La responsabilidad del Estado por la ejecución de políticas públicas relacionadas con la guerra en contra de los grupos armados ilegales en Colombia
| Autor | Hugo Andrés Arenas Mendoza |
| Páginas | 163-188 |
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La responsabilidad del Estado
por la ejecución de políticas públicas
relacionadas con la guerra en contra de los
grupos armados ilegales en Colombia
Hugo Andrés Arenas Mendoza*
Introducción
La responsabilidad extracontract ual del Estado es un tema que tiene desarrollo
particular según el territorio y el momento histórico que se analice, porque su
construcción obedece a las respuestas jurídicas a los problemas sociales, económi-
cos y culturales que enfrentan los habitantes de un país en un tiempo determinado.
Esto mismo ocurre en el caso colombiano que, desafortunadamente, tuvo
que
verse sometido a largas guerras civ iles durante el siglo ; durante el siglo
enfrentó épocas tanto de fuerte violencia entre ciudadanos como de luchas de
las Fuerzas Armadas en contra de grupos ilegales; y, nalmente, durante el
siglo , aunque se avanzó con el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (-), algunos g rupos al
margen de la ley continúan intentado controlar territorios de nuestra nación,
ejerciendo actos hostiles contra otros grupos ilegales, las Fuerzas Armadas y
la población civil. Así, nuestra historia conictiva ha impactado la evolución de la
responsabilidad estatal patria, puesto que el poder público, al tener que enfrentar
esta situación de guerra, ha tratado de implementar algunas políticas públicas
o acciones que al ser ejecutadas pueden generar daños imputables al Estado.
En este orden de ideas, para reparar estos daños antijurídicos atribuibles a
las personas o entidades que pueden comprometer la responsabilidad estatal,
*
Universidad del Rosario. Correo e lectrónico: hugo.a renas@urosario.edu.co. Orc id: https://
orcid.org/0000-0002-2832-5224
Problemas act uales de la responsa bilidad en derecho
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se
han producido sentencias que protegen los derechos de las personas emitidas
por el Consejo de Estado como juez natural para conocer de las pretensiones
a
n de indemnizar a las víct imas, y estas decisiones deben seguir los linea
mientos
tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte ) para que se cumpla con el control de constitucionalidad
y convencionalidad.
De esta manera, el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo,
según el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia (1991), ha cons-
truido líneas jurispr udenciales por los daños causados por las Fuerzas Armadas
y los grupos ilegales. Este capítulo an aliza brevemente la manera que el poder
público colombiano, al tener que enfrentar esta situación de guerra contra los
grupos armados ilegales (), ha tratado de implementar algunas políticas
públicas o acciones que al ser ejecutadas pueden generar daños imputables al
Estado, lo que causa más víctimas y la necesidad de indemnizarlas plenamente.
La elección de las sentencias obedeció, principalmente, a cuatro criterios:
a) que las providencias fueran emitidas por el Consejo de Estado de Colombia;
b) tratar de presentar la jurisprudencia más reciente, concretamente, de los
diez últimos años; c) que las sentencias fueran provenientes de diferentes ma-
gistrados de las tres subsecciones de la Sección Tercera, y d) que fueran casos
ilustrativos o ejemplos interesantes, para que no fuera una lectura repetitiva.
Al construir algunas de las políticas públicas, tanto la rama ejecutiva
como la legislativa no calculan el impacto negativo que puede traer para la
población sus decisiones, porque de manera descuidada no calculan los daños
al medio ambiente, pueden ser desviadas en su práctica, consideran que no
son una verdadera amenaza para la sociedad, en otras, debido a que, a pesar
de las consecuencias nocivas que se conocen, preeren asumir el impacto que
tengan sus acciones u omisiones, si, en todo caso, se pudiera materializar el
resultado esperado.
Los ejemplos de estas políticas públicas en que no se calcularon bien los
efectos o se produjo una inadecuada aplicación, y que ha resultado una inmensa
fuente de responsabilidad del Estado por la lucha contra los grupos ilegales,
pueden ser de diferentes clases, como artefactos explosivos, glifosato, protección
a la población desplazada, a las personas desmoviliz adas, utilización de armas
no convencionales, torturas o desapariciones forzadas a miembros de los o
utilización excesiva de la fuerza. Esp ecícamente, en este capítulo se estudiará
la jurisprudencia en los siguientes dos temas: ejecuciones extrajudiciales o falsos
positivos y los daños causados por excombatientes o reinsertados.
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