Sentencia de Unificación nº 213/22 de Corte Constitucional, 16 de Junio de 2022

El 9 de diciembre de 2020, el señor C.A.R.O. interpuso acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado por la violación de sus derechos fundamentales «al debido proceso, elegir y ser elegido, autonomía de los partidos, seguridad jurídica, confianza legítima [y] principio de legalidad».

Fundamentó su acción en los siguientes:

1. Hechos

1. El 24 de julio de 2019, el accionante se inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil como candidato a las elecciones de la Alcaldía del municipio de Girón (Santander) para el periodo constitucional 2020 - 2023. Su candidatura fue avalada por una coalición de los partidos Alianza Verde, Social de Unidad Nacional (Partido de la U), Conservador Colombiano, Alianza Social Independiente (ASI), Cambio Radical, Liberal Colombiano y por los movimientos Alternativo Indígena y Social (MAIS) y de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). Esta coalición se denominó «C.R.A..

2. En el formulario de inscripción a las elecciones E-6 AL, en el espacio para indicar el partido o movimiento político de militancia, el señor J.Á.A.S., miembro del partido Alianza Verde y quien fungió como suscriptor, indicó que el actor formaba parte de dicho partido. En la casilla destinada a señalar las organizaciones políticas que integraban la coalición, escribió las referidas en precedencia.

3. El 27 de octubre del mismo año, debido a que obtuvo la máxima votación, el señor R.O. fue elegido alcalde del municipio de G.. Tal elección fue declarada el 6 de noviembre siguiente por la Comisión Escrutadora de Santander.

4. Con sustento en la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo prevista en los artículos 107 de la Constitución, 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y 275.8 de la Ley 1437 de 2011, el señor C.L.H. ejerció el medio de control de nulidad electoral contra el acto administrativo que declaró la elección del accionante como alcalde de G..

   Para el efecto, sostuvo que de conformidad con la información contenida en el formulario de inscripción E-6 AL, el actor militaba en el partido Alianza Verde. Por esta razón, no podía apoyar a candidatos inscritos para ocupar cargos de elección por partidos políticos distintos a ese. De igual manera, advirtió que, en concordancia con el aval dado por ese partido al señor R.O., este se comprometió expresamente a respaldar de manera irrestricta las candidaturas inscritas y avaladas o coavaladas por el partido Alianza Verde para la elección de corporaciones públicas en el mismo periodo constitucional.

   A pesar de lo anterior, dijo el demandante, el señor R.O. respaldó las candidaturas de la señora Á.P.H.G. y del señor M.A. a la Gobernación de Santander, quienes no se inscribieron por el partido Alianza Verde para la elección de ese cargo uninominal. Esto, en lugar de respaldar la postulación del señor P.L.G.G., militante del partido Polo Democrático Alternativo y candidato único de la coalición «Dignidad Santandereana», conformada por dicho partido, el partido Alianza Verde y el movimiento político Colombia Humana – Unión Patriótica.

5. En la contestación de la demanda, el accionante se opuso a las pretensiones y manifestó que el 20 de junio de 2018 renunció al partido Alianza Verde y a su curul en el Concejo Municipal de G. por esa colectividad. Esa renuncia fue aceptada por el partido el mismo día. Además, señaló que de acuerdo con el aval del partido Alianza Verde, en el marco de la campaña electoral de 2019, lo único que no podía hacer era respaldar las candidaturas a corporaciones públicas por partidos diferentes a ese, lo que no comprendía las aspiraciones a cargos uninominales como la Gobernación. De otro lado, resaltó que la información contenida en el formulario de inscripción E-6 AL no era prueba de su filiación política, en la medida en que, en atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, la pertenencia a un partido político se establece con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política.

6. En Sentencia del 28 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, advirtió que antes de la inscripción a las elecciones a la Alcaldía de G., el actor había renunciado al partido Alianza Verde. Argumentó que, en ese contexto, la única prohibición que no podía violar era apoyar a candidatos distintos de los inscritos por los partidos y movimientos políticos que formaban parte de la coalición «C.R.A.. Igualmente, agregó que no existían pruebas contundentes que demostraran que el accionante había apoyado las candidaturas de la señora Á.P.H.G. y del señor M.A. a la Gobernación de Santander.

7. Esa providencia fue apelada por el demandante. En su escrito, arguyó que el Tribunal no determinó si, en realidad, el candidato militaba en algún partido o movimiento político. Así mismo, no estableció cuáles son los efectos jurídicos de los datos sobre la afiliación a un partido político, contenidos en el formulario de inscripción a las elecciones E-6 AL. Del mismo modo, advirtió que el ad quo no valoró el material probatorio que demostraba, por un lado, que el partido Alianza Verde otorgó el aval principal a la candidatura del actor y, por otro, que este apoyó a candidatos ajenos a ese partido.

   Igualmente, señaló que la persona inscrita como candidata única de los partidos que conforman una coalición no se encuentra afiliada a todos los partidos que forman parte de esta. Dijo que, de hecho, el artículo 29 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 dispone que el candidato conserva su filiación política de origen y que los demás partidos son coaligados. En consideración de la misma norma, explicó que, sin la pertenencia a un partido político, el candidato no puede inscribirse al certamen electoral, aunque represente a todos los partidos y movimientos que integran la coalición.

8. En Sentencia del 3 de diciembre de 2020, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró, con efectos ex nunc, la nulidad de la elección del accionante.

   Para sustentar su decisión, la Sala afirmó que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional[1], la información sobre los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos protege la libertad del elector.

   Al respecto, encontró demostrado que, al momento de su inscripción como candidato a la Alcaldía de G., el actor formaba parte del partido Alianza Verde. Lo anterior, al constatar que en el formulario de inscripción a las elecciones E-6 AL, en el espacio para indicar el partido o movimiento político de militancia, el actor escribió que militaba en el mencionado partido. En el mismo formulario, el señor R.O. precisó que ese partido sería el responsable de entregar la información consolidada de la campaña.

   Además, expuso que en el documento que contiene la coalición programática y política que postuló al actor, expresamente, los partidos acordaron apoyar la candidatura avalada por el partido Alianza Verde y que por esto la rendición de cuentas estaría a cargo de esa colectividad. Incluso, pactaron que la distribución de los recursos provenientes de la financiación estatal de las campañas electorales, mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos por la coalición, serían girados a ese partido.

   En un sentido similar, la Sección Quinta del Consejo de Estado llamó la atención sobre las siguientes pruebas que, a su juicio, daban cuenta de la filiación del accionante al partido Alianza Verde al momento de su elección como alcalde de G.: i) el aval principal dado a su candidatura por ese partido; ii) las autorizaciones, coavales y avales en coalición de los demás partidos que integraron la coalición «C.R.A. y iii) la respuesta a la petición presentada por el demandante ante el partido Alianza Verde, en la cual se confirma que ese partido avaló la candidatura del accionante y suscribió una coalición con otros siete partidos y movimientos políticos.

   En relación con la renuncia del actor al partido Alianza Verde, la Sala afirmó que la certificación sobre dicha renuncia es del 20 de junio de 2018, «por lo que en dicho documento constan los hechos acaecidos hasta ese momento y no los posteriores, de manera que de ese documento solo se puede establecer que el 20 de junio de 2018 el demandado presentó renuncia a esa colectividad y que fue aceptada».

   En este orden, precisó que, en concordancia con la jurisprudencia contenciosa[2], para no infringir la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, los candidatos inscritos por una coalición deberán, en primer lugar, apoyar a los candidatos de su partido de origen. En segundo lugar, y solo en caso de que no haya candidato para un cargo específico, podrán apoyar a los demás candidatos de los otros partidos que forman parte de la coalición.

   Sobre el particular, argumentó que en concordancia con el aval del partido Alianza Verde, el actor solo se comprometió a respaldar las candidaturas inscritas y avaladas o coavaladas por ese partido a las corporaciones públicas. No obstante, aclaró que el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 prevé que quienes aspiren a ser elegidos en cualquier cargo de elección popular, sin importar si se trata de corporaciones públicas o cargos uninominales, «no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados».

   La Sala determinó que, en razón de su militancia en el partido Alianza Verde y del aval de este a su candidatura, el señor R.O. debía apoyar la aspiración del señor P.L.G., candidato a la Gobernación de Santander para el mismo periodo en el cual se presentó el accionante a la Alcaldía de G.. El señor G. formaba parte del partido Polo Democrático Alternativo y se postuló a la Gobernación por una coalición de la cual formaba parte el partido Alianza Verde. Sin embargo, de acuerdo con el video aportado al proceso como prueba, el accionante respaldó públicamente la candidatura de la señora Á.P.H.Á. a la Gobernación de Santander, militante del Partido de la U, y quien fue la candidata de una coalición de la que no fue miembro el partido Alianza Verde, sino los partidos Liberal Colombiano, Colombia Justa Libres, Centro Democrático y MIRA[3].

2. Solicitud de tutela

   Con fundamento en lo expuesto, el señor C.A.R.O. solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «al debido proceso, elegir y ser elegido, autonomía de los partidos, seguridad jurídica, confianza legítima [y] principio de legalidad». En consecuencia, pidió al juez de tutela que dejara sin efectos la sentencia dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 3 de diciembre de 2020.

   En el escrito de tutela, el accionante reiteró que, en virtud de lo prescrito en el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, para efectos de determinar la violación de la prohibición de doble militancia, la pertenencia a un partido o movimiento político se establece con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política. Al respecto, insistió en que renunció al partido Alianza Verde y a su curul en el Concejo Municipal de G. el 20 de junio de 2018. Tal renuncia se fundó en la pretensión de «ser candidato en la siguiente elección por una coalición de partidos, y no por un partido en particular, en forma exclusiva o como militante de uno de ellos».

   En este orden, explicó que él no diligenció el formulario de inscripción para las elecciones E-6 AL a la Alcaldía de G.; lo hizo el señor J.Á.A.S., miembro del partido Alianza Verde, quien no tenía la facultad para convertirlo en militante de esa organización, mediante el diligenciamiento de la casilla del formulario en comento en la que se debe indicar el partido o movimiento político de militancia. Sobre este punto, resaltó que la afiliación a un partido político es un acto formal y voluntario en el que «debe mediar el consentimiento del solicitante, por cuanto de lo contrario, el hacerlo un tercero, sin autorización del titular, conlleva un vicio de legalidad de este acto jurídico, haciéndolo inoponible».

   A su juicio, la interpretación sistemática de los artículos 1502[4], 1526[5] y 1740[6] del Código Civil permite concluir que es nulo todo acto jurídico en el que se haya omitido el consentimiento de una de las partes. Por esto, «la manifestación de [su] pertenencia al partido Alianza Verde […], plasmada en la inscripción de su candidatura, por parte de un tercero, es un acto jurídico invalido e ineficaz».

   De acuerdo con lo expuesto, el actor aseguró que la sentencia dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico por las siguientes razones:

1. Tuvo por probada la «pertenencia al partido Alianza Verde […], con base en la manifestación de un tercero, sin el consentimiento del titular, realizada ante una autoridad no competente para hacer su registro, y siendo un acto jurídico inoponible» al accionante.

2. Negó cualquier valor probatorio a la renuncia que el actor presentó el 20 de junio de 2018 a ese partido político y prefirió fundar su decisión en pruebas indiciarias tales como el formulario de inscripción y el documento que contiene la coalición programática y política.

3. Consideró que el aval del partido Alianza Verde para la postulación del señor R. a la Alcaldía de G. demostraba su militancia política en esa colectividad. Además, no tuvo en cuenta que este documento acreditaba que la prohibición de doble militancia únicamente consistía en no apoyar a candidatos de otros partidos y movimientos políticos a corporaciones públicas.

4. Hizo una valoración inadecuada de los coavales, autorizaciones y avales en coalición otorgados y del acuerdo de coalición suscrito por los ocho partidos y movimientos políticos que apoyaron su candidatura. Estos documentos, dijo, evidenciaban que él representaba a todos ellos, y no solo al partido Alianza Verde.

   Así mismo, sostuvo que en dicha sentencia también se configuró un defecto sustantivo, en virtud de estas circunstancias:

1. La falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, a cuyo tenor «[l]a militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política». Es decir, no con el formulario de inscripción a las elecciones E-6 AL, como lo interpretó el Consejo de Estado.

2. La falta de aplicación de los artículos 1502, 1526 y 1740 del Código Civil, ya que la Sección Quinta le dio valor a la actuación de un tercero que no estaba facultado para disponer de un derecho ajeno como es el de pertenecer a un partido político.

3. Por la indebida interpretación del artículo 29 de la Estatutaria 1475 de 2011, pues los candidatos únicos de una coalición no pueden considerarse militantes de los partidos y movimientos que la conforman.

   Por último, alegó la configuración de un defecto por el desconocimiento del precedente fijado en las Sentencias C-490 de 2011 y C-089 de 1994, en las cuales se reconoció la autonomía de los partidos políticos para adoptar sus decisiones internas y, puntualmente, para conformar coaliciones políticas. Así, «el Consejo de Estado no podía, como lo hizo, imponer una regla de carácter general de la ley sobre el principio de autonomía y mucho menos inobservar estos precedentes, que precisamente excluyen la aplicación de reglas legales generales contra la autonomía en las decisiones internas de los partidos».

3. Trámite de instancia

   La acción de tutela fue tramitada ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado[7], la cual, mediante Auto del 14 de diciembre de 2020, ordenó su notificación al Tribunal Administrativo de Santander, a los señores C.L.H. —demandante en el proceso de nulidad electoral— y J.D.A. —coadyuvante de la demanda—, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, al partido Alianza Verde, a los partidos y movimientos que formaron parte de la coalición «C.R.A. y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

   En providencias del 5 y 16 de febrero y 25 de marzo de 2021, la misma autoridad judicial ordenó la acumulación de los expedientes n.º 11001031500020200523800, 11001031500020200520600[8] y 11001021500020200519500 al asunto de la referencia[9], por encontrar que, en los tres procesos, los accionantes solicitaron dejar sin efectos la Sentencia dictada por el Sección Quinta del Consejo de Estado el 3 de diciembre de 2020. Esto, por la presunta configuración de los defectos fáctico, sustancial y de desconocimiento del precedente. Además, constató que en las acciones de tutela acumuladas se reiteraron los hechos y argumentos expuestos por el señor R.O. en el escrito inicial.

   Posteriormente, el accionante dentro del proceso n.º 11001031500020200520600 desistió de la solicitud de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, por Auto del 5 de marzo siguiente, el consejero ponente dispuso el archivo del proceso.

   El proceso n.º 11001031500020200523800 corresponde a la acción de tutela interpuesta por la señora L.L.B.S., quien dijo actuar en calidad de ciudadana residente en el municipio de G.. En su escrito de tutela, la señora B. invocó, entre otros, la protección de su derecho fundamental a la representación política. En este sentido, reiteró los fundamentos de hecho y de derecho argüidos por el señor R.O. en su escrito de tutela.

   Por su parte, el proceso n.º 11001021500020200519500 contiene la solicitud de amparo incoada por el señor C.N.Q., quien también afirmó actuar en calidad de ciudadano residente en el municipio de G.. En su escrito, el señor N. pidió el amparo de sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la representación política. Además, sostuvo que la Sección Quinta del Consejo de Estado, sin justificación alguna, valoró de forma diferente los formularios de inscripción a las elecciones diligenciados por los señores R.O. y G.G.. Respecto del segundo, advirtió que la Sección Quinta no tuvo en cuenta que el aspirante G. era miembro del partido Polo Democrático Alternativo, y no del partido Alianza Verde.

   3.1. Contestación del consejero de estado C.E.M.R.

   El consejero ponente de la sentencia cuestionada solicitó al juez de tutela que negara las pretensiones de la acción. Para comenzar, precisó que en dicha sentencia se indicó que de conformidad con lo prescrito en el artículo 29 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, en el formulario de inscripción, los candidatos de coalición deben señalar los partidos y movimientos que integran la coalición y su filiación política. Esta obligación, en los términos de la Sentencia C-490 de 2011, protege la libertad del elector. En este sentido, insistió en que, incluso en el caso de las coaliciones, «el aspirante debe tener una filiación a un grupo político de base o de origen».

   En este orden, advirtió que durante el proceso de nulidad electoral, el formulario E-26 AL no fue tachado de falso ni desconocido por la parte demandada. Además, «si bien el suscriptor fue el señor J.Á.A.S., las inscripciones deben ser aceptadas por los candidatos, lo cual sucedió en este caso al quedar en firme».

   De la misma manera, reiteró que, en el acuerdo de coalición, los partidos y movimientos que respaldaron la aspiración del accionante, clara y expresamente, señalaron que apoyaban «la candidatura avalada por el partido Alianza Verde», por lo que esta colectividad tendría a su cargo la rendición de cuentas, el manejo de los recursos, la auditoría interna y externa, entre otras funciones. Igualmente, recordó que quedó demostrado que los demás partidos y movimientos coaligados dieron su autorización, coaval o aval en coalición, porque el partido Alianza Verde dio el aval principal. Más aún, «en dos de esos coavales se indicó con detalle que se coavalaba al candidato C.A.R.O. como candidato del Partido Alianza Verde».

   3.2. Contestación del Consejo Nacional Electoral (CNE)

   La abogada L.R.O.R., profesional adscrita a la Oficina Jurídica y de Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral, se opuso a las pretensiones de la acción de tutela. Explicó que esta carece de legitimación en la causa por pasiva respecto del CNE.

   3.3. Contestación de la Registraduría Nacional del Estado Civil

   Las delegadas del registrador nacional del estado civil en el departamento de Santander, abogadas O.H.R. y M.I.M.R., solicitaron que la entidad fuera desvinculada del trámite por no tener legitimación en la causa por pasiva.

   No obstante, sostuvieron que el principio de interpretación restrictiva, «que gobierna todo asunto que verse sobre la limitación del derecho de acceso a cargos públicos», exige que el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 sea interpretado en el sentido de que la prohibición de doble militancia no se extiende a los candidatos de coalición. Esta prohibición solo ocurre cuando un candidato milita al mismo tiempo en dos o más partidos o movimientos políticos o cuando un candidato de un partido apoya a otro avalado por un partido distinto al propio. Ambos supuestos exigen que exista plena prueba de la militancia del candidato en un partido o movimiento.

   En este punto, agregaron que es conforme a los estatutos de cada partido que se establece la militancia de sus asociados y que, en todo caso, la información consignada en el formulario E-6 AL no prueba la afiliación política del candidato inscrito.

   3.4. Contestación del Partido Alianza Verde

   Los señores R.R.H. y J.N.W., actuando en calidad de representantes legales del partido Alianza Verde, no hicieron ninguna petición al juez de tutela en relación con las pretensiones del accionante.

   Se limitaron a resaltar los siguientes hechos: i) el actor estuvo vinculado a ese partido entre junio de 2015 y el 20 de junio de 2018, fecha en la que le fue aceptada su renuncia al partido; ii) el 17 de julio de 2019, el partido Alianza Verde avaló su candidatura en coalición con siete partidos y movimientos políticos adicionales; iii) dicho aval únicamente prohibió al actor respaldar las candidaturas inscritas y avaladas o coavaladas por ese partido a corporaciones públicas, y no a cargos uninominales y iv) aquel fue elegido alcalde de G. para el periodo constitucional 2020 – 2023, por la mencionada coalición.

   3.5. Contestación del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)

   La señora M.I.P.E., presidenta y representante legal del MAIS, manifestó coadyuvar la acción de tutela interpuesta. Afirmó que los partidos y movimientos que formaron parte de la coalición «C.R.A. se unieron bajo la convicción de que el accionante no militaba en ningún partido.

   A su juicio, en consideración de la renuncia presentada por el actor al partido Alianza Verde, la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado desconoce la autonomía de las colectividades coaligadas y la formalidad del acto de inscripción a un partido político. Estima que aceptar lo contrario implicaría dejar «en manos del poder judicial una facultad que ni el constituyente y mucho menos el legislador, le han otorgado para declarar la pertenencia o militancia a un partido de los ciudadanos, sin el lleno de las formalidades establecidas en el régimen electoral que regula la materia».

   En un escrito posterior, el abogado P.J.O.R., apoderado judicial del MAIS, añadió que existe un vacío legal en relación con el alcance de la prohibición de doble militancia en el caso de los candidatos que se inscriben por una coalición, pues no es claro si dicha prohibición se extiende a aquellos. Del mismo modo, dijo que, en el evento en que se aceptara que el accionante militaba en el partido Alianza Verde, no es claro si las normas que regulan la materia lo obligaban a apoyar a un candidato que se postuló a la Gobernación de Santander, quien no era miembro de ese partido, sino que contó con su coaval.

   3.6. Contestación del Partido Social Independiente (ASI)

   La señora S.B.B.P., en su condición de representante legal del partido Social Independiente (ASI), dijo coadyuvar la solicitud de amparo. Sostuvo que, previamente a su postulación a la Alcaldía de G., el actor renunció al partido Alianza Verde y que en el proceso de nulidad electoral no se demostró su militancia a ese partido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011.

   De otro lado, precisó que los partidos Liberal Colombiano y Social de Unidad Nacional (Partido de la U) formaron parte de la coalición de partidos y movimientos que apoyaron la elección del actor como alcalde de G.. Esos y otros partidos conformaron, a su vez, la coalición que respaldó la aspiración de la señora Á.P.H. a la Gobernación de Santander. Es por esto que, al apoyar la elección de la mencionada candidata, en su opinión, el actor no violó la prohibición de doble militancia.

