Sentencia de Tutela nº 455/23 de Corte Constitucional, 31 de Octubre de 2023

1. Competencia

25. La Sala Novena de Revisión es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Delimitación del caso, formulación del problema jurídico y esquema de la decisión

26. El señor R. fue diagnosticado con cáncer de próstata, cardiomiopatía isquémica (revascularizado con bypass), diabetes mellitus no insulinodependiente, hiperplasia de la próstata e hipertensión esencial (primaria). Por lo anterior, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda le determinó una PCL del 50.52%, con fecha de estructuración del 31 de enero de 2019[89].

27. Con fundamento en ese dictamen, el ciudadano solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Sin embargo, C. negó lo pretendido porque el accionante había recibido previamente una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. El fondo de pensiones consideró que esa prestación “es incompatible con la que ahora se encuentra en estudio”[90]. El accionante sostuvo que sí acredita los requisitos para acceder a la pensión solicitada porque (i) aportó 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración y (ii) fue valorado con una PCL superior al 50%.

28. El señor R. presentó una acción de tutela para obtener el reconocimiento de la prestación periódica mencionada. En su respuesta en sede de instancia, el fondo accionado reiteró que “la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez es una prestación (…) incompatible con las pensiones de V. o invalidez”[91]. No obstante, los jueces de instancia declararon improcedente el mecanismo constitucional.

29. A partir de los antecedentes descritos, la Corte debe verificar, en primer lugar, la procedencia de la solicitud de amparo. En segundo lugar, en caso de que la acción sea viable, esta Corporación debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿Colpensiones vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social del accionante por negar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con fundamento en que aquel ya había recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez?

30. Con el fin de resolver la cuestión formulada, la Sala Novena de Revisión se referirá a: (i) la pensión de invalidez y sus requisitos; (ii) la naturaleza jurídica de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; (iii) la jurisprudencia constitucional respecto de la posibilidad de reconocer la pensión de invalidez aun cuando se haya otorgado la referida indemnización; y, (iv) la procedencia excepcional del amparo para el reconocimiento de prestaciones de la seguridad social. Finalmente, la Corte (v) estudiará el caso concreto.

3. La pensión de invalidez y los requisitos para su reconocimiento. Reiteración de jurisprudencia[92]

31. El SGSSP instituye una serie de prestaciones asistenciales y económicas[93] que amparan algunos riesgos que pueden sufrir los trabajadores. En particular, el artículo 10 de la Ley 100 de 1993 dispone que el principal objetivo de este sistema es el de garantizar a la población el amparo en contra de tres contingencias: vejez, invalidez y muerte.

32. En particular, esta Corporación ha señalado que la pensión de invalidez es un derecho irrenunciable y constituye una expresión de la seguridad social[94]. La jurisprudencia ha referido que esta prestación pensional es un derecho subjetivo que adquiere el carácter de fundamental cuando, a través de aquella, se materializan otras garantías superiores como el mínimo vital, la igualdad y la vida digna[95].

33. En concreto, la pensión de invalidez ha sido definida como la posibilidad de que las personas con una PCL superior o igual al 50% reciban una prestación económica para garantizar su subsistencia debido a que no pueden trabajar para continuar efectuando aportes al sistema[96]. En otras palabras, la Corte ha señalado que esta prestación es “una compensación económica tendiente a resguardar las necesidades básicas de aquellas personas cuya capacidad laboral se ve disminuida, como una fuente de ingreso para solventar una vida en condiciones de dignidad”[97].

34. Los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 establecen los requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez. Dichas normas disponen que quien: (i) haya sido valorado con una PCL igual o superior al 50% y (ii) hubiere aportado mínimo cincuenta semanas al sistema dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración o al siniestro correspondiente –enfermedad o accidente– (iii) tendrá derecho a dicha prestación.

35. En consecuencia, la Corte estima que la pensión de invalidez no es simplemente una prestación económica periódica, sino que materializa la efectividad de derechos fundamentales como la seguridad social, la vida digna y el mínimo vital. Así, cuando una persona sea calificada con una PCL igual o superior al 50% y acredite el cumplimiento de la densidad de semanas de cotización exigidas por las normas legales tendrá, en principio, derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

4. La naturaleza jurídica de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez

36. El artículo 37 de la Ley 100 de 1993 prescribe que, cuando un afiliado ha cumplido con la edad requerida para acceder a la pensión de vejez pero por alguna circunstancia no cuente con las semanas mínimas de cotización establecidas por la ley, tiene la posibilidad de obtener la indemnización sustitutiva de la mencionada prestación[98]. Se trata de una de las prestaciones económicas dispuestas por el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (SGSSP), prevista para los casos en los que la persona no pueda o no quiera continuar aportando para obtener una pensión.

37. Este Tribunal ha sostenido que dicha prestación subsidiaria está prevista como una elección tanto para las personas no estén en condiciones de cotizar, como para aquellas que sí pueden continuar aportando al sistema. Lo anterior, respecto de quienes pretendan completar el número de semanas exigidas por la ley para obtener una pensión por los riesgos de vejez, invalidez o muerte[99]. En ese contexto, esta Corte ha concluido que “la indemnización sustitutiva no puede ser una imposición de las administradoras de fondos de pensiones, sino, una opción que válidamente puede tomar o no el afiliado[100].

5. Ausencia de incompatibilidad entre el reconocimiento previo de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y la garantía de la pensión de invalidez

38. El artículo 13 del Decreto 3041 de 1966 disponía que, una vez reconocida la indemnización sustitutiva, los afiliados no podían seguir cotizando al sistema en ninguno de sus riesgos[101]. Sin embargo, la Ley 100 de 1993 –normativa actual que regula el SGSSP– no contempla expresamente esa prohibición. Esta situación no sólo ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional[102], sino también por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (en adelante CSJ), la cual ha señalado que “nada se opone que un afiliado, que no reunió en su debido momento los requisitos para acceder a la pensión de vejez, y por ende se le cancele la citada indemnización, pueda seguir asegurado para otro tipo de contingencias, como la invalidez”[103].

39. Para fundamentar esta postura, la Sala de Casación Laboral de la CSJ ha explicado que una persona que reúne los requisitos para tener derecho a la pensión de invalidez, con fundamento en las normativas que aplican para el momento en que se estructuró su estado de invalidez, no pierde tal beneficio por haber recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez “pues se trata de dos prestaciones completamente diferentes, que amparan diversos riesgos, y con exigencias disímiles”[104].

