Generalizado y sistemático. Dinámicas del asesinato 'legalizado'
| Autor | John Lindsay-Poland |
| Páginas | 211-228 |
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Generalizado y sistemático
Dinámicas del asesinato “legalizado”
Los asesinatos en la masacre de 2005 en San José de Apartadó recibieron
mucha atención, pero eran apenas la punta del iceberg de las acusaciones
de ejecuciones de civiles por parte del ejército. Entre 2000 y 2010, mientras
Estados Unidos administraba su asistencia a las f uerzas armadas colombianas,
que presuntamente cometieron 5.763 ejecuciones extrajudiciales fuera de
combate, según datos de investigaciones gubernamentales y organizaciones
de derechos humanos.1 La mayoría de estas muertes fueron de civiles que,
según las fuerzas armadas, eran guerrilleros muertos en combate, lo cual
era evidentemente falso.
El pico de estos asesinatos se presentó en 2007, cuando el general Mario
Montoya era comandante del ejército. Bajo su mandato se establecieron
incentivos y se aplicaron presiones que aceleraron la práctica. Un episodio
catalizó el debate público. A principios de 2008, dieciséis hombres jóvenes
de Soacha, un suburbio de clase obrera de Bogotá, desaparecieron después de
decirles a sus familias que habían conseguido trabajo y que se iban de la
ciudad. Reclutadores civiles pagados por el ejército, como se reveló luego,
les habían prometido trabajo. Sus madres iniciaron la búsqueda y en sep-
tiembre de ese año, gracias a pruebas de adn, se identificaron los cuerpos,
que habían sido declarados por el ejército como guerrilleros muertos en
combate, a trescientos kilómetros de distancia de Soacha, solo unos días
después de su desaparición.
1 El número de presunta s ejecuciones extrajudicia les por las fuerzas a rmadas colombianas
se compiló a parti r de datos de la Fiscalía Genera l de la República (Fiscalía) , principalmente de
su Unidad de Derechos Huma nos y organizacione s colombianas de derechos hum anos, que hacen
parte de cceeu. Ver for y cceeu, “‘Falso s positivos’ en Colombia”.
Generalizado y sistemático. Dinámicas del asesinato “legalizado”
Plan Col ombia. Atrocidades, a liados de Estados Uni dos y activismo comuni tario
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La mayor conciencia pública de que el ejército estaba matando civiles
y alegando que eran guerrilleros en combate hizo que estallara el escánda lo
de Soacha. En octubre de 2008, el presidente Uribe despidió a veintisiete
oficiales, incluidos tres generales y a principios de noviembre, el general
Montoya renunció como comandante del ejército. Dos docenas más de ofi-
ciales fueron despedidos entre noviembre y enero de 2009.2 Los asesinatos
se detuvieron casi de súbito.
Las presuntas ejecuciones se extendían por todo el país, implicando al
ejército como institución. En 2007, el año pico del problema, al menos una
ejecución se atribuyó directamente a 99 de los 219 batallones de combate y
brigadas móviles del ejército, a la vez que 23 de las 33 brigadas del ejército
presuntamente habían cometido ejecuciones. La magnitud de la práctica llevó
al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
de la onu, Philip A lston, a concluir en 2010 que los asesinatos de civiles por
parte del ejército colombiano hacían “parte de un patrón” y constituían una
“práctica generalizada”.3
Las ejecuciones intencionales de civiles sobre quienes el ejército afirmó
fraudulentamente que eran miembros de grupos armados ilegales asesina-
dos en combate, se conocen como “falsos positivos”. “Positivos” porque así
se referencia el resultado operacional reportado por los militares, es decir,
una baja enemiga; “falsos” porque la persona muerta no era en realidad un
combatiente. Nadie ha calculado con precisión cuántas de las ejecuciones
extrajudiciales llevadas a cabo por el ejército y la policía en Colombia fueron
“falsos positivos”. Un estudio realizado en 2016 por la Fiscalía de 357 casos
de homicidios cometidos por el ejército encontró que 215 de ellos fueron
planeados “con el objetivo premeditado de presentarlos como bajas en
co mba t e”.4 Otros fueron, sin duda, muertos por el uso excesivo de la fuerza
o la mala inteligencia, en algunos c asos cubiertos por un pretendido combate
cuando no había ninguno. Para 2013, 92% de los casos denunciados como
ejecuciones no habían sido llevados a juicio; presumiblemente, una porción
2 Brownfield, William. “Mi litary’s Huma n Rights Init iatives Meet Res istance”, 20 de
febrero de 2009, https ://wikileak s.org/plusd/cables /09bogota542_a .html.
3 Alston, “Informe del R elator Especial”, 9.
4 Laverde Palma , Juan David. “Las prueba s de la omisión del general Mar io Montoya para
evitar los fa lsos positivos”. El Espectador, 5 de abril de 2016.
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