   3.7. Contestación del ciudadano C.L.H.

   El demandante dentro del medio de control de nulidad electoral intervino en el proceso para remitir lo que denominó una «prueba sobreviniente». Se trata de una certificación suscrita el 3 de noviembre de 2020 por el secretario general del partido Alianza Verde, J.N.W., que indica lo siguiente: «el señor C.A.R.O. […] se encuentra reconocido como militante del partido Alianza Verde desde el 1 de julio del año 2019», es decir, con anterioridad a su inscripción como candidato a la Alcaldía de G., «de conformidad con lo establecido en los artículos 8[[10]] y 9[[11]] de los estatutos del Partido» [negrilla fuera del texto original].

   3.8. Coadyuvancia de la ciudadana A.R.P. y otros

   La ciudadana R.P. y 288 personas más remitieron un escrito al juez de primera instancia en el que manifestaron coadyuvar la acción de tutela. Igualmente, solicitaron la protección de sus derechos políticos a la representación política, a elegir y ser elegido y al debido proceso. Por su parte, el proceso radicado con el n.º 11001021500020200519500 fue coadyuvado por los señores J.D.A. y M.L.A.R..

1. Sentencia de primera instancia

   En sentencia del 20 de mayo de 2021, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la falta de legitimación en la causa por activa de los accionantes en los procesos acumulados al expediente principal, así como de los coadyuvantes, y negó el amparo de los derechos fundamentales invocados[12].

   En relación con el primer punto, la Sala afirmó que los señores L.L.B.S. y C.N.Q. y las personas que presentaron escrito de coadyuvancia carecen de legitimación en la causa por activa. Recordó que, mediante la acción de tutela incoada, el señor R.O. cuestionó la Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el marco de la acción de nulidad interpuesta contra el acto que declaró su elección como alcalde de G.. Al respecto, constató que los accionantes de los procesos acumulados y las personas coadyuvantes «no demostraron haber intervenido en el proceso de nulidad electoral en el que fue dictada la sentencia objeto de tutela, ya fuera como demandantes, impugnantes o coadyuvantes, en virtud de lo previsto en el artículo 228 de la Ley 1437 de 2011[13]».

   En cuanto a la controversia jurídica sustancial, sostuvo que la acción de tutela no puede ser empleada para plantear argumentos que no fueron presentados ante el juez natural. En este sentido, resaltó que, durante el proceso de nulidad electoral, el actor no cuestionó ni tacho de falso el contenido del formulario de inscripción de su candidatura y tampoco desaprobó su diligenciamiento por un tercero. Del mismo modo, advirtió que el accionante omitió pedir la corrección de ese documento ante la autoridad electoral competente.

   Así mismo, adujo que la sentencia cuestionada analizó el material probatorio que obraba en el expediente y por ello no incurrió en un defecto fáctico. Esto, pues durante el proceso de nulidad electoral se demostró que i) el partido Alianza Verde avaló la postulación del señor R.O. a la alcaldía de G.; ii) los demás partidos y movimientos políticos que formaron parte de la coalición «C.R.A. autorizaron, coavalaron o dieron su aval en coalición al actor para inscribir su candidatura y iii) en los términos expresos del acuerdo de coalición, esta se suscribió «con el propósito de apoyar la candidatura avalada por el partido Alianza Verde»[14]. De ahí que la Sala considerara que la renuncia al partido Alianza Verde, presentada por el accionante, no tuviera la entidad suficiente para restar credibilidad al contenido de las demás pruebas, incluido el formulario E6-AL, en el que se indicó que aquel formaba parte de dicho partido.

   De otro lado, agregó que la Sección Quinta del Consejo de Estado tampoco incurrió en un defecto sustantivo por la falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, pues este establece que «[e]n el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos».

   Por último, en relación con la «prueba sobreviniente» aportada al proceso por el demandante en el medio de control de nulidad electoral, el juez de tutela consideró que aquella no podía ser valorada, toda vez que no formó parte del «caudal probatorio» de dicho medio de control.

2. Impugnación

   El 10 de junio de 2021, el accionante impugnó la sentencia de primera instancia. Afirmó que no comparte el argumento desarrollado por el juez de tutela en relación con la imposibilidad de analizar en el trámite constitucional que él no diligenció el formulario E-6 AL y que la persona que lo hizo no estaba autorizada para indicar que él militaba en el partido Alianza Verde. A su juicio, la Sección Quinta del Consejo de Estado estaba obligada a analizar la validez y los efectos jurídicos de la información contenida en dicho formulario. Estimó que esto lo habilitó para proponer ese análisis en sede de tutela, «dado que no tuvo otra oportunidad para hacerlo en sede electoral, porque el Tribunal nunca hizo pronunciamiento sobre el particular, sino solamente el Consejo de Estado al resolver la apelación».

   Sobre este aspecto, adujo que en el proceso de nulidad electoral no tachó de falso el formulario E-6 AL porque mediante este se formalizó su inscripción como candidato a la Alcaldía de G.. No obstante, en su opinión, esto no desvirtúa que la inscripción a un partido o movimiento político sea un acto formal, así como tampoco que la afirmación acerca de que él militaba en el partido Alianza Verde haya sido «ilegal porque no cumple con los requisitos para su validez».

   De este modo, insistió en que la ley no establece que la afiliación a un partido se efectúe mediante el formulario de inscripción a un certamen electoral o el otorgamiento de un aval. Sobre este último asunto, dijo que, aunque aceptó inscribirse como candidato del partido Alianza Verde, «esta declaración solamente tenía efectos como aval, pero no como prueba de militancia, en cuanto ello no era posible sin el cumplimiento de los requisitos que la ley establece para que se demuestre y tenga ocurrencia una militancia política a un partido determinado».

   Precisó que no es cierto que, para inscribirse como candidato de una coalición, el interesado deba militar en un partido político o que «para conferir un aval se deba pertenecer al partido que confiere el aval».

3. Sentencia de segunda instancia

   El 30 de agosto de 2021, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, amparó el derecho fundamental al debido proceso del accionante. En consecuencia, ordenó a la Sección Quinta de la misma corporación que dictara una nueva sentencia que atendiera lo expresado en la providencia de tutela.

   En cuanto a la falta de legitimación en la causa por activa de los señores L.L.B.S. y C.N.Q., la Sala consideró que no era necesario emitir algún pronunciamiento adicional, dado que este aspecto «no fue objeto de impugnación».

   El juez de tutela de segunda instancia encontró que en la Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado se configuraron los defectos fáctico y sustantivo. En relación con el primero, expuso que se encuentra demostrado que el 20 de junio de 2018, el partido Alianza Verde aceptó la renuncia presentada por el actor. Así, aunque dicho partido le otorgó su aval para la postulación a la Alcaldía de G., de ello no se sigue que el accionante fuera miembro de esa colectividad. Además, estimó que, a diferencia de lo afirmado por la Sección Quinta, la información consignada en el formulario de inscripción de la candidatura «no constituye prueba de la pertenencia al partido Alianza Verde, pues de conformidad con el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, la militancia a un partido o movimiento político debía establecerse con la inscripción que realizara el referido candidato ante la respectiva organización política».

   De igual manera, sobre el defecto sustantivo, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado añadió que la sentencia cuestionada interpretó de manera errónea los artículos 2 y 29 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, ya que estos no extienden la prohibición de doble militancia a los candidatos que se inscriben por una coalición. Así, es claro que «el artículo 2, que reguló lo relacionado con la doble militancia, no hizo referencia a coaliciones y el artículo 29, que se pronunció sobre las coaliciones, no se refirió a la doble militancia».

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, y con la selección y el reparto efectuados el 31 de enero de 2022[15], la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas.

El MAIS, el ASI, la ciudadana A.R.P. y 288 personas más remitieron escritos en los que afirmaron coadyuvar la acción de tutela interpuesta por el señor C.R.O..

El inciso segundo del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que la persona que tenga «un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él» para respaldar las pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela. La jurisprudencia constitucional ha definido la coadyuvancia en los procesos de tutela como «la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela»[16].

Al respecto, la Corte ha estimado que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[17]. Así mismo, no podrá modificar el problema jurídico planteado en la acción de tutela[18] ni «realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante»[19].

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta las limitaciones legales y jurisprudenciales de la coadyuvancia, la Sala Plena se centrará en los argumentos planteados en la acción de tutela, y no se referirá a aquellos que difieran o no formen parte de ella.

Antes de plantear los problemas jurídicos sustanciales, la Sala debe verificar si la acción de tutela de la referencia es procedente. Para el efecto, es menester reiterar que, actualmente, en aplicación del precedente fijado en la sentencia C-590 de 2005, la acción de tutela contra providencias judiciales procede únicamente cuando satisface los siguientes requisitos generales:

1. Legitimación en la causa por y activa y por pasiva. La acción de tutela debe ser interpuesta por el titular de los derechos fundamentales invocados o por quien actúe legítimamente en su nombre, y debe estar dirigida contra la persona «llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental»[20].

2. Relevancia constitucional. La acción de tutela satisface este requisito cuando[21]: i) gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, ii) no es empleada como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso, iii) se orienta a resolver aspectos que trascienden cuestiones legales y iv) no se contrae a dirimir discusiones estrictamente económicas o patrimoniales.

3. S.. La acción de tutela es procedente cuando previamente se han agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable[22].

4. I.. La tutela se debe haber interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[23].

5. «Irregularidad procesal decisiva»[24]. Cuando en la acción de tutela se alegue una irregularidad procesal, esta debe tener un efecto decisivo en la sentencia cuestionada[25].

6. «Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho»[26]. El accionante debe identificar tanto los hechos que generaron la afectación como los derechos vulnerados. Además, tal afectación se debe haber alegado en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible[27]. Igualmente, debe precisar los defectos en que incurrió la providencia judicial atacada[28].

7. No debe tratarse de sentencias de tutela[29].

   Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, cuando la acción de tutela se dirige contra una sentencia dictada por una alta corte, «la sustentación de los requisitos generales de procedencia requiere de una argumentación cualificada»[30]. Esto es así porque las altas cortes cumplen un rol fundamental en el sistema judicial: son los órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones y, por tanto, establecen la interpretación autorizada de las normas que aplican para resolver los asuntos puestos a su consideración[31].

   Por lo anterior, en punto a los requisitos generales, concretamente, corresponde al juez de tutela hacer un examen más estricto del requisito de relevancia constitucional que aquel que se realiza en otros casos en los que se estudia la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[32].

   Pasa la Corte a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en el presente caso.

   3.1. Legitimación en la causa por activa y por pasiva

   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario a disposición de toda persona para solicitar, por sí misma o por quien actúe legítimamente en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales. El artículo 13 del mencionado decreto precisa que la acción se debe dirigir «contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental».

   En relación con el señor C.A.R.O., el presente caso satisface el presupuesto de legitimación en la causa por activa, toda vez que él es el destinatario de la decisión judicial contra la cual se dirige la acción de tutela. Del mismo modo, la acción cumple la exigencia de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que se interpuso contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, autoridad judicial que dictó dicha decisión.

   Respecto de los actores en las acciones de tutela acumuladas a la solicitud de amparo principal, la Sala constata que los jueces de tutela declararon su falta de legitimación en la causa por activa porque no fueron demandantes, impugnantes o coadyuvantes en el proceso de nulidad electoral[33]. Ciertamente, tanto la señora L.L.B.S. como el señor C.N.Q. dijeron actuar en calidad de residentes del municipio de G.. Ambos solicitaron la protección, entre otros, de su derecho fundamental a la representación política reconocido en el artículo 40 de la Constitución.

   Tratándose de acciones de tutela orientadas a obtener la protección del derecho fundamental a la representación política efectiva[34], la Corte ha sostenido que, para verificar el cumplimiento del requisito de legitimación en la causa por activa, es necesario acreditar dos condiciones: i) que el peticionario haya ejercido el derecho al voto, «sin que ello signifique una exigencia para el sufragante de demostrar cuál fue la persona o la lista por la cual votó»[35] y ii) en el caso de que se trate de la elección de autoridades locales, que ese derecho se haya ejercido en la circunscripción electoral correspondiente[36].

   Conforme a lo anterior, la Corte observa que, en virtud del derecho fundamental invocado, la legitimación en la causa por activa de los accionantes L.L.B.S. y C.N.Q. no depende de si intervinieron o no como demandantes, impugnantes o coadyuvantes en el proceso de nulidad electoral. Lo correcto, a la luz de la jurisprudencia constitucional, es examinar si se cumplen las exigencias indicadas en el párrafo precedente, es decir, si ejercieron el derecho al voto en el certamen electoral celebrado el 27 de octubre de 2019 en el municipio de Girón (Santander).

   Al respecto, la Sala constata que la señora B.S. sí acreditó haber ejercido el derecho al voto en las elecciones efectuadas en la fecha indicada y, específicamente, en aquellas que tuvieron lugar en el municipio de G. para la elección del alcalde municipal. Esto, mediante la presentación del certificado electoral expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil[37]. Por este motivo, a diferencia de lo sostenido por los jueces de instancia, se ha de concluir que la acción de tutela incoada por la señora B. sí cumple el requisito de legitimación en la causa por activa.

   Por el contrario, el señor N.Q. no demostró haber ejercido el derecho al voto el 27 de octubre de 2019 en el municipio de G.. En consecuencia, la Sala considera, como lo hicieron los jueces de instancia, pero por razones distintas, que la acción de tutela promovida por el señor N. no satisface la exigencia bajo estudio.

   3.2. Relevancia constitucional

   El recuento de los hechos y de las actuaciones judiciales demuestra que la controversia planteada entraña un asunto de indiscutible relevancia constitucional. Esto es así por los motivos que se explican a continuación.

   En primer lugar, el caso entraña un debate jurídico sobre el contenido de la prohibición constitucional y estatutaria de la doble militancia (artículos 107 de la CP y 2 de la Ley 1475 de 2011) y el derecho de los partidos y movimientos políticos a conformar coaliciones para aspirar a cargos públicos de representación popular (artículos 262 de la CP y 29 de la Ley 1475 de 2011).

   En segundo lugar, la acción de tutela no es empleada como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso, ya que los defectos que se invocan se habrían configurado en la sentencia que le puso fin al medio de control de nulidad electoral. Esta sentencia revocó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y que, por tanto, fue favorable a los intereses de la parte accionante en sede de tutela. De ahí que, en estricto rigor jurídico, los argumentos constitucionales invocados en la solicitud de amparo no hayan sido debatidos en el curso del proceso ordinario.

   En tercer lugar, el asunto se orienta a resolver aspectos que trascienden cuestiones legales, por cuanto tiene una relación directa e inmediata con el alcance de la prohibición constitucional de doble militancia, concretamente, con su aplicación a los candidatos de coalición y con el acto de inscripción en un partido o movimiento político. Ambos asuntos tienen un vínculo inescindible con los derechos fundamentales a elegir y ser elegido (artículo 40.1 de la CP), afiliarse libremente a un partido político (artículo 40.3 de la CP) y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (artículo 40.7 de la CP).

   Adicionalmente, es claro que el caso sub judice no se contrae a dirimir discusiones económicas o patrimoniales.

   Por último, la Corte resalta que el asunto satisface el requisito de argumentación cualificada, el cual debe ser examinado cuando la providencia que se cuestiona en sede de tutela fue dictada por una alta corte. Lo anterior es así no solo por las razones explicadas en precedencia. Al respecto, y sin que esto implique un desplazamiento de dicha carga, conviene señalar aquí que la selección del expediente de la referencia fue solicitada por la magistrada de la Sección Quinta del Consejo Estado R.A.O..

   En su escrito, la magistrada sostuvo que negarle valor probatorio al formulario de inscripción E-6 AL, como en efecto lo hizo el juez de tutela de segunda instancia, desconoce el precedente jurisprudencial fijado en las Sentencias C-490 de 2011 y C-334 de 2014, así como en los artículos 107 de la Constitución y 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011. Esto, en relación con la prohibición constitucional de doble militancia y el alcance de esta respecto de los candidatos de coalición.

   Igualmente, precisó que como consecuencia del fallo que declaró la nulidad de la elección del actor como alcalde del municipio de G., en esa localidad se realizaron elecciones atípicas. No obstante, «el juez constitucional omitió vincular a la nueva mandataria electa popularmente, quien tenía el derecho de intervenir en el trámite constitucional». A su juicio, esta situación demanda la «intervención de la Corte Constitucional para subsanar la presente omisión, dado que se le impidió a esta conocer del proceso e intervenir en él para defender sus derechos».

   3.3. Requisito de subsidiariedad

   El artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Además, el numeral 1º del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la existencia de otro medio de defensa «será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante».

   De conformidad con los hechos descritos y las pretensiones incoadas por el señor R.O., la Corte concluye que la acción de tutela cumple el requisito de subsidiariedad por las razones que pasan a exponerse.

   El accionante no dispone de ningún recurso ordinario para impugnar la sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Justamente, se trata de una providencia de segunda instancia aprobada con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante dentro del proceso de nulidad electoral. Así mismo, el actor no puede hacer uso del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, toda vez que este solo procede «contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos»[38].

   Ahora bien, la Corte no pasa por alto que la acción de tutela se dirigió contra una sentencia ejecutoriada dictada por una de las secciones del Consejo de Estado[39]. Esto, en principio, haría improcedente la solicitud de amparo porque el actor tendría a su disposición el recurso extraordinario de revisión para atacar la sentencia cuestionada. No obstante, en atención a lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011[40], ni los antecedentes del caso ni la pretensión de tutela encuadran en alguna de las causales de procedibilidad de dicho recurso.

   En este punto, se debe recordar que en la acción de tutela se alegó la supuesta configuración de los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente. En lo que aquí concierne, el defecto fáctico se fundó, entre otras razones, en la inadecuada valoración probatoria del formulario de inscripción E-6 AL. Según el actor, quien diligenció ese formulario indicó, sin ser cierto, que él pertenecía al partido Alianza Verde.

   En principio podría pensarse que, mediante la invocación de la causal del recurso extraordinario de revisión consistente en «[h]aberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados»[41], el accionante podría alegar el defecto fáctico que endilga a la sentencia materia de la acción de tutela. Sin embargo, lo cierto es que la jurisprudencia constitucional y contenciosa han considerado algunos límites que hacen inviable la interposición de ese recurso en el presente caso.

   En efecto, este Tribunal ha sostenido que el recurso extraordinario de revisión i) «no puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al proceso»[42]; ii) se sustenta en «hechos nuevos y externos al proceso que aparecen con posterioridad a la sentencia»[43] y iii) procede por las causales taxativamente señaladas en la ley, las cuales son de interpretación restrictiva. Además, ha entendido que el mencionado recurso desplaza a la solicitud de amparo cuando «la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter de fundamental»[44].

   En este escenario, ha dicho la Corte, aunque el recurso extraordinario de revisión es un medio idóneo y eficaz, la acción de tutela procederá de forma directa cuando «i) el derecho fundamental cuya protección se solicita no sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso y ii) las causales de revisión no se encuadren dentro de los hechos denunciados por el accionante»[45].

   De igual manera, el Consejo de Estado ha precisado que, para la configuración de la causal en comento, se requiere que la falsedad o adulteración verse sobre un documento que haya sido decisivo para adoptar el fallo recurrido. Al respecto, la jurisprudencia contenciosa de los años noventa exigía, para su invocación, la existencia de una sentencia penal que declarara la falsedad. En la actualidad, no es necesario el cumplimiento del tal requisito, pues la falsedad o adulteración es determinada por el juez del recurso[46].

   En este orden, el Consejo de Estado ha explicado que la falsedad puede ser material o ideológica, «siendo la primera la mutación física del documento y correspondiendo la segunda a la alteración intelectual de su contenido»[47]. Ahora bien, para que «prospere la causal, el recurrente debe haber obtenido la prueba o certeza de la falsedad de los documentos con posterioridad a la sentencia atacada, y no durante el trámite del proceso ordinario» [negrilla fuera del texto original][48]. Esto es así porque si la constatación de la falsedad tuvo lugar durante el proceso, esta situación debió ponerse en conocimiento del juez natural antes de la sentencia. Y, además, porque el recurso extraordinario de revisión «no puede ser utilizado para subsanar la falta de actividad probatoria de las partes»[49].

   En aplicación de las condiciones expuestas, la Sala estima que la acción de tutela de la referencia satisface el requisito de subsidiariedad en relación con el recurso extraordinario de revisión por cuatro razones. Primera, la acción de tutela se sustenta en las mismas pruebas que fueron conocidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado. De hecho, lo que se cuestiona en la solicitud de amparo es, en realidad, la valoración que de las mismas hizo esa Sección[50]. Segunda, en ella no se alegan hechos nuevos, externos o posteriores al proceso. El valor probatorio del formulario de inscripción E-6 AL para demostrar la pertenencia a un partido político es un asunto que se puso de presente desde la demanda en el medio de control de nulidad electoral. Además, lo cierto es que el accionante no tiene pruebas —o al menos no las aportó al proceso de tutela— sobre la falsedad ideológica del formulario de inscripción E-6 AL.