40. En este contexto, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria ha insistido en que la negativa del reconocimiento de la pensión de invalidez por el reconocimiento previo de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez constituye un desconocimiento de los principios que conforman el derecho a la seguridad social[105]. Tales mandatos han sido definidos por la Corte Constitucional y son: la solidaridad[106], la universalidad[107], la integralidad[108], la unidad[109], entre otros

41. En relación con las prohibiciones mencionadas, el artículo 6º del Decreto 1730 de 2001 dispone que existe incompatibilidad entre la indemnización sustitutiva de vejez o invalidez y las pensiones que cubren, respectivamente, cada uno de dichos riesgos. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha explicado que no hay impedimento alguno para que los fondos de pensiones estudien nuevamente el derecho del afiliado y verifiquen si puede recibir “una pensión que cubra de manera más amplia las mencionadas contingencias”[110]. Igualmente, la CSJ ha determinado que el reconocimiento de una indemnización sustitutiva no es un acto definitivo sino provisional que puede revisarse ante un mejor derecho[111].

42. De manera que, no existe una barrera para evaluar nuevamente las solicitudes de los afiliados, ni para efectuar un reconocimiento pensional, siempre y cuando, se cumplan los requisitos previstos en la ley (supra 32). Por el contrario, una presunta incompatibilidad “debe interpretarse como una imposibilidad de que los aportes al sistema financien dos prestaciones simultáneamente”[112].

43. Es pertinente resaltar que la Corte ha estudiado algunos casos en los que los accionantes habían recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, pero luego de ello, efectuaron aportes al SGSSP y, posteriormente, se les determinó una PCL igual o superior al 50% con una fecha de estructuración posterior al reconocimiento de la primera prestación.

44. Al revisar los anteriores asuntos, este Tribunal determinó que el reconocimiento previo de la referida indemnización no constituía una limitación para acceder a la pensión de invalidez, ya que “se trata de dos prestaciones completamente diferentes, que amparan diversos riesgos, y que contienen exigencias disímiles”[113]. A continuación, la Sala presentará algunas de las decisiones de esta Corporación que han establecido y consolidado esta regla.

    Tabla 3. Ausencia de incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez[114]

    Sentencia

    Elementos fácticos y razón de decisión

    T-861 de 2014

    Esta Corporación resolvió la acción de tutela de una persona en contra de Colpensiones. Esa entidad no le reconoció la pensión de invalidez bajo el argumento de que ya había recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y que ambas prestaciones eran incompatibles. La Corte concluyó que el hecho de que recibiera una indemnización sustitutiva no descalificaba al afiliado para continuar cotizando al SGSSP para cubrir los riesgos de invalidez y muerte, que son sustancialmente distintos del riesgo de vejez.

    T-606 de 2014

    Esta Corte analizó el amparo de una persona en contra de Colpensiones. Esa entidad negó la pensión de invalidez bajo el argumento de que el solicitante tenía reconocida una indemnización sustitutiva, la cual era incompatible con la prestación periódica objeto de estudio. Este Tribunal encontró que el reconocimiento previo de la indemnización sustitutiva no impide que pueda examinarse el derecho a una pensión, que cubra de manera más amplia las contingencias de la discapacidad como, por ejemplo, la pensión de invalidez. Resaltó que el derecho a determinada prestación nace cuando una persona cumple los presupuestos legales vigentes al momento de causarse el mismo y que ese derecho es irrenunciable.

    T-656 de 2016

    Este Tribunal estudió la solicitud de amparo de una persona en contra de Colpensiones por la negativa al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez basada en el hecho de haber recibido una indemnización sustitutiva. Este Tribunal destacó que C. ignoró la diferencia entre el riesgo asegurado mediante los aportes a pensión de vejez y aquél que se pretende cubrir con la pensión de invalidez. Afirmó que si bien la accionante manifestó estar imposibilitada para seguir cotizando al SGSSP al momento de solicitar la pensión de vejez, esta declaración no implicaba una renuncia a todas las demás prestaciones derivadas del sistema. Esto último significaría “prácticamente una renuncia a su derecho fundamental a la seguridad social, lo cual es a todas luces inconstitucional”.

    T-728 de 2017[115]

    Esta Corporación estudió la acción de tutela de un adulto mayor en contra de Colpensiones por la negativa de reconocimiento de la pensión de invalidez bajo el argumento de que aquel había recibido una indemnización sustitutiva, la cual resultaba incompatible con la prestación solicitada. La Corte reiteró que la imposibilidad de recibir dos prestaciones simultáneas con cargo al erario “no es un obstáculo para que se otorgue la pensión de invalidez a quien ha cumplido los requisitos legales correspondientes”. Concluyó que dicha oposición entre prestaciones no es un argumento válido para negar un derecho pensional, en tanto es posible deducir lo pagado por concepto de indemnización sustitutiva “y así asegurar que los aportes del asegurado financien solamente una prestación”.

    SU-556 de 2019

    Este Tribunal resolvió tres acciones de tutela en contra de autoridades judiciales y administrativas que negaron el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. En un caso particular, la negativa obedeció a que se había reconocido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al accionante. La Corte insistió en que “no existe incompatibilidad entre la indemnización sustitutiva de pensión de vejez y la pensión de invalidez, dado que la causa y fundamento de cada derecho es independiente”. Aclaró que, por un lado, la indemnización sustitutiva es consecuencia de no haber acreditado el número de semanas mínimas de cotización para ser acreedor de la pensión de vejez; por otro, la pensión de invalidez se causa con la acreditación del porcentaje mínimo de PCL del afiliado y la verificación de la cantidad de semanas de cotización exigidas por la norma vigente para adquirir el derecho pensional.

    T-434 de 2019

    La Corte estudió la acción de tutela de una persona en contra de Colpensiones. La administradora negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez porque, en su criterio, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez recibida por el afiliado es incompatible con la pensión solicitada y las cotizaciones con previo estudio no podrían ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto. Esta Corporación resaltó que junto con la CSJ han determinado que recibir una indemnización sustitutiva por vejez no es un impedimento para seguir afiliado al SGSSP ni para realizar aportes para efectos de pensionarse por un riesgo distinto a aquel por el cual se le reconoció la indemnización sustitutiva. Explicó que, en estas circunstancias, lo que procede para proteger la sostenibilidad financiera del sistema es realizar una compensación entre lo que ya se pagó y la prestación periódica reconocida por el juez constitucional.

