anterior, la docente aportó informe de valoración psicológica realizado el 11 de abril de 2022, en el cual se registró que sufre “dificultades cognitivas, emocionales y comportamentales relacionadas con estado de ánimo por acontecimiento traumático experimentado por amenazas, sentirse sola y tener a su familia lejos”.

90. En segundo lugar, respecto de la situación familiar de la docente, se advierte que, si bien, sus dos hijos menores de 2 y 14 años se encuentran bajo el cuidado de su madre en el municipio de L, esta última, según informó, es una mujer mayor de 60 años que padece múltiples patologías y limitaciones físicas que, de acuerdo con un informe médico del 12 de octubre de 2022, le impiden “realizar actividades de esfuerzo y aún más las de velar por otras personas”.

91. Asimismo, la actora aportó varios informes y certificaciones de valoraciones psicológicas realizadas a sus dos hijos, los cuales determinan que ambos se encuentran padeciendo diferentes trastornos de déficit de atención, ansiedad y depresión, debido a la ausencia de su progenitora en el hogar. En especial, uno de estos informes señalados indica que el joven de 14 años presenta problemas de interacción social y “notorio bajo rendimiento educativo, marcados pensamientos de tristeza, soledad, angustia al recordar que su madre no está a su lado”. Incluso en dicho documento se advierte que el menor se ha visto involucrado en “un presunto abuso sexual”. Por tanto, los psicólogos a cargo establecieron que ambos menores requieren la presencia de su madre para asegurar su protección física, mental y emocional. Ante dicha situación, mediante petición del 31 de octubre de 2022, el menor solicitó directamente a la Secretaría de Educación Departamental de N que dispusiera de una vacante en el área de básica primaria en el municipio de L o un lugar cercano para efectuar el traslado de su madre, sin embargo, en respuesta del 8 de noviembre siguiente, la entidad negó acceder a ello.

92. La jurisprudencia ha señalado que (i) los educadores pueden solicitar traslado laboral por razones de seguridad debidamente comprobadas[78], es decir, sustentadas en pruebas y medios de convicción que permitan concluir que el nivel de riesgo del docente es real, serio y objetivo; y (ii) las entidades nominadoras se encuentran facultadas para efectuar dicho traslado mediante convenio interadministrativo, cuando sea fuera de la entidad territorial.

93. A partir de los presupuestos fácticos expuestos, la Sala encuentra suficientes medios de convicción que permiten concluir un nivel real de riesgo para la accionante y sus dos hijos menores de edad, con fundamento en circunstancias objetivas de las cuales la docente ha sido víctima de forma prolongada en el municipio de R. Lo anterior, con soporte en las solicitudes presentadas entre los meses de abril y julio de 2022[79] por la accionante ante las entidades accionadas con el fin de poner en conocimiento la urgencia de su traslado hacia el departamento de N; el cambio de residencia que efectúo la actora dentro del municipio de R como resultado de las amenazas reiteradas en su contra; los informes psicológicos a nombre de la actora y sus dos hijos y, por último, la solicitud promovida el 31 de octubre de 2022 por el hijo menor de la actora ante la Secretaría de Educación Departamental de N, en la cual manifestó la necesidad de que su madre fuese trasladada hacia esta última entidad territorial. Aunado a lo anterior, se advierte que, tanto la actora como sus hijos, ostentan la condición de víctimas de desplazamiento y amenazas en el marco del conflicto armado, de acuerdo con la inclusión en el RUV realizada a través de la Resolución No. 2022-32384 del 13 de mayo de 2022.

94. Así entonces, la negativa para acceder a la solicitud de traslado de la docente L. sin atender en forma debida la existencia de las amenazas que ha recibido contra su vida e integridad personal por un grupo al margen de la ley, no solo vulnera sus derechos a la vida digna, a la integridad personal y a la salud a nivel psicológico, sino que, además, de conformidad con las pruebas aportadas por la actora, se evidencia que sus dos hijos menores de edad enfrentan un riesgo de afectación psicológica como resultado de la ruptura de la unidad familiar, la cual es necesaria para la protección de sus derechos y la posibilidad de que estos cuenten con un desarrollo físico, mental y emocional estable.

95. Por lo tanto, en atención a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen especial prevalencia sobre los derechos de los demás y que, toda actuación, pública o privada, debe estar dirigida a la protección de dichas garantías, la Sala amparará los derechos fundamentales a la unidad familiar, a la salud y a la vida digna de los hijos de la accionante, decisión que también responde a la necesidad de proteger la condición de madre cabeza de familia de esta última.

97. En consecuencia, la Sala revocará el fallo de única instancia, el cual negó el amparo solicitado y, en su lugar, concederá la tutela de los derechos invocados por la señora L. y sus dos hijos.