   Tercera, cuando el juez de tutela de primera instancia increpó al accionante sobre los motivos por los cuales durante el proceso contencioso no tachó de falso dicho documento, el señor R.O. advirtió que sus reparos se orientaban más bien a demostrar que i) la vinculación a un partido político es un acto formal y voluntario que solo se puede probar con la inscripción en la respectiva organización política y ii) que la afirmación de un tercero acerca de que él militaba en el partido Alianza Verde es «ilegal porque no cumple con los requisitos para su validez», particularmente, con el relativo al consentimiento del titular del derecho. Esto, en estricto rigor jurídico, no tiene una relación directa con la autenticidad o veracidad del documento. Cuarta, en la acción de tutela no solo se solicita la protección del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP), sino también del derecho político fundamental a elegir y ser elegido (artículo 40.1 de la CP) y del derecho de los partidos al ejercicio de su autonomía (artículo 107 de la CP).

   Por las razones expuestas, la Corte concluye que el asunto de la referencia satisface la exigencia de subsidiariedad.

   3.4. Requisito de inmediatez

   En concordancia con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela debe interponerse en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la presunta vulneración de los derechos fundamentales[51]. Dado que el propósito del amparo es asegurar la protección urgente, inmediata y actual de esos derechos, el transcurso de un lapso importante entre la presunta violación y la presentación de la acción de tutela «es indicativo de la menor gravedad de la vulneración alegada o de la poca importancia que tendría el perjuicio que ella causa»[52].

   La Sala constata que el presente caso cumple la exigencia de inmediatez, pues la sentencia objeto de reproche fue dictada el 3 de diciembre de 2020 y la solicitud de amparo fue interpuesta seis días después.

   3.5. Irregularidad procesal decisiva

   El presente caso no se refiere a una irregularidad procesal con incidencia en el fallo. Como ya se indicó, en la acción de tutela se alegó la supuesta configuración de los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente. El defecto fáctico se sustentó en la inadecuada valoración probatoria de varios documentos aportados al proceso. Por su parte, el defecto sustantivo se fundó en la falta de aplicación de los artículos 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y 1502, 1526 y 1740 del Código Civil, así como en la indebida interpretación del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011. Por último, se afirmó que la Sección Quinta del Consejo de Estado no atendió el precedente jurisprudencial fijado en las Sentencias C-490 de 2011 y C-089 de 1994.

   3.6. Identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho

   El accionante identificó los hechos que generaron la afectación de derechos fundamentales —Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado—, los derechos vulnerados —al debido proceso y a elegir y ser elegido (artículos 29 y 40.1 de la CP, respectivamente)— y los defectos en que habría incurrido la sentencia cuestionada —defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente—.

   Tal afectación no fue alegada dentro del proceso judicial, pues, como se indicó, la acción de tutela se dirigió contra una providencia de segunda instancia que puso fin al proceso. Esta fue aprobada con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante dentro del medio de control de nulidad electoral.

   3.7. No debe tratarse de sentencias de tutela

   De acuerdo con lo anterior, mediante la solicitud de amparo no se atacó una sentencia de tutela, sino una sentencia dictada en un proceso que conoció el Consejo de Estado, en ejercicio de su función de tribunal supremo de lo contencioso administrativo[53].

4. Problemas jurídicos y metodología de la decisión

   En el presente caso, corresponde a la Corte Constitucional resolver los siguientes problemas jurídicos:

1. ¿La Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico, en la medida en que, con base en medios de prueba diferentes a la inscripción formal ante el partido Alianza Verde, y con independencia de la renuncia presentada por el señor R.O. a ese partido, concluyó que, al momento de su inscripción como candidato a la Alcaldía de G., el accionante militaba en esa organización política?

   Para resolver esta pregunta, la Sala deberá tener en cuenta que dicha conclusión se fundó en i) la información contenida en el formulario de inscripción E-6 AL y, puntualmente, en aquella consignada en la casilla destinada a indicar la organización política a la que pertenece el candidato; ii) el aval dado al actor por el partido Alianza Verde; iii) los coavales, autorizaciones y avales en coalición otorgados al accionante y iv) el acuerdo de coalición suscrito por los ocho partidos y movimientos políticos que apoyaron su candidatura.

   Este cuestionamiento solo podrá ser respondido luego de determinar cuáles son los efectos jurídicos del formulario de inscripción de una candidatura, quiénes son las personas responsables de la información registrada en él y si este, así como los avales principales en coalición y los coavales otorgados por los partidos y movimientos políticos constituyen medios idóneos para determinar la filiación política del candidato.

2. ¿La Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo por cuanto, para concluir que el accionante formaba parte del partido Alianza Verde, no aplicó el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, así como los artículos 1502, 1526 y 1740 del Código Civil, e interpretó en indebida forma el artículo 29 de la Ley Estatutaria?

   Para dar respuesta a esta pregunta, la Sala deberá considerar que, para efectos de determinar el incumplimiento de la prohibición de doble militancia, el mencionado artículo 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 dispone que «[l]a militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política». En este contexto, la Corporación deberá establecer, entonces, si para garantizar la finalidad que persigue la citada norma, dicha inscripción es el único documento idóneo para acreditar la afiliación a un partido político. A la vez, deberá tener en cuenta que el inciso tercero del artículo 29 ejusdem estatuye que «[e]n el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos».

   Ahora bien, de acuerdo con los argumentos expuestos en el escrito de tutela, la Sala Plena entiende que el actor da por sentado que la prohibición constitucional y estatutaria de doble militancia no se extiende a los candidatos inscritos por una coalición de partidos. Esta observación se sustenta en el hecho incontestable de que la defensa del señor R.O., tanto en el proceso de nulidad electoral como en la acción de tutela, se centró en que, al momento de su inscripción a las elecciones de la Alcaldía de G., no militaba en el partido Alianza Verde y, por tanto, no podía incumplir la prohibición mencionada. Según los hechos que fundamentan la acción de tutela y las intervenciones presentadas durante su trámite, esta posición fue respaldada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y acogida por el juez de tutela de segunda instancia.

   La posición contraria a la descrita en precedencia fue defendida expresamente por el Tribunal Administrativo de Santander y la Sección Quinta del Consejo de Estado. Por su parte, el MAIS argumentó que existe un vacío legal en relación con esta cuestión, pues desde el punto de vista normativo, no es claro que la prohibición de doble militancia se extienda a los candidatos que se inscriben por una coalición.

   La Corte considera que, si bien este análisis no fue propuesto por el accionante en su escrito, su abordaje resulta fundamental para resolver el segundo problema jurídico. Se trata de un asunto transversal que subyace a las particularidades del caso concreto y que, por ello, debe ser considerado por el juez constitucional. De hecho, en la sentencia de tutela de segunda instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que su homóloga de la Sección Quinta había incurrido en un defecto sustantivo porque los artículos 2 y 29 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 no extienden la prohibición de doble militancia a los candidatos que se inscriben por una coalición.

   Por esto, la Sala Plena también deberá establecer si las candidaturas de coalición se encuentran exceptuadas de la prohibición constitucional y estatutaria de doble militancia. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, deberá aclarar cuál es el alcance de la mencionada prohibición cuando, como ocurrió en el presente caso, un candidato de coalición apoya a un candidato de otra coalición de la cual no forma parte el partido político indicado en el formulario E-6 AL, en una circunscripción diferente, dentro del mismo proceso electoral.

3. ¿La Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente, toda vez que no atendió el precedente fijado en las Sentencias C-490 de 2011 y C-089 de 1994, en las cuales la Corte Constitucional reconoció la autonomía de los partidos políticos para adoptar sus decisiones internas y, concretamente, para conformar coaliciones políticas?

   Con el propósito de dar solución a los tres problemas jurídicos planteados, la Sala Plena centrará su análisis en los siguientes temas: i) los requisitos especiales o específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, puntualmente, las causales de defecto fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente constitucional; ii) la inscripción de candidaturas; iii) la prohibición constitucional y estatutaria de doble militancia y iv) las coaliciones políticas. Finalmente, dará solución al caso concreto.

5. Trámite ante la Corte Constitucional

   Mediante auto del 7 de marzo de 2022, y con el fin de contar con mayores elementos de juicio para decidir el caso, el despacho de la magistrada ponente solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado que remitiera copia íntegra del expediente del proceso de nulidad electoral. En lo pertinente, la Sala se referirá a esta prueba en la solución del caso concreto.

   Igualmente, el 4 de abril siguiente, dispuso la vinculación al presente trámite de la señora Y.M.R.E., quien el 24 de junio de 2021 se posesionó como alcaldesa del municipio de G., luego de obtener la máxima votación en las elecciones atípicas celebradas cuatro días antes. Del mismo modo, ordenó el envío de la sentencia de reemplazo dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 14 de octubre de 2021, en cumplimiento de la Sentencia de tutela aprobada el 30 de agosto de 2021 por la Subsección B de la Sección Tercera de la misma corporación. Así mismo, pidió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado copia de los escritos de tutela y de las pruebas aportadas al proceso en los dos expedientes acumulados a la acción de tutela principal con el fin de verificar la legitimación en la causa de los accionantes.

   En la misma oportunidad, dispuso que la Alcaldía Municipal de G. remitiera una certificación en la que indicara quién es en la actualidad el alcalde de ese ente territorial y desde cuándo está en ejercicio del cargo.

   Por último, ordenó el traslado de la prueba aportada al proceso de tutela por el señor C.L.H., demandante dentro de la acción de nulidad electoral, para que las partes y los terceros con interés se pronunciaran sobre ella.

   El 27 de abril de 2022, la Alcaldía de G. certificó que el accionante se posesionó como alcalde municipal el 19 de diciembre de 2019. Ocupó dicho cargo entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de febrero de 2021, fecha esta en la cual se apartó del mismo, en virtud de la sentencia objeto de la presente acción de tutela. Posteriormente, y con ocasión de la sentencia de tutela de segunda instancia, reasumió sus funciones el 14 de octubre de 2021.

   En escrito remitido a la magistrada ponente el 2 de mayo del mismo año, la señora Y.M.R.E. solicitó el restablecimiento de sus derechos fundamentales «a la participación, a ser elegido, a ejercer [su] trabajo y al debido proceso, todos estos vulnerados por la falta de seguridad jurídica y coordinación entre las instituciones que han intervenido en el proceso de nulidad del alcalde de Girón para el periodo 2020 – 2023 y que por ende han adoptado decisiones que [la] han afectado directamente». En consecuencia, pidió a la Corte Constitucional que declare que es la alcaldesa de ese municipio hasta que culmine dicho periodo.

   Del mismo modo, el 12 de mayo de 2022, el señor C.L.H. afirmó que acata la decisión de tutela de segunda instancia que concedió el amparo invocado. Agregó que al presente trámite también debió vincularse a los demás candidatos que participaron en las elecciones atípicas. En relación con la prueba sobreviniente aportada por él al proceso de tutela, advirtió: «reconociendo que lo importante es preservar el derecho constitucional amparado al señor C.A.R.O., quien a la postre representa el interés de la mayoría de los gironeses y dado que la prueba que hoy nos ocupa, no obró dentro del proceso de nulidad electoral; mal haría el suscrito insistir en que se estime dentro del proceso de tutela que aquí nos ocupa en revisión»[54].

6. Causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente. Reiteración de jurisprudencia

   En la ya citada Sentencia C-590 de 2005, la Sala Plena determinó que la acción de tutela contra providencias judiciales no solo depende del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad. Adicionalmente, precisó que la solicitud de amparo también debe sujetarse a alguna de las causales de procedibilidad especiales o específicas.

   Esto significa que la irregularidad que se alega debe encuadrarse razonablemente como un i) defecto orgánico, el cual se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece de manera absoluta de competencia para ello, conforme a lo previsto en las normas que regulan la competencia; ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez no tenía el apoyo probatorio con base en el cual aplicó el supuesto legal en el que sustentó su decisión; iv) defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) error inducido, el cual tiene lugar cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afectó derechos fundamentales; vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de las decisiones judiciales; vii) desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta cuando, por ejemplo, la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance; o viii) violación directa de la Constitución, que se presenta cuando el operador judicial desconoce el valor normativo de los preceptos constitucionales.

   Al igual que ocurre con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, tratándose de los requisitos específicos, la Sala Plena también ha definido un criterio adicional de procedibilidad sustancial, de carácter restrictivo, cuando se trata de decisiones de las altas cortes. Este criterio está orientado por «la urgencia de la intervención del juez constitucional y la incompatibilidad insuperable entre la decisión judicial adoptada y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el alcance de los derechos fundamentales»[55].

   De acuerdo con la jurisprudencia, cuando la providencia atacada ha sido dictada por una alta corte, el juez de tutela deberá «aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando […] pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión»[56]. Esto implica otorgar un grado superior de deferencia a la decisión, dado que las providencias de las altas cortes «están cobijadas por una garantía de mayor estabilidad que las decisiones proferidas por otros jueces, en razón de su papel en el ordenamiento jurídico»[57].

   A continuación, la Corte abordará brevemente la caracterización jurisprudencial de los defectos invocados por el accionante en el escrito de tutela.

   6.1. Defecto fáctico

   Esta Corporación ha sostenido que, de manera general, el defecto fáctico puede presentarse de dos formas o dimensiones: una positiva, en la cual la autoridad judicial valora pruebas que fueron practicadas, recaudadas y valoradas en contravía de las formas propias de cada juicio[58] o decide con base en pruebas que, «por disposición de la ley, no son demostrativas del hecho objeto de la decisión»[59]. Y otra negativa, que se materializa cuando el fallador no otorga valor probatorio o valora una prueba «de manera arbitraria, irracional, caprichosa»[60].

   Al respecto, la jurisprudencia ha precisado que el defecto fáctico se produce cuando, para adoptar la decisión, el juez i) en contra del material probatorio, opta por separarse de los hechos debidamente probados y resuelve el asunto a su arbitrio[61]; ii) hace una valoración probatoria por completo equivocada, irracional o arbitraria, en la medida en que para el efecto se aparta de las reglas de la lógica[62] o de aquellas aplicadas a casos análogos[63]; iii) se abstiene de valorar pruebas porque no las advirtió o simplemente no las tuvo en cuenta, a pesar de que eran determinantes para resolver el caso[64]; iv) omite practicar pruebas sin ninguna justificación, bien porque estas fueron solicitadas por las partes o las hubiera podido decretar de oficio[65] o v) resuelve el asunto con base en «pruebas que no tienen relación alguna con el objeto del proceso (impertinentes) [o] que no permiten demostrar el supuesto de hecho (inconducentes)»[66].

   De este modo, la Corte ha señalado que la valoración probatoria deberá orientarse por «criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez; racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas»[67].

   Ahora bien, para determinar la configuración de un defecto fáctico, el juez constitucional deberá considerar que, en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de la CP), los operadores judiciales cuentan con un amplio margen para valorar las pruebas[68]. Esto significa que las diferencias que puedan surgir en la apreciación de una prueba no siempre deberán ser observadas como un error en la valoración fáctica[69]. Por ello solo los errores ostensibles, flagrantes, manifiestos[70] y que tenga una incidencia determinante, fundamental o sustancial en la decisión podrán ser admitidos como defectos fácticos[71].

   En este escenario, además, el juez constitucional deberá tener en cuenta que, en materia probatoria, prima facie, el único límite del juez natural se encuentra en el respeto por los postulados de la razonabilidad que deben guiar todas las actuaciones públicas y la aplicación las reglas de la sana crítica[72]. Por tanto, «la intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido»[73]. Así, en caso de que una prueba pueda ser valorada de maneras diversas y razonables, el juez de tutela deberá: i) considerar que «es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto»[74] y ii) asumir, salvo que los hechos acrediten lo contrario, «que la valoración de las pruebas realizadas por aquel es razonable y legítima»[75].

   6.2. Defecto sustantivo

   El defecto material o sustantivo se configura cuando la decisión judicial incurre en un error en la interpretación o aplicación de las normas en que debió apoyarse[76]. En otras palabras, el defecto sustantivo tiene lugar cuando el juez desborda los límites impuestos por los principios de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar el derecho[77].

   La jurisprudencia constitucional ha identificado los siguientes supuestos en los que una providencia judicial incurre en un defecto material o sustantivo: i) cuando aplica una norma evidentemente inaplicable o deja de aplicar la que claramente lo es[78]; ii) realiza una interpretación de la norma que «contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica»[79] porque le confiere un sentido o un alcance que no tiene (interpretación contraevidente o contra legem)[80] o le otorga un efecto distinto a los previstos en la Constitución o la ley[81]; iii) carece de fundamento jurídico porque se sustenta en una norma que no existe, ha sido derogada o declarada inconstitucional[82]; iv) aplica una norma que debe ser interpretada sistemáticamente con otras que no fueron tenidas en cuenta y resultan necesarias para resolver la controversia[83] y v) aplica normas constitucionales que no son aplicables al caso concreto[84].

   Así mismo, una providencia incurre en un defecto sustantivo cuando i) presenta una incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión[85]; ii) interpreta y aplica una norma de una manera que desconoce una sentencia con efectos erga omnes[86]; iii) aplica normas abiertamente inconstitucionales en el caso concreto, es decir, se abstiene, sin justificación alguna, de aplicar la excepción de inconstitucionalidad[87]; iv) efectúa una interpretación que, en principio, parece razonable, «pero que en realidad es contraria a los postulados constitucionales o conduce a resultados desproporcionados»[88] y v) desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo de argumentación[89].

   Con todo, las situaciones enunciadas en precedencia deben ser analizadas desde una perspectiva restrictiva. Al igual que ocurre con los supuestos que dan lugar al defecto fáctico, en consideración de los principios de autonomía e independencia judicial, el juez natural tiene un amplio margen para interpretar y aplicar el derecho. De este modo, «la mera inconformidad con el análisis efectuado por la autoridad judicial no habilita la intervención del juez constitucional»[90].

   Ahora bien, es claro que los citados principios no equivalen a una potestad para aplicar e interpretar el ordenamiento jurídico de cualquier manera. Esto es así porque la facultad de administrar justicia es reglada[91] y la Constitución impone «el respeto por la corrección dentro del sistema jurídico y la realización de los principios, derechos y deberes constitucionales»[92].

   En consecuencia, ante la invocación de un defecto sustantivo, «el camino a seguir por el juez de tutela […] es estrecho», ya que él no es el llamado a señalar «la interpretación correcta o conveniente en un caso específico por encima del juez natural»[93]. De ahí que el juez constitucional deba comprobar la incidencia o trascendencia del error en la decisión[94] y solo pueda intervenir en aquellos casos en que la interpretación objeto de censura sea irrazonable, desproporcionada, arbitraria, caprichosa y contraria a la efectividad de los derechos fundamentales[95].

   6.3. Defecto por desconocimiento del precedente constitucional

   Este defecto se configura cuando la autoridad judicial desconoce el precedente de orden constitucional «sin referirse expresamente a la jurisprudencia que resuelve casos análogos y sin exponer razones suficientes que ameriten el distanciamiento»[96].

   La Corte ha afirmado que, para entender el alcance de este defecto, es necesario tener en presentes dos aspectos sobre el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional[97]. En primer lugar, desde la Sentencia SU-047 de 1999, existe claridad acerca de que solo la parte resolutiva (decisum) y la regla de decisión (ratio decidendi) de las sentencias tienen valor vinculante. De este modo, los argumentos accesorios utilizados para complementar y dar contexto al fallo judicial, conocidos como obiter dicta, no tienen dicho valor. En segundo lugar, el fundamento normativo de la obligatoriedad de las sentencias de la Corte varía según si se trata de sentencias de constitucionalidad o de tutela.

   En relación con las primeras, la naturaleza vinculante de las sentencias se deriva de sus efectos erga omnes y de la cosa juzgada constitucional (artículo 243 de la CP)[98]. En el caso de las sentencias de tutela, los principios de igualdad (artículo 13 de la CP), supremacía constitucional (artículo 4 de la CP) y seguridad jurídica (artículo 230 de la CP), así como la efectividad de los derechos fundamentales (artículo 2 de la CP), exigen que la ratio decidendi de la jurisprudencia en vigor de la Corte Constitucional[99] prevalezca sobre la interpretación del alcance de los derechos fundamentales efectuada por otras autoridades judiciales[100].

   En ambos casos, la ratio decidendi es obligatoria para todas las autoridades públicas, en virtud del principio de supremacía constitucional y de una compresión amplia y material de la sujeción del juez al imperio de la ley (artículo 230 de la CP)[101]. Estos preceptos «obligan a la aplicación preferente de las disposiciones de la Carta Política y, en consecuencia, de los contenidos normativos identificados por la jurisprudencia constitucional, en ejercicio de su labor de intérprete autorizado del texto superior»[102].

   Ahora bien, esta Corporación ha explicado que para determinar si la providencia judicial atacada mediante la acción de tutela incurrió en un defecto por desconocimiento de la jurisprudencia constitucional, la parte actora debe, primero, demostrar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto; segundo, distinguir las reglas de decisión contenidas en esos precedentes; tercero, comprobar que la providencia judicial debió aplicar esos precedentes para no vulnerar el derecho de igualdad y, finalmente, verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial[103].

