La compra nacional en la contratación pública colombiana
| Autor | Javier Jiménez Villamizar |
| Páginas | 423-442 |
17. L
Javier
La contratación pública no solo se puede ver como el mecanismo para dotar
a la administración pública con las mercancías y servicios que requiere para su
operación. Las compras que realiza el Estado tienen impacto en la economía,
el empleo y en general el desarrollo de la sociedad.
Si bien la historia nos muestra que para el Estado colombiano la búsqueda
de instrumentos de contrata ción pública para el desarrollo industrial no ha sido
una prioridad, sí se cuenta con un par de casos que vale la pena mencionar:
las preferencias a las ofertas de bienes y servicios nacionales, y las compras
reservadas a Mipymes.
El presente artículo pretende situar la discusión nacional de los instrumentos
de compra nacional en la contratación pública frente a los referentes
internacionales, para así revisar los aciertos y desaciertos que ha tenido
Colombia en la materia, y aportar elementos de discusión en su futura mejora.
La contratación pública o las compras de gobierno1, constituyen un
instrumento fundamental para el progreso de los países. Además de dotar a
1 El término ‘contratación pública’ y ‘compras de gobierno’ se usará indistintamente a lo
largo de este documento. Si bien hay que señalar que estos términos pueden tener un alcance
diferente, ambos se usan en el comercio internacional para referirse al mercado de las compras
de gobierno que estuvo fuera del ámbito de aplicación del Acuerdo General sobre Aranceles
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la administración pública con las mercancías y servicios que requiere para su
operación, la contratación pública ha sido un instrumento fundamental para
apalancar políticas de crecimiento económico, fomento del empleo, desarrollo
entre otros2.
Es así como los encargados de la política pública en esta materia se ven
enfrentados muchas veces a intereses divergentes, puesto que, por una parte,
se espera que el Estado contrate los mejores bienes y servicios al menor costo,
y por la otra, que privilegie en esas compras a sectores particulares, afectando
la libre competencia, y por lo tanto la calidad y el costo. Lograr un equilibrio
entre estas dos fuerzas nunca es fácil.
Organizaciones como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) y la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), han desarrollado instru mentos enfocados
en que los países cuenten con una contratación pública más transparente,
Ley Modelo de la CNUDMI sobre la
Contratación Pública -20113 (Ley modelo de la CNUDMI), establece como
uno de sus objetivos la no discriminación entre proveedores nacionales y
extranjeros4. A su vez, las Recomendaciones sobre Contratación Pública
de la OCDE5 (Recomendaciones de la OCDE), recalcan el papel del trato
justo y equitativo a los potenciales proveedores, incluyendo los proveedores
extranjeros, para lograr el objetivo principal de la contratación pública
Aduaneros y Comercio (GATT de 1947) hasta la creación del “Acuerdo sobre compras del
Sector Público” en 1981.
2
3 Este instrumento fue diseñado para servir como referencia normativa para las reformas de los
regímenes de contratación de los países.
4 El preámbulo de la Ley Modelo CNUDMI del año 2011 establece los siguientes objetivos:
“... b) Fomentar y alentar la participación de proveedores y contratistas en el proceso de
así el comercio internacional; c) Promover la competencia entre proveedores o contratistas en
orden al suministro del objeto del contrato adjudicable; d) Garantizar un trato justo, igual y
equitativo a todos los proveedores y contratistas; ...”.
5 (OCDE, 2015)
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