    T-225 de 2020

    Esta Corporación estudió la acción de tutela de una persona en contra de Colpensiones, porque dicho fondo negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Lo anterior, debido a que el actor recibió una indemnización sustitutiva por vejez. La Corte reiteró que el eventual otorgamiento de la pensión de invalidez a quien se le reconoció una indemnización sustitutiva por alguno de los riesgos mencionados no afecta la sostenibilidad financiera del sistema porque puede optarse por la deducción de las mesadas del monto ya reconocido. Insistió en el carácter irrenunciable e imprescriptible del derecho a la seguridad social y que, una vez el derecho pensional fuera causado, persiste la posibilidad de reclamar el reconocimiento pensional correspondiente.

    T-036 de 2021

    La Corte analizó una acción de tutela presentada por una persona en contra de Colpensiones. El fondo negó la pensión de invalidez bajo el argumento de que en años anteriores, el actor recibió una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. La Corte determinó que el fondo accionado pretendía revivir un enunciado normativo derogado que en la actualidad y desde la sanción de la Ley 100 de 1993, no ha sido reproducido por el legislador. Asimismo, reiteró que el pago previo de una indemnización sustitutiva de pensión de vejez no impide el reconocimiento de una pensión de invalidez. Finalmente, indicó que Colpensiones recibió el monto de las cotizaciones que se hicieron después de la prestación subsidiaria sin manifestarle al afiliado “su supuesto retiro del sistema pensional y sin iniciar un proceso para devolverle lo aportado”.

    T-166 de 2021

    La Corte Constitucional estudió una acción de tutela en contra de Colpensiones. Dicha entidad negó el reconocimiento de la pensión de invalidez porque el afiliado recibió una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. La Sala de Revisión correspondiente reiteró que no existe incompatibilidad entre la mencionada indemnización y la prestación periódica de invalidez, dado que la causa y fundamento de cada derecho es independiente.

45. De igual manera, esta Corporación ha determinado que, ante un pago previo de una indemnización sustitutiva de vejez y una solicitud posterior de reconocimiento de una pensión de invalidez, se debe realizar una compensación o descuento entre la prestación económica cuyo pago ya se efectuó y aquella reconocida por el juez constitucional. Para ello, ha emitido órdenes que permiten preservar, de forma concurrente, el mínimo vital del pensionado y la sostenibilidad financiera del Sistema[116]. Así, por ejemplo, ha ordenado que se deduzca del monto de la pensión de invalidez, mensualmente y de manera progresiva, lo que la administradora de pensiones pagó por dicha indemnización[117].

46. En consecuencia, la jurisprudencia pacífica, reiterada y uniforme de esta Corporación permite concluir que es admisible que quien recibió el pago de una indemnización sustitutiva de vejez pueda seguir cotizando al sistema pensional con el objeto de cubrir los riesgos de invalidez y muerte. Ello porque se trata de dos prestaciones totalmente diferentes desde los riesgos que amparan hasta sus requisitos. Además, Colpensiones no puede negar el reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en que, previamente, fue otorgada una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

6. La procedencia excepcional del amparo para el reconocimiento de prestaciones de la seguridad social[118]

47. En cuanto al reconocimiento de la pensión de invalidez mediante la acción de tutela, la Corte ha determinado que, dado el carácter subsidiario del amparo, este mecanismo constitucional solo procede cuando no existe otro medio de defensa judicial o si los que se encuentran disponibles no resultan idóneos ni eficaces[119]. Este Tribunal ha admitido que es posible ordenar el reconocimiento y pago de derechos pensionales por esta vía cuando exista evidencia de que la protección de otros derechos fundamentales depende de la intervención del juez constitucional[120].

48. Por otra parte, esta Corporación ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo definitivo para el reconocimiento de prestaciones pensionales. Sin embargo, para que esto ocurra, deben desvirtuarse la idoneidad y la efectividad de los medios judiciales ordinarios. Al realizar dicho análisis, el juez debe tener en cuenta que es necesario flexibilizar los parámetros cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional o de personas en situación de debilidad manifiesta. Por ejemplo, cuando se trata de personas vulnerables por problemas de salud o que afrontan una precaria situación económica para satisfacer sus necesidades básicas.

49. Por tal razón, en ciertos casos, este Tribunal ha considerado que la exigencia de agotar la vía ordinaria sería desproporcionada e incluso podría derivar en la afectación de otros derechos. En ese contexto, la Corte ha interpretado que “el derecho a la pensión de invalidez es, en sí mismo, un derecho fundamental” porque quienes la necesitan son personas que, en principio, no se encuentran en un mercado laboral y/o dependen enteramente de la pensión para la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar[121]. Lo anterior, activa la excepcional intervención del juez constitucional para estudiar la posibilidad del reconocimiento de una prestación por vía de la solicitud de amparo (por ejemplo, la pensión de invalidez)[122].

50. En particular, esta Corporación se ha referido a la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones desplegadas por las administradoras de pensiones. En este tipo de casos, la Corte ha concluido que resulta necesario acreditar: (i) un grado mínimo de diligencia por parte del accionante al solicitar la protección del derecho invocado y (ii) la afectación del mínimo vital[123]. A continuación, la Sala expone algunos ejemplos de esta procedencia excepcional.

    Tabla 4. La procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones pensionales[124]

    Sentencia

    Caso

    T-694 de 2017

    En este caso, la Corte decidió respecto de la acción de tutela presentada por una persona de 43 años con una PCL del 66,35% a raíz de una enfermedad de H. en contra de un fondo de pensiones. Esta Corporación evidenció que el accionante no tenía otros ingresos y no tenía la capacidad de generar recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Por lo expuesto, declaró la procedencia de la tutela, dadas las circunstancias apremiantes del demandante como sujeto de especial protección constitucional y por el riesgo de afectar los derechos fundamentales en el caso debido a una posible demora en su resolución.

    T-049 de 2019

    Esta Corporación estudió la solicitud de amparo de una persona en contra de un fondo de pensiones. La accionante fue diagnosticada con “porfiria aguda intermitente” que le produjo la parálisis de su cuerpo y solo le permitía el movimiento de la cabeza y una PCL dictaminada en 58,20%. La Sala flexibilizó el presupuesto de subsidiariedad y concluyó que el proceso laboral no era idóneo, ni eficaz porque podría ser gravoso para la peticionaria. Afirmó, que la actora merecía una especial defensa dadas sus circunstancias particulares.

    T-377 de 2020

    Este Tribunal estudió la acción de tutela de una persona en contra de Colpensiones, quien solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. La Corte determinó que el asunto objeto de estudio se trataba de una persona de 84 años que superó la expectativa de vida, por lo tanto, era desproporcionado someterla a la espera de un proceso ordinario laboral y, eventualmente, una decisión favorable podría resultar tardía para otorgar la protección de los derechos fundamentales.