   Además, tratándose del desconocimiento del precedente fijado en sentencias de constitucionalidad, ese defecto tendrá lugar cuando la providencia judicial i) aplique normas que han sido declaradas inexequibles; ii) desconozca la parte resolutiva de una sentencia integradora o condicionada y iii) contraríe la ratio decidendi de esas sentencias[104]. Por su parte, en el caso de las sentencias de tutela, el defecto el comento se configura cuando la providencia desconoce la ratio decidendi de las sentencias dictadas por la Sala Plena en las sentencias de unificación o por las salas de revisión, «siempre que no existan decisiones contradictorias en la línea jurisprudencial»[105].

   Así mismo, la Corte ha aclarado que, en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial, el juez podrá apartarse de la jurisprudencia en vigor[106]. No obstante, para el efecto, deberá: «i) ref[erir] el balance judicial vigente (regla de transparencia); ii) ofrece[r] un argumento suficiente y adecuado para el abandono o cambio de la norma jurisprudencial (regla de cambio); y iii) explica[r] que su propuesta desarrolla de mejor manera los derechos y principios superiores (regla de suficiencia en jurisprudencia constitucional)»[107].

7. La inscripción de candidaturas. Reiteración de jurisprudencia

   7.1. Fundamento constitucional y legal

   El artículo 40 de la Constitución reconoce el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Por mandato de la misma norma superior, para hacer efectivo este derecho, los ciudadanos podrán ser elegidos (numeral primero), tomar parte en elecciones (numeral segundo), constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas (numeral tercero), y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (numeral séptimo).

   Con un contenido similar al previsto en el numeral tercero del artículo 40 superior, el artículo 107 ejusdem, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2003, garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

   Por su parte, el artículo 108 de la Carta, desde su versión original, determina que los titulares del derecho a inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular son los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida (inciso tercero)[108] y los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos (inciso cuarto)[109].

   Los artículos 107 y 108 de la Constitución, así como el artículo 28 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011[110], establecen que, para el efecto, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos sin personería jurídica deberán cumplir las siguientes condiciones: i) antes de la inscripción, deberán verificar el cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos y que estos no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad[111]; ii) «los candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos»[112] y iii) «las listas donde se elijan cinco o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta —exceptuando su resultado— deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros»[113].

   Adicionalmente, la inscripción de candidatos por partidos y movimientos políticos con personería jurídica deberá ser avalada por el representante legal del partido o movimiento o por la persona a quien él delegue[114]. Por expresa prohibición estatutaria, esas organizaciones políticas no podrán inscribir candidatos para la elección de congresistas por las circunscripciones especiales de las minorías étnicas[115].

   Por su parte, de conformidad con las normas indicadas en precedencia y el artículo 9 del Estatuto Básico de los Partidos (Ley 130 de 1994)[116], para la inscripción de candidatos, los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos sin personería jurídica deberán: i) reunir el número de firmas equivalente a al menos el 20% del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer («[e]n ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción de un candidato»[117]); ii) otorgar al momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral[118] y iii) realizar la inscripción a través de un comité integrado por tres ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral al menos un mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista[119].

   De otro lado, la Constitución, el Estatuto Básico de los Partidos (Ley 130 de 1994), la Ley Estatutaria 996 de 2005 y la Ley Estatutaria 1475 de 2011 también reconocen el derecho de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y de los grupos significativos de ciudadanos de inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales y corporaciones públicas. Dada la importancia de esta modalidad de inscripción de candidaturas para resolver los problemas jurídicos planteados, su estudio se abordará en el capítulo noveno de la presente sentencia.

   Ahora bien, el artículo 93 del Código Electoral (Decreto Ley 2241 de 1986) prescribe las cuatro reglas generales de inscripción de candidaturas que se resumen a continuación[120]. Primera, en la solicitud de inscripción debe hacerse mención expresa del partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos por el cual se realiza la inscripción. Segunda, la inscripción de la candidatura debe ser realizada por el representante legal del partido o movimiento político o por quien él delegue[121]. Ya se dijo que, en el caso de los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos, la inscripción la efectúa el comité de inscriptores. Tercera, los candidatos deben declarar, bajo la gravedad de juramento, que pertenecen al partido o movimiento político que inscribe la candidatura. «[T]al juramento se entiende prestado por su firma en el memorial de aceptación de la candidatura» [negrilla fuera del texto original], es decir, con la firma del formulario de inscripción o a través de una carta de aceptación de la candidatura[122]. Y, finalmente, cuando los candidatos no se encuentren en el lugar donde la inscripción deba hacerse, prestarán juramento ante el Registrador del Estado Civil o funcionario diplomático o consular del lugar donde estuvieren.

   En el caso puntual de la inscripción de candidaturas de coalición, el inciso tercero del artículo 29 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 expresamente dispone que, en el formulario de inscripción, «se indicarán los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos». De acuerdo con las normas hasta aquí precisadas, esta última exigencia implica que en dicho formulario se deberá señalar el partido o movimiento político al cual pertenece el candidato o el grupo significativo de ciudadanos que promueve la candidatura, con la información respectiva sobre el comité de inscriptores.

   Esta disposición adquiere sentido al constatar dos elementos, uno de índole normativa y otro de naturaleza práctica. En primer lugar, como ya se advirtió, de conformidad con las disposiciones reseñadas, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos son los responsables de verificar, antes de la inscripción, el cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, lo que incluye determinar si estos se encuentran o no incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. De hecho, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución[123], son ellos, y no las coaliciones consideradas como entes autónomos, quienes deberán responder por avalar candidatos elegidos o no elegidos, que hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo o durante el período del mismo, «mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico». En concordancia con el precepto superior, las sanciones pueden ir desde multas hasta la cancelación de personería jurídica. Incluso, «cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa circunscripción»[124].

   Y, en segundo lugar, la exigencia contenida en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 también se entiende si se considera que, por regla general, es usual que el partido o movimiento político al que pertenece el candidato o el grupo significativo de ciudadanos que promueve la candidatura es el que efectúa la postulación y, por tanto, otorga el aval principal en coalición o acredita los apoyos requeridos. De ahí que los demás partidos o movimientos que forman parte de la coalición se limiten a coavalar la candidatura. De hecho, esta situación fue reconocida en su momento por el inciso primero del artículo 5 del Reglamento 01 de 2003, expedido por el Consejo Nacional Electoral, el cual establecía: «Se podrán inscribir candidaturas a cargos uninominales —gobernadores y alcaldes— en alianza con otros partidos o movimientos con personería jurídica, en cuyo caso, el partido postulante otorgará el aval correspondiente y los partidos o movimientos adherentes anexarán un escrito en el que manifiesten su apoyo a dicho candidato»[125] [negrilla fuera del texto original].

   Por último, conviene mencionar que, al tenor de lo establecido en el artículo 32 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, la autoridad electoral ante la cual se hace la inscripción deberá verificar el cumplimiento de los requisitos formales indicados anteriormente. En caso de encontrar que los cumple, aceptará la inscripción suscribiendo el formulario respectivo. De lo contrario, se abstendrá de firmarlo. Para el caso de la inscripción de candidaturas por movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, la inscripción estará sujeta a la verificación de las firmas requeridas para ello. Cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan participado en la consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe, la autoridad electoral rechazará la inscripción mediante acto motivado.

   7.2. Jurisprudencia constitucional sobre la inscripción de candidaturas

   La Corte ha sostenido que los derechos a ser elegido y a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos no son absolutos, por lo que es posible imponerles límites que «propugnen por la defensa y garantía del interés general y […] aseguren un comportamiento acorde con los supremos intereses que les corresponde gestionar a quienes se encuentren al servicio del Estado»[126].

   Es por lo anterior que los partidos, movimientos políticos, con o sin personería jurídica, y los grupos significativos de ciudadanos, en tanto figuras para «reclutar un grupo importante de dirigentes nacionales y locales llamados a realizar la función mediadora entre la sociedad y el Estado»[127], están obligados a cumplir la Constitución y la ley. Particularmente, están llamados a satisfacer los siguientes deberes: i) verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el acceso a la función pública; ii) emplear procedimientos democráticos para la elección de candidatos; iii) abstenerse de inscribir candidatos para la elección de congresistas por las circunscripciones especiales de las minorías étnicas —prohibición que se predica de los partidos y movimientos políticos— y iv) cumplir la cuota de género en las listas conformadas para corporaciones públicas.

   La primera obligación tiene sustento constitucional porque busca garantizar los principios de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad en el acceso y la permanencia en el servicio público, al margen de intereses personales o particulares[128]. Por su parte, la segunda obligación implica que el ordenamiento jurídico proscribe «reglamentaciones dirigidas a negar o reducir […] espacios de participación» al interior de las organizaciones políticas, que conduzcan a «modelos de decisión política o social reservados o autárquicos»[129]. De otro lado, la tercera obligación enunciada pretende que las comunidades étnicas estén efectivamente representadas en las corporaciones públicas del orden nacional[130]. Por último, la finalidad de la cuarta obligación referida «es la de compensar las formas de discriminación que impiden que las mujeres tengan una participación igualitaria en el ámbito político»[131].

   Así mismo, la Corte ha aclarado que los requisitos de procedimiento exigidos en los artículos 9 de la Ley 130 de 1994 y 28 de la Ley 1475 de 2011 para la inscripción de candidatos por movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos sin personería jurídica no son desproporcionados o irrazonables[132]. Estos están orientados a cumplir tres propósitos: «revestir de seriedad la inscripción de listas y candidatos apoyados por estos grupos, de manera que se genere confianza a los electores»[133]; «reemplazar el aval y el presupuesto de representatividad establecido como requisito para los partidos y movimientos políticos que cuenten con personería jurídica y por ende con representante legal»[134] y garantizar que los candidatos cuenten con un mínimo de respaldo popular y, en esa medida, evitar la proliferación de inscripciones provenientes de sectores minoritarios[135].

   Del mismo modo, respecto del deber de indicar en el formulario de inscripción los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos, en la Sentencia C-490 de 2011, la Sala Plena precisó que esta información «protege la libertad del elector» y, por tanto, tal exigencia se ajusta al texto superior. Al respecto, la Corte señaló que esta libertad se refiere a «la ausencia de interferencias para la autonomía en el ejercicio del sufragio» y que con ella se busca «rodear de mayor transparencia y eficacia los procesos de votación». En otras oportunidades, la Sala Plena ha dicho que tal libertad constituye un elemento del núcleo esencial del derecho fundamental al voto[136].

   Así mismo, la Sala ha explicado que la manifestación en el formulario de inscripción, bajo la gravedad de juramento, de la filiación política del candidato constituye una garantía adicional para asegurar que los partidos y movimientos políticos postulen candidatos y listas únicas y otorguen seriedad a las candidaturas[137].

   En el caso de la inscripción de candidaturas de coalición a cargos uninominales, y respecto del deber de que el «partido postulante» otorgara el aval correspondiente y «los partidos o movimientos adherentes» anexaran un escrito en el que manifestaran su apoyo al candidato designado[138], en la Sentencia C-1081 de 2005, este Tribunal estimó que estos requisitos «mínimos» garantizaban la «seriedad de la intención política» y, por tanto, no merecían ningún reparo de inconstitucionalidad. Así, la Sala expuso que «con el aval como garantía escrita, el partido o movimiento hace propio el nombre del candidato o de la lista que inscribe, y excluye tanto la posibilidad de que a su nombre se presenten a las elecciones otros que no cuentan con su apoyo, como la de inscribir él mismo otros candidatos o listas».

   7.3. Jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre la inscripción de candidaturas

   La Sección Quinta del Consejo de Estado ha sostenido que existe una relación intrínseca, impuesta por el artículo 108 de la Constitución, entre el derecho de postulación en cabeza de los partidos y movimientos políticos y el otorgamiento del aval que habilita la inscripción de una candidatura. Esta relación se sustenta en la responsabilidad política, jurídica y social que asume la organización política cuando concede un aval. De ahí que este solo pueda ser entregado por el representante legal del partido o movimiento político o por la persona a quien él delegue[139].

   Así, el aval cumple varias funciones, a saber: «(1) indica la militancia en un partido político, (2) garantiza el acatamiento de las normas estatutarias dentro de este, respetando las formas de intervenir en las corporaciones (bancadas), y (3) moraliza la actividad política, bajo el entendido de que avalar a un candidato implica que el interesado cuenta con los requisitos y calidades para ejercer el cargo»[140]. En esta medida, el aval es un medio para la inscripción, pero también es «una garantía para la comunidad en general de que las personas inscritas por un partido o movimiento político pertenecen al mismo»[141]. Por esto, en cualquier caso, el aval del partido o movimiento político al que pertenece el candidato «debe ser presentado ante la autoridad electoral correspondiente quien debe dejar constancia del mismo en el formulario de inscripción»[142].

   Igualmente, la Sección Quinta ha precisado que «el proceso de inscripción de candidatos es un mecanismo reglado a través del cual los ciudadanos pueden participar en la contienda política luego de cumplir las reglas establecidas para cada caso»[143]. Para el efecto, el legislador definió requisitos sustanciales y formales. Los primeros, «corresponden a verificación de calidades y requisitos de los candidatos, así como la constatación sobre la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades»[144]. Esta responsabilidad recae sobre la organización política postulante. Los segundos, tienen relación directa con el otorgamiento del aval o la recolección de firmas, según el caso, presupuestos que constituyen la fuente de la responsabilidad de la organización. Los últimos son requisitos «de la esencia en toda inscripción de candidaturas, al punto que si no se cuenta con ninguna —aval o apoyo por firmas— resulta imposible ser candidato y, en consecuencia, entrar a la competencia electoral con la potencialidad de ser elegido»[145] [negrilla fuera del texto original].

   Tanto los requisitos formales como sustanciales «obedecen a trámites internos de las agrupaciones políticas» y, por ende, no pueden ser confundidos con el trámite de inscripción de la candidatura, la cual se adelanta ante las autoridades electorales.[146]

   De otro lado, la Sala ha señalado que la inscripción de candidaturas por movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos comprende dos etapas: el registro por parte del comité inscriptor correspondiente de sus candidatos y listas, y la validación de las firmas recogidas. En este sentido, «la mera recolección de estas sin la validación correspondiente por parte del funcionario electoral competente no constituye factor que oficialice la inscripción de la candidatura»[147]. Por tanto, la inscripción solo surtirá efecto jurídico con posterioridad a la validación de los apoyos.

   Así mismo, la Sección Quinta ha aclarado que los partidos y movimientos políticos surgidos inicialmente para la representación especial de comunidades indígenas, que luego obtienen personería jurídica, sí están facultados para inscribir candidatos para el Senado tanto por la circunscripción ordinaria como por la especial de minorías étnicas[148]. Admitir lo contrario «resultaría discriminatorio para los intereses de los partidos que representan estas comunidades, sin que exista un fin constitucional que así lo justifique». Por esta razón, tales partidos y movimientos se encuentran exceptuados de la prohibición prevista en el inciso segundo del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.

   Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena concluye que los titulares del derecho a inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular son los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos, y las coaliciones conformadas por estas organizaciones políticas. Tanto la Constitución como el Código Electoral, el Estatuto Básico de los Partidos Políticos y la Ley Estatutaria 1475 de 2011 definieron los requisitos que, para el efecto, deben cumplir los interesados, de acuerdo con la modalidad de postulación escogida.

   En el asunto sub examine, son cuatro las reglas dispuestas por el legislador ordinario y estatutario y la jurisprudencia que deben ser tenidas en cuenta para resolver los problemas jurídicos planteados: i) la inscripción de la candidatura debe ser realizada por el representante legal del partido o movimiento político o por la persona a quien él delegue, o por el comité de inscriptores del grupo significativo de ciudadanos por el cual se realiza dicha inscripción, según el caso; ii) con la firma del formulario de inscripción, el candidato no solo acepta la candidatura, sino que, además, declara bajo la gravedad de juramento que forma parte del partido o movimiento político referido en el propio formulario o que su candidatura fue promovida por un determinado grupo significativo de ciudadanos; iii) en el caso de la inscripción de candidaturas de coalición, en el formulario respectivo se deben señalar los partidos y movimientos que integran la coalición y la organización política a la que pertenece el candidato, la cual, por regla general, es la que otorga el aval principal en coalición y iv) este aval y los coavales deben acompañar el formulario de inscripción y entregarse a la respectiva autoridad electoral.

   En consecuencia, en el caso de las candidaturas de coalición, tanto el formulario de inscripción de la candidatura como los avales principales en coalición y los coavales otorgados por los partidos y movimientos políticos que forman parte de ella sí constituyen medios idóneos para determinar la filiación política del candidato.

   Así analizada, y en la medida en que clarifica cuál es el partido o movimiento político del cual forma parte el candidato, la última obligación referida cumple dos funciones: permite constatar la violación de la prohibición de doble militancia —tema que abordará la Sala a continuación— y asegura que los partidos y movimientos políticos postulen candidatos y listas únicas —asunto que se tratará en el capítulo final de la presente sentencia—.

8. Alcance de la prohibición de doble militancia

   8.1. Fundamento constitucional y legal

   En virtud de la necesidad de fortalecer y consolidar a los partidos y movimientos políticos como actores fundamentales para la democracia[149], el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2003 elevó la prohibición de doble militancia a rango constitucional. Mediante dicha norma, que modificó el artículo 107 superior, el constituyente derivado determinó que, aunque todos los ciudadanos tienen derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse, «[e]n ningún caso [podrán] pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica». Además, estableció que «[q]uien participe en las consultas de un partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral»[150].

   El artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2009, el cual también modificó el artículo 107 del texto constitucional, aclaró que, con la finalidad de no incurrir en la mencionada prohibición, los miembros de las corporaciones públicas que decidan presentarse a la siguiente elección por un partido distinto «deberá[n] renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones»[151]. Igualmente, agregó que la prohibición de participar en las consultas internas de dos o más partidos o movimientos políticos se extiende a las consultas interpartidistas que estos realicen.

   Ahora bien, la prohibición de doble militancia fue regulada por el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011. Esta norma reitera la proscripción constitucional y dispone las siguientes reglas que reproducen, pero también amplían, el alcance del artículo 107 de la Constitución[152]:

1. Existe un «criterio objetivo»[153] —que no es el único— para establecer la pertenencia a un partido o movimiento político y, por ende, para verificar la doble militancia. Dicho criterio consiste en «la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto».

2. La prohibición de doble militancia no solo se dirige a los ciudadanos en general, como lo señala el artículo 107 de la Constitución. Principalmente, se orienta a dos grupos de personas: i) quienes ostenten «cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos» y ii) quienes hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos uninominales o corporaciones de elección popular[154].

3. Respecto del primer grupo, la prohibición de doble militancia se concreta en que tales personas no podrán apoyar a candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. De otro lado, en caso de que aspiren a ser elegidos en cargos uninominales o corporaciones de elección popular por otro partido o movimiento político, «o grupo significativo de ciudadanos», o formar parte de los órganos de dirección de estos, deberán renunciar al cargo doce meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos, so pena de incurrir en dicha prohibición.

4. Quienes hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos uninominales o corporaciones de elección popular no podrán apoyar a candidatos diferentes a los inscritos por el partido o movimiento político al que estén afiliados. Además, para no desconocer la interdicción de doble militancia, los candidatos que resulten electos, «siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político», que decidan presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce meses antes del primer día de inscripciones.

5. La prohibición de doble militancia se mantiene durante el ejercicio del cargo. De este modo, «[l]os candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo».

6. De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, la única excepción expresa a la prohibición de doble militancia se presenta frente a los miembros de los partidos y movimientos políticos que i) sean disueltos por decisión de sus miembros o ii) pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en la ley[155]. En estos dos supuestos, los interesados podrán inscribirse en un partido distinto con personería jurídica, sin incurrir en doble militancia.

7. El incumplimiento de la prohibición de doble militancia será sancionado de conformidad con los estatutos de cada organización política[156]. No obstante, en el caso de los candidatos, será causal para la revocatoria de la inscripción.

   En relación con la última regla anotada, el artículo 275.8 de la Ley 1437 de 2011 precisa que, tratándose de servidores públicos de elección popular, los actos de elección o de nombramiento serán nulos, entre otros eventos, cuando el candidato incurra en doble militancia política[157].

   8.2. Jurisprudencia constitucional sobre la prohibición de doble militancia

   Descrito el marco normativo constitucional y legal de la prohibición de doble militancia, resulta del caso referir la jurisprudencia de esta Corporación que se ha ocupado de esa materia. Para comenzar, conviene mencionar que la Corte ha sostenido que, de acuerdo con las reformas introducidas al artículo 107 de la Constitución por los Actos legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009, la consagración constitucional de la prohibición de doble militancia buscó alcanzar cuatro propósitos esenciales, a saber[158]: i) como ya se advirtió, consolidar a los partidos y movimientos políticos, mediante el fortalecimiento del vínculo entre estos y el electorado; ii) impedir el transfuguismo político, el cual, por lo general, se funda en la obtención de avales para la elección correspondiente; iii) evitar la personalización de la política y la incursión de actores ilegales en el escenario político y iv) contrarrestar la indisciplina partidista.

