Proceso de adecuación típica
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Cuando un servidor público o agente colaborador del Estado, lleva a cabo
un comportamiento descrito en la ley como falta disciplinaria, es decir, típico,
el funcionario encargado de administrar justicia se encuentra en la imperiosa
disciplinario, lo que se denomina proceso de adecuación típica.
En materia penal
citando a otro tratadista1, como la construcción de “un juicio
de valor que el juez realiza para establecer si un determinado comportamiento
humano logra subsumirse en un tipo penal”, agregando que de no hallar respuesta
como atípica, lo que conduce en nuestro marco de acción, a abstenerse de iniciar
o proseguir con una actuación tendiente a un juicio disciplinario.
En ese orden de ideas se hace imperioso que el juez de la materia acate el
desaprobación es típica al hallarla descrita previamente por el legislador, quien
de manera anticipada representó la conducta humana relacionada con la función
pública en un cuerpo normativo, cuya vulneración por parte de los agentes
estatales resulta disciplinariamente reprochable y punible, pues recuérdese
que toda persona tiene derecho a ser juzgada de conformidad con las normas
preexistentes que regulan la conducta objeto de investigación.
En este punto de nuevo vale la pena rememorar que ello hace parte de las
garantías más elementales de que trata el juzgamiento de un ser humano, y que
su reconocimiento no surgió de manera espontánea, sino como resultado de las
sus principales exponentes el italiano Cesar quien a través del ensayo
1 , , (1982). parte general. Madrid:
Edersa, p.p. 62 y 63. Citado por Alfonso. (2002). , XI Edición.
Bogotá: Temis. p. 144.
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jurídico de “Los Delitos y las Penas”2 en el año 1764, ya decía que cualquier
persona debía saber de antemano si sus actos serían constitutivos de delito o no
y en caso de serlo, cuáles serían exactamente las consecuencias de los mismos.
Posteriormente al abrigo de la Revolución Francesa, el principio de nullum
crimen nulla poena sine lege3 adquirió la naturaleza jurídica que le permitió sentar
parte de las bases de todo juzgamiento, no solo en torno al respeto con el que se
libertad, la dignidad o la igualdad, sino también en pro de la seguridad jurídica.
Dicho de manera más coloquial, si las personas saben a qué se atinen, pueden
decidir si ejecutan un acto con las consecuencias que de ello se derivan, o
4 en su obra “Ética para Amador”:
“libertad es decidir, pero también, no lo olvides, darte cuenta de que estás
decidiendo”, agregando que “hay que renunciar a buscar coartadas que
disimulen que somos libres y por lo tanto razonablemente responsables de las
consecuencias de nuestros actos”5.
Recapitulando acerca del ejercicio de adecuación típica se tiene que
mientras el infractor realiza o incurre en el comportamiento descrito por el
legislador como falta, el operador o juez disciplinario se encarga de analizar
el contenido material de la conducta, buscando de manera completa si la
misma dio lugar a un abuso o extralimitación en el ejercicio de derechos o
funciones; o si incumplió alguna de las normas que describen los deberes; o
si incurrió en alguna prohibición; o si el comportamiento descrito en la queja
o en el informe encaja en las faltas gravísimas que el legislador previó como
incurso en alguna causal de impedimento; o si el mismo violó el régimen de
inhabilidades o incompatibilidades que le corresponde respetar y/o si por el
contrario incurrió en alguna causal de mala conducta.
de incurrir en lo prohibido, sino que lo que tienen permitido los servidores
públicos y demás colaboradores estatales es solo lo dispuesto por la ley, toda
2 , Cesar. Edición I. Bogotá: Editorial Ibáñez, 2016.
3 “Ningún delito, ninguna pena sin ley previa”.
4 Fernando. (2006). Ética para Amador, XLV Edición. Barcelona: Editorial Ariel
S.A. p. 51 y 97.
5 La escogencia del modo de comportarse ante un deber, debería ser producto de una decisión ajena
al temor de los castigos o de la inexorabilidad de la justicia, pero eso hace parte de otra discusión.
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vez que la norma superior contenida en el artículo 6, describe que los servidores
públicos solo pueden hacer aquello ordenado por la ley6, de tal modo que como
se dijo en la Sentencia C-429 de 20017 “al funcionario público lo que no le
está expresamente atribuido, le está prohibido”.
de una falta disciplinaria se den frente a los tópicos de ilicitud sustancial y
culpabilidad, pues estos dos conceptos han evolucionado conforme madura el
derecho disciplinario, mientras que la categoría de la tipicidad, aparentemente
adecuación del comportamiento humano a la norma descrita por el legislador
es simple; sin embargo, un estudio realizado por funcionarios del despacho del
Procurador General de la Nación a través de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos
Disciplinarios y de la Sala Disciplinaria de la misma entidad, reveló que del estudio
de 245 decisiones objeto de revocatoria directa o de anulación ante la jurisdicción
contencioso administrativa, 126 de ellas, es decir, el 49% (casi la mitad de todas
mientras que las restantes lo habían sido por problemas relacionados con la
formación del acto administrativo sancionador, o en torno al aspecto probatorio,
o en cuanto a la estructuración de la ilicitud sustancial y la culpabilidad, o por
falencias atinente s al marco procedime ntal que rige las actu aciones disciplinarias.
La siguiente tabla ilustra mejor la situación así:
Temáticas defectuosas que dieron lugar a la revocación o anulación de
fallos disciplinarios Porcentaje
Falencias en sede de Tipicidad 49%
11%
17%
Problemas de tipo procedimental 13%
10%
Total 100%
6 Ley entendida en sentido amplio.
7 Corte Constitucional. Sentencia C-429 de 2001. M.P. Jaime
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