    T-264 de 2021

    Esta Corporación decidió la acción de tutela promovida por una persona con “trastorno afectivo bipolar” y discapacidad cognitiva, a quien la UGPP le negó la pensión de sobrevivientes porque la fecha de estructuración de la PCL fue posterior al fallecimiento de su padre. La Sala precisó que la falta de reconocimiento y pago de la pensión correspondiente generó un alto grado de afectación a los derechos fundamentales del accionante, se desplegó cierta actividad administrativa y/o judicial tendiente a la protección de los mismos y que los medios ordinarios de defensa judicial no eran idóneos ni eficaces.

    T-364 de 2022

    Esta Corporación estudió una acción de tutela en contra de Colpensiones. El actor era una persona de 72 años con una PCL del 74,28% y diagnosticado con una cardiopatía severa que le impedía continuar trabajando, un infarto agudo de miocardio e hipertensión arterial. La Corte encontró, entre otras, que el demandante afrontaba una grave situación económica. Por ende, determinó que el mecanismo ordinario no resultaba eficaz para otorgar la protección reclamada por el accionante dadas sus condiciones. En consecuencia, desplazó al juez laboral y activó la intervención del juez constitucional porque se encontró justificada la procedencia de la acción de tutela.

51. En definitiva, esta Corporación ha flexibilizado la evaluación de los criterios de idoneidad y eficacia de los medios judiciales ordinarios cuando las personas que acuden a la acción de tutela son sujetos de especial protección sin que ello implique la procedencia automática de la acción de tutela. Así, en ciertos casos, la Corte ha concluido que exigirle al accionante que acuda al juez laboral podría resultar lesivo para sus derechos, o comprometerlos aún más. En suma, procede excepcionalmente esta acción cuando el medio de defensa principal no resulta eficaz ni idóneo para garantizar la protección que se reclama, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del titular de los derechos fundamentales que se reclaman.

7.1. Cuestión previa: Legitimación de la Procuraduría General de la Nación para intervenir en los procesos de tutela

52. Antes de estudiar la procedencia de la acción de tutela, la Sala encuentra que es necesario referirse a la solicitud formulada en sede de revisión por el procurador 290 judicial I penal. Aquella pretende que esta Corte se pronuncie sobre las funciones de la Procuraduría en trámites de acciones de tutela. Esto, en razón a las consideraciones expuestas por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira. Dicha autoridad aseveró que la intervención que realizó el Ministerio Público no se ajustó a las facultades previstas en el Decreto 2591 de 1991. Además, en criterio del Tribunal, el procurador no tenía legitimidad para impugnar el fallo.

53. Esta Sala no comparte la apreciación del juez de segunda instancia, comoquiera que la Corte ha reconocido que los agentes del Ministerio Público “están constitucionalmente legitimados para impugnar los fallos de tutela”[125]. Estos funcionarios buscan salvaguardar el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales de las personas. Para alcanzar estos objetivos, pueden interponer las acciones que consideren necesarias y/o pertinentes, de conformidad con el artículo 277 de la Constitución.

54. En concreto, la Corte ha determinado que la Procuraduría “no solamente puede intervenir en el proceso de tutela como demandante en favor de las personas que lo requieran, sino que también puede hacerlo como impugnante, aun cuando no haya sido [ella] quien directamente lo haya promovido”[126]. La legitimación por activa para impugnar el fallo no se origina únicamente del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, por el contrario, tal disposición debe “interpretarse sistemáticamente”[127] con el artículo 277 superior.

55. Por lo tanto, el Ministerio Público actuó dentro de sus competencias, relacionadas con la defensa de los derechos y garantías fundamentales del señor R.. En tal sentido, el juez de segunda instancia debió considerar la interpretación sistemática del Decreto 2591 de 1991 en conjunto con las normas constitucionales.

    7.2. Requisitos formales de procedencia

56. Legitimación por activa. De manera reiterada esta Corporación ha indicado que la acción de tutela puede presentarse por: (i) la persona directamente afectada; (ii) su representante legal; (iii) un agente oficioso; y, (iv) las personerías municipales o la Defensoría del Pueblo[128]. Este requisito se cumple porque el señor R. presentó la acción de tutela a nombre propio. Aquel es el titular de los derechos invocados y la persona directamente afectada ante la falta de reconocimiento y pago de la pensión reclamada.

57. Legitimación por pasiva. Esta exigencia apunta a la autoridad o al particular contra quien se dirige la acción de tutela, en tanto se considera que es, efectivamente, el llamado a responder por la vulneración o amenaza de los derechos invocados. La acción de tutela se promovió en contra de Colpensiones, entidad de naturaleza pública que presta el servicio público de seguridad social. El demandante se encuentra afiliado a esa entidad y aquella le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez. De manera que la Corte encuentra que se cumple este presupuesto.

58. Presupuesto de inmediatez. La Corte ha precisado que la acción de tutela debe presentarse en un tiempo prudente posterior a la vulneración o concomitante con ella, a partir de las circunstancias específicas de cada caso[129]. La presente acción de tutela fue promovida ante la confirmación de la negativa del fondo accionado a reconocer y pagar la pensión de invalidez. Esto fue mediante la Resolución DPE-917 del 19 de enero de 2023. Por su parte, la solicitud de amparo fue radicada el 2 de febrero siguiente[130]. Esto quiere decir que pasó menos de un mes desde la comunicación que culminó el trámite administrativo de la solicitud pensional que, según la parte actora, desconoció sus derechos fundamentales. Para la Sala es un lapso razonable, por lo cual encuentra satisfecho este parámetro.

59. Presupuesto de subsidiariedad. Este requisito implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro mecanismo judicial para la resolución de la controversia planteada. Sin embargo, esta regla presenta dos excepciones: (i) cuando se pretende el amparo constitucional de forma transitoria, mientras la jurisdicción ordinaria resuelve el asunto, siempre y cuando se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; y (ii) cuando se acredite que la vía ordinaria para resolver el asunto no resulta idónea o eficaz para la protección de los derechos fundamentales conculcados[131].

60. El estudio de subsidiariedad puede flexibilizarse cuando quien acude a la acción de tutela es un sujeto de especial protección constitucional, por ejemplo, personas en situación de discapacidad, niños, víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de familia, entre otros. Por lo tanto “su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela”[132]. Este criterio de valoración es una manifestación del principio de igualdad. No obstante, ello no implica por sí solo la procedencia de la acción de tutela.

