Contexto en el que se desarrolla la tipicidad disciplinaria
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punitivo del Estado, el cual no se ubica solo en escenarios jurisdiccionales, sino
también al interior de las Ramas Ejecutiva y Legislativa del Poder Público.
Se dice que es de derecho público porque regula las relaciones entre las
personas y los órganos que ostentan el Poder Público, cuando estos actúan en
ejercicio de sus potestades legítimas.
penas que se imponen, las cuales se utilizan comúnmente cuando los miembros
de un conglomerado social abusan de sus derechos, o limitan y coartan los de
los demás, en contravía del catálogo axiológico1 y normativo que la sociedad
construyó a partir de valores, principios y reglas, que componen el entramado
jurídico que apunta hacia el respeto de las libertades fund amentales del hombre.
Con el propósito de que no reine la barbarie, ni la anarquía, sino la justicia
y la equidad, los poderes legítimamente constituidos deben garantizar la
vida digna de todos los habitantes del territorio y para ello deben ejecutar sus
que guía e instruye el Estado Social y Democrático de Derecho.
unas consecuencias para quienes incurren en los supuestos de hecho que
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o reglas de comportamiento que han de ser observadas para garantizar la
convivencia en sociedad.
Si los integrantes de una comunidad se alejan, distorsionan, evaden o violentan
amparo de un debido proceso–, que la persona que vulneró esos mandatos, y
con ello afectó otros intereses protegidos por la ley, asuma el desenlace que le
corresponde, el cual generalmente se traduce en la imposición de una sanción.
Comúnmente cuando se hace alusión al “poder sancionador del Estado”,
lo primero que llega a la mente de un ciudadano es la imagen de un juez
penal, que le impone una condena a una persona que ha encontrado culpable.
En el imaginario expuesto como ejemplo, pocas veces se analiza que el “ius
puniendi”
desde que se legisla positivamente sobre las conductas y sanciones que ameritan
un reproche, hasta el hecho de que el mismo aparato estatal se auto regule e
imponga correctivos a sus miembros, sin necesidad de acudir a la Rama Judicial.
Así las cosas, la potestad sancionadora del Estado no descansa únicamente
en el ámbito de la Rama Judicial, ni solamente en el contexto penal. Otras
autoridades públicas también han sido revestidas de facultades para corregir
o enderezar los comportamientos de quienes se ubican al lado contrario de las
nomas que persiguen el bien común, pero que no se sitúan en el escenario del
derecho penal, sino en otras de las manifestaciones del derecho sancionador,
pues recordemos que el derecho penal ha sido considerado como la “última
ra t io”, es decir, como el último recurso que se utiliza para proteger bienes
En ese orden de ideas, si el derecho sancionador es el género, las
diferentes manifestaciones que este tiene, son sus especies, de tal modo que
el Estado aplica su poder punitivo en ámbitos como el penal, el disciplinario,
el contravencional, el correccional, el administrativo sancionatorio, el de
impeachment o punición por indignidad política, y
en los juicios por pérdida de investidura.
de los elementos de tipicidad y culpabilidad, los cuales, una vez estructurados
habilitan al administra dor de justicia para imponer una pena cuando la conducta
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