98. En tal virtud, ordenará a la Secretaría de Educación y Cultura de C que, en un término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, gestione ante la Comisión Nacional del Servicio Civil el traslado de la docente hacia el municipio de L, de conformidad con el procedimiento previsto en el Decreto 1782 de 2013[80].

99. Además, esta Sala advertirá a las Secretarías de Educación de los departamentos de C y N que, una vez, la CNSC profiera el acto administrativo correspondiente, el tiempo para suscribir el contrato interadministrativo no podrá superar el término máximo de diez (10) días, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 2.4.5.2.2.3.2 del Decreto 1075 de 2015.

100. Por último, la Sala evidencia que en uno de los capítulos denominado “Conflicto y Escuela” del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad publicado el 28 de junio de 2022, se indicó que “entre 1986 y 2021, se presentaron 881 casos de afectación a comunidades educativas por causa del conflicto armado”, de los cuales, algunos ocurrieron en los departamentos en los presentaron los hechos victimizantes expuestos por los accionantes en cada uno los asuntos objeto de revisión.

101. Con fundamento en lo anterior, la Corte estima necesario exhortar a los jueces de tutela y a las secretarías de educación del país, especialmente, los involucrados en los casos concretos para que, en atención a la información contenida en dicho Informe, en el cual se exponen los hechos graves que afectaron a los centros educativos en el país en el marco del conflicto armado interno, procuren emplear un enfoque territorial y sistémico en el análisis de las solicitudes de traslado de los docentes que reciban amenazas contra su vida e integridad física, en particular, quienes se encuentran en zonas de conflicto[81].

     Síntesis de la decisión

102. A partir del decreto probatorio, la Sala concluyó que en los casos correspondientes a los expedientes T-8.930.280 y T-9.016.118 operó la carencia actual de objeto por hecho superado y por situación sobreviniente, respectivamente. Ello, por cuanto en sede de revisión, se logró constatar, en primer lugar, que los señores F. y J. fueron trasladados por razones de seguridad al departamento de A como resultado del contrato interadministrativo No. 019 del 1º de agosto de 2022 y, en segundo lugar, que el señor O. fue trasladado de forma definitiva por razones de seguridad a un municipio del departamento de N, lugar ubicado a un par de horas del municipio donde reside su familia. Este traslado se efectuó con fundamento en el contrato No. 0012 del 25 de noviembre de 202 suscrito entre las secretarías de educación de los departamentos de S y N, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de L. Así las cosas, esta Corporación resolvió revocar los fallos de instancia que negaron las solicitudes de amparo y, en su lugar, declaró la carencia actual de objeto por las razones expuestas.

103. De conformidad con las contestaciones allegadas, en el expediente T-8.931.902 este Tribunal determinó que las secretarías de educación de los departamentos de C y N vulneraron los derechos a la vida digna, a la integridad personal, a la salud a nivel psicológico y a la unidad familiar de la docente L. y sus dos hijos menores de edad. Ello, como consecuencia de la negativa de dichas entidades consistente en no acceder a la solicitud de traslado de la accionante, pese a la existencia de la múltiples amenazas y hostigamientos que esta aún sigue recibiendo contra su vida e integridad física por parte de miembros de un grupo disidente de las FARC-EP en el municipio de R y el hecho acreditado de que sus dos hijos menores de edad enfrentan un riesgo de afectación psicológica como resultado de la ruptura de la unidad familiar, la cual resulta necesaria para proteger y garantizar el goce de los derechos de los menores.

104. En consecuencia, la Sala resolvió revocar el fallo de única instancia, el cual negó el amparo solicitado y, en su lugar, decidió amparar los derechos invocados por la señora L. y sus dos hijos. En consecuencia, ordenó a la Secretaría de Educación y Cultura de C que, en un término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, gestione ante la Comisión Nacional del Servicio Civil el traslado de la docente hacia el municipio de L, de conformidad con el procedimiento previsto en el Decreto 1782 de 2013.

105. Además, esta Sala advirtió a las Secretarías de Educación de los departamentos de C y N que, una vez la CNSC profiera el acto administrativo correspondiente, el tiempo para suscribir el contrato interadministrativo no podrá superar el término máximo de diez (10) días, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 2.4.5.2.2.3.2 del Decreto 1075 de 2015.

106. Por último, en virtud de lo dispuesto en el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en el cual se hizo referencia acerca de los graves hechos que afectaron a los centros educativos en el marco del conflicto armado, la Sala exhortó a las autoridades judiciales y a las secretarías de educación del país, especialmente, aquellas involucradas en los asuntos objetos de revisión, que procuren emplear un enfoque territorial y sistémico al momento de adelantar el análisis de las solicitudes de traslado presentadas por docentes amenazados en zonas de conflicto.

En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Política,