Percepción institucional de la restitución en los Montes de María
| Autor | Margarita Marín Jaramillo/Diana Ximena Machuca Pérez/Paola García Reyes |
| Páginas | 309-337 |
309
Capítulo 11
Percepción institucional de la restitución
en los Montes de María
Margarita Marín Jaramillo
Diana Ximena Machuca Pérez
Paola García Reyes
Introducción
Las consideraciones y apreciaciones de las personas beneciarias de la política
de restitución resultan en un insumo importante para evaluar las potencia-
lidades y retos del proceso en sus distintas etapas, al tiempo que permite
observar la manera como la institucionalidad agraria y local se relaciona con
las víctimas, sobre todo si se tiene en cuenta la fragilidad del Estado en las
zonas donde inició el proceso de implementación. En primer lugar, se trata
de lugares que se vieron gravemente afectados por el conicto armado, lo cual
produjo desconanza en el accionar de las instituciones del Estado, incluyendo
a su fuerza pública1 (García, Ochoa, Pardo y Judith, 2015). En segundo lugar,
el proceso de despojo o abandono de la tierra en muchos escenarios implicó la
participación de las autoridades locales (alcaldes, concejales, notarios, regis-
tradores) y de las instituciones agrarias como el Incora-Incoder, que se aliaron
1 Este es el caso de la región Montemariana, donde las masacres perpetradas por los grupos paramilitares
bajo el mando de Rodrigo Mercado Peluo, alias ‘Cadena’ y Uber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’, tuvieron
un nivel muy estrecho de complicidad con las fuerzas militares, principalmente con la Armada, el Batallón
de Infantería y la policía de San Onofre y Tolú. Este es el caso de la masacre de Chengue, en el municipio de
Ovejas (Contraloría General de la República, 2014); de la masacre de Mampuján en María La Baja (Verdad
Abierta, 2010); y la participación del senador Álvaro García, alias ‘el gordo García’, en la masacre de Macayepo
en El Carmen de Bolívar (Corte Suprema de Justicia, Casa de Casación Penal, proceso No. 32805, 2010).
La tierra prometida. Balance de la política de restitución de tierras en Colombia
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con los agentes del despojo (Peña-Huertas, Ruiz, Parada, Zuleta y Álvarez,
2017; Quinche, 2016). Es así como el realineamiento de la institucionalidad
con respecto de los intereses de las víctimas y de la población campesina
despojada se ha convertido en uno de los propósitos de la Ley 1448, y cier-
tamente ha sido retomado dentro de los pilares del acuerdo de paz entre el
gobierno y las 2.
Este es el contexto necesario para entender el sondeo realizado en los
Montes de María a los beneciarios de la política de restitución realizado por
el Observatorio de Tierras, en colaboración con la Mesa de Interlocución y
Concertación de los Montes de María3. El sondeo se concentró en cuatro
aspectos: los perles y antecedentes del despojo de la población restituida; la
implementación del proceso de restitución; el proceso posfallo; y la evaluación
de las políticas de restitución por parte de sus beneciarios. Este artículo se
concentrará en dos de los mencionados aspectos: el balance del proceso de
restitución en Montes de María y la percepción de los restituidos sobre la
política pública.
El análisis de la restitución en Montes de María es importante por diver-
sas razones. En primer lugar, porque la región ha sido un epicentro histórico de
la disputa por la tierra en Colombia: en los años setenta a través del accionar
de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (); y a nales de
los noventa como un territorio de guerra entre paramilitares y guerrilla que
condujo al desplazamiento forzado y la apropiación violenta de la tierra. Así,
algunos de los casos de restitución han evidenciado la manera como fueron
desalojados y despojados de sus predios campesinos que en los años setenta
se habían convertido en propietarios. En segundo lugar, porque Montes de
María ha sido uno de los lugares pioneros y priorizados en la implementación
2 La restitución se encuentra en el preámbulo del acuerdo de paz rmado por las y el gobierno;
también se retoma en el punto 1 de reforma rural integral, en el subpunto 1.1.7, donde se dispone que
ambos actores comparten el propósito de restituir la tierra a las víctimas del despojo y el desplazamiento
forzado; por el último, el punto 5.1.3.6 establece las medidas sobre la restitución de tierras, en el cual se
enuncia la voluntad de las partes de continuar la implementación de la restitución obedeciendo a los
criterios establecidos por la Ley 1448 relacionados con la densidad histórica del despojo y las condicio-
nes para el retorno.
3 La Mesa es una iniciativa que surge de las Organizaciones de Población Desplazada indígenas,
afrocolombianas y campesinas de la región de los Montes de María, al ver la necesidad de propiciar el
diálogo y la articulación entre diferentes sectores y actores de la región. Actualmente está conformada
por más de 150 organizaciones.
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