   Estas cuatro prácticas, usuales en la política tradicional, afectan seriamente los principios de soberanía popular, democracia participativa y participación democrática, los cuales «constituyen aspectos definitorios de la Constitución Política de 1991»[159]. En los términos de la Corte, esto ocurre porque tanto la doble militancia como el transfuguismo sustituyen el rol central que en la democracia deben ocupar los programas políticos, los partidos y las ideologías. En su lugar, otorgan un papel importante al favor clientelista[160].

   Por esto la prohibición en comento es «un instrumento indispensable de garantía de la representatividad democrática de los elegidos»[161], que enfatiza en el «papel que cumplen los partidos y movimientos políticos en el proceso de canalización de la voluntad democrática»[162]. Con esto, la sanción de la doble militancia salvaguardia la confianza del elector, asegura la realización del programa político que el candidato se comprometió a cumplir[163] y «prioriza la importancia de las organizaciones políticas sobre el personalismo electoral»[164].

   En consecuencia, la proscripción de doble militancia promueve que quienes son titulares de un cargo de elección popular representen y defiendan una determinada ideología y un programa político[165]. En otras palabras, la referida interdicción busca evitar que «el representante ejerza activismo en defensa de los programas, idearios o ideologías de dos organizaciones políticas al mismo tiempo»[166]. Desde esta perspectiva, la prohibición en cuestión otorga claridad, probidad y lealtad en las relaciones entre, por un lado, los elegidos y los votantes, porque fortalece el vínculo que los une a través de las ideas; y, por otro lado, entre los miembros de las corporaciones públicas y las bancadas políticas, en la medida en que promueve la disciplina partidista y permite la identificación de las diferentes opciones ideológicas en el debate legislativo[167].

   Para alcanzar estos propósitos, en la Sentencia C-490 de 2011, la Sala Plena consideró que, en principio, la única excepción explícita de orden legal a la prohibición de doble militancia es aquella prevista en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011[168]. De acuerdo con la jurisprudencia, se trata de una prohibición razonable y armónica con las previsiones constitucionales, por dos razones de índole práctica: primera, «ante la inexistencia del partido o movimiento político de origen, configuraría una carga desproporcionada impedir que sus miembros pudieran optar por pertenecer a otra agrupación política»; y, segunda, «no puede concluirse la existencia de doble militancia cuando una de las agrupaciones políticas ha perdido vigencia y, por ende, su programa de acción política no puede ser jurídicamente representado».

   Lo anterior encuentra sustento, a la vez, en dos elementos fundamentales identificados en la misma sentencia para determinar el alcance de la proscripción constitucional: i) «el presupuesto para la imposición de la prohibición de la doble militancia es la posibilidad o ejercicio efectivo del mandato democrático representativo» y ii) el artículo 107 de la Constitución «predica la vigencia de la prohibición de doble militancia a los “ciudadanos”, fórmula amplia que incluye a todos aquellos que manifiesten su interés de integrar un grupo con el propósito de ejercer poder político» [negrilla fuera del texto original].

   Estos elementos le permitieron a la Sala Plena considerar que la prohibición de doble militancia se extiende, incluso, a los partidos y movimientos políticos sin personería jurídica y a los directivos de estas organizaciones, aunque el artículo 107 de la Constitución no contenga ninguna previsión al respecto. En consecuencia, dijo la Sala en la Sentencia C-490 de 2011, «si tanto las agrupaciones políticas con personería jurídica o sin ella están habilitadas para presentar candidatos a elecciones» y si los directivos de partidos y movimientos políticos cumplen un papel central en esas organizaciones, «carecería de todo sentido que la restricción solo se aplicara a una de las citadas clases de agrupación política» o a un determinado grupo de candidatos. Esto es así porque «uno de los ámbitos de justificación constitucional de la doble militancia es la preservación del principio democrático representativo mediante la disciplina respecto de un programa político y un direccionamiento ideológico». Por tanto, el desarrollo legal y la aplicación de la prohibición de doble militancia deben responder al cumplimiento de los fines constitucionales de la figura.

   De acuerdo con la misma decisión, la interpretación contraria, esto es, aquella que se apoya en un sentido literal y restrictivo del alcance del artículo 107 superior, «configuraría un estímulo perverso para quienes quisiesen vulnerar la prohibición de doble militancia, consistente en permitirles desligarse de la disciplina y coherencias mencionadas, por el hecho de pertenecer a determinada categoría de agrupación política».

   En la misma línea argumentativa, en una decisión más reciente, la Corte afirmó que tal prohibición se extiende a los candidatos que aspiren a ocupar los cargos de presidente y vicepresidente de la República[169].

   De otro lado, la Corte ha precisado que la interdicción tantas veces aludida se extiende a cuatro grupos de individuos. En primer lugar, a «los ciudadanos, titulares de derechos políticos y quienes frente al sistema de partidos se encuadran exclusivamente en el ejercicio del derecho al sufragio»[170]. En segundo lugar, a «los miembros de partidos o movimientos, también denominados militantes, quienes hacen parte de la estructura institucional de esas agrupaciones y, por ende, están cobijados por algunos de los derechos y deberes que las normas estatutarias internas le imponen, en especial la posibilidad de participar en sus mecanismos democráticos internos»[171]. En tercer lugar, a los directivos de los partidos y movimientos políticos, «en la medida que cumplen un papel central en tales organizaciones»[172].

   Y, finalmente, la prohibición de doble militancia comprende a quienes ejercen cargos de elección popular, bien sea uninominales o en corporaciones públicas, en nombre de una organización política, también llamados integrantes. «Estos ciudadanos están vinculados jurídicamente tanto con la totalidad de las normas estatutarias del partido, como con los preceptos constitucionales y legales que establecen las distintas esferas de la disciplina de partidos, en especial el régimen de bancadas, aplicables a los integrantes de corporaciones públicas»[173].

   Es claro que la intensidad de la prohibición aumenta según se trate de ciudadanos, militantes, directivos o integrantes, de manera que solo en este último caso adquiere toda su fuerza y su transgresión deja de ser un asunto interno de los partidos y movimientos políticos, en la medida en que tiene el poder de afectar el funcionamiento de la representación política[174].

   8.3. Jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre la prohibición de doble militancia

   Ahora bien, en esta misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha considerado que la prohibición de doble militancia garantiza la disciplina partidista y protege la democracia y la libertad del elector[175]. Esto último, porque permite que los votantes identifiquen con claridad los candidatos, las organizaciones políticas y los programas políticos. De esa manera, la proscripción constitucional asegura que el voto sea una expresión de la voluntad individual y, por tanto, evita que el elector sea «sometido a engaños, manipulaciones, artilugios o equívocos, que alteren su convencimiento al momento de ejercer su derecho fundamental [al voto]»[176].

   Así mismo, ese tribunal ha precisado que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 107 superior y 2 de la Ley 1437 de 2011, existen cuatro grupos de destinatarios de la prohibición de doble militancia[177]. En primer lugar, los ciudadanos, quienes, por mandato constitucional expreso, «en ningún caso [podrán] pertenecer simultáneamente a más de un partido político con personería jurídica»[178]. En segundo lugar, las personas que participan en consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, dado que «no podrá[n] inscribirse por otro en el mismo proceso electoral»[179]. En tercer lugar, quienes desempeñen cargos de dirección en partidos y movimientos políticos o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, toda vez que i) «no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados»[180], ii) los candidatos electos «deberán pertenecer al partido o movimiento que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo»[181] y iii) si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, «deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones»[182]. Y, finalmente, los directivos de las organizaciones políticas, quienes, para formar parte de los órganos de dirección de otra organización, deberán «renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación»[183].

   De otro lado, la misma Sección ha establecido que cuando el fundamento de la solicitud de nulidad de la elección se funda en el apoyo dado por un integrante o directivo de una organización política a un candidato de otra organización, para verificar la vulneración de la prohibición de doble militancia, es necesario constatar la presencia de los siguientes elementos[184]:

1. El sujeto activo: la proscripción de apoyo solo está dirigida a los directivos de las organizaciones políticas y a quienes hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular.

2. La violación de la prohibición: esta consiste en apoyar a un candidato distinto al inscrito por la organización política a la que se encuentre afiliado el sujeto activo o a un candidato diferente a aquel que recibió el respaldo público del partido o movimiento al cual se encuentre afiliado dicho sujeto, incluso cuando el partido o movimiento no tenga candidato propio[185].

3. El momento en que se desconoce la prohibición: la proscripción de doble militancia en la modalidad de apoyo solo puede configurase en época de elecciones, es decir, entre el momento de la inscripción de la candidatura y el día de las elecciones.

   Igualmente, la Sala Plena de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha anotado que la estructuración de la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo «exige necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en favor del candidato perteneciente a otro partido político»[186]. Además, ha dicho que aquella no requiere actos de tracto sucesivo o continuo, por lo que la modalidad en comento se puede configurar con una única manifestación de apoyo[187]. Del mismo modo, ha sostenido que la prohibición se presenta, incluso, cuando el candidato que recibe el apoyo pierde las elecciones[188] y que la demostración del apoyo «debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial tantos elementos de juicio que permita superar toda duda razonable»[189]. Finalmente, ha considerado que «el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato»[190].

   Así mismo, la Sección Quinta ha establecido que, en el caso de las candidaturas de coalición, a efectos de no incurrir en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, el candidato deberá, en primer lugar, brindar apoyo a los candidatos de su partido o movimiento político de origen y, solo en caso de que no haya candidato propio, en segundo lugar, apoyar a los candidatos que forman parte de las demás organizaciones políticas que forman parte de la coalición[191].

   Sobre esta última cuestión, merece especial atención la Sentencia dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 14 de octubre de 2021[192], en la cual esa sala analizó ampliamente la aplicación de la prohibición de doble militancia a las candidaturas de coalición.

   Para comenzar, conviene precisar que se trata de una sentencia de reemplazo aprobada en cumplimiento de una sentencia de tutela de primera instancia, que consideró que el fallo proferido por esa sección el 1 de julio de 2021, en el que esta declaró la nulidad de la elección del señor N.R.R.G. —candidato de una coalición de partidos— como gobernador de La Guajira, desconoció el principio de confianza legítima. Esto, al observar que la decisión se había sustentado en pronunciamientos de 2020, los cuales eran posteriores a los hechos que fueron objeto de análisis. A juicio del juez de tutela, lo anterior supuso una aplicación retroactiva de la jurisprudencia y, por tanto, causó el quebrantamiento del mencionado principio. En consecuencia, el juez de tutela ordenó a la Sección Quinta «dictar una decisión de reemplazo en la que se abstenga de aplicar los criterios jurisprudenciales contenidos en las sentencias de 20 de agosto, 24 de septiembre y 3 de diciembre de 2020 emanadas de esa sala de decisión».

   En la sentencia de reemplazo, la Sala puso de presente que, a diferencia de lo manifestado por la parte demandada, su jurisprudencia en esta materia ha sido reiterada, por lo que no constituía ninguna novedad que se declarara la nulidad de la elección de un candidato de coalición por la violación de la prohibición de doble militancia. Más aún, la Sección advirtió que, en concordancia con su jurisprudencia, tal prohibición «se predica sin distinción[193] respecto de quienes aspiren a ser elegidos en cualquier cargo de elección popular, lo que incluye a quienes inscriben su candidatura respaldados por varias colectividades políticas, circunstancia que ha posibilitado que contra los mismos se conozcan de fondo demandas de nulidad electoral para confirmar o desvirtuar la existencia de doble militancia» [negrilla del texto original].

   En este sentido, insistió en que la jurisprudencia en vigor, plasmada en las Sentencia del 24 de septiembre de 2020[194] y en la providencia que es objeto de estudio en el asunto de la referencia[195], es aquella en virtud de la cual, para efectos de no incurrir en la prohibición de doble militancia, «el candidato de coalición (I) debe apoyar a los demás aspirantes de la agrupación política en la que milita, pero en el evento que esta no inscriba candidatos para determinado cargo de elección popular, (II) puede apoyar a los aspirantes que pertenecen a las agrupaciones políticas que hacen parte de la coalición o a los que militan en las colectividades que adhirieron o apoyaron su campaña (la del candidato de coalición), sin establecer entre unos u otros[196] algún grado de preferencia».

   Sobre el particular, la Sección Quinta hizo énfasis en los siguientes elementos: i) «si bien las providencias dictadas en los procesos antes señalados tuvieron la virtud de explicar algunos aspectos de la doble militancia tratándose de candidatos de coalición, en estricto sentido no representan la formulación de reglas novedosas»; ii) «el único facultado para estructurar las circunstancias especiales que limitan esta figura como causal de inelegibilidad es el legislador, de manera tal que los pactos de las agrupaciones políticas tendientes a limitar o precisar su alcance carecen de validez[197]»; iii) «en el ordenamiento jurídico colombiano, que pertenece al sistema continental de derecho, la norma positiva es la fuente principal de este, y como tal rige desde el momento en que la misma lo dispone, sin que esté condicionada su eficacia y carácter vinculante a la interpretación que realicen las autoridades judiciales frente a los primeros casos que se ventilan en la jurisdicción» y iv) «el contenido normativo de los artículos 107 de la Constitución, 2 y 29 de la Ley 1475 de 2011, de aplicación inmediata, plena validez y eficacia, era conocido y debió ser considerado por todos los ciudadanos que durante el año 2019 tenían una aspiración electoral, incluidos los que recurrieron a la figura de la coalición».

   A pesar de lo anterior y no obstante encontrar demostrado que el señor N.R.R.G. había violado la prohibición de doble militancia, en acatamiento al fallo de tutela de primera instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado afirmó que la tesis a cuyo tenor la prohibición de doble militancia aplica a las candidaturas de coalición constituye jurisprudencia anunciada, de manera que solo tendrá aplicación a partir de las próximas elecciones, y no a aquellas celebradas el 27 de octubre de 2019.

   El expediente de tutela descrito en precedencia, el cual fue radicado en esta Corporación con el número T-8.597.328, fue seleccionado para su revisión por parte de la Sala de Selección de Tutelas Número Tres, mediante Auto del pasado 29 de marzo de 2022. Dado que, a la fecha de aprobación de la presente sentencia, la Corte no ha emitido un pronunciamiento de fondo en ese asunto, es claro que sobre él no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional[198].

   En suma, la prohibición de doble militancia protege importantes principios constitucionales que constituyen aspectos definitorios de la Constitución de 1991. En este sentido, la proscripción constitucional contribuye eficazmente al funcionamiento del sistema democrático y salvaguarda la confianza y la libertad del elector. Por esto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, a la luz de una interpretación sistemática de los artículos 107 superior y 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, el único presupuesto inicial para la configuración de dicha prohibición es la posibilidad o el ejercicio efectivo de la representación política. Admitir lo contrario, con sustento en una interpretación limitada del alcance de las normas constitucionales y legales que regulan la materia, constituiría un estímulo para que el candidato escogiera determinado tipo de postulación o, incluso, omitiera de forma deliberada inscribirse en un partido político como lo estatuye el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, con el objeto de soslayar la proscripción constitucional. De ahí que, hasta la fecha, la única excepción a esta prohibición, que ha admitido la Corte, sea la prevista en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

9. Las coaliciones políticas. Reiteración de jurisprudencia

   9.1. Fundamento constitucional y legal

   La Constitución reconoce a las coaliciones políticas como una modalidad de postulación para las elecciones de cargos uninominales y corporaciones públicas[199]. Así, en razón de la modificación introducida por el Acto Legislativo 01 de 2009, el artículo 107 de la Carta prevé que, para la escogencia de los «candidatos propios o por coalición», los partidos y movimientos políticos podrán celebrar consultas populares, internas o interpartidistas.

   Igualmente, conforme al Acto legislativo 02 de 2002, los artículos 303 y 314 superiores disponen que, en caso de falta absoluta de un gobernador o alcalde, y siempre que falten menos de dieciocho meses para la terminación del periodo, el presidente de la república designará su reemplazo, «respetando el partido, grupo político o la coalición» por la cual fue inscrito el gobernador[200] o el alcalde elegido[201].

   Del mismo modo, en virtud del Acto Legislativo 02 de 2015, el artículo 262 delega en el legislador la regulación de las candidaturas de coalición a cargos uninominales o corporaciones públicas, no sin antes precisar, frente a estas últimas, que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, que sumados hayan obtenido una votación de hasta el 15% de los votos válidos de la respectiva circunscripción, «podrán presentar lista de candidatos en coalición».

   Sin embargo, antes de las reformas constitucionales mencionadas, el ordenamiento jurídico ya establecía el derecho, en cabeza de las organizaciones políticas, de conformar coaliciones con fines electorales. En efecto, el artículo 13 del Estatuto Básico de los Partidos (Ley 130 de 1994) establece que «[l]os partidos y movimientos que concurran a las elecciones formando coaliciones determinarán previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la campaña». Por su parte, según la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, cuando el artículo 9 ejusdem menciona a las «asociaciones de todo orden» como titulares del derecho a postular candidatos, incluye a las coaliciones políticas[202].

   Así mismo, el artículo 7 de la Ley Estatutaria 996 de 2005 prevé la posibilidad de que los partidos y los movimientos políticos con personería jurídica suscriban «alianzas» para inscribir candidato a la Presidencia de la República.

   Con todo, fue solo hasta la expedición de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 que el legislador definió, en los artículos 5, 7, 29, 32 y 35, las reglas de conformación, inscripción y funcionamiento de las candidaturas de coalición[203]. En su orden, tales reglas pueden resumirse así:

1. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos podrán coaligarse para inscribir candidatos a cargos uninominales[204] y corporaciones públicas[205]. Para el efecto, podrán realizar consultas interpartidistas[206] o designar directamente al candidato[207].

2. Los resultados de las consultas serán obligatorios para las organizaciones políticas que integran la coalición y los precandidatos que hubieren participado en ellas[208]. Por tanto, no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en la consulta, so pena de que se declare «la nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al elegido en la consulta»[209]. Esto, «con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado»[210]. Además, los precandidatos «quedarán inhabilitados para inscribirse […] en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas»[211].

3. El acuerdo de la coalición tiene carácter vinculante[212]. Por tanto, las organizaciones políticas que lo suscriban no podrán inscribir ni apoyar un candidato distinto al que fue designado por ella. «La inobservancia de este precepto será causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al designado en la coalición»[213].

4. En relación con la coalición conformada para ocupar cargos uninominales, el candidato escogido por la coalición será «el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella»[214]. Igualmente, será el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que, aunque no formen parte de la coalición inicial, decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición[215].

5. Tratándose de campañas presidenciales, también formarán parte de la coalición los partidos y movimientos políticos que públicamente manifiesten su apoyo al candidato[216].

6. Antes de la inscripción del candidato, la coalición deberá decidir[217]: i) el mecanismo mediante el cual se efectúa la designación del candidato; ii) si se trata de la elección de gobernador o alcalde, el programa político; iii) el mecanismo mediante el cual se financiará la campaña; iv) la distribución de la reposición estatal de los gastos entre las distintas organizaciones políticas que conforman la coalición; v) los sistemas de publicidad y auditoría interna; vi) la manera en que se integrará la terna cuando sea necesario reemplazar al elegido por faltas absolutas, si se trata de una elección de gobernador o alcalde[218] y v) la forma de distribución de los aportes estatales a la campaña, pues, «de lo contrario, perderán el derecho a la reposición estatal de gastos»[219].

7. «En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos»[220].

8. La autoridad electoral ante la cual se realiza la inscripción del candidato de coalición deberá rechazarla cuando el candidato hubiere participado «en la consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que lo inscribe»[221].

9. En la propaganda electoral solo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos previamente registrados por la coalición ante el Consejo Nacional Electoral[222].

   Visto lo anterior, es posible identificar tres supuestos preliminares en los que se configura la prohibición de doble militancia en las candidaturas de coalición, establecidos directamente por el legislador estatutario:

   Primero, el precandidato de coalición que hubiere participado en una consulta interpartidista no podrá inscribirse como candidato «en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas»[223].

   Segundo, los partidos y movimientos políticos que formaron parte de la coalición, sus directivos, las coaliciones propiamente dichas, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, «no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado»[224].

   Y, tercero, en caso de designación directa, es decir, sin la realización de una consulta, tratándose de coaliciones para cargos uninominales, «los partidos y movimientos políticos y sus directivos y los promotores de los grupos significativos de ciudadanos no podrán inscribir ni apoyar candidato distinto al que fue designado por la coalición»[225].

   9.2. Jurisprudencia constitucional sobre las coaliciones políticas

   La jurisprudencia constitucional se ha ocupado en tres oportunidades de analizar las candidaturas de coalición. Para comenzar, conviene mencionar la Sentencia C-490 de 2011, en la cual la Corte analizó la constitucionalidad del proyecto de ley que culminó con la sanción de la Ley 1475 de 2011. En esa ocasión, la Sala Plena sostuvo que las candidaturas de coalición para cargos uninominales son una expresión del derecho constitucional de postulación de candidatos y del derecho a la participación política en cabeza de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos.

   En este contexto, advirtió que la previsión relativa a que el candidato designado por la coalición será el candidato único de las organizaciones políticas que la integran se funda en lo dispuesto en el artículo 262 de la Constitución. Este establece que «[l]os partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que decidan participar en procesos de elección popular, inscribirán candidatos y listas únicas»[226]. En palabras de la Corporación, la exigencia antes anotada obedece a los propósitos de cohesionar a las organizaciones políticas, otorgar seriedad a las candidaturas y «garantizar mayor legitimidad a través del más amplio respaldo popular al candidato que resulte elegido en la contienda electoral».