61. En particular, como fue expuesto previamente (sección 6), esta Corporación se ha referido a la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones desplegadas por las administradoras de pensiones. En este tipo de casos, la Corte ha concluido que resulta necesario acreditar: (i) un grado mínimo de diligencia por parte del accionante al solicitar la protección del derecho invocado y (ii) la afectación del mínimo vital.

62. En el presente caso, en efecto, existe otro medio de defensa judicial para plantear las pretensiones dirigidas al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. En principio, el artículo 2.4 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social señala que la competencia para resolver este tipo de controversias radica en la jurisdicción ordinaria laboral[133]. Sin embargo, la Sala considera que, en el presente asunto, el proceso ordinario laboral sería prolongado y resultaría desproporcionado exigirle al demandante que acudiera a ese trámite. Por tal motivo, se desvirtúa su idoneidad y eficacia para perseguir las pretensiones del amparo, por las razones que pasan a exponerse.

63. El actor tiene la calidad de un sujeto de especial protección constitucional. La Sala observa que el señor R. es un sujeto de especial protección constitucional por su estado de salud. Por un lado, el accionante tiene 68 años, por lo que se trata de un adulto mayor[134]. Esta circunstancia puede ser relevante para que, junto con otras condiciones, se analice la idoneidad y eficacia del medio judicial ordinario[135]. Por otra parte, el actor fue diagnosticado con un tumor maligno en la próstata (cáncer), cardiomiopatía isquémica[136] (revascularizado con bypass), diabetes mellitus no insulinodependiente, hiperplasia de la próstata e hipertensión esencial (primaria). La Sala destaca que el actor presentó su historia clínica actualizada al 23 de mayo de 2023, en la cual se puede ver que el médico tratante refirió que “se observa nódulo sólido, mide 28 MM en el eje transverso mayor”[137]. Su plan de manejo consiste en “degarelyx, radioterapia y control cada mes”.

64. El accionante informó que los reportes médicos no son alentadores porque el tumor es “considerablemente grande, como también años atrás también sufrí de lo mismo, siendo el cáncer actual una recaída”[138]. Sobre esta última enfermedad catastrófica, el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia indicó que aquella “ocupa el tercer lugar en mortalidad, después de los cánceres gástrico y pulmonar”. Es evidente que hay “un compromiso de vesícula seminal”[139], la cual está tratándose por radioterapia. Un tumor canceroso es maligno porque “puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo”[140]. Esto supone un riesgo inminente, grave y actual para el señor R.. De manera que hay un estado particular que debe ser estudiado con cuidado y minuciosidad por parte del juez constitucional.

65. El actor obró con diligencia para reclamar la prestación pretendida. La Sala advierte que, de acuerdo con el escrito de tutela, el actor desde el 2014 persiguió el reconocimiento de la pensión de vejez[141]. Para obtener dicha prestación agotó el procedimiento administrativo e inició un proceso ordinario ante el juez laboral[142]. No obstante, la prestación le fue negada, como se expone en los antecedentes de esta providencia pese a contar con “992 semanas”[143]. También acudió a la acción de tutela contra las providencias judiciales que negaron el reconocimiento de la pensión de vejez.

66. La Corte observa que, en lo pertinente para esta acción de tutela, el señor R. ha realizado los siguientes trámites para obtener la pensión de invalidez: (i) en 2020 solicitó la calificación de la PCL, la cual fue negada por Colpensiones porque consideró que no era “procedente por haber recibido indemnización sustitutiva de vejez o invalidez, al quedar por fuera del Sistema General de Pensiones”[144]; (ii) el actor presentó una acción de tutela para obtener la valoración de su PCL. En ese proceso, el juez amparó sus derechos. Por lo anterior, el 16 de septiembre de 2020, C. calificó vía telefónica al afiliado; (iii) en enero de 2022, el accionante solicitó a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda la evaluación de su PCL; (iv) en junio de 2022, pidió a la accionada el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez; (v) posteriormente, ante la falta de respuesta del fondo accionado, presentó una acción de tutela para la protección de su derecho fundamental de petición[145]; y (vi) interpuso los recursos propios del procedimiento administrativo para controvertir los actos que negaron la pensión.

67. Todo lo anterior demuestra plenamente que el actor ha actuado de manera diligente para reclamar la pensión de invalidez. Igualmente, denota una posible demora por parte del fondo para resolver las solicitudes del actor. Por ende, la Sala estima que este requisito jurisprudencial se encuentra satisfecho.

68. Existe una posible afectación del mínimo vital del demandante. La Sala reconoce que el actor cuenta con un contrato con una iglesia, en donde sus funciones son “ayudar con el aseo de la parroquia; colocar la música en las eucaristías y demás actos que ayudaran con el sacerdote”[146]. Sin embargo, lo anterior no garantiza que aquel tenga la solvencia económica suficiente para satisfacer las necesidades básicas de su hogar y los gastos médicos que conlleva. Prueba de ello es la relación de gastos que hizo el accionante, en la cual se evidencia que sus ingresos son inferiores a un salario mínimo mensual vigente. Adicionalmente, el actor sostuvo que tiene a su cargo a su esposa de 62 años quien, de acuerdo con las respuestas allegadas en sede de revisión, no tiene empleo ni pensión y es la persona que le ayuda en sus actividades económicas informales (esto es, las rifas y la venta de comida que realizan para su sustento).

69. No se pueden perder de vista las declaraciones extraprocesales del 5 de diciembre de 2022 sobre la situación del accionante[147]. En aquellas, las declarantes afirmaron que el actor renunció a su anterior trabajó por su “pésimo estado de salud”[148] y que actualmente es ayudante de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima. Aseveraron que él y su esposa “subsisten de la caridad”[149]. La Corte resalta que todas las pruebas previamente enunciadas no fueron controvertidas ni desvirtuadas por el fondo de pensiones accionado.

70. Adicionalmente, la Sala resalta que no es viable concluir que se debe declarar la improcedencia de la acción de tutela únicamente porque el accionante recibe una remuneración por las labores que realiza para una institución religiosa. En tal sentido, debe atenderse a la jurisprudencia de esta Corporación que ha sostenido que el mínimo vital “es un derecho que tiene un carácter móvil y multidimensional que no depende exclusivamente del análisis cuantitativo de ingresos y egresos de la persona”[150]. Tampoco podría pretenderse que el accionante no desarrollara ningún trabajo debido a su enfermedad catastrófica.

