Generalidades del riesgo asociado a proponentes (contrapartes) en la contratación pública
| Autor | Alfonso Carlos Llamas Foliaco |
| Páginas | 23-58 |
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Capítulo 1
Generalidades del riesgo asociado a proponentes
(contrapartes) en la contratación pública
1.1. Reexiones iniciales de riesgo asociado a proponen-
tes en la contratación pública
Las pérdidas en las inversiones públicas no son solo corrupción
El concepto de riesgo operativo y su enfoque prudencial sobre las relaciones
con terceros ha venido evolucionando en su gestión de seguridad y criticidad
en los ámbitos nanciero y no nanciero en los últimos años. El repunte ac-
tual, notable desde el año 2011, está más bien conectado con las causas de la
“reciente” crisis económica mundial de 2008 nacida desde bancos norteame-
ricanos y propagada por el mundo por cuenta de la globalización nanciera.
La necesidad de mejora en este ámbito no solo se consolidó en la lógica de
contar con reglas de juego más conables y cautelosas en un mundo alta-
mente interrelacionado, sino en la obligación de reducir la incertidumbre en
los riesgos por apalancamientos ligados al capital y objetivos estratégicos de
las instituciones en sus proyectos o iniciativas de inversión.
Si bien la mencionada evolución para gestionar los riesgos de contrapartes
se ha sabido comprender y ajustar en el sector nanciero (incluidos los no
bancarios de inversiones), el sector público se ha mantenido casi que indife-
rente en recoger estas lecciones aprendidas, modelos y recomendaciones in-
vocados por Basilea III (bancos centrales) y la OCDE (países miembros y otros)
y apropiarlas en esquemas jurídicos y procesales prácticos que conduzcan a
reducir los riesgos de las inversiones públicas que reposan en múltiples varia-
bles asociadas con los terceros con quienes se relacionan contractualmente.
Es decir, acoger un tratamiento más sólido para tratar con la incertidumbre de
las variables del mercado y sus actores.
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Aunque la sociedad entiende que la principal fuente de pérdidas en las in-
versiones públicas es la corrupción política, cabe señalar que los procesos de
selección de contratistas encajan carencias de gestión de riesgos empresa-
riales o de mercado que facilitan las fugas de capital y la desviación sobre los
objetivos misionales primarios (nalidad inicial perseguida) y estratégicos o
secundarios (efecto agregado en el desarrollo). Y es que, aun en el supuesto
de contar con funcionarios públicos íntegros y competentes, el sistema se ata
en camisas de fuerza jurídicas y procesales que impiden gestionar el riesgo
de pérdidas conexas a un prestador proclive al incumplimiento por conducta
o circunstancias en su haber. Proponentes con altos riesgos asociados ob-
tienen contratos frente a la mirada impotente del ordenador del gasto, las
entidades de control y la opinión pública.
En Argentina, el prestigioso y muy leído medio de comunicación digital
Infobae, de actualidad, política y economía, registró el problema de la
siguiente manera:
“Si hubiera que pedir un solo deseo de política anticorrupción por parte
del nuevo Gobierno, no sería que sus funcionarios pongan sus bienes en
un deicomiso ciego ni que se apruebe la ley del ‘arrepentido’. Ni siquiera la
imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que he defendido aquí. Lo
único que quisiera de un Gobierno que en su primer discurso presidencial
se declara ‘implacable’ con la corrupción es que en un muy breve plazo
reforme el sistema de compras públicas. ‘Vamos a poner en marcha el
mayor plan de infraestructura y lo vamos a hacer sin corrupción; las obras
van a valer lo que valen y se van a terminar en tiempo y forma’, sostuvo el
presidente Macri el 14 de diciembre. El mensaje es valioso y alentador,
pero, según veremos, la corrupción en las compras públicas no depen-
de de la buena fe de los funcionarios, sino de los décits estructurales
del precario régimen vigente” (Infobae, 2016). (Negrillas no son del texto).
Puede notarse que, al igual que en la perspectiva marcada en este libro, se
estima una variable de riesgo operativo más allá de las buenas intenciones
de contratar adecuadamente bajo el supuesto de contar con funcionarios
íntegros. Las negrillas permiten señalar esas camisas de fuerza legales y
procesales a través de las cuales se ltran los actores inadecuados o mal
gestionados. Es decir, que las mismas metodologías creadas para garantizar
los procesos de selección han facilitado, en cierto grado, el ujo de la co-
rrupción y limitado la gestión del riesgo asociado a los proponentes. Y si en
América Latina el problema es bastante grave, no es exclusivo de la región.
Véase esta referencia en España:
CAP 1. GENERALIDADES DEL RIESGO ASOCIADO A PROPONENTES
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“La entidad que preside José María Marín Quemada está preparando un
documento de reexión sobre la contratación pública que servirá a modo
de ‘vademécum’ para concretar el diagnóstico denitivo y las líneas de ac-
tuación que se requieren dentro de una actividad que supone el 18,5%
del PIB en España. La contratación pública se ha convertido en un pozo
sin fondo que es preciso suturar con urgencia para evitar no solo el
dispendio de los recursos públicos, sino también la crispación social
sobre la incapacidad de los políticos para gestionar el dinero de to-
dos los españoles” (Navas, 2015). (Negrillas no son del texto).
El artículo de la cita resalta que en el desgreño no solo aparece la corrupción,
sino la misma “capacidad” (competencia y capacitación) de los funcionarios
para manejar los recursos, lo cual está íntimamente ligado a los fallos proce-
sales adheridos al riesgo operativo. Así pues, subsisten medidas preventivas
y estructurales que no se están abordando ni implementando para gestionar
y contrarrestar la entrada de proponentes con tendencia natural a incumplir
o bien para que la corrupción encuentre controles u obstáculos más precisos
de cara a la sociedad. Sobre este último punto, la corrupción, los sistemas de
riesgo operativo con enfoque de contrapartes evolucionados en el sector -
nanciero en los últimos 10 años han logrado grandes avances. En los sistemas
de compras públicas, debe reducirse esta deuda organizacional en benecio
del desarrollo social.
“El importe en términos absolutos de lo que podría ahorrarse en contra-
tación pública supone más de 48.000 millones de euros; o lo que es igual,
un 4,5% del PIB. Hablamos, por tanto, de un porcentaje que supera inclu-
so la previsión de décit público comprometida con Bruselas para este
año 2015 y que está jada en el 4,2%. Dicho en otras palabras, España
podría resolver de un plumazo los desequilibrios permanentes que
desangran las cuentas públicas si acometiera una política de contra-
tación pública más efectiva en el conjunto de la Administración del
Estado” (Navas, 2015). (Negrillas no son del texto).
Entonces se obtiene una demanda común: una “contratación pública más
efectiva en el conjunto de la Administración del Estado”. No se trata entonces
solo de corrupción y de cómo se ataca con leyes y reexiones, sino de aten-
der debidamente la gestión de riesgos del proceso de selección en procura
de disminuir las pérdidas y motivar el cumplimiento y calidad de las obras y
en tiempos y presupuestos aceptables.
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