   En relación con el carácter vinculante del acuerdo de coalición, la Corte destacó que tal obligatoriedad no desconoce el principio de autonomía que gobierna el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. Esto, en la medida en que, justamente, constituye una manifestación de su libertad para organizarse y definir las reglas que los rigen. Adicionalmente, es un efecto que «propende por la transparencia, la objetividad y la equidad en la administración de la empresa electoral conjunta» y favorece la seriedad del consenso.

   La segunda sentencia es la C-1081 de 2005, en la cual la Sala Plena efectuó el control de constitucionalidad del Reglamento 01 de 2003 del Consejo Nacional Electoral, expedido en virtud de lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2003[227]. En ella la Corporación sostuvo que las coaliciones o «alianzas partidistas» son una modalidad de inscripción de candidatos y de listas, mediante las cuales se pretende que las campañas tengan un respaldo popular amplio y demostrado. Esto se consigue a través del fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos y la ejecución de estrategias que promuevan el consenso entre estos.

   Con base en estas premisas, la Corte concluyó que, aunque el Acto Legislativo 01 de 2003 no preveía expresamente la modalidad de inscripción de listas o de candidatos por coalición, esta se encontraba autorizada por el texto superior. Esto, en la medida en que tal modalidad era compatible con el espíritu de la reforma constitucional. Así, «lejos de promover el fraccionamiento de las fuerzas políticas, [las coaliciones] propugnan su agrupamiento y fortaleza como expresión de los anhelos populares». Además, la Sala Plena afirmó que las coaliciones profundizan el principio democrático porque permiten «a los partidos y a sus miembros ejercer con mayor libertad el derecho de elegir y ser elegido».

   En similares términos, en la Sentencia C-1153 de 2005, la Corte concluyó que la inscripción de candidatos a la Presidencia de la República por parte de coaliciones entre los partidos y movimientos se ajusta a la Constitución y, en particular, a los objetivos del Acto Legislativo 01 de 2003. Esto en la medida en que la autorización para conformar coaliciones pretende que el candidato tenga un amplio respaldo popular, «a fin de lograr el agrupamiento ciudadano en torno de partidos, movimientos o grupos fuertes».

   9.3. Jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre las coaliciones políticas

   Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha considerado que las coaliciones políticas surgen como resultado de «la decisión libremente adoptada por las organizaciones políticas de juntar esfuerzos para lograr un fin común en el campo de lo político»[228]. Así mismo, ha precisado que las coaliciones y las alianzas son términos empleados indistintamente por el ordenamiento jurídico para denotar lo mismo[229]. Igualmente, ha manifestado que, por expresa permisión estatutaria[230], las coaliciones pueden conformarse después de las elecciones, mediante la figura de la adhesión, sin ningún tipo de formalidad especial como la suscripción de un acuerdo o la aceptación de las autoridades electorales[231].

   Del mismo modo, ha aclarado que cuando los integrantes de la coalición son partidos y movimientos políticos con personería jurídica, cada uno de ellos debe avalar la candidatura. Pero si la coalición está integrada por movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, estos deben acreditar el número de firmas requerido en las normas que regulan la materia, así como la garantía de seriedad de la candidatura[232].

   En similar sentido, la Sección Quinta ha definido los siguientes requisitos para inscribir candidatos de coalición a cargos uninominales: i) de manera previa a la inscripción, las organizaciones políticas deben acordar los aspectos referidos en el parágrafo 1 del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011[233] y ii) «[a]l momento de la inscripción, en el formulario de inscripción E-6, se debe dejar claro las agrupaciones políticas que integran la coalición y la filiación política del candidato»[234]. En cuanto a la coaliciones para presentar listas de candidatos para corporaciones públicas, la Sala ha considerado estas exigencias establecidas en el artículo 262 de la Constitución: i) los titulares de este derecho son los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y ii) estos deben haber obtenido una votación de hasta el 15% de los votos válidos de la respectiva circunscripción[235].

   Al respecto, ha señalado que, si bien la inscripción de candidatos de coalición a corporaciones públicas no ha sido regulada por el legislador de manera integral, como en el caso de los cargos uninominales, las condiciones constitucionales señaladas en precedencia son «directas, claras y expresas»[236]. Por ello, se «impone [la] obediencia e implementación directa de la Constitución Política, sin esperar intermediarios legislativos, dando apertura a […] la prelación de los derechos fundamentales políticos sobre la ausencia u omisión legislativa, esgrimida o argüida en más de las veces, como justificativo para aplicar la figura o contenido constitucional»[237].

   En síntesis, la Constitución reconoce a las coaliciones políticas como una modalidad de postulación para las elecciones de cargos uninominales y corporaciones públicas. Con su incorporación al sistema electoral, se buscó que las campañas tuvieran un respaldo popular amplio y demostrado mediante la generación de estrategias que promovieran el consenso entre partidos y movimientos políticos fuertes. Ahora bien, de acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial de la figura, son dos los elementos que deberán ser tenidos en cuenta por la Sala Plena para resolver los problemas jurídicos planteados.

   El primero de ellos tiene que ver con la relación que existe entre la obligación relativa a que el candidato designado por la coalición sea el candidato único de las organizaciones políticas que la integran[238] y la prohibición de doble militancia. Como se indicó líneas arriba, tal previsión obedece a los propósitos de cohesionar a las organizaciones políticas, otorgar seriedad a las candidaturas y garantizar mayor respaldo popular al candidato vencedor. Por esto el propio legislador estatutario definió tres supuestos en los que se configura dicha prohibición en las candidaturas de coalición. De ahí que no sea cierto, al menos no en términos absolutos, que la proscripción constitucional no se extienda a las coaliciones, como lo sostuvieron el juez de tutela de segunda instancia y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

   El segundo elemento consiste en que, también por decisión del legislador estatutario, en el formulario de inscripción de un candidato de coalición a un cargo uninominal se deben señalar i) los partidos y movimientos que integran la coalición y ii) la filiación política del candidato. En palabras de la Corte, esta información protege la libertad y la autonomía del elector y rodea de mayor transparencia y eficacia los procesos de votación.

   Ahora bien, en lo que concierne al asunto de la referencia, y en aplicación del principio del efecto útil de las normas jurídicas[239], la exigencia descrita significa que, aunque el candidato de la coalición sea el candidato único de las organizaciones políticas que la integran, de ello no se sigue que pierda su filiación política de origen y, por tanto, que se deba entender que aquel es militante o integrante de los demás partidos y movimientos que forman parte de lo coalición. Esta es la única conclusión posible si se considera que, por expreso mandato constitucional, «en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica» (artículo 107 de la CP).

10. Estudio del caso concreto

    De conformidad con las razones que pasan a exponerse, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará la sentencia dictada el 30 de agosto de 2021 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, confirmará parcialmente la sentencia aprobada el 20 de mayo del mismo año por la Sección Cuarta de la misma Corporación, que i) declaró la falta de legitimación en la causa de los señores L.L.B.S. y C.N.Q. y de los coadyuvantes y ii) negó el amparo de los derechos fundamentales invocados.

    10.1. La Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en un defecto fáctico

    El accionante considera que la Sentencia dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico porque con base en medios de prueba diferentes a la inscripción formal ante el partido Alianza Verde, y con independencia de la renuncia presentada por él a ese partido, concluyó que, al momento de su inscripción como candidato a la Alcaldía de G., militaba en esa organización política.

    Concretamente, alega que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, el formulario de inscripción a la candidatura no es un medio idóneo para acreditar la filiación política del candidato, más aún si este fue diligenciado por un tercero, como ocurrió en su caso. A su juicio, lo mismo sucede con el aval que le fue otorgado por el partido Alianza Verde, los coavales, autorizaciones y avales en coalición concedidos por los demás partidos y movimientos políticos que formaron parte de la coalición «C.R.A. y el acuerdo de coalición. En su opinión, estos documentos, a luz del mencionado artículo, no prueban su militancia o pertenencia a ese partido.

    En el capítulo sexto de la presente providencia, la Corte destacó cuatro reglas dispuestas por el legislador ordinario y estatutario y la jurisprudencia, para resolver los cuestionamientos anteriores: i) la inscripción de la candidatura debe ser realizada por el representante legal del partido o movimiento político o por la persona a quien él delegue, o por el comité de inscriptores del grupo significativo de ciudadanos por el cual se realiza dicha inscripción, según el caso; ii) con la firma del formulario de inscripción, el candidato no solo acepta la candidatura, sino que, además, declara bajo la gravedad de juramento que forma parte del partido o movimiento político referido en el propio formulario o que su candidatura fue promovida por un determinado grupo significativo de ciudadanos; iii) en el caso de la inscripción de candidaturas de coalición, en el formulario respectivo se deben señalar los partidos y movimientos que integran la coalición y la organización política a la que pertenece el candidato, la cual, por regla general, es la que otorga el aval principal en coalición y iv) este aval y los coavales deben acompañar el formulario de inscripción y entregarse a la respectiva autoridad electoral.

    Con base en las referidas reglas, la Sala afirmó que, en el caso de las candidaturas de coalición, dado su contenido, tanto el formulario de inscripción de la candidatura como los avales principales en coalición y los coavales otorgados por los partidos y movimientos políticos que forman parte de ella sí constituyen medios idóneos para determinar la filiación política del candidato y, por tanto, para constatar la violación de la prohibición de doble militancia.

    Ahora bien, antes de analizar la valoración probatoria adelantada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, resulta útil tener en cuenta que, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y tratándose del régimen probatorio, los artículos 40 y 211 de la Ley 1437 de 2011 remiten al Código de Procedimiento Civil. Como se sabe, este fue código derogado por el Código General del Proceso (CGP). El artículo 165 del CGP «enuncia el principio de libertad probatoria, es decir, que el juez puede acudir a cualquiera de los medios previstos en la ley para efectos de probar los hechos materia de la controversia»[240].

    Aclarado el punto anterior, la Corporación observa que, con fundamento en las siguientes pruebas, la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que, al momento de la inscripción de su candidatura, el accionante era militante del partido Alianza Verde. En primer lugar, analizó el formulario de inscripción E-6 AL, suscrito por el accionante, el cual contiene la siguiente información [la negrilla es del texto original]:

    COALICIONES

    SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATO Y CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATURA PRESENTADA POR LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS

    ALCALDÍA

    ELECCIONES 27 DE OCTUBRE DE 2019

    PERIODO 2020 – 2023

    DEPARTAMENTO:

    SANTANDER

    MUNICIPIO:

    GIRÓN

    NOMBRE DE LA COALICIÓN:

    COALICIÓN CARLOS ROMÁN ALCALDE

    INFORMACIÓN DEL CANDIDATO

    CÉDULA:

    […]

    EDAD:

    […]

    GÉNERO:

    FOTOGRAFÍA CANDIDATO

    M

    F

    PRIMER NOMBRE:

    CARLOS

    SEGUNDO NOMBRE:

    ALBERTO

    PRIMER APELLIDO:

    ROMÁN

    SEGUNDO APELLIDO:

    OCHOA

    TELÉFONO FIJO/CELULAR:

    […]

    CORREO ELECTRÓNICO:

    […]

    DECLARACIÓN DEL CANDIDATO

    Bajo la gravedad del JURAMENTO, declaro no haber participado en consultas internas de otro partido, movimiento o coalición, reúno las calidades y no estoy incurso en causales de inhabilidad y/o incompatibilidad consagradas en la Constitución o la ley, por lo que acepto la candidatura para el cargo, circunscripción y periodo.

    OPORTUNIDAD PARA ACEPTAR LA CURUL EN CORPORACIÓN PÚBLICA

    Una vez declarada la elección de los cargos de gobernador, alcalde distrital y municipal, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en votación tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las asambleas departamentales, concejos distritales y concejos municipales respectivos, durante el periodo de estas corporaciones (art. 25 Ley 1909 de 2018). […]

    […]

    FIRMA DE ACEPTACIÓN

    ORGANIZACIÓN POLÍTICA A LA QUE PERTENECE EL CANDIDATO

    PARTIDO ALIANZA VERDE

    CON PERSONERÍA JURÍDICA

    X

    SIN PERSONERÍA JURÍDICA

    Si el candidato pertenece a un partido o movimiento político favor diligenciar la información

    Nombre del suscriptor:

    JOSÉ ÁNGEL AMADOR SIERRA

    Correo:

    [...]@partidoverde.org.co

    Teléfono:

    [...]

    Si el candidato pertenece a un grupo significativo de ciudadanos favor diligenciar la información de los suscriptores

    INFORMACIÓN DE LOS INSCRIPTORES Y DATOS DE LA PÓLIZA

    […]

    ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE CONFORMAN LA COALICIÓN

    PARTIDO ALIANZA VERDE

    CON PERSONERÍA

    SI

    X

    NO

    Partido Social de Unidad Nacional Partido de la U

    CON PERSONERÍA

    SI

    X

    NO

    Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS

    CON PERSONERÍA

    SI

    X

    NO

    PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

    CON PERSONERÍA

    SI

    X

    NO

    Partido Alianza Social Independiente ASI

    CON PERSONERÍA

    SI

    X

    NO

    PARTIDO CAMBIO RADICAL

    CON PERSONERÍA

    SI

    X

    NO

    MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA AICO

    CON PERSONERÍA

    SI

    X

    NO

    Partido Liberal Colombiano

    CON PERSONERÍA

    SI

    X

    NO

    En segundo lugar, la Sección Quinta constató que el 17 de julio de 2019, el partido Alianza Verde otorgó aval al accionante para su inscripción como candidato a la Alcaldía del municipio de G., en las elecciones del 27 de octubre de 2019 (periodo constitucional 2020 – 2023). En el párrafo cinco de este escrito, se lee: «El presente documento compromete irrestrictamente al candidato avalado a respaldar las candidaturas inscritas y avaladas o coavaladas por el partido Alianza Verde a las corporaciones públicas».

    En tercer lugar, la Sala encontró diferencias de redacción entre el escrito mediante el cual el partido Alianza Verde avaló la candidatura del señor R. y las autorizaciones, coavales y avales en coalición concedidos por las demás organizaciones que integraron la coalición «C.R.A.. Así, señaló que el partido Cambio Radical autorizó la coalición; el MAIS, el AICO y el partido ASI otorgaron coaval; el partido Conservador Colombiano permitió «avalar e inscribir en coalición con el partido Alianza Verde» la candidatura del actor y el Partido de La U le reconoció aval en coalición. En el expediente no obra prueba del aval otorgado por el partido Liberal Colombiano.

    Y, en cuarto lugar, la Sección comprobó que, de conformidad con el acuerdo de coalición, el 24 de julio de 2019, los representantes legales y apoderados de esas organizaciones políticas suscribieron dicho acuerdo «programático y político con el propósito de apoyar la candidatura avalada por el partido Alianza Verde a las elecciones de autoridades locales que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre de 2019, de C.A.R.O.» [negrilla fuera del texto original].

    En consecuencia, a través del acuerdo en mención, dichas personas determinaron que el partido Alianza Verde sería el responsable de i) efectuar la rendición de cuentas; ii) hacer la auditoría interna y externa de las cuentas de la campaña; iii) recibir los recursos provenientes de la financiación estatal de la campaña y realizar la distribución correspondiente; iv) diseñar el plan de medios y la publicidad y v) postular un nombre para la terna, en caso de presentarse una falta temporal o absoluta del candidato[241]. Además, acordaron, como es usual, que la coalición iniciaría formalmente con la inscripción de la candidatura y terminaría con la finalización del periodo constitucional del candidato en coalición o «hasta el momento que se convoque a nuevas elecciones atípicas por falta absoluta del elegido en los términos de este contrato».

    En virtud de las pruebas reseñadas, la Sala Plena concluye que la Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en un defecto fáctico, por las siguientes razones. Primera, con su firma en el formulario de inscripción de su candidatura, el señor R.O. aceptó esa postulación y, dado su contenido, declaró bajo la gravedad de juramento que pertenecía al partido Alianza Verde. Segunda, contrariamente a lo manifestado por el actor, el legislador ordinario expresamente determinó que la inscripción de la candidatura debe ser realizada por el representante legal del partido o movimiento político o por la persona a quien él delegue. En este caso, la inscripción fue realizada por el señor J.Á.A.S., quien para ese momento fungía como secretario de la dirección ejecutiva departamental del partido Alianza Verde en Santander. Al respecto, no existe prueba de que, para el efecto, el señor A. no contara con la delegación requerida.

    Tercera, en cumplimiento de lo previsto en el inciso tercero del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, en el tantas veces mencionado formulario de inscripción, el inscriptor señaló los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política del accionante. Ya se dijo que, con su firma, el señor R. declaró bajo la gravedad de juramento que esta información era cierta. Cuarta, en consideración de su redacción, es claro que el partido Alianza Verde otorgó al accionante el aval principal y que los demás partidos y movimientos políticos que integraron la coalición «C.R.A. se limitaron a coavalar la aspiración. Y, quinta, los partidos y movimientos políticos se coaligaron expresamente «con el propósito de apoyar la candidatura avalada por el partido Alianza Verde». En las consideraciones de esta sentencia, se precisó que, en virtud de lo estatuido en el parágrafo 2 del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, el acuerdo de coalición tiene carácter vinculante.

    Por todo lo anterior, la Corte Constitucional encuentra que la Sentencia dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en un defecto fáctico, al determinar, con fundamento en medios de prueba diferentes a la inscripción formal ante el partido Alianza Verde, y con independencia de la renuncia presentada por el accionante a ese partido, que este militaba en esa organización política al momento de su inscripción como candidato a la Alcaldía de G..

    10.2. La Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en un defecto sustantivo

    A juicio del señor R.O., la citada sentencia incurrió en un defecto sustantivo por cuanto, para concluir que él formaba parte del partido Alianza Verde, no aplicó los artículos i) 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que dispone que «[l]a militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política» y ii) 1502, 1526 y 1740 del Código Civil, en virtud de los cuales es nulo todo acto jurídico en el que se haya omitido el consentimiento de una de las partes. Además, iii) porque interpretó en indebida forma el artículo 29 de la Ley Estatutaria, pues los candidatos únicos de una coalición no pueden considerarse militantes de los partidos y movimientos que la conforman.

    Para comenzar, conviene determinar si las candidaturas de coalición se encuentran exceptuadas de la prohibición constitucional y estatutaria de doble militancia. En el planteamiento de los problemas jurídicos, se advirtió que este es un asunto preliminar que debe ser resuelto por la Corte, pues se trata de una materia transversal a la discusión y, esencialmente, porque aquella fue la razón que arguyó el juez de tutela de segunda instancia para revocar la decisión que negó el amparo de los derechos fundamentales invocados.

    En concordancia con lo sostenido en los capítulos octavo y noveno de esta sentencia, la Sala Plena colige que la prohibición de doble militancia sí se extiende a las candidaturas de coalición. Esto es así, en virtud de varias razones.

    En primer lugar, a la luz de una interpretación sistemática de los artículos 107 superior y 2 y 29 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, el único presupuesto inicial para la configuración de dicha prohibición es la posibilidad o el ejercicio efectivo de la representación política. A esta conclusión llegó la Corte en la Sentencia C-490 de 2011, mediante la cual realizó el control automático de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que culminó con la sanción de la Ley 1475 de 2011. Lo anterior, luego de encontrar que el artículo 107 de la Constitución «predica la vigencia de la prohibición de doble militancia a los “ciudadanos”, fórmula amplia que incluye a todos aquellos que manifiesten su interés de integrar un grupo con el propósito de ejercer poder político»[242].

    Es claro que las coaliciones entre partidos, movimientos políticos, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos están habilitadas para inscribir candidatos a cargos uninominales y corporaciones públicas. Por tanto, los candidatos de coalición pretenden ejercer representación política y, por ende, participan en la contienda electoral. Desde esta perspectiva, carecería de sentido sostener que, en el curso de la campaña política, así como en el ejercicio del cargo para el cual fueron elegidos, los candidatos de coalición no están obligados a proteger los fines que pretende alcanzar la proscripción constitucional. Esto, del mismo modo en que lo están los demás candidatos y servidores públicos de elección popular, quienes, por ese hecho, también ejercen representación política.

    En segundo lugar, para la Sala Plena, admitir lo contrario, con sustento en una interpretación parcial, esto es, que no tenga en cuenta el conjunto de las normas constitucionales y legales que regulan la materia, tendría consecuencias lesivas para la materialización de los fines antes anunciados. Como se dijo en el acápite octavo de esta sentencia, tales fines consisten en i) respetar el principio democrático representativo mediante la sujeción al programa político propuesto; ii) garantizar que la relación entre los candidatos y los votantes se funde en la claridad, probidad y lealtad requeridas; iii) salvaguardar la confianza del elector y iv) mantener la disciplina partidista.

    Tal interpretación habilitaría la posibilidad de defraudar el alcance de dichas normas y de los importantes principios superiores que busca preservar la prohibición de doble militancia, mediante la escogencia de un determinado tipo postulación. Recogiendo las palabras de la Corte en la Sentencia C-490 de 2011, la aplicación al caso concreto de la tesis que no se funda en una interpretación armónica y sistemática de la Constitución y la ley constituiría un estímulo perverso para que las organizaciones políticas conformaran coaliciones con el único fin de soslayar la prohibición en comento.

