Bases constitucionales del derecho de la contratación estatal
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1. MARCO FI LOSÓFICO E I DEOLÓGICO DE L A CONTR ATACIÓN
PÚBLICA
La Constitución Política de un país consagra las reglas e instituciones
jurídicas que conforman la organización política del Estado y su
funcionamiento, establece los distintos órganos de gobierno en que éste se
distribuye, las relaciones de éstos entre sí y con los miembros de la comunidad,
inspira sus mandamientos1.
está determinado por las previsiones del artículo 1º al disponer que Colombia
es un Estado Social de Derecho2,
persona humana, el reconocimiento y respeto de la dignidad humana, es decir,
el Estado debe ponerse al servicio del ser humano. Es así como a partir de este
reconocimiento se consolidan e instruyen a su favor un catálogo de derechos
fundamentales, los cuales hoy son reconocidos y garantizados.
1 Sentencia C-027 de 1993.
2 Lo primero que debe ser advertido es que el término “social”, ahora agregado a la clásica fórmula
del Estado de Derecho, no debe ser entendido como una simple muletilla retórica que proporciona
de transformaciones institucionales en las principales democracias constitucionales del mundo
está presente para dar testimonio de la trascendencia de este concepto.
La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica puede ser descrita
bajo el tema del Estado bienestar (welfare State, stato del benessere, L’Etat Providence) y lo
segundo bajo el tema de Estado constitucional democrático. La delimitación entre ambos conceptos
. Sentencia T-406 de 1992)
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“Son fines esenciales del Estado: servir a la c omunidad, promover la
prosperidad general y gara ntizar la efectividad de los principios, d erechos y
deberes consagrad os en la Constitución; facilitar la particip ación de todos en
las decisiones que los afectan y e n la vida económica, política, ad ministrativa
y cultural de la Nación; defender la inde pendencia nacional , mantener la
orden justo. Las autorid ades de la República están instituidas p ara proteger
a todas las personas re sidentes en Colombia, en s u vida, honra, bienes,
creencias, y demás de rechos y libertades, y pa ra asegurar el cumplimie nto
de los deberes sociales del E stado y de los particulares”. (art.2 C.P)
“El bienestar general y el mejoramiento de la calid ad de vida de la población
son . Será objetivo fundamental de su acti vidad
la solución de las necesida des insatisfecha s de salud, de educación , de
saneamiento ambiental y de ag ua potable. Para tales efectos, en los pla nes
y presupuestos de la Nación y d e las entidades territoriales, el ga sto público
social tendrá priorida d sobre cualquier otra asignación”. (art.366 C.P)
materia de derechos; pues el enfoque antropológico y garantista de la carta,
permitió la inclusión de un catálogo amplio de derechos de d iferente naturaleza e
índole, cuyo núcleo esencial sin duda, lo constituyen los derechos fundamentales.
Otro de los aspectos a destacar de la Carta Mag na, es la organización de las insti-
tuciones del Estado3 a partir del principio de supremacía normativa constitucional4, el
3 En efecto, el artículo 113 de la carta contempló la estructura básica para el ejercicio del poder
público, ya no fundada en la existencia exclusiva de las tres tradicionales “ramas”, sino sobre
el supuesto de que, además de ellas y sin hacer parte de ninguna, fueron creados otros órganos
estatales, autónomos e independientes, estatuidos para el cumplimiento de funciones que no se
confían al legislador, al Ejecutivo ni a los jueces pero que son igualmente vitales para alcanzar
. Sentencia C-372 de 1999)
4 Dentro de la supremacía que tiene y debe tener la Constitución, esta se impone como el grado
más alto dentro de la jerarquía de las normas, de manera que el contenido de las leyes y de las
normas jurídicas generales está limitado por el de la Constitución. Así pues, debe existir siempre
armonía entre los preceptos constitucionales y las normas jurídicas de inferior rango, y si no la hay,
la Constitución Política de 1991 ordena de manera categórica que se apliquen las disposiciones
.
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