El delito de operaciones no autorizadas con accionistas o asociados
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CAPÍTULO XIII
EL DELITO DE OPERACIONES NO AUTORIZADAS CON
ACCIONISTAS O ASOCIADOS
“
”.
HUGH MAC CULLOCH
Nos referiremos a continuación al delito denominado Operaciones no
, descripción típica que sanciona los comportamientos
como se analizó en los primeros capítulos de este estudio, constituyó una de
El Código Penal Colombiano, contenido en la Ley 599 de 2000, describe
en los siguientes términos este comportamiento delictual:
“Artículo 315.
El director, administrador, representante legal o funcionarios de las entidades
sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria o de Economía
solidaria, que otorgue créditos o efectúe descuentos en forma directa o por
interpuesta persona, a los accionistas o asociados de la propia entidad, por encima
de las autorizaciones legales, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa
hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
operación respectiva”.
A. ANTECEDENTES DE LA FIGUR A
“Con el propósito de evitar una excesiva exposición individual y que se
concentre el crédito en contravía de lo dispuesto por el artículo 335 de la
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persona natural o jurídica. Está sana práctica se conoce en el país desde la
Ley 45 de 1923 y se ha venido actualizando a través de la normatividad que
en este capítulo analizaremos.
El comportamiento descrito ahora como penal en el artículo 315, aparecía
claramente regulado por el derecho administrativo sancionador en el Decreto
3604 de 1981, artículos 4º, 7º y 10º.
La normatividad era precisa en cuanto a la prohibición para las entidades
sometidas al control de la Superintendencia Bancaria de conceder préstamos a
las personas naturales o jurídicas que llegaran a poseer o adqui rir en el ejercicio
anual, una participación superior al 10% de las acciones de dicha entidad.
Existían también prescripciones para que las entidades comunicaran a
la Superintendencia Bancaria la concesión de préstamos por encima de $50
millones, con lo cual se advertía a esta entidad de control sobre posibles
abusos en la concesión del crédito. Estos préstamos debían ser aprobados
unánimemente por todos los miembros de la junta directiva.
Con todo, el Decreto 1839 de junio 22 de 1982 autorizó las compañías
ventanillas que captaban y prestaban el dinero que los bancos no estaban
interesados en recibir por razón de los márgenes de encaje, permitiéndose
así, por su reglamentación, quebrantar los bien intencionados propósitos del
Decreto 3604 de 1981.
En tal sentido, estas sociedades podían entregar en préstamo a cada socio
hasta diez veces el patrimonio de todos los socios sin atender al capital de la
Artículo 8º. «El pasivo de las sociedades objeto de este decreto para con
el público, no podrá exceder de diez (10) veces el valor resultante de sumar
su respectivo capital pagado y reservas patrimoniales más el capital pagado y
reservas patrimoniales de sus socios, cuando sean personas jurídicas».
La anterior situación se corrigió en el artículo 25 del Decreto 2920 de 1982,
en lo que algunos han denominado el desmonte de un tipo penal por decreto.
El texto del artículo es como sigue: «Deróguese el decreto 1839 de 1982. Las
organizado en desarrollo de esta norma, dispondrán de un plazo de 24 meses
1 Sentencia C-1062 de 11 de noviembre de 2003. M.P. Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
457CAPÍTULO XIII. EL DELITO DE OPERACIONES NO AUTORIZADAS CON ACCIONISTAS O ASOCIADOS
para liquidarse dentro de un programa de desmonte paulatino de sus captaciones
que regulará y vigilará la Superintendencia Bancaria».
los recursos de la entidad, en porcentajes que superaban los autorizados por la
ley, el gobierno, a través de la legislación de emergencia contenida en el Decreto
2920 de 1982, prescribió en el artículo 19 de tal normativa que: “A la misma
pena estarán sujetos los directores, administradores, representantes legales y
descuentos en forma directa o por interpuesta persona, a los accionistas de la
propia entidad, por encima de las autorizaciones legales.
Incurrirán en la conducta establecida en este artículo y en las sanciones
El artículo 1.7.1.1.2 del Decreto 1730 de 1991, reiteró este comportamiento
como delictivo, con la única variación de referirse a sujetos activos «de las
entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria» y
entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria,
con excepción de los intermediarios de seguros.
De esta forma, la regulación punitiva se redactó en los siguientes términos
en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 1730 de 1991, hoy
663 de 1993)).
A la pena anterior estarán
sujetos los directores, administradores, representantes legales y funcionarios
Bancaria, que otorguen créditos o efectúen descuentos en forma directa o por
interpuesta persona, a los accionistas de la propia entidad, por encima de las
autorizaciones legales.
Incurrirán en la conducta establecida en este artículo y en las sanciones
subrayado es nuestro).
Como ha reiterado, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto
1730 de 1991), fue actualizado por el Decreto 633 de 1993 y allí, en el inciso
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