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Acción por infracción de marca

AutorOlarteMoure

Con la concesión del registro de marca o cuando esta, incluso sin estar registrada alcanza las categorías de notoriamente conocida o renombrada, se obtiene un derecho subjetivo que permite usarla, explotarla y disponer de ella.

Si existe un derecho a usar la marca, positivo, es todavía controversial, porque en algunas jurisdicciones puede suceder que el titular de un registro de marca pueda infringir otro derecho anterior. Se trata de jurisdicciones en las que se reconoce, incluso por encima de registros o títulos, que el primero en el tiempo debe ser el primero en el derecho. Sin embargo, en la Comunidad Andina, cuando menos, es difícil predicar que una marca registrada podría infringir otro derecho similar, porque el artículo 154 de la Decisión 486 dispone que “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” A lo sumo, lo que sí puede ocurrir es que el demandado en infracción pida la nulidad por invalidez del título que se le pretende hacer valor o incluso demande en reconvención.

En esa medida, el derecho sobre la marca tiene dos facetas: a) una positiva, que faculta al titular a utilizar en exclusiva el signo, para los productos o servicios que identifica, así como cederla o licenciarla a terceros.[1]; b) una negativa, que implica mínimo (porque en caso de signos notoriamente conocidos es más fuerte) la facultad de evitar que terceros hagan uso o registren un signo distintivo idéntico o similar, para productos o servicios iguales o semejantes a los cubiertos por la marca registrada[2]. De conformidad con lo anterior, una infracción de marca constituye la vulneración al derecho subjetivo de su titularen su faceta negativa; es decir, el uso o explotación no autorizado de un bien protegido por un derecho de propiedad industrial realizado por un tercero para beneficio propio o ajeno.

El derecho sobre la marca se encuentra tutelado por acciones judiciales, cuasi-jurisdiccionales o penales en diversos países. Perú, por ejemplo, tiene una acción administrativa de infracción. En Colombia la protección consiste en a) una acción judicial, que puede ser preventiva o declarativa y condenatoria; b) una sanción penal que solo se activa como último recurso o ultima ratio, y en casos en que la infracción sea dolosa (el tipo penal no admite la modalidad culposa).

La acción judicial civil se puede presentar ante un juez civil del circuito (el juez de mayor jerarquía antes de las...

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