71. La Sala estima que la intervención de la Corte es necesaria en razón a la condición de salud del accionante comoquiera que: (i) fue diagnosticado con una patología catastrófica (cáncer) y otras enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión y cardiopatía isquémica); (ii) tiene a cargo a su esposa, quien es una adulta mayor; (iii) fue valorado con una PCL del 50.52%[151]; y, (iv) la disminución en la capacidad laboral que reduce la posibilidad de obtener los ingresos necesarios para la satisfacción de sus necesidades básicas.

72. Por lo expuesto, si bien la solicitud del accionante es el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de manera transitoria, la Sala advierte que la acción de tutela procede como mecanismo definitivo para determinar si debe concederse o negarse el amparo de los derechos fundamentales del actor[152]. Por un lado, los medios de defensa judiciales ordinarios son ineficaces dadas las particularidades de la situación del señor R. y, por otro, sería desproporcionado e irrazonable exigirle a la parte actora que acuda al proceso ordinario laboral, teniendo en cuenta la afectación del mínimo vital y el tiempo que lleva el actor en el trámite de solicitud y reconocimiento de la prestación pensional. Por todo lo anterior se supera este presupuesto de subsidiariedad.

73. Finalmente, el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de P. consideró que no se acreditaba el requisito de subsidiariedad porque el accionante “se limitó a indicar que tiene afectados sus ingresos y calidad de vida, pero no aportó prueba alguna al respecto”[153]. Al respecto, la Sala reitera que el juez constitucional tiene deberes probatorios oficiosos. Recientemente, en la Sentencia T-094 de 2023, esta Corporación resaltó que “en ejercicio de sus facultades probatorias, el juez de tutela podrá decretar y practicar las pruebas que considere necesarias, en aras de buscar los elementos de juicio que le permitan llegar a una convicción seria y suficiente sobre la situación fáctica del caso a estudiar”. De manera que el juez de tutela tiene la potestad (y el deber) de ordenar pruebas de oficio, cuando ello sea necesario, en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas[154].

74. A continuación, la Corte analizará la posible vulneración de los derechos fundamentales invocados y, de esta manera, resolverá el problema jurídico planteado.

    6.2. El señor R. cumple con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez previstos en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993

75. La Corte ha planteado que existe la posibilidad excepcional de ordenar el reconocimiento de la pensión de invalidez en sede de tutela para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, particularmente a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital[155]. Así, cuando está demostrado el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la prestación reclamada, el juez constitucional tiene la potestad de reconocerla.

76. El artículo 1° de la Ley 860 de 2003 (que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993) dispone que tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado que acredite los siguientes requisitos: (i) haber sido valorado con una PCL igual o superior al 50%; y (ii) haber cotizado al SGSSP cincuenta semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de dicha invalidez o al hecho causante de la misma, cuando se trata de un accidente.

77. En el caso concreto, la Sala observa que al accionante se le determinó una PCL del 50.52% con fecha de estructuración del 31 de enero de 2019. Aquella fue establecida mediante dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, practicado el 17 de febrero de 2022[156].

78. Igualmente, la Corte constata que el actor acreditó más de cincuenta semanas cotizadas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al 31 de enero de 2019, momento que fue determinado como la fecha de estructuración de la PCL. De este modo, se cumple este requisito legal para acceder a la pensión de invalidez. El actor aportó el equivalente a 63,49 semanas durante el lapso comprendido entre el 31 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2019. Conforme a la historia laboral actualizada al 15 de agosto de 2023, se observa que el accionante cuenta con el total mencionado[157]:

    Tabla 5. Densidad de semanas cotizadas por el señor R. en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez

    Razón social

    Desde

    Hasta

    Semanas cotizadas

    Año 2016

    Emprestur S.A.

    1/2/16

    29/2/16

    4.29

    Emprestur S.A.

    1/3/16

    31/3/16

    4.29

    Emprestur S.A.

    1/4/16

    30/4/16

    4.29

    Emprestur S.A.

    1/5/16

    31/5/16

    4.29

    Emprestur S.A.

    1/6/16

    31/6/16

    4.29

    Emprestur S.A.

    1/7/16

    31/7/16

    4.29

    Emprestur S.A.

    1/8/16

    31/8/16

    4.29

    Emprestur S.A.

    1/9/16

    30/9/16

    4.29

    Emprestur S.A.

    1/10/16

    31/10/16

    4.29

    Emprestur S.A.

    1/11/16

    30/11/16

    4.29

    Emprestur S.A.

    1/12/16

    31/12/16

    4.29

    Año 2017

    Emprestur S.A.

    1/1/17

    31/1/17

    4.29

    Emprestur S.A.

    1/2/17

    28/2/17

    4.29

    Emprestur S.A.

    1/3/17

    31/3/17

    4.29

    Emprestur S.A.

    1/4/17

    30/4/17

    3,43

    Total de semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez (aproximadamente)[158]

    63,49 semanas.

79. En consecuencia, el accionante cumple con las exigencias para acceder a la pensión de invalidez, previstas en la Ley 100 de 1993. De una parte, presenta una PCL del 50,52% y, de otra, en los tres años anteriores a la estructuración de esa invalidez, aportó un número superior a las cincuenta semanas requeridas como densidad de cotizaciones para financiar la pensión. Por lo tanto, acreditados estos presupuestos, la Sala concluye que el accionante tiene derecho a la prestación económica periódica reclamada.

80. A continuación, la Corte analizará si la negativa de Colpensiones, implicó una vulneración de los derechos fundamentales del accionante. Aquella respuesta estuvo basada en la supuesta incompatibilidad entre el hecho de haber recibido previamente una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y la posibilidad del reconocimiento de una pensión de invalidez.

    7.3. C. vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna y seguridad social del accionante al negar el reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en la supuesta incompatibilidad entre esa prestación y la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez

81. En las consideraciones previas de esta sentencia, la Sala explicó que si una persona recibió el pago de una indemnización sustitutiva de vejez, es posible que pueda seguir cotizando al sistema pensional con el objeto de cubrir un riesgo disímil a aquel por el cual se le reconoció dicha indemnización -invalidez o muerte-. Esto es así porque se trata de dos prestaciones diferentes, que amparan riesgos diversos y prevén requisitos distintos.

