Bloque de constitucionalidad: un dispositivo amplificador de derechos en Colombia. El caso de la consulta previa y el consentimiento libre previo e informado
| Autor | Diana Yadira García Rozo y Andrés Camilo Garay Nuncira |
| Páginas | 97-114 |
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Bloque de constitucionalidad:
un dispositivo amplificador de derechos
en Colombia. El caso de la consulta previa
y el consentimiento libre previo e informado
Diana Yadira García Rozo*
Andrés Camilo Garay Nuncira**
Es usual que se referencie la Constitución Política de 1991 por haber plan-
teado un contraste absoluto con lo establecido por su antecesora de 1886.
Esta popular idea, si bien debe ser matizada en determinadas materias,1
1 En este sentido, se puede n encontrar coincidencias y sim ilitudes entre la Const itución
Política de 1991 y el articulado de la Constitución de 1886. A sí, por ejemplo, el texto origi-
nal del art ículo 221 de la Constitución Polít ica de 1991, acerca de la justicia penal m ilitar en
Colombia, es, en esenc ia, el mismo artícu lo 170 consagrado en l a Constitución de 1886.
* Abogada por la Un iversidad del Rosario, c on profundización en Der echo Constituciona l
y Derechos Humano s. Integrante de diferentes proye ctos de investigación con un en foque en
derechos humanos.
** Abogado por l a Universidad del Rosario, con m ención interdisciplinar ia en Sociología.
Integrante de di ferentes proyectos de i nvestigación con un enfoque en derec hos humanos y
sociología ju rídica.
Constituc ión Política de 1991. Reexione s y desafíos tras tre inta años de su exped ición
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cobra especial validez respecto de importantes puntos regulados por la
Constitución, como la relación existente entre el ordenamiento constitucio-
nal y el derecho internacional de los derechos humanos. Respecto de este
tema, la Constitución Política de 1991 introdujo un profundo cambio con
la consagración de una serie de preceptos que permiten hoy hablar de la
gura del bloque de constitucionalidad en el sistema jurídico colombiano.
En efecto, la Constitución de 1886 no hacía ninguna referencia que
permitiera otorgar un valor constitucional a los instru mentos internacio-
nales de derechos humanos.2 Por ello, la Corte Suprema de Justicia, que
ejerció el control constitucional en vigencia de la Constitución de 1886,
consideró inviable que los tratados sobre derechos humanos pudieran servir
de parámetro constitucional de las leyes del Estado y se negó a declar ar la
inexequibilidad de las normas de derecho interno que los contrariaban.3
Esta realidad jurídica, que restó fuerz a a los instrumentos internacionales,
en particular sobre derechos humanos, tuvo como consecuencia práctica
la desprotección de garantías y libertades fundamentales,4 que, a su vez,
eran limitadas por el contexto de un país en constante estado de sitio.5
Lo anterior resulta paradójico si se observa que justamente en vigencia
de esta Constitución, entre las décadas de 1960 y 1970, se raticaron por
Colombia valiosos tratados de derechos humanos como el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana
de Derechos Humanos.6
Sin embargo, los cambios planteados por la Constitución Política
de 1991 y las innovaciones que trajo en esta materia hacen que el esce-
nario actual sea radicalmente diferente. Con la gura del bloque de
2 Rodrigo Uprimny Yepes, “El bloque de constituciona lidad en Colombia: u n análi-
sis jurisprudencial y un ensayo de sistematiza ción doctrinal”. Consultado en <https://ww w.
dejusticia.org/el-bloque-de-constitucionalidad-en-colombia-un-analisis-jurisprudencial-y-
un-ensayo-de-sistematizacion-doctr inal/>.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Pedro Pablo Vanegas Gil, “ La Constituc ión colombiana y los estados de excepción:
veinte años después ”, en Revista Derecho del Estado, n.º 27 (2011), pp. 261-290. Consultado en
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_ artte xt&pid=S 0122-9893201100020 0012>.
6 Rodrigo Uprimny Yepes, Bloq ue de constitucionalidad, dere chos humanos y proceso penal,
2.ª ed., Bogotá, Cons ejo Superior de la Judicatura , 2008, p. 45.
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