    En tercer lugar, el propio legislador estatutario definió tres presupuestos en los que se configura la prohibición de doble militancia en las candidaturas de coalición[243]. Los tres fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011. Igual suerte tuvo la única excepción a esa prohibición prevista en la misma Ley[244]. Lo mismo sucedió con el deber de indicar en el formulario de inscripción de la candidatura de coalición «los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos»[245].

    Dada la regla de decisión aplicada, la citada sentencia permite inferir que no es cierto, al menos no en términos absolutos, que la proscripción constitucional no se extienda a las coaliciones, como lo sostuvieron el juez de tutela de segunda instancia y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Adicionalmente, pone de presente que las posibles excepciones a la prohibición solo se pueden apoyar en razones prácticas. Además, que aunque el candidato de la coalición sea el candidato único de las organizaciones políticas que la integran, de ello no se sigue que pierda su filiación política de origen y, por tanto, que se deba entender que aquel es militante o integrante de los demás partidos y movimientos que forman parte de lo coalición.

    En cuarto lugar, no existen motivos para considerar que el candidato de coalición no deba lealtad y disciplina, primero, a su partido de origen y, segundo, a los demás partidos y movimientos políticos que forman parte de la coalición. Respecto del partido de origen, las exigencias mencionadas obedecen no solo a la militancia del candidato en la organización, sino también a la identidad ideológica entre este y el partido, a la claridad que sobre el particular deben tener los electores, al otorgamiento del aval principal y a la postulación ante las demás colectividades.

    En cuanto a los partidos y organizaciones que integran la coalición, el deber de lealtad y disciplina se sustenta, por un lado, en que el candidato de la coalición es el candidato único de las organizaciones políticas que la conforman y, por otro lado, en el carácter vinculante del acuerdo de coalición. La condición de candidato único le impone al aspirante el deber de representar las ideas y las posturas de las organizaciones políticas que lo respaldan. Por su parte, la naturaleza vinculante del acuerdo de coalición lo obliga a sujetar su actuación al documento que plasmó el consenso entre aquellas.

    En quinto lugar, tampoco existen razones para estimar que las candidaturas de coalición solo están reguladas por lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, como al parecer lo entendió el juez de tutela de segunda instancia. Ya se dijo que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para determinar el alcance de la prohibición de doble militancia, es preciso hacer una interpretación sistemática de los artículos 107 de la Constitución y 2 de la Ley 1475 de 2011.

    De acuerdo con la comprensión de la Corte, el artículo 107 de la Constitución «predica la vigencia de la prohibición de doble militancia a los “ciudadanos”, fórmula amplia que incluye a todos aquellos que manifiesten su interés de integrar un grupo con el propósito de ejercer poder político»[246]. En relación con el artículo 2 estatutario, en la Sentencia C-490 de 2011, la Sala Plena advirtió que carecería de todo sentido que la restricción solo se aplicara a los supuestos expresamente señalados en la Constitución. Esta observación le permitió considerar que la prohibición de doble militancia se extiende, incluso, a los partidos y movimientos políticos sin personería jurídica y a los directivos de estas organizaciones, aunque el artículo 107 de la Constitución no contenga ninguna previsión al respecto. Sobre el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, la Sala encontró que el deber de indicar en el formulario de inscripción los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos «protege la libertad del elector» y, por eso, se ajusta al texto superior.

    Y, en sexto lugar, la Sala observa que, tratándose de la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 determina que «[q]uienes […] hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados». Es claro que esta norma sí resulta aplicable a los candidatos de coalición porque en su caso también se cumplen los supuestos fácticos que allí se exigen: i) aspiran a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular y ii) por mandato del inciso tercero del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, se encuentran afiliados a una organización política. Esta afiliación, se reitera, no se pierde, aunque el candidato sea el candidato único de las organizaciones políticas que integran la coalición.

    Visto lo anterior, pasa la Sala a explicar las razones por las cuales la Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en un defecto sustantivo y a establecer el alcance de la prohibición de doble militancia en el presente caso.

    10.2.1. Inaplicación del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011

    El actor señala que la Sección Quinta del Consejo de Estado no aplicó el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que dispone que «[l]a militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política».

    Al respecto, en páginas anteriores se advirtió que, en el caso de las candidaturas de coalición, tanto el formulario de inscripción de la candidatura como los avales principales en coalición y los coavales otorgados por los partidos y movimientos políticos que forman parte de ella también constituyen medios idóneos para determinar la filiación política del candidato y, por tanto, para constatar el quebrantamiento de la proscripción constitucional de doble militancia.

    Ahora bien, podría pensarse que, en el contexto de lo estatuido en el artículo 2 de la Ley 1475, la inscripción en el partido o movimiento político cumple una única función: determinar la militancia política y, en esa medida, establecer la violación de la prohibición de doble militancia. No obstante, esto no es así. Tal entendimiento limitado de la norma conduce a un resultado irrazonable. Implicaría que la inscripción en un partido o movimiento político constituye una mera formalidad, cuyo incumplimiento es suficiente para que no se configure la prohibición.

    Ciertamente, la inscripción en un partido o movimiento político cumple otras funciones. En la ya citada Sentencia C-490 de 2011, la Corte sostuvo que el registro de los afiliados a una organización política y la inclusión de este en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos le permite al Consejo Nacional Electoral «cumplir la función general de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos». Adicionalmente, dicho registro «garantiza principios constitucionales de significativa importancia, como la publicidad de los actos y la transparencia».

    Más aún, en lo que respecta a los integrantes de esas organizaciones, esto es, a quienes ejercen o aspiran a ejercer cargos de elección popular, la Sala destacó que el dato sobre la inscripción en la organización política es un dato público. Pues ello es imprescindible para «i) ejercer control político y ciudadano acerca de su disciplina frente a los planes y programas del partido o movimiento; ii) evaluar el grado de cumplimiento del régimen de bancadas; iii) determinar en qué casos se infringe la prohibición de doble militancia y, en general, iv) predicar las consecuencias jurídicas que la Constitución y la ley prevén respecto de los candidatos elegidos por un partido o movimiento político».

    En consecuencia, dado que la finalidad que persigue el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 es sancionar la violación de la prohibición de doble militancia, la pertenencia a un partido o movimiento político se puede establecer con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, así como con otros medios, incluso previstos por el propio legislador (artículo 93 del Código Electoral), que evidencien dicha militancia.

    Aceptar que esa circunstancia no se puede probar de otra forma implicaría desconocer las dinámicas complejas de la política y autorizar la violación de la prohibición, mediante el incumplimiento de una formalidad que solo puede controlar el interesado en que tal prohibición no se configure.

    10.2.2. Inaplicación de los artículos 1502, 1526 y 1740 del Código Civil

    A juicio del accionante, la interpretación sistemática de los artículos 1502[247], 1526[248] y 1740[249] del Código Civil permite concluir que es nulo todo acto jurídico en el que se haya omitido el consentimiento de una de las partes. Por esto, «la manifestación de [su] pertenencia al partido Alianza Verde […], plasmada en la inscripción de su candidatura, por parte de un tercero, es un acto jurídico invalido e ineficaz».

    Este argumento no está llamado a prosperar porque, como ya se señaló, con la firma del formulario de inscripción de su candidatura, el señor R.O. aceptó esa postulación y, dado su contenido, declaró bajo la gravedad de juramento que pertenecía al partido Alianza Verde. De otro lado, contrariamente a lo manifestado por el actor, el artículo 93 del Código Electoral dispone que la inscripción de la candidatura debe ser realizada por el representante legal del partido o movimiento político o por quien él delegue. En su caso, la inscripción fue efectuada por el señor J.Á.A.S., quien para ese momento ostentaba el cargo de secretario de la dirección ejecutiva departamental del partido Alianza Verde en Santander. Sobre el particular, el señor R. no probó que, para el efecto, el señor A. no contara con la delegación exigida.

    Ahora bien, en el evento en que se hubiese demostrado que dicha delegación no tuvo lugar, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha considerado que «no es condición sine qua non que la solicitud de inscripción de candidatos se realice por el representante legal del partido o movimiento político o por su delegado, siempre y cuando se observe con la exigencia constitucional y legal de aportar el respectivo aval, este sí, expedido por el representante legal o el delegado por este»[250].

    Al respecto, está demostrado que el partido Alianza Verde avaló la candidatura del actor a la Alcaldía de G. y que dicho aval fue adjuntado al formulario de inscripción de la candidatura[251].

    10.2.3. Indebida interpretación del artículo 29 de la 1475 de 2011

    El actor alega que la Sección Quinta del Consejo de Estado interpretó en indebida forma el artículo 29 de la Ley 1437 de 2011 por cuanto los candidatos únicos de una coalición no pueden considerarse militantes de los partidos y movimientos que la conforman. Al mismo tiempo, de manera contradictoria, señaló que «[l]os candidatos de coalición sin pertenencia a un partido pertenecen a todos los partidos que se hayan coaligado».

    Para empezar, conviene recordar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución, «[e]n ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica». De ahí que no sea cierto que los candidatos de coalición puedan pertenecer a todos los partidos que forman parte de ella. De otro lado, ya se dijo que tampoco es cierto que el candidato de coalición, aunque sean el candidato único de las organizaciones políticas que la integran, pierda su filiación política de origen y, por tanto, que se deba entender que milita en los demás partidos y movimientos que forman parte de lo coalición. A esta conclusión se llega luego de hacer una interpretación sistemática de los artículos 107 de la Constitución, 93 del Código Electoral y 29, inciso tercero, de la Ley 1475 de 2011.

    Sobre este asunto, a diferencia de lo sostenido por el actor, en la sentencia objeto de reproche, la Sección Quinta del Consejo de Estado encontró que, al momento de la inscripción de su candidatura, aquel militaba en el partido Alianza Verde. Es decir, no concluyó que el señor R. no formaba parte de ningún partido o que pertenecía a todos los partidos y movimientos que se coaligaron para respaldar su candidatura.

    Por lo expuesto, este argumento tampoco está llamado a prosperar.

    10.2.4. Alcance de la prohibición de doble militancia en el presente caso

    Ahora bien, en este punto corresponde determinar si un candidato de coalición, como es el caso del actor, vulnera la proscripción constitucional cuando, en otra circunscripción dentro del mismo proceso electoral, apoya a un candidato de otra coalición, de la cual no forma parte su partido político de origen.

    Al respecto, se debe recordar que la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección del accionante como alcalde de G. con sustento en la causal de doble militancia, al comprobar que aquel apoyó públicamente la candidatura de la señora Á.P.H.Á. a la Gobernación de Santander. La señora H. era militante del Partido de la U y fue la candidata de una coalición de la que no fue miembro el partido Alianza Verde, sino los partidos Liberal Colombiano, Colombia Justa Libres, Centro Democrático y MIRA. Lo anterior, en lugar de apoyar la postulación del señor P.L.G., militante del partido Polo Democrático Alternativo y candidato único de la coalición «Dignidad Santandereana», conformada por dicho partido, el partido Alianza Verde y el movimiento político Colombia Humana – Unión Patriótica.

    En la sentencia objeto de reproche, la Sección Quinta argumentó que «cuando un candidato se inscriba por una coalición, si su intención se manifiesta en brindar apoyo, debe hacerlo: (i) en primer lugar a los candidatos de su partido de origen, y en caso de que no haya candidato para un cargo específico, (ii) puede apoyar a los candidatos de los demás integrantes de la coalición o de los partidos o movimientos políticos que se hayan adherido, siempre y cuando haya sido dejado libre para dar ese apoyo por parte del partido».

    Como se indicó en el acápite dedicado a estudiar el alcance de la prohibición de doble militancia, en la Sentencia de reemplazo dictada el 14 de octubre de 2021[252], la Sección Quinta del Consejo expresamente reiteró que la regla anterior, también plasmada en la Sentencia del 24 de septiembre de 2020[253], constituye la jurisprudencia en vigor de esa sala en esta materia.

    La Corte comparte el criterio transcrito, en la medida en que se ajusta a las normas constitucionales y estatutarias que regulan la prohibición de doble militancia y las candidaturas de coalición y resulta compatible con la jurisprudencia constitucional sobre el alcance de esas figuras.

    Lo primero, porque tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos 107 de la Constitución, en cuanto a la prohibición de pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político, y en el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, a cuyo tenor «[q]uienes […] hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados». Ya se dijo que esta última norma sí resulta aplicable a los candidatos de coalición porque en su caso también se cumplen los supuestos fácticos que allí se exigen: aspiran a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular y, por mandato del inciso tercero del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, se encuentran afiliados a una organización política.

    Igualmente, la posición de la Sección Quinta del Consejo de Estado reconoce que, en principio, en ejercicio de su autonomía personal, el candidato no está obligado a respaldar ninguna candidatura. Empero, sí lo hace, debe seguir las reglas que prohíben la doble militancia política y las directrices del partido o movimiento político al que pertenece.

    Respecto de la compatibilidad del criterio con la jurisprudencia constitucional, en otros apartes de esta sentencia se ha dicho que a la luz de una interpretación sistemática de los artículos 107 superior y 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, el único presupuesto inicial para la configuración de la prohibición de doble militancia es la posibilidad o el ejercicio efectivo de la representación política. De ahí que, hasta la fecha, la única excepción a esta prohibición, que ha admitido la Corte, sea la prevista en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011. Adicionalmente, se sostuvo en varias ocasiones que, aunque el candidato de la coalición sea el candidato único de las organizaciones políticas que la integran, de ello no se sigue que pierda su filiación política de origen.

    De otro lado, como se advirtió en el acápite dedicado a estudiar los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena ha definido un criterio adicional de procedibilidad sustancial, de carácter restrictivo, cuando se trata de providencias judiciales de las altas cortes. Este criterio está orientado por la urgencia de la intervención del juez constitucional cuando la decisión es abiertamente incompatible con la jurisprudencia constitucional sobre el alcance de los derechos fundamentales. En esta oportunidad, la Sala reitera que lo anterior implica otorgar un grado superior de deferencia a la sentencia atacada, pues las providencias de las altas cortes «están cobijadas por una garantía de mayor estabilidad que las decisiones proferidas por otros jueces, en razón de su papel en el ordenamiento jurídico»[254].

    Por esto, dado que la interpretación del órgano de cierre se ajusta a las normas constitucionales y estatutarias que regulan la materia y resulta compatible con la jurisprudencia constitucional, no se hace imperiosa la intervención del juez constitucional.

    En síntesis, la Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en un defecto sustantivo toda vez que interpretó en debida forma los artículos 2 y 29 de la Ley 1475 de 2011 y, con razón, al tenor de lo prescrito en el artículo 93 del Código Electoral, se abstuvo de aplicar los artículos 1502, 1526 y 1740 del Código Civil.

    10.3. La Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente constitucional

    En sentir del accionante, la sentencia que declaró la nulidad de su elección como alcalde de G. incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente, toda vez que no atendió el fijado en las Sentencias C-490 de 2011 y C-089 de 1994, en las cuales la Corte Constitucional reconoció la autonomía de los partidos políticos para adoptar sus decisiones internas y, concretamente, para conformar coaliciones políticas.

    Contrariamente a lo sostenido por el actor, y según lo expuesto a lo largo de esta sentencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado siguió el precedente fijado por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011. Con base en las reglas allí plasmadas, las cuales coinciden con la jurisprudencia de esa sección, la Sección Quinta encontró que el señor R.O. transgredió la prohibición de doble militancia. Esta situación quedó plenamente establecida en las tres consideraciones generales de la presente sentencia y en el análisis de los defectos fáctico y sustantivo.

    Por su parte, mediante la Sentencia C-089 de 1994, la Corte adelantó el control automático de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que culminó con la sanción del Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos (Ley 130 de 1994). Para demostrar su argumento, el accionante transcribió un aparte de la aludida sentencia, en la cual la Sala Plena afirmó:

    La Corte encuentra que en un sentido negativo la ley que se ocupe de la organización y régimen de los partidos, no puede, en principio, imponer a los partidos y movimientos, entre otras cosas, las siguientes: (1) condiciones y exigencias específicas sobre la implantación de un determinado procedimiento de adopción de sus decisiones internas —de acuerdo con los antecedentes en la Asamblea Nacional Constituyente, la adopción del artículo 108 inciso 2 de la CP buscaba establecer esta garantía—; (2) el contenido y el sentido concretos de una determinación que de acuerdo con sus estatutos corresponda tomar a un órgano suyo; (3) la forma especial de integrar sus órganos internos; (4) el contenido particular de sus estatutos y programas. En un sentido positivo, la ley que regula la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, puede, por vía general, determinar la organización de los partidos, siempre que se trate de ordenar su estructura genérica y ella resulte necesaria para el ejercicio de las funciones que están llamados a cumplir o para el correcto funcionamiento del sistema democrático.

    De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la decisión atacada en sede de tutela no cuestionó ni impuso un determinado tipo de procedimiento para la toma de las decisiones internas de los partidos y movimientos políticos que formaron parte de la coalición «C.R.A.. Tampoco contradijo el sentido o el contenido del aval principal otorgado al actor por el partido Alianza Verde ni las autorizaciones, avales en coalición y coavales concedidos por las demás organizaciones políticas coaligadas y mucho menos del acuerdo de coalición. Además, como se sabe, en el proceso de nulidad electoral no se puso en duda la integración de los órganos internos de dichas organizaciones o el contenido de sus estatutos o programas.

    En cualquier caso, como es natural, la autonomía que gobierna las decisiones de las organizaciones políticas no puede ser un medio o una excusa para desconocer las normas constitucionales, estatutarias y legales que regulan la prohibición de doble militancia, la inscripción de candidaturas y las coaliciones políticas. Estas normas, en su conjunto, constituyen un límite que no puede ser soslayado por dichas organizaciones para otorgar avales o establecer acuerdos de coalición. Y, menos aún, cuando, como ocurre en el presente caso, están demostrados dos aspectos fundamentales: i) que al momento de la inscripción de su candidatura, el actor era integrante de un partido político específico y ii) que la prohibición de doble militancia sí se extiende a las candidaturas de coalición.

    Sobre este asunto, es preciso explicar lo siguiente. A diferencia de lo sostenido en algunas etapas del proceso de nulidad electoral, fue en el aval dado por el partido Alianza Verde, y no en el acuerdo de coalición, que se estableció que el señor R.O. se «compromet[ía] irrestrictamente […] a respaldar las candidaturas inscritas y avaladas o coavaladas por [ese partido] a las corporaciones públicas». Para la Sala resulta evidente que de la falta de inclusión de los cargos uninominales en la fórmula transcrita no se sigue que el candidato tuviera vía libre para violar la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo frente a tales cargos. Esto es así por varias razones que se indican a continuación.

    En primer lugar, como se señaló, en virtud de su autonomía, los partidos y demás organizaciones políticas no están autorizadas para establecer autorizaciones, cláusulas o acuerdos que violen la Constitución o la ley. Ya se dijo que la interpretación sistemática y armónica del artículo 107 superior y los artículos 2 y 29 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 permite concluir que la prohibición de doble militancia sí se aplica a las candidaturas de coalición. Como es obvio, en atención al principio de supremacía constitucional y del lugar preponderante que tienen las leyes estatutarias en el ordenamiento jurídico, la fuerza vinculante de estas normas no se debilita o menoscaba cuando en los avales o en los acuerdos de coalición se fijan condiciones o se establecen regulaciones que desconocen la Constitución o la ley o no incorporan, en su totalidad, las previsiones que estas contienen.

    En segundo lugar, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la autonomía de los partidos políticos y demás organizaciones políticas es amplia, más no absoluta. Sobre el particular, en la Sentencia C-490 de 2011, la Corte fue enfática en sostener que «la protección constitucional de la autonomía de los partidos está sujeta a las limitaciones que legítimamente realice el legislador». Como ya se tuvo la oportunidad de señalar, en dicha sentencia, la Sala Plena declaró la constitucionalidad de los tres presupuestos en los que se configura la prohibición de doble militancia en las candidaturas de coalición, de la única excepción a esa prohibición prevista en la misma Ley y del deber de indicar en el formulario de inscripción de la candidatura de coalición «los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos». Al estudiar estas disposiciones, en ningún momento la Sala consideró que la prohibición de doble militancia o la regulación de las candidaturas de coalición afectara de manera injustificada la autonomía de los partidos y los movimientos políticos. Por el contrario, reafirmó la competencia que tiene el Congreso de la República para fijar la organización y el régimen jurídico de aquellos (artículo 152, literal c), de la CP).

    De hecho, al analizar el carácter vinculante del acuerdo de coalición, en la tantas veces citada Sentencia, la Corte destacó que tal obligatoriedad no desconoce el principio de autonomía que rige el funcionamiento de las organizaciones políticas. Antes bien, aquella constituye una manifestación de su libertad para organizarse y definir las reglas que los rigen. Adicionalmente, advirtió que ese carácter es un efecto que «propende por la transparencia, la objetividad y la equidad en la administración de la empresa electoral conjunta» y favorece la seriedad del consenso.