82. En efecto, esta Corporación ha reconocido el derecho a la pensión de invalidez aun cuando los accionantes hubieran recibido previamente una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez[159]. En dichos casos, comprobó que las personas siguieron aportando al SGSSP y, luego se determinó una PCL igual o superior al 50% con una fecha de estructuración posterior al reconocimiento de la primera prestación. En el presente asunto, la prestación subsidiaria fue reconocida en el 2018 y la fecha de estructuración fue determinada el 31 de enero de 2019[160].

83. De manera que el reconocimiento previo de la referida indemnización no constituye una limitación para que un fondo de pensiones estudie si el afiliado tiene derecho a la pensión de invalidez. Más aún, deberá reconocerla si aquel cumple los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993. La Corte Constitucional, ha reiterado que “se trata de dos prestaciones completamente diferentes, que amparan diversos riesgos, y que contienen exigencias disímiles”[161].

84. La conclusión anterior no resulta, en medida alguna, novedosa para Colpensiones. En efecto, como fue explicado ampliamente en este fallo (sección 5), tanto la Corte Constitucional como la CSJ han reconocido desde hace varios años que el pago anterior de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez no es incompatible con el estudio y el eventual reconocimiento de la pensión de invalidez. Sin embargo, Colpensiones ha hecho caso omiso a las decisiones de este Tribunal.

85. Por lo tanto, para esta Corporación es inaceptable la respuesta de Colpensiones, según la cual existiría una “prohibición legal y constitucional de percibir de forma simultánea dos pensiones que se pagan con cargo al Sistema General de Pensiones y que cubren contingencias que tienen la misma finalidad: Reemplazar el salario porque la persona se encuentra imposibilitada para continuar trabajando”[162]. Dicha postura es abiertamente opuesta a la jurisprudencia constitucional y laboral ordinaria. Además, la actuación de la entidad accionada es particularmente grave si se tiene en cuenta que fue el fundamento para negarse a evaluar el cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión de invalidez, pese a que ellos estaban plenamente acreditados. En este punto, debe recordarse que esta última prestación tiene una relación importante con el mínimo vital y el derecho a la vida digna de personas que por su situación de discapacidad o de enfermedad deben recibir una especial protección del Estado.

86. Por lo anterior, no hay ninguna incompatibilidad entre la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y la pensión de invalidez. Si la primera fue pagada previamente, lo que procede para proteger la sostenibilidad financiera del sistema en estas circunstancias es realizar una compensación entre lo que ya se canceló y la prestación periódica reconocida por el juez constitucional. La Corte ha ordenado el descuento mensual en la pensión de invalidez de lo que correspondió a dicha indemnización con el fin de no afectar el mínimo vital del titular del derecho[163].

87. Con fundamento en lo anterior, esta Sala advertirá a Colpensiones que debe observar rigurosamente la jurisprudencia constitucional en materia de ausencia de incompatibilidad entre la pensión de invalidez y el reconocimiento previo de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Por lo tanto, deberá abstenerse, en lo sucesivo, de utilizar ese argumento para restringir el acceso de sus afiliados a la mencionada prestación periódica.

88. Igualmente, conforme a lo expuesto, la Sala concluye que Colpensiones vulneró los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna del señor R. al negarle la pensión de invalidez bajo el argumento que esta prestación no era compatible con la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que aquel recibió años atrás.

89. Así las cosas, la Sala revocará los fallos del 14 de febrero y 14 de abril de 2023, proferidos por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de P. y por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad. En su lugar, la Corte concederá el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna y seguridad social del accionante.

90. Por consiguiente, dejará sin efectos las Resoluciones SUB-286205 del 14 de octubre de 2022 y DPE-917 del 19 de enero de 2023, mediante las cuales Colpensiones negó el derecho a la pensión de invalidez al actor. En su lugar, la Sala ordenará a Colpensiones que, en el término de los quince (15) días siguientes a la notificación de la presente providencia, reconozca y pague la pensión de invalidez al accionante, junto con las sumas adeudadas por concepto de retroactivo de las mesadas pensionales que no estén prescritas de acuerdo con lo consagrado en los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo anterior, sin perjuicio de que, de la mesada pensional del señor R. la accionada descuente, mensualmente, de forma progresiva y sin que se afecte su mínimo vital, el valor actualizado del monto cancelado por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

    7.4. C. debe obrar con especial diligencia respecto de la información consignada en la historia laboral de sus afiliados. Los datos allí consignados deben ser fidedignos, claros, completos y comprensibles. Además, debe abstenerse de imponer barreras injustificadas que impidan el ejercicio y reconocimiento de su derecho a la seguridad social

91. De otra parte, la Sala considera indispensable recordar que los fondos de pensiones tienen deberes especiales en relación con el manejo de la información de sus afiliados. El contenido de los expedientes administrativos referentes a las cotizaciones al SGSSS puede generar expectativas de derechos. De este modo, la alteración de estas historias laborales puede vulnerar sus derechos fundamentales cuando la información reportada es falsa, inexacta, contradictoria o ambigua[164].

92. El accionante expresó que en el trámite de solicitud de pensión de vejez, en un primer momento, la entidad demandada le informó que había cotizado 966 semanas[165]. Luego, indicó que sus aportes ascendían a 992 semanas[166]. Posteriormente, al momento del reconocimiento de la indemnización sustitutiva, el fondo de pensiones afirmó que “el interesado acredita un total de (…) 460 semanas”[167]. Esta información es, cuando menos, inconsistente y genera serias dudas sobre los datos reportados. Además, la Sala observa que Colpensiones informó a la Corte en sede de revisión que el afiliado:

    “reporta un total de 1.090 semanas de cotización, siendo estas 518 semanas de cotización correspondientes a los aportes a pensión realizados durante el lapso de 1993-08 a 2021-01, de manera interrumpida, correspondientes a los denominados ‘’tiempos privados’’ los cuales se reflejan en la historia laboral del mismo y por otra parte, se evidencian 572 semanas de cotización reportadas por entidades del Sector Público, los cuales corresponden a tiempos públicos que no fueron cotizados al ISS hoy Colpensiones y que no se visualizan en la historia laboral a la fecha”[168].

93. Para justificar esta última conclusión, el fondo aseguró que:

    “las variaciones reportadas en la historia laboral se atribuyen a la falta de visualización de los tiempos públicos en la historia laboral del afiliado, siendo importante aclarar que lo anterior no significa una inconsistencia en la información registrada en la historia laboral, sino que obedece a que la Entidad, como regla de negocio, determinó que una vez sea resuelta una solicitud de reconocimiento prestacional, los tiempos públicos no se visualizarán en el reporte de historia laboral”[169].

