Presentación
| Autor | Esiquio Manuel Sánchez Herrera |
| Páginas | 15-19 |
15
presentacin
Después de catorce años de haber tratado el tema de la fundamentación del
derecho penal a través de los principios constitucionales, vuelvo otra vez al
análisis de la temática bajo una perspectiva actual, asentando la orientación
en los desarrollos del denominado constitucionalismo contemporáneo o
neoconstitucionalismo.
El constitucionalismo contemporáneo encuentra en la fórmula “Estado
social y democrático de derecho” su eje central como organización política
ideal tanto en el plano conceptual como material.
En efecto, para esta concepción constitucional dicho modelo de Estado
representa la mejor y más justa forma de organización social y política.
El Estado constitucional de derecho parte de la base de que la Constitu-
ción encarna un proyecto político y axiológico bien concebido y articulado
que no se limita simplemente a fijar reglas de juego, sino que ante todo
participa dinámicamente en la adopción de decisiones que sirven como
garantía jurisdiccional; por tanto, además de presentar un fuerte contenido
normativo, la Constitución es garantía jurisdiccional que condiciona las
decisiones de la mayoría de los ciudadanos en procura de la realización de
sus derechos fundamentales.
La idea central de este trabajo consiste en que es en los principios cons-
titucionales, incluyendo entre ellos al modelo de Estado social y democrático
de derecho, que se apoya la fundamentación político-criminal y dogmática
del derecho penal en la época actual.
Es verdad incuestionable que el derecho penal de hoy se ha constitucio-
nalizado, como lo puso de presente desde hace algún tiempo nuestra Corte
Constitucional cuando expresó:
Ha habido una constitucionalización del derecho penal porque tanto en materia
sustantiva como procedimental, la Carta incorpora preceptos y enuncia valores y
postulados –particularmente en el campo de los derechos fundamentales– que in-
ciden de manera significativa en el derecho penal y, a la vez, orientan y determinan
su alcance. Esto significa entonces que el legislador no tiene una discrecionalidad
absoluta para definir los tipos delictivos y los procedimientos penales, ya que debe
respetar los derechos constitucionales de las personas, que aparecen así como el
fundamento y límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, porque el ius
puniendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores constitu-
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