Capítulo 4. La política fiscal en el marco de la política económica
| Autor | Germán Puentes González |
| Páginas | 106-174 |
E
Capítulo 4
La política fiscal en el marco de la política
económica
n los tiempos modernos, es decir, a partir de la primera gran revolución
industrial, es evidente que el Estado participa en el desarrollo de la sociedad
a través de la economía pública y, además, que interviene en la economía con
múltiples regulaciones.
En este contexto, lo que ha generado grandes debates durante siglos, es el
grado de intervención y control que el Estado debe ejercer sobre la
economía. El debate, como se mencionó anteriormente, se polariza: entre los
liberales, partidarios de que el Estado corrija los fallos del mercado y por
esta vía atenúe los problemas de los más pobres y necesitados, y por otro
lado, los conservadores, defensores de la idea de que el Estado los deje en
paz, que los deje trabajar, porque consideran que el mercado es el mecanismo
idóneo para resolver los problemas de todo el mundo.
Samuelson y Nordhaus (1999: 287), quienes critican las posturas
liberales, se preguntan: ¿Cuáles son los fallos de mercado y los problemas
sociales que les preocupan? ¿Están convencidos los liberales de que el
Estado puede resolver los problemas objeto de debate y mejorar las cosas? Y
lo que es más grave, ¿cómo puede un gobierno del pueblo, por el pueblo y
para el pueblo, estar por encima del pueblo? Estos interrogantes, entre otros,
son los que deben resolverse cuando se examina el papel del Estado en la
vida económica del país.
Los hechos muestran que desde la época de los clásicos los mercados han
demostrado ser un gran motor de la economía donde se les ha dejado actuar.
Pero también es cierto que desde la segunda mitad del siglo XIX, los Estados
han intervenido para corregir los fallos del mercado y los desequilibrios del
poder económico, lo cual se refleja en la proporción de renta nacional
dedicada a financiar programas de mantenimiento de los ingresos de cierto
grupo de la población y para regular la actividad económica. Sin embargo, la
actuación de los Estados no ha sido permanente, sino que se ha visto
acentuada en las coyunturas de los ciclos económicos. Por ejemplo: en
Estados Unidos, durante la administración de Ronald Reagan, se impulsó
decididamente la reducción del Estado de Bienestar y se abrieron más los
espacios para el mercado.
En cambio, con el gobierno de Bill Clinton se impulsaron los programas
públicos vitales y al mismo tiempo se propuso reducir el déficit
presupuestario. En todo el tiempo la lucha ha sido y sigue siendo clara entre
los defensores del papel protagónico del Estado: para que actúe más e
intervenga la economía; por otro lado, quienes defienden la reducción de los
impuestos y enarbolan la bandera del mercado como el gran mecanismo de
eficiencia económica, protagonista número uno en la generación de la
riqueza.
Al observar el mundo durante los últimos treinta años, la visión que se
tiene sobre el desempeño del Estado en la economía, es un poco ambivalente.
Por un lado, los países del Este de Europa y Asia, otrora baluartes del
socialismo, han adoptado el sistema de mercado, con lo cual se ha presentado
un repliegue del Estado, en beneficio del mercado. Por otro lado, en los
países cuna del capitalismo se encuentra una actitud muy decidida en pro del
poder del Estado, en términos de finanzas y economía pública. Basta con ver
lo que sucede en los países industrializados, en los cuales se canaliza entre
un tercio y un poco más de la mitad del PIB a través del gasto público.
En el resto del mundo, en los países menos desarrollados, se aprecia que
los Estados actúan permanentemente controlando, interviniendo y regulando
la economía en general, con claros propósitos de equidad social. Es válido
preguntarse entonces: ¿cómo participa el Estado en la economía y con qué
propósitos? ¿Qué mecanismos de intervención utiliza y con qué criterios?
¿Por qué el Estado hace unas cosas y otras no? ¿Es eficiente el Estado
haciendo lo que hace?, y en el caso de que no lo sea, ¿cuál es el costo de su
ineficiencia? La respuesta a las anteriores preguntas se encuentra en la
política fiscal, esta puede ser muy decidida o muy light.
En el primer caso, el Estado en virtud de mandatos democráticos, decide
hacerse responsable de que los ciudadanos disfruten de ciertos derechos, y
por esto se hace cargo del aseguramiento y fomento de servicios públicos
como la salud, la educación, la infraestructura, la vivienda, la cultura, la
generación de empleo y la seguridad social, además de las tareas clásicas de
justicia: orden público, defensa de la soberanía nacional y presencia en los
escenarios internacionales. Esta concepción de Estado y de sociedad
demanda un gran trabajo de la administración pública y de todo el engranaje
que representa al Estado, lo que requiere grandes volúmenes de recursos
públicos. Estos últimos se obtienen de los impuestos, de la actividad
económica directa del Estado, o de la deuda, que no es otra cosa que
impuestos diferidos.
En caso de que la política fiscal sea liviana, las cargas fiscales lo serán
otro tanto. El Estado tiende a recogerse y a ceder el espacio al mercado, al
cual se le considera como el mecanismo más idóneo para la asignación de los
recursos y la distribución de la riqueza, siempre y cuando se den las
condiciones de competencia. En este escenario los derechos mencionados en
el primer caso se vuelven mercancías; por ejemplo: la salud, la educación, la
vivienda, los servicios públicos, son disfrutados por quienes tienen la
capacidad de compra necesaria para adquirirlos.
Este pensamiento está alimentado por la corriente neoliberal, la cual
aboga por la disminución del Estado y la conversión de sus agencias en sus
distintas formas; es decir, incorporar las prácticas del mercado, privatizar
empresas estatales, asignación de presupuestos por resultados o presupuestos
base cero, fomentar la competencia entre las agencias del Estado, menos
reglamentaciones y, por lo tanto, menos controles, y utilizar el criterio del
equilibrio presupuestal para financiar los gastos del Estado.
Los escenarios anteriores no aparecen por generación espontánea, sino
que son el producto de la dinámica de los poderes públicos. Tanto el
Congreso como el Ejecutivo, en desarrollo de mandatos expresos contenidos
en la Constitución, e interpretando la voluntad del pueblo, deciden el modelo
económico y establecen ciertos parámetros para la organización social. Para
ello, disponen como es evidente en las democracias representativas, de
mandatos más o menos claros sobre las preferencias colectivas tanto de las
mayorías como de los grupos minoritarios.
De igual forma, disponen de instrumentos legales que les posibilitan
obtener los recursos de la sociedad y determinar los gastos en función de las
políticas públicas y las prioridades en ellas contempladas. En el caso de que
los gastos superen a los ingresos, para atender de manera sostenida las
necesidades colectivas se hace uso de la deuda pública, como otro
instrumento importante de la política fiscal. Entonces: ¿Qué es la política
fiscal? ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál ha sido su origen y evolución? ¿Con qué
instrumentos se lleva a la práctica?
La política fiscal es el conjunto de decisiones y estrategias que utilizan los
gobiernos para procurarse los recursos necesarios para su funcionamiento y
conducir la economía hacia un desarrollo económico sostenido, donde los
frutos de la renta y la riqueza generados se distribuyan con relativa equidad.
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