94. A partir de lo anterior, la Sala evidencia que el reporte de semanas que entregó el fondo de pensiones no refleja la totalidad de los tiempos aportados a Colpensiones y puede generar una confusión significativa para los afiliados. Así, no puede esperarse que los ciudadanos tengan un conocimiento técnico o avanzado del SGSSP o de las implicaciones de que los tiempos hayan sido aportados por entidades públicas o privadas. En ese sentido, la decisión de ocultar los tiempos públicos del reporte de la historia laboral no es compatible con las obligaciones respecto de la gestión de la información que reposa en dicho documento ni con el deber de informarle a los afiliados de forma clara y fidedigna el monto de los aportes o tiempos que han cotizado. En tal sentido, la Corte hace un llamado de atención a Colpensiones respecto de esta práctica.

95. Igualmente, la Sala les recuerda a los fondos de pensiones sus deberes sobre el adecuado manejo de la información y la comunicación de los datos a sus afiliados. La Corte ha reiterado que los errores que surjan recaen sobre dichas entidades, dado que las consecuencias desfavorables no pueden ser trasladadas a los afiliados[170].

96. Finalmente, este Tribunal observa con preocupación que, con anterioridad al presente proceso, el señor R. tuvo que acudir a la acción de tutela en varias oportunidades para que Colpensiones cumpliera con sus deberes constitucionales y legales. Así, por ejemplo, el actor promovió dos solicitudes de amparo para que la entidad accionada resolviera sobre la petición de reconocimiento de la pensión de invalidez en sede administrativa y para que se pronunciara sobre el recurso que presentó contra la negativa de ese fondo de pensiones.

97. No obstante, lo más grave para esta Sala es que, de acuerdo con la información expuesta en los antecedentes de esta providencia, Colpensiones se negó a calificar la PCL del accionante por estimar que dicha petición no era “procedente por haber recibido indemnización sustitutiva de vejez o invalidez, al quedar por fuera del Sistema General de Pensiones”[171]. No resulta aceptable dicho argumento para negarse a valorar la PCL de un afiliado a un fondo de pensiones. En suma, las actuaciones reseñadas constituyeron barreras que afectaron el goce y ejercicio del derecho a la seguridad social del afiliado[172].

98. Por ende, la Sala Novena de Revisión prevendrá a Colpensiones acerca de su deber de obrar con especial diligencia en relación con la información reportada en la historia laboral, pues esta debe ser fidedigna, clara, completa y comprensible. Este deber es particularmente relevante respecto de quienes se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Adicionalmente, deberá abstenerse de interponer barreras injustificadas para el reconocimiento y goce de los derechos fundamentales de sus afiliados.

8. Síntesis de la decisión

99. A la Sala Novena de Revisión le correspondió estudiar la acción de tutela presentada por el señor R. en contra de Colpensiones por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social. El actor señaló que el fondo de pensiones se negó a reconocer y pagar la pensión de invalidez bajo el argumento de que esta última y la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez eran incompatibles[173].

100. Esta Corporación analizó la pensión de invalidez y los requisitos para su reconocimiento, la naturaleza jurídica de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la jurisprudencia de esta Corte y de la CSJ sobre la ausencia de incompatibilidad entre el reconocimiento previo de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y la pensión de invalidez y, por último, la procedencia excepcional del amparo para el reconocimiento de estas prestaciones. Además, la Sala encontró que se cumplieron los presupuestos de procedibilidad para pronunciarse de fondo en el presente asunto.

101. La Corte advirtió que es admisible que quien recibió el pago de una indemnización sustitutiva de vejez pueda seguir cotizando al sistema pensional con el objeto de cubrir un riesgo distinto a aquel por el cual se le reconoció dicha indemnización. Reiteró que tanto la Corte Constitucional como la CSJ han reconocido la pensión de invalidez a personas que habían recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y, luego de ello, se les determinó una PCL igual o superior al 50% con una fecha de estructuración posterior al reconocimiento de la primera prestación subsidiaria. Argumentó que, en estos casos, se precisó que se trata de dos prestaciones completamente diferentes porque amparan diversos riesgos y sus presupuestos no son iguales.

102. Así las cosas, la Sala encontró que el actor cumplió los requisitos previstos en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 para obtener la pensión de invalidez comoquiera que: (i) fue calificado con una PCL superior al 50% y (ii) aportó más de cincuenta semanas al SGSSP dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración.

103. La Sala encontró que Colpensiones vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social del accionante porque se abstuvo de evaluar el cumplimiento de los requisitos de la pensión reclamada bajo el argumento de la incompatibilidad entre la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y la pensión de invalidez. Los órganos de cierre de la jurisdicción constitucional y ordinaria, desde hace varios años, han consolidado una línea jurisprudencial que sostiene que estas prestaciones son diferentes porque amparan riesgos distintos y contienen exigencias disímiles. De manera que las consideraciones de esta providencia no son novedosas para C.. La Sala sostuvo que las actuaciones del fondo accionado son inaceptables y contrarias al precedente constitucional y laboral ordinario. Por lo anterior, se advertirá a Colpensiones que, en lo sucesivo, debe abstenerse de apartarse de los pronunciamientos reiterados de esta Corte para restringir el acceso de sus afiliados a las prestaciones económicas del SGSSP.

104. Aunado a ello, la Corte prevendrá a C. acerca de su obligación de obrar con especial diligencia respecto de la información consignada en la historia laboral de sus afiliados. Los datos allí consignados deben ser fidedignos, claros, completos y comprensibles. Además, deberá abstenerse de imponer barreras injustificadas que impidan el ejercicio y reconocimiento de su derecho a la seguridad social. En el caso concreto, se verificó que el actor tuvo que acudir en varias oportunidades a la acción de tutela para que la accionada cumpliera con sus deberes dentro del trámite administrativo de reconocimiento de la pensión de invalidez.

105. En consecuencia, la Sala Novena de Revisión revocará las sentencias del 14 de febrero y 14 de abril de 2023, proferidas por el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de P. y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de P.. Estas decisiones resolvieron, en primera y en segunda instancia, respectivamente, la acción de tutela. En su lugar, la Corte concederá como mecanismo definitivo el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social del señor R..

106. En consecuencia, esta Corporación dejará sin efectos los actos administrativos que negaron el derecho prestacional reclamado por el actor y ordenará el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, así como el de las mesadas que no se encuentren prescritas en favor del actor, de manera retroactiva. Finalmente, dispondrá que, de la mesada pensional del señor R., la accionada descuente, mensualmente, de forma progresiva y sin que se afecte su mínimo vital, el valor actualizado del monto cancelado por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,