    En tercer lugar, en otras ocasiones y, en particular, en la Sentencia C-303 de 2010, la Corte argumentó que «[e]l carácter nodal de los partidos políticos en la democracia constitucional justifica una tendencia claramente identificable hacia su fortalecimiento, a través de la progresiva imposición de medidas, contenidas en sucesivas reformas constitucionales, dirigidas a aumentar […] el grado de disciplina a su interior». En este orden, la Sala Plena precisó que las reformas constitucionales de 2003 y 2009 introdujeron medidas para evitar la construcción de «proyectos personalistas desligados de una estructura ideológica y política apta para cumplir las finalidades que deben cumplir los partidos en la democracia constitucional». De ese modo, este Tribunal explicó que una de las medidas estelares para otorgar mayor vigor a los partidos políticos consistió en la constitucionalización de la prohibición de doble militancia.

    Sin duda, la tendencia identificada por la Corte fue acogida por la Ley 1475 de 2011 y por la jurisprudencia constitucional. No en vano, en la Sentencia C-490 de 2011, la Sala Plena aceptó que el legislador estatutario pudiera extender la prohibición de doble militancia a supuestos fácticos no previstos en la Constitución.

    En consonancia con lo expuesto, considerar que los partidos políticos y las organizaciones políticas en general tienen plena autonomía para establecer regulaciones o fijar condiciones de funcionamiento que, incluso, violen la Constitución y la ley desconoce el espíritu de los cambios introducidos en esta materia por los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009.

    Además, es palmario que tal posición no contribuye en lo absoluto a edificar organizaciones políticas que sean respetuosas no solo del ordenamiento jurídico y de la legalidad, sino también de la libertad del elector y del derecho de este a tener claridad sobre el proyecto ideológico que promueven los candidatos.

    En cuarto lugar, la postura de la que se aparta el presente fallo, es decir, aquella que hace una defensa a ultranza de la plena autonomía de las organizaciones políticas, pasa por alto un asunto fundamental, relacionado, precisamente, con la facultad de los partidos para establecer el contenido de sus estatutos. En el caso concreto, en ejercicio de esa autonomía, los Estatutos del partido Alianza Verde precisan, por un lado, los deberes de los candidatos frente a las coaliciones que realice el partido y, por otro, también incorporan la prohibición de doble militancia.

    Así, dichos estatutos disponen que los militantes del partido tienen el deber de «[a]catar y cumplir las alianzas, coaliciones y todas las decisiones políticas de carácter general del Partido por encima de los intereses particulares» (artículo 11)[255]; al tiempo que «[l]os candidatos tienen la obligación de apoyar al partido, los candidatos, las listas y las alianzas o coaliciones definidas por la Dirección Nacional del partido» [negrilla fuera del texto original] (artículo 60). Al respecto, se debe recordar que el accionante decidió no apoyar al candidato a la Gobernación de Santander de cuya candidatura en coalición formaba parte el partido Alianza Verde y que, en su lugar, optó por respaldar a una candidata que no había sido promovida de ningún modo por esa organización.

    Adicionalmente, los estatutos también prevén que «[q]uienes […] aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el Partido» (artículo 12) y que los militantes del partido tienen prohibido «[i]ncumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento y/o financiación de los partidos y movimientos políticos» (artículo 12) [negrilla fuera del texto original].

    Normas similares a las transcritas en los dos párrafos anteriores están contempladas en los estatutos de los demás partidos y movimientos políticos que formaron parte de la coalición que apoyó la candidatura del señor R.[256].

    En consecuencia, aunque en gracia de discusión se aceptara que la autonomía de los partidos políticos es absoluta —lo cual ya se demostró que es abiertamente equivocado—, lo cierto es que fue en ejercicio de esa prerrogativa que el partido Alianza Verde determinó que los candidatos avalados por el partido tienen el deber de apoyar a los candidatos de coalición que este respalde, y que los militantes también están obligados por la Constitución y la ley. Justamente, fueron estos dos deberes, los cuales coinciden con lo dispuesto en la Ley 1475 de 2011, los que el accionante incumplió. Este incumplimiento de la Constitución y la ley fue el que originó la nulidad de su elección como alcalde de G..

    Y, en quinto lugar, en el mismo sentido de lo expuesto en precedencia, es necesario destacar que en el acuerdo de coalición suscrito por los partidos y movimientos políticos que apoyaron la candidatura del accionante, se indicó que dicha coalición «se regulará por las disposiciones legales y estatutarias aplicables de los partidos políticos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos coaligados» [negrilla fuera del texto original]. Esta previsión fue reiterada en la cláusula décimo cuarta, la cual prescribe: «Ley y normatividad. El presente Acuerdo de Coalición se regirá por las disposiciones contempladas en la Carta Política, leyes, disposiciones emitidas por la Organización Electoral por medio del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil y por las demás normas emitidas por otras autoridades que por su naturaleza profieran reglamentos que incidan en el desarrollo del objeto de este acuerdo» [negrilla fuera del texto original].

    Es decir, el acuerdo de coalición, al igual que lo hacen los estatutos de los partidos políticos y movimientos políticos que formaron parte de la coalición «C.R.A., reconocieron que esta modalidad de candidatura se encontraba sujeta no solo a las decisiones que para el efecto adoptaron las organizaciones políticas que la conformaron, sino también —y principalmente— a la Constitución, la ley y los reglamentos.

    En resumen, la Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente constitucional, ya que siguió el precedente fijado en la Sentencia C-490 de 2011 y no desconoció el plasmado en la Sentencia C-089 de 1994.

    10.4. La Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado no desconoció los derechos fundamentales de la ciudadana L.L.B.S.

    En el capítulo dedicado a analizar la procedibilidad de la presente solicitud de amparo constitucional, se concluyó que la acción de tutela promovida por la señora L.L.B.S. sí cumple el requisito de legitimación en la causa por activa.

    Sin embargo, dado que, en su escrito, la señora B. reiteró los fundamentos de hecho y de derecho argüidos por el señor R.O. en su libelo de tutela, la Sala Plena ha de concluir, por las mismas razones expuestas en los acápites 10.1. a 10.3. de la presente sentencia, que la Sentencia dictada el 3 de diciembre de 2020 por la Sección Quinta del Consejo de Estado no desconoció los derechos fundamentales de la ciudadana L.L.B.S..

    10.5. Solicitud de la ciudadana Yulia Moraima Rodríguez Estaban

    Luego de su vinculación formal al presente trámite, la ciudadana R.E. solicitó el restablecimiento de sus derechos fundamentales «a la participación, a ser elegido, a ejercer [su] trabajo y al debido proceso, todos estos vulnerados por la falta de seguridad jurídica y coordinación entre las instituciones que han intervenido en el proceso de nulidad del alcalde de Girón para el periodo 2020 – 2023 y que por ende han adoptado decisiones que [la] han afectado directamente». En consecuencia, pidió que la Corte declare que es la alcaldesa de ese municipio hasta que culmine dicho periodo. Esta petición fue nuevamente presentada, después del registro del proyecto de fallo, a título de medida cautelar.

    De acuerdo con el Auto dictado el 4 de abril de 2022 por la magistrada sustanciadora, la vinculación al presente trámite de la señora R. se fundó en la necesidad de garantizar su derecho al debido proceso. Concretamente, tal actuación tuvo por objeto brindar a la señora R. la oportunidad para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela. En este sentido, el despacho reconoció la calidad de la señora R. como tercero con interés directo en la decisión.

    Sin embargo, para la Sala Plena es claro que este reconocimiento no la habilita a presentar pretensiones particulares, como aquella relativa a que se declare de su condición de alcaldesa del municipio de Girón (Santander) hasta que culmine el periodo constitucional 2020 – 2023. Esto es así por dos razones.

    En primer lugar, el procedimiento y la manera en que deben ser ocupadas las vacancias temporales y definitivas de los alcaldes es un asunto que se encuentra regulado por la Constitución[257] y la ley[258]. Los problemas jurídicos resueltos, los cuales fueron delimitados por las condiciones fácticas y jurídicas que sustentaron la acción de tutela, no exigen a la Corte que determine reglas diferentes a las definidas por el constituyente y el legislador.

    Y, en segundo lugar, la Corte no observa alguna irregularidad en las razones que permitieron que la señora R. ocupara el cargo de alcaldesa y luego fuera desvinculada del mismo. En efecto, la celebración de elecciones atípicas en el municipio de G. fue el resultado natural de la declaratoria de nulidad de la elección como alcalde del señor R.. Posteriormente, su retiro del cargo fue consecuencia directa del cumplimiento de la decisión adoptada por el juez de tutela de segunda instancia, que concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados.

    Al respecto, es menester recordar que el cumplimiento de las providencias judiciales es un componente del derecho fundamental al debido proceso. Concretamente, responde a la expectativa legítima de las partes de que, una vez en firme, las decisiones judiciales deben materializarse. En otras oportunidades, la Corte ya ha sostenido que, «[d]esconocer esta premisa básica implicaría soslayar el carácter vinculante y coercitivo de las providencias judiciales, en detrimento no solo de los derechos fundamentales, sino del orden constitucional vigente»[259].

    Con sustento en lo expuesto, la Corte rechazará la pretensión formulada en las dos oportunidades indicadas por la señora Y.M.R.E..

11. Síntesis de la decisión

    El 24 de julio de 2019, el accionante se inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil como candidato a las elecciones de la Alcaldía del municipio de G. para el periodo constitucional 2020 - 2023. Su candidatura fue avalada por una coalición de ocho partidos políticos y dos movimientos políticos. En el formulario de inscripción a las elecciones E-6 AL, en el espacio para indicar el partido o movimiento político de militancia, el señor J.Á.A.S., miembro del partido Alianza Verde y quien fungió como suscriptor, indicó que el actor formaba parte de dicho partido.

    El 27 de octubre del mismo año, debido a que obtuvo la máxima votación, el señor R.O. fue elegido alcalde del municipio de G.. No obstante, con sustento en la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo prevista en los artículos 107 de la Constitución, 2 de la Ley 1475 de 2011 y 275.8 de la Ley 1437 de 2011, el señor C.L.H. ejerció el medio de control de nulidad electoral contra el acto administrativo que declaró la elección del accionante.

    Para el efecto, sostuvo que de conformidad con la información contenida en el formulario de inscripción E-6 AL, el actor militaba en el partido Alianza Verde. Por esta razón, no podía apoyar a candidatos inscritos para ocupar cargos de elección por partidos políticos distintos a ese. A pesar de esto, el señor R. respaldó las candidaturas de la señora Á.P.H.G. y del señor M.A. a la Gobernación de Santander, quienes no se inscribieron por el partido Alianza Verde para la elección de ese cargo uninominal.

    En la contestación de la demanda, el accionante se opuso a las pretensiones y manifestó que el 20 de junio de 2018 renunció al partido Alianza Verde y a su curul en el Concejo Municipal de G. por esa colectividad. Esa renuncia fue aceptada por el partido el mismo día.

    En Sentencia del 28 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, advirtió que antes de la inscripción a las elecciones a la Alcaldía de G., el actor había renunciado al partido Alianza Verde.

    En Sentencia del 3 de diciembre de 2020, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró, con efectos ex nunc, la nulidad de la elección del accionante. Para sustentar su decisión, la Sala encontró demostrado que, al momento de su inscripción como candidato a la Alcaldía de G., el actor formaba parte del partido Alianza Verde. Lo anterior, al constatar que en el formulario de inscripción a las elecciones E-6 AL, en el espacio para indicar el partido o movimiento político de militancia, el actor escribió que militaba en el mencionado partido. Además, expuso que en el documento que contiene la coalición programática y política que postuló al actor, los partidos acordaron apoyar la candidatura avalada por el partido Alianza Verde.

    En este orden, aclaró que el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 prevé que quienes aspiren a ser elegidos en cualquier cargo de elección popular, sin importar si se trata de corporaciones públicas o cargos uninominales, «no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados». Por esto, la Sala determinó que, en razón de su militancia al partido Alianza Verde y del aval de este a su candidatura, el señor R.O. debía apoyar la aspiración del señor P.L.G., candidato a la Gobernación de Santander para el mismo periodo en el cual se presentó el accionante a la Alcaldía de G.. El señor G. formaba parte del partido Polo Democrático Alternativo y se postuló a la Gobernación por una coalición de la cual formaba parte el partido Alianza Verde.

    Sin embargo, de acuerdo con el video aportado al proceso como prueba, el accionante respaldó públicamente la candidatura de la señora Á.P.H.Á. a la Gobernación de Santander, militante del Partido de la U, y quien fue la candidata de una coalición de la que no fue miembro el partido Alianza Verde, sino los partidos Liberal Colombiano, Colombia Justa Libres, Centro Democrático y MIRA.

    El señor R.O. interpuso acción de tutela contra la decisión adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado. A su juicio, la providencia judicial incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente constitucional porque: i) con base en medios de prueba diferentes a la inscripción formal ante el partido Alianza Verde, y con independencia de la renuncia presentada por él a ese partido, concluyó que, al momento de su inscripción como candidato a la Alcaldía de G., militaba en esa organización política (defecto fáctico); ii) para concluir que él formaba parte del partido Alianza Verde, no aplicó el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, así como los artículos 1502, 1526 y 1740 del Código Civil, e interpretó en indebida forma el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 (defecto sustantivo) y iii) no atendió el precedente fijado en las Sentencias C-490 de 2011 y C-089 de 1994, en las cuales la Corte Constitucional reconoció la autonomía de los partidos políticos para adoptar sus decisiones internas y, concretamente, para conformar coaliciones políticas (defecto por desconocimiento del precedente constitucional).

    En sentencia del 20 de mayo de 2021, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó el amparo de los derechos fundamentales invocados. Sostuvo que la Sentencia cuestionada analizó el material probatorio que obraba en el expediente y por ello no incurrió en un defecto fáctico. De otro lado, agregó que la Sección Quinta del Consejo de Estado tampoco incurrió en un defecto sustantivo por la falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, pues este establece que «[e]n el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos».

    El 30 de agosto de 2021, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, amparó el derecho fundamental al debido proceso del accionante. Por tanto, ordenó a la Sección Quinta que dictara una sentencia de reemplazo.

    Encontró que en la sentencia cuestionada se configuraron los defectos fáctico y sustantivo. En relación con el primero, expuso que se encontraba demostrado que el 20 de junio de 2018, el partido Alianza Verde aceptó la renuncia presentada por el actor. Además, estimó que, a diferencia de lo afirmado por la Sección Quinta, la información consignada en el formulario de inscripción de la candidatura «no constituye prueba de la pertenencia al partido Alianza Verde, pues de conformidad con el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, la militancia a un partido o movimiento político debía establecerse con la inscripción que realizara el referido candidato ante la respectiva organización política».

    De igual manera, sobre el defecto sustantivo, añadió que la sentencia cuestionada interpretó de manera errónea los artículos 2 y 29 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, ya que estos no extienden la prohibición de doble militancia a los candidatos que se inscriben por una coalición.

    Luego de comprobar que la acción de tutela interpuesta por el señor R.O. es procedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional desarrolló sendas consideraciones sobre la inscripción de candidaturas, la prohibición constitucional y estatutaria de doble militancia y las coaliciones políticas.

    En el estudio del caso concreto, la Corte concluyó que la Sentencia dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en un defecto fáctico por las siguientes razones. Primera, con la firma del formulario de inscripción de su candidatura, el señor román O. aceptó esa postulación y, dado su contenido, declaró bajo la gravedad de juramento que pertenecía al partido Alianza Verde (artículo 93 del Código Electoral). Segunda, contrariamente a lo manifestado por el actor, el legislador ordinario expresamente determinó que la inscripción de la candidatura debe ser realizada por el representante legal del partido o movimiento político o por la persona a quien él delegue (ejusdem). En este caso, la inscripción fue realizada por el señor J.Á.A.S., quien para ese momento fungía como secretario de la dirección ejecutiva departamental del partido Alianza Verde en Santander. Al respecto, constató que no existe prueba de que, para el efecto, el señor A. no contara con la delegación requerida.

    Tercera, en cumplimiento de lo previsto en el inciso tercero del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, en el formulario de inscripción, el inscriptor señaló los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política del accionante. Ya se dijo que, con su firma, el señor R. declaró bajo la gravedad de juramento que esta información era cierta. Cuarta, en consideración de su redacción, es claro que el partido Alianza Verde otorgó al accionante el aval principal y que los demás partidos y movimientos políticos que integraron la coalición «C.R.A. se limitaron a coavalar la aspiración. Y, quinta, los partidos y movimientos políticos se coaligaron expresamente «con el propósito de apoyar la candidatura avalada por el partido Alianza Verde».

    Así mismo, este Tribunal determinó que la sentencia tampoco incurrió en un defecto sustantivo. Para empezar, afirmó que las candidaturas de coalición no se encuentran exceptuadas de la prohibición constitucional y estatutaria de doble militancia por los motivos que se indican a continuación:

1. A la luz de una interpretación sistemática de los artículos 107 superior y 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, y de acuerdo con la Sentencia C-490 de 2011, el único presupuesto inicial para la configuración de dicha prohibición es la posibilidad o el ejercicio efectivo de la representación política. Las coaliciones entre partidos, movimientos políticos, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos están habilitadas para inscribir candidatos a cargos uninominales y corporaciones públicas. Por tanto, los candidatos de coalición pretenden ejercer representación política y, por ende, participan en la contienda electoral. En consecuencia, carecería de sentido sostener que, en el curso de la campaña política, así como en el ejercicio del cargo para el cual fueron elegidos, los candidatos de coalición están exceptuados de la proscripción constitucional.

2. Admitir lo contrario, con sustento en una interpretación parcial, esto es, que no tenga en cuenta el conjunto de las normas constitucionales y legales que regulan la materia, tendría consecuencias lesivas para la materialización de los fines que protege la prohibición de doble militancia. Tal interpretación habilitaría la posibilidad de defraudar el alcance de dichas normas, mediante la escogencia de un determinado tipo postulación. Así, la aplicación de la tesis que no se funda en una interpretación armónica y sistemática de la Constitución y la ley al caso concreto constituiría un estímulo perverso para que las organizaciones políticas conformaran coaliciones con el único fin de soslayar la prohibición en comento.

3. En la Sentencia C-490 de 2011, en ejercicio del control automático de constitucionalidad del proyecto de ley estatuaria que culminó con la sanción de la Ley 1475 de 2011, la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 2 y 29, es decir, de los tres presupuestos en los que se configura la prohibición de doble militancia en las candidaturas de coalición (artículo 2), ii) de la única excepción a esa prohibición (parágrafo del artículo 2) y iii) del deber de indicar en el formulario de inscripción de la candidatura de coalición «los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos» (inciso tercero del artículo 29).

4. No existen motivos para considerar que el candidato de coalición no deba lealtad y disciplina, primero, a su partido de origen y, segundo, a los demás partidos y movimientos políticos que forman parte de la coalición. Respecto del partido de origen, las exigencias mencionadas obedecen no solo a la militancia del candidato en la organización, sino también a la identidad ideológica entre este y el partido y a la claridad que sobre el particular deben tener los electores. En cuanto a los partidos y organizaciones que integran la coalición, el deber de lealtad y disciplina se sustenta, por un lado, en que el candidato de la coalición es el candidato único de las organizaciones políticas que la conforman y, por otro lado, en el carácter vinculante del acuerdo de coalición.

5. Tampoco existen razones para estimar que las candidaturas de coalición solo están reguladas por lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para determinar el alcance de la prohibición de doble militancia, es preciso hacer una interpretación sistemática de los artículos 107 de la Constitución y 2 y 29 de la Ley 1475 de 2011.

6. Tratándose de la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 determina que «[q]uienes […] hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados». Esta norma sí resulta aplicable a los candidatos de coalición porque en su caso también se cumplen los supuestos fácticos que allí se exigen: i) aspiran a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular y ii) por mandato del inciso tercero del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, se encuentran afiliados a una organización política. Esta afiliación no se pierde, aunque el candidato sea el candidato único de las organizaciones políticas que integran la coalición.

   Con fundamento en lo expuesto, la Corte determinó que la Sentencia no incurrió en un defecto sustantivo. Precisó que, dado que la finalidad que persigue el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 es sancionar la violación de la prohibición de doble militancia, la pertenencia a un partido o movimiento político se puede establecer con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, así como con otros medios, incluso previstos por el propio legislador (artículo 93 del Código Electoral), que evidencien dicha militancia.

   Finalmente, la Sala constató que la sentencia tampoco incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente constitucional. De hecho, la Sección Quinta del Consejo de Estado siguió el precedente fijado por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011, pues con base en las reglas allí plasmadas, las cuales coinciden con la jurisprudencia de esa sección, encontró que el señor R.O. transgredió la prohibición de doble militancia. Igualmente, no desconoció el precedente sentado en la Sentencia C-089 de 1994.

   Por último, negó la tutela de los derechos fundamentales de la señora L.L.B.S. y rechazó la pretensión de la ciudadana Y.M.R.E., relativa a que se declare su condición de alcaldesa del municipio de Girón (Santander) hasta que culmine el periodo constitucional 2020 – 2023. Esto, pues, el procedimiento y la manera en que deben ser ocupadas las vacancias temporales y definitivas de los alcaldes es un asunto que se encuentra regulado por la Constitución y la ley. Y, además, no se observa alguna irregularidad en las razones que permitieron que la señora R. ocupara el cargo de alcaldesa y luego fuera desvinculada del mismo.

En mérito de los expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,