Riesgos inherentes del proceso de contratación: requisitos de evaluación y ponderación de proponentes
| Autor | Alfonso Carlos Llamas Foliaco |
| Páginas | 199-227 |
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Capítulo 7
Riesgos inherentes del proceso de contratación:
requisitos de evaluación y ponderación
de proponentes
Los riesgos empresariales o de mercado que han permitido analizar e identi-
car riesgos asociados a los proponentes, tanto circunstanciales, de antece-
dentes y de conducta, ofrecen ahora un ltro desde el cual analizar los vacíos
presentes en los requisitos de selección de contratistas. Las alertas estarán
dadas por aquellos controles de selección cuya estática de gestión particular
e identicación de variables (riesgo estratégico) permitan que las entidades
públicas asuman riesgos aleatorios amenazantes del patrimonio público y,
en general, de los objetivos y nalidad buscada con las inversiones públicas.
7.1. Aspectos introductorios a los fallos en los controles
(preventivos, detectivos y correctivos) del riesgo propo-
nente en el proceso de contratación
Como se ha venido reiterando a lo largo de este libro, el monitoreo de circuns-
tancias y/o conductas asociadas a los proponentes y que superen los contro-
les establecidos por las inhabilidades e incompatibilidades y los requisitos de
los pliegos de condiciones no propone restringir la participación, sino gestio-
nar los riesgos provenientes de tales evidencias, a menos que se encuentren
pruebas de riesgos insoportables que impliquen un rechazo incuestionable.
En este orden de ideas, los pliegos de condiciones deben mejorar y comple-
mentar sus causales de rechazo frente a circunstancias plenamente compro-
badas, al tiempo que mejoran los modelos de gestión de riesgo del proponte
que no ocasionan el rechazo de la propuesta.
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En todo caso, el monitoreo (control detectivo) implica encontrar hechos
objetivos contravengan o conrmen lo declarado por el proponente en sus
documentos o que señalen un quebrantamiento a la verdad sobre la infor-
mación presentada. Encontradas estas anomalías entre lo vericado y lo de-
clarado, es natural que la entidad contratante pueda rechazar la oferta. Lo
que no puede suceder es que la contratación pública al amparo de la “bue-
na fe” continúe ejerciendo la indebida práctica de no vericar y contrastar la
documentación que recibe. Si las Cámaras de Comercio no validan informa-
ción alguna del Registro Único de Proponentes y tampoco el contratante (o
lo hace aleatorio en algunos procesos), todo está dado para que se ltren
irregularidades amenazantes del patrimonio público.
Nótese que los documentos e informaciones que entregan los proponentes
con su oferta, aunque incompletos para la buena gestión de los riesgos aso-
ciados al sujeto, sí son objeto de restricciones a la participación y posterio-
res consecuencias penales cuando faltan a la verdad o se advierte falsedad
agrante. Aunque, valga decirlo, tales evidencias hoy día salen a la luz por
la vericación que normalmente practican los competidores en el proceso
de selección para descalicar rivales o porque alguna veeduría ciudadana se
puso en la tarea. Pero, vistas las inconsistencias, las entidades públicas pue-
den tener como no presentados los documentos que exhiban inapelables
inexactitudes e, incluso, rechazar la propuesta con documentos alterados o
falsos, sin perjuicio de las demás consecuencias legales.
En este contexto, un formulario de autoclasicación de riesgos que integre
preguntas jurídicas (situacionales o conductuales), técnicas y nancieras re-
lacionadas con las variables de riesgo y/o conductas asociadas al proponente
que conduzcan al mejor modelo de contrato y garantía para salvaguardar los
recursos públicos y nes de la contratación estatal (con interpretación están-
dar) cobrará relevancia por el solo hecho de presionar la transparencia de lo
allí consignado, so pena de rechazo e, incluso, de consecuencias más severas
frente a las autoridades competentes.
Como una conclusión transversal a este inicio introductorio a los fallos en los
controles es imperativa esta reexión: la no revisión y validación de los documen-
tos (control detectivo) allegados por un proponente a una entidad pública con
el n de obtener contratos y recursos públicos constituye una falencia detectiva
grave a los más puros estándares de calidad en la gestión de riesgos. Las enti-
dades nancieras y de seguros estiman totalmente inaceptable ampararse en
la buena fe de cliente alguno para desconocer el debido monitoreo detectivo de
circunstancias amenazantes de su patrimonio, principio que no